Pese a que cuentan con una sentencia de restitución de tierras a su favor, una comunidad campesina del departamento de Magdalena continúa desplazada. La situación se deriva de las órdenes que dictó el Tribunal de Restitución de Cartagena, que deberán ser aclaradas por solicitud de los apoderados de los reclamantes.
Hace siete meses 50 familias campesinas pensaron que su desplazamiento de casi dos décadas había terminado. Para entonces, supieron que se había proferido una sentencia de restitución a su favor, pero no imaginaron que las órdenes contenidas en el fallo los dejara en la incertidumbre. “Estamos decepcionados con la decisión de las magistradas. Seguimos con la ilusión de volver, pero no sabemos qué va a pasar”, expresó uno de los reclamantes, de 64 años de edad.
El campesino hizo referencia a la situación de su comunidad, que durante 13 años cultivó 245 hectáreas identificadas por el antiguo Incora como playones Laura y Castro, del corregimiento Guáimaro, en el municipio de Salamina. Aunque sabían que el Estado no se los podía titular, sí podían aprovecharlos cultivando frutales y hortalizas. Sin embargo, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) los desplazaron en el año 2000 después de múltiples asesinatos cometidos en el municipio contra varios labriegos de la comunidad.
Los campesinos esperaban dos decisiones de fondo del Tribunal: que las instituciones del Estado recuperaran los playones y les permitieran cultivarlos, como lo hicieron desde 1987 para la producción de alimentos; y que las magistradas compulsaran copias a la Fiscalía, para que el organismo investigara la presunta responsabilidad en su desplazamiento de varios políticos y ganaderos de la región, incluido el exalcalde y ganadero Jorge Salah Donado, con quien tuvieron problemas en el pasado por el uso de esas tierras.
Pero en la sentencia esas expectativas no se cumplieron plenamente. En cuanto a volver a cultivar los playones, las magistradas optaron por rechazar esa pretensión y solicitarle a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que los compense con un nuevo predio de similares características y condiciones en un plazo de seis meses.
En la sentencia, las togadas indicaron que, según informes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del antiguo Incoder, de las 245 hectáreas de los playones sólo 70 fueron identificadas como baldíos o tierras de la Nación y las restantes fueron consideradas de propiedad privada. Con base en esa información, consideraron que no debían pronunciarse sobre la “buena fe exenta de culpa” de los seis opositores al proceso de restitución porque sus predios estaban fuera del área baldía.
Sobre la compulsa de copias, las magistradas señalaron que “si bien en las declaraciones recibidas ante Sala, algunos solicitantes hicieron referencia a presuntos hechos de violencia efectuados por el señor Jorge Salah, no se ordena en esta instancia investigación sobre las mismas”. (Lea la sentencia aquí)
Tanto la Corporación Jurídica Yira Castro, que acompaña a las víctimas en su proceso de reclamación, como la URT Territorial Magdalena, solicitaron aclaración del fallo, por cuanto no están conformes con lo sentenciado.
“Diferimos de la decisión porque deja las cosas tal cual y como estaban”, afirmó Rodrigo Torres, director de la URT Magdalena. “No hay una recuperación de los terrenos ni para la Nación ni para las víctimas. Dejar esto así es legitimar cómo terceros se hicieron a la propiedad, cuando un baldío no puede quedar en manos de particulares”.
El funcionario dijo, además, que la sentencia tampoco profundizó en los hechos de violencia confesados en los tribunales de Justicia y Paz, donde se juzgaron a exintegrantes de las Auc desmovilizados bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
En la Corporación Jurídica Yira Castro se preguntaron también por qué las magistradas no ahondaron en las declaraciones de varios desmovilizados del Bloque Norte de las Auc, quienes en 2015 aseguraron que la violencia en Guáimaro estuvo relacionada con el despojo de tierras.
“El llamado es que nos den una solución. Hay días en que uno se acuesta y pasa el día sin qué comer”, aseguró un campesino de Salamina consultado, quien reiteró que el desplazamiento fracturó a su comunidad, hoy dispersa en varios municipios de la Costa Caribe. Como todavía no han sido restituidos, las órdenes de vivienda rural y proyectos productivos también siguen en veremos.
Violencia en tierras productivas
El corregimiento Guáimaro está a 175 kilómetros de Santa Marta, la capital de Magdalena. Para llegar allí hay que hacerlo desde el municipio de Pondera, en Atlántico, recorriendo durante 45 minutos el río Magdalena. Irrigadas por uno de los principales ríos del país, las tierras de Salamina tienen una alta productividad.
Según lo relatado por los campesinos reclamantes durante el proceso de restitución, en los años ochenta cultivaban alimentos en las playas del río, pero finalizando la década una inundación echó a perder la producción de maíz, guayaba, melón, yuca y tomate, que consumían y comercializaban con dos empresas de la región.
En 1986 consultaron al antiguo Incora si podían cultivar unas tierras en la parte alta del corregimiento, lejos del lecho del río. Se trataba de los playones Laura y Castro, una porción de tierra de 245 hectáreas reconocidos como baldíos por esa agencia estatal mediante la Resolución 0151 del 13 de octubre de 1969.
Los campesinos de Guámairo recuerdan que, conociendo que eran tierras de la Nación, 50 familias ingresaron el 17 de febrero de 1987 y volvieron a cultivar hortalizas y frutales. Sin embargo, la tranquilidad les duró poco. Un año después comenzaron a tener problemas con el ganadero Jorge Salah Donado, dueño de varias fincas en la región y vecino a los playones; incluso, intentaron ser desalojados por uniformados de la Policía y el Ejército, así como por funcionarios del DAS. Los problemas siguieron y, en 1992, al parecer Salah corrió cercas y metió ganado en sus parcelas, dañando los cultivos de maíz.
El abogado del ganadero dijo durante el juicio que los campesinos “no realizaron una ocupación pacífica” y que Salah “en su lucha por recuperar y proteger los predios de su propiedad, siempre utilizó mecanismos legales, acudiendo ante las autoridades locales”. Y agregó que el ganadero fue víctima de “robos, extorsiones y panfletos de amenaza de muerte”, hechos cuya “autoría se decía que eran de grupos milicianos del Eln”, razón la cual tuvo que desplazarse en 1994 tras el asesinato de uno de sus trabajadores.
El apoderado del ganadero aseguró también que los campesinos “jamás permanecieron en el predio con ánimo de señor y dueño, ya que no tenían vocación de permanencia y no vivían ni estaban asentados arraigadamente en los predios solicitados”.
Contrataria a esta versión, los campesinos reclamantes contaron cómo pese a los intentos de desalojo y a la violencia de las guerrillas, cultivaron las 245 hectáreas durante 13 años hasta que grupos paramilitares asesinaron a varias personas del corregimiento. El primer desplazamiento ocurrió a finales de 1999, cuando un comando armado del Frente Pivijay llegó a la media noche a Guáimaro y secuestraron a siete campesinos, a quienes luego asesinaron a bordo de una chalupa, en la mitad del río Magdalena.
Esta masacre fue confesada el 26 de enero de 2010 ante la Fiscalía 31 de Justicia y Paz por Héctor Eudoro Rivera, alias ‘Caballo’, y José Quintana Vega, alias ‘José Cabeza’, quienes reconocieron los crímenes ocurridos ese 30 de noviembre de 1999, así como los del 12 de enero del año 2000, cuando asesinaron a otros cuatro labriegos a orillas del río.
La violencia fue tal en Salamina que los desplazados pasaron de 110 casos en 1998 a 2.302 en 1999, según el Registro Único de Víctimas (RUV), de la Unidad Nacional de Víctimas.
Las 50 familias que cultivaban en los playones de Laura y Castro fueron desplazadas el 18 de mayo de 2000, cuando paramilitares del Frente Pivijay asesinaron Leovigildo Charris y Elmer Eduardo Charris [padre e hijo], Never de Jesús Sierra y Alcides Rafael Rada, todos miembros de la comunidad.
En una audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos ante el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, realizada el 28 de abril de 2015, Javier Sánchez Arce, alias ‘El Calvo’; Alberto Enrique Martínez Macea, alias ‘Roberto’; y Adriano de Jesús Torres Hernández, alias ‘Octavio’, contaron quiénes participaron en los asesinatos y la sevicia con la que mataron a los campesinos.
Alias ‘El Calvo’ aseguró que los nombres de las víctimas estaban en un listado que le fue entregado a Tomás Freyle Guillén, alias ‘09’, entonces jefe del grupo paramilitar. “Le puedo decir que las personas que nos entregaron ese listado las hemos nombrado como terceros, entre ellos, Adolfo Mario Celedón [exalcalde 2004-2007]; William Orozco [gerente del Hospital en 2000]; Azaís Mercado; Jorge Salah Donado [exalcalde en 1992]; Carlos Mercado. Ya a estas personas las he mencionado en varios hechos”, le respondió el desmovilizado al magistrado del Tribunal de Barranquilla.
Cuando el togado le preguntó sobre el trasfondo de la masacre, ‘El Calvo’ dijo: “llevo 14 años privado de la libertad y lo que percibo, me he dado cuenta, posiblemente puede ser por las tierras, porque todas las personas que nosotros desplazamos y amenazamos no se encuentran en las tierras”.
En la audiencia, alias ‘El Calvo’ le reiteró al Tribunal que en varias oportunidades había declarado sobre estos hechos en la justicia y ordinaria, a lo que la Fiscalía 31 confirmó la compulsa de copias, indicando que el proceso penal en ese momento estaba en etapa de “investigación preliminar”.
En la audiencia, varios de los desmovilizados cuestionaron las actuaciones de la justicia: “Nosotros mencionamos a un compañero y al mes tiene orden de captura y a los dos meses ya está capturado; pero hemos mencionado a políticos, ganaderos, comerciantes, llámese terceros, que hayan particiado en homicidos, y nunca se ha visto que los hayan capturado”, indicó Danny Daniel Velásquez, alias ‘José Cabezón’.
En respuesta, el magistrado Gustavo Roa, del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, afirmó finalizando la audiencia: “Acá la balanza no puede estar desequilibrada. La justicia no ve ni distingue; la justicia para todos se juzga con el mismo rasero. Estos hechos, desde luego delictivos, no pueden quedar en blanco, no pueden quedar así…Tenemos que indagar qué ha pasado con los fiscales, por qué [los procesos] han pasado tres o cuatro años en indagación preliminar”.
La violencia en Guáimaro, confesada por los desmovilizados del Frente Pivijay de las Auc, fue registrada entonces por la prensa nacional. El diario El Tiempo publicó entre mayo y julio de 2000 tres artículos, que retraron el miedo y las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad (Lea: “Guáimaro es un infierno en el paraíso”, “Refugiados de Guáimaro no deben volver” y “Desplazados no saldrán de Pastoral”).
Han pasado 18 años desde la publicación de esos titulares y la situación en Guáimaro no cambió. En 2009, la organización no gubernamental Brigadas Internacionales de Paz (PBI) registró nuevos intentos de desalojo contra los campesinos de los playones de Laura y Castro, que apuntaban a Jorge Salah Donado.
VerdadAbierta.com intentó contactar al ganadero cuestionado, pero sin éxito, y queda a la espera de conocer su versión sobre los hechos para complementar este artículo.
Los interrogantes
Si bien el fallo reconoció a las 50 familias como víctimas del conflicto armado y ordena que el Estado les garantice el acceso y titulación a tierras, así como otras medidas de reparación, plantea varios interrogantes sobre la decisión de las magistradas.
Por ejemplo, por qué no ordenaron un estudio para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperara los playones de Laura y Castro, siendo tierra de las Nación, y por qué no solicitaron a la Fiscalía investigar la presunta responsabilidad de particulares y de funcionarios no sólo en la obtención de títulos privados en esta área protegida, sino en los hechos de violencia que desplazaron a los campesinos.
Este último cuestionamiento ha sido recurrente en otros procesos fallados por el Tribunal de Restitución de Cartagena, como el de la finca Las Franciscas, en Zona Bananera, también en Magdalena. En este caso, las togadas no compulsaron copias a la Fiscalía, pese a las confesiones de alias ‘Carlos Tijeras’, que aseguró que el desplazamiento y despojo a campesinos fue ordenaron por empresarios del banano (Lea: Los silencios en la sentencia que restituye Las Franciscas a reclamantes).
Mientras el Tribunal de Cartagena aclara el fallo, tal como lo solicitaron la URT Magdalena y la Corporación Jurídica Yira Castro, los campesinos de Guáimaro esperan que la restitución de tierras no sea de papel: “Estábamos ilusionados con la sentencia y nada, seguimos en las mismas. Hemos tenido que pasar muchas injusticias”.
