El dirigente de las comunidades afrodescendientes de Tumaco fue asesinado por su apoyo decidido al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito pactado en el Acuerdo Final de Paz que firmaron el gobierno nacional y las Farc. En el Alto Mira no lo olvidan.
No habían pasado ni 15 días desde la masacre de siete campesinos e indígenas en la vereda El Tandil, de Tumaco, Nariño, cuando fue asesinado el dirigente José Jair Cortés, vocal del consejo comunitario del Alto Mira y Frontera. Aunque para la época se encontraba viviendo temporalmente en la zona urbana del municipio por cuenta de la compleja situación de seguridad que vivía el Consejo, Cortés decidió regresar al campo para visitar a su familia. Lo mataron el 17 de octubre de 2017, a las 4:15 de la tarde, en un punto entre las veredas Restrepo, San Juan Río Mira y Pital Río Mira.
En un sentido comunicado público, los integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario declararon estar “cansados de advertir, alertar y presionar para que se eviten tragedias y se atente contra nuestras vidas”. Recordaron que, desde la creación de la organización, en 1997, habían sido asesinados cinco miembros de la Junta y diez líderes veredales, entre los que se encuentran Francisco Hurtado (1997), Armenio Cortés (2008), Patrocinio Sevillano (2013) y Genaro García (2015). Por eso, sentenciaron que la memoria de Cortés sería honrada y que él mismo se uniría a los otros mártires de la comunidad “en el panteón de los ancestros”.
Cortés era oriundo del río Chagüí, zona insular de Tumaco. A comienzos de la primera década del 2000, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia les disputaban el territorio a las guerrillas de las Farc, se trasladó a la zona boscosa del Alto Mira. Allí formó una familia y varios años después fue designado vocal. Ricarte Ocampo, un antiguo líder de la comunidad, cuenta que Cortés fue reelecto para ese cargo porque “era el tipo más interesado de su vereda, se mostraba más apegado a las cosas y tenía una buena personalidad”.
A posiciones de liderazgo como esa, explica Ocampo, solo llega “la gente más capaz de cada vereda, la que ha demostrado interés de trabajar desinteresadamente por su comunidad, por el desarrollo, por llegar a hacer cosas que el Estado no ha hecho o no ha cumplido”. Con esa vocación, Cortés contribuyó a aliviar la tensión que existía entre las Farc y la dirigencia del Consejo Comunitario en la época previa a la firma del Acuerdo Final de Paz, que estuvo relacionada con la forma de gobernar el territorio y con la siembra masiva de hoja de coca para uso ilícito, que la guerrilla controló en la zona luego de promover la colonización con campesinos cocaleros desplazados de Caquetá, Putumayo y otros departamentos del sur.
Durante los meses previos a su muerte, Cortés se encontraba trabajando en tareas de pedagogía y alistamiento para el desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pactado con las Farc. Hizo parte de las primeras reuniones que sostuvieron funcionarios del Estado con dirigentes del Consejo Comunitario y, junto a otros líderes, se echó al hombro la tarea de convencer a los cultivadores de que el PNIS ayudaría a resolver los problemas de siempre: falta de vías para sacar los productos agrícolas, subsidios, asistencia técnica.
Ocampo recuerda que “Jair era uno de los que más estaba convencido de que el Estado por fin iba a llegar a las veredas a hacer cosas, a desarrollar a las poblaciones. Nos habíamos comprometido con la sustitución voluntaria, porque mirábamos que (sin las Farc en el territorio) el Estado tenía toda la autonomía para entrar por la fuerza y eso dejaría a la gente desamparada. Entonces, nos afanamos a firmar la carta de intención”.
En 2017, de acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Tumaco tenía sembradas 19.517 hectáreas de hoja de coca, el 11 por ciento del total nacional, cifra que lo convirtió en el municipio más afectado por cultivos de uso ilícito en todo el país. En 2016, según la misma Oficina, el Alto y Mira Frontera era el territorio de comunidades negras con mayor cantidad de cultivos, con un 31 por ciento del total reportado en zonas de ese tipo, en los que se contabilizaron 13.274 hectáreas. Para 2017 la misma oficina reportó un aumento del 7% en el departamento, que sigue siendo el de mayor densidad del cultivo de uso ilícito.
Interesados en salir del problema, que las Farc llevaron al territorio, las comunidades le apostaron al programa de sustitución. Juan Carlos Angulo, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS), recuerda: “Apenas tuvimos la lectura del Acuerdo de Paz, nosotros dijimos: ‘Esta es la oportunidad de salir de la coca”.
No obstante el compromiso de las comunidades, el gobierno nacional decidió continuar con las tareas de erradicación forzada, generando tensiones entre civiles, actores armados ilegales y Fuerza Pública, que alcanzaron el pico máximo el 5 de octubre, con la masacre de El Tandil.
Así recuerda una líder comunitaria, que pidió la reserva de su nombre, la situación que se vivía entonces: “En esos días estaba muy agitado el ambiente en el Consejo con el tema de los cultivos. El gobierno entró a las zonas cuatro y cinco a erradicar por la fuerza y hubo confrontaciones con los líderes y con la gente que tenía que ver con la coca. Durante las manifestaciones, las (disidencias de las) Farc disparaban, los narcotraficantes disparaban y las comunidades quedaban en el medio”.
También por esa época, los grupos armados ilegales habían amenazado a los líderes que promovían el PNIS y presionado a los pobladores para que asumieran “el rol de escudos humanos ante la intervención de la Fuerza Pública que realiza labores de erradicación forzosa”, según informó la Junta de Gobierno.
Además de la tensión armada, el PNIS había generado disputas de carácter político entre el Consejo Comunitario y los colonos. Estos últimos acusaban a los primeros de querer acaparar los dineros que llegarían por cuenta del programa y de “hacerle el juego al Estado” por su compromiso decidido con la sustitución.
Las diferencias eran la continuidad de una larga serie de desavenencias que mantenían ambas comunidades por su forma de concebir la gobernanza local y la relación con la institucionalidad. Para los colonos, la implementación efectiva del Acuerdo representaría, además, un cambio en su relación con esas tierras, dado que el gobierno y las Farc se comprometieron a devolver y restituir la totalidad del territorio a su dueño legítimo: el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera.
En ese contexto de confrontación, los dirigentes del Consejo aseguraron que el respaldo al PNIS le costó la vida a Cortés. Un día después de su muerte, la Junta de Gobierno declaró: “El crimen contra nuestro hermano Jair se dio como consecuencia de su decidida defensa del territorio y su apuesta por la sustitución de cultivos de uso ilícito, pese a las enormes fallas del gobierno en su implementación”.
Para ese momento, Cortés contaba con medidas de seguridad asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), consistentes en un celular, un chaleco antibalas y un auxilio de transporte, todas ellas cuestionadas repetidamente por las comunidades rurales por ser insuficientes e inadecuadas para las realidades del campo.
El 7 de septiembre pasado, la Policía Nacional de Colombia, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, capturó en ese país a dos presuntos integrantes de la organización armada ilegal Frente Óliver Sinisterra, una de las más perseguidas de Tumaco. Según las autoridades, uno de los detenidos es el autor material del asesinato de Cortés. El mismo día, la Fiscalía General informó que le imputó al acusado los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Aún falta que un juez determine su responsabilidad, así como sancionar a los autores intelectuales.
Reparar el daño, sin embargo, parece imposible. El dirigente Ricarte Ocampo así lo señala: “Nosotros creemos que la comunidad perdió un gran líder. Jair tenía algo especial. No era preparado, pero hacía las cosas con el corazón, sin malicia. Se llevaron un líder que difícilmente se va a poder reemplazar”. Tampoco habrá olvido, asegura Juan Carlos Angulo: “El luto que nosotros vivimos por la muerte de los compañeros lo llevamos aquí (en el corazón) y no lo vamos a olvidar jamás”.
Este perfil hace parte del informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo. Haga clic en la imagen inferior para conocer sobre esa investigación y acceder a más perfiles.
