El ex jefe del Bloque Norte no va a colaborar más con las investigaciones que se le siguen a cuatro políticos y a Jorge Noguera, ex director del Das por sus presuntos nexos con los paramilitares.
De acuerdo con una carta enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se negó a seguir colaborando con la justicia colombiana en investigaciones que se adelantan a políticos por sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia.
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‘Jorge 40’ está extraditado en Estados Unidos desde mayo de 2008.
– Justicia de EE.UU dará acceso a ‘paras’ extraditados |
“La Secretaria de la Sala ha informado en el día de hoy, que aquél (Jorge 40) no participará dentro de éstas, ni en los demás procesos en los cuales estaba citado” señaló la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal de la Corte afirmó que a pesar de la negativa, insistirá en la práctica del testimonio “dada la importancia que tiene” para los casos de Dávila Armenta y Jorge Noguera. Según el abogado de Dávila Armenta, la negativa de Tovar Pupo a declarara se da por un presunto cambio de abogado del ex jefe paramilitar.
Sin embargo, versiones extraoficiales aseguran que la oposición de ‘40’ a declarar estaría relacionada con los problemas de seguridad de su familia en Colombia. En diciembre de 2009, Sergio Tovar Pupo, hermano del ex paramilitar, fue asesinado por sicarios en Valledupar.
Las hipótesis manejadas por las autoridades en ese momento apuntaron que el crimen fue cometido por las actividades criminales de su hermano ‘Jorge 40’, el máximo jefe del Bloque Norte, extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos donde lo juzgan por narcotráfico.
La principal hipótesis de las autoridades es que los autores del asesinato quieren evitar que ‘Jorge 40’ le cuente al país quienes le colaboraron en los casi 10 años que estuvo como jefe de los paramilitares de Cesar, Magdalena y Atlántico.
Esta no es la primera vez que ‘Jorge 40’ decide no colaborar
en investigaciones que se adelantan en el país. En los últimos dos meses
las audiencias contra Dávila y Jorge Noguera habían sido aplazadas sin
ninguna justificación.
Hace un mes el ex jefe del Bloque Norte de las Auc,
extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, ya había aplazado su
testimonio en las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia.
Después de rendir varias versiones libres, en agosto de 2009 ‘Jorge 40’
anunció que no colaborará más con el proceso de justicia y paz en
Colombia. Varios jefes ‘paras’ extraditados, como Salvatore Mancuso o
‘Don Berna’, anunciaron que se retirarían del proceso de Justicia y Paz
por las amenazas contra sus familiares en Colombia.
‘Jorge
40’ es uno de los pocos paramilitares que no fueron incluidos en el
acuerdo que firmaron el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el
ministerio de Interior y Justicia, que prevé el traslado de varios jefes
‘paras’ extraditados a cárceles de Virginia y Florida (Ver artículo: Justicia de EE.UU dará acceso a ‘paras’ extraditados).
De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz sobre el tema de extradición, uno de los grandes problemas del proceso de Justicia y Paz está asociado con las dificultades para obtener las declaraciones de los antiguos jefes paramilitares que fueron extraditados.
Según el estudio, los extraditados no tienen motivos jurídicos ni personales para declarar. A nivel jurídico, no existe ningún tipo de beneficio o incentivo que motive a los ex paramilitares a participar en el proceso de Justicia y Paz o declarar en los casos de parapolítica, ni existe un costo jurídico aparente en caso de que decidan no declarar. En lo personal, siguen presentándose presuntamente casos de amenazas contra los familiares de estos ex jefes paramilitares, como sería el caso de ‘Cuco Vanoy’ o del mismo ‘Jorge 40’.
El caso de Dávila Armenta
A pesar de la negativa de ‘40’ a declarar, se llevo a cabo este lunes
una nueva audiencia del juicio que se adelanta al ex gobernador de
Magdalena, José Domingo Dávila. La Sala Penal de la Corte reprodujo una
grabación tomada por el despacho 25 de la Unidad Antiterrorismo de la
Fiscalía con la declaración de un de un testigo del caso, Carlos Enrique
Pareja Mendoza, en la que afirma haber sido presionado para declarar a
favor del ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta.
Según
el testigo, a través de un primo suyo y de un señor Edgardo Vincen,
alias ‘ Hombresolo’, se enteró de una presunta oferta de 140 millones
que le estaban haciendo para que declarara a favor de José Domingo
Dávila Armenta y negara cualquier tipo de nexo del político con grupos
paramilitares.
“Soy conocedor que ‘Chelo’ sí estuvo en San Ángel y
en Chivolo con los paramilitares, que también estuve en ‘Machete Pelao’
en una reunión con Hernán Giraldo… solamente me pidieron que dijera lo
contrario a eso… que dijera que él no hizo presencia en esos sitios y en
esas reuniones…” señaló el testigo.
José Domingo Ávila Armenta, ex gobernador de Magdalena y ex representante a la Cámara por el Partido Convergencia Ciudadana, fue capturado por la Fiscalía en diciembre de 2008 bajo cargos que lo vinculan con grupos paramilitares.
Al ex gobernador le abrieron una investigación por haber firmado y ser beneficiario del Pacto de Chivolo, un acuerdo suscrito en septiembre del año 2000 entre los grupos paramilitares del Bloque Norte comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con concejales, alcaldes y diputados, así como con aspirantes a estas corporaciones y a las 29 alcaldías de los municipios del departamento.
Como consecuencia de este pacto José Domingo Dávila, conocido como ‘Chelo’, fue presuntamente elegido gobernador derrotando al otro aspirante, el ex diputado Trino Luna Correa, quien lo sucedió tres años después y fue procesado y condenado por haber pactado alianzas políticas con el paramilitarismo.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación Dávila Armenta presuntamente fue el mayor favorecido con el acuerdo de Chivolo, sellado el 28 de septiembre del 2000, el cual llevaba la rúbrica de 13 candidatos a alcaldías y 395 personas más, todos candidatos a corporaciones públicas. Con el pacto se consolidó la fuerza política del movimiento ‘Provincia Unida Por Una Mejor Opción De Vida’, impulsado por ‘Jorge 40’.
Otros 12 políticos que firmaron el pacto resultaron elegidos alcaldes municipales y a comienzos de octubre la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos firmantes del referido pacto. Ellos fueron el alcalde de Concordia, Miguel Aragón, los ex alcaldes de esa localidad, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; los ex diputados de la Asamblea Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios, quienes también firmaron el Pacto de Pivijay siendo alcaldes en beneficio, pacto mediante el cual se buscaba la elección a senado en 2002 de Dieb Maloof y Jorge Castro al Senado, habiendo logrado ese propósito.
Los cargos contra Noguera
El primer cargo es el de concierto para delinquir por sus presuntos vínculos con jefes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de abril de este año, existe una amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ‘Jorge 40’, ambos extraditados a Estados Unidos.
Frente a este cargo, se incluyen también las declaraciones aportadas por el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, quien le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial.
El segundo cargo en contra de Jorge Noguera está relacionado con los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti. Dice la Fiscalía que Noguera le suministró a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados. Uno de los casos más documentados en el escrito de acusación es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa D’Andreis a quien el DAS primero capturó e intentó montarle un caso por presuntos vínculos con la guerrilla, y luego tuvo que liberar por falta de pruebas a mediados de 2004. Además le hizo un intenso trabajo de inteligencia, como lo ponen en evidencia los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución.
En septiembre de 2004 fue asesinado en Barranquilla. El crimen conmocionó toda la Costa Caribe en donde a Correa D’Andreis se le reconocía ampliamente como hombre bueno y un investigador reputado, además de un defensor de los derechos humanos. El jefe paramilitar desmovilizado, alias ‘Don Antonio’, en cuyo computador se encontraron los listados de negros de líderes sindicales y sociales que iban a asesinar en la Costa Caribe, ha aceptado ser autor del asesinato de Correa.
El tercer y cuarto cargo contra Noguera Cotes hacen referencia a los delitos de abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva. Se acusa a Noguera de haber utilizado su cargo como director del DAS para presuntamente favorecer intereses de paramilitares y narcotraficantes.
Como pruebas la Fiscalía presentó el testimonio de Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, quien dijo que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que, recién posesionado, Noguera paró una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdiósu puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.
Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delitos de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS con complicidad con el mismo Rafael García, pues se le acusa de que juntos borraron antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.
Esta negativa a declarar por parte del desmovilizado tambièn frustarà el acopio de su testimonio dentro de las investiigaciones previas que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de los congresistas Dilian Francisa Toro, Nancy Patricia Gutiérrez y Javier Cáceres, dentro del escàndalo de la parapolítica.
