Muchos fiscales argumentan que por pretender exigir el cielo del proceso de Justicia y Paz, la Corte Suprema puede estar creándoles un infierno a las víctimas.
Las sucesivas jurisprudencias de la Corte Suprema sobre cómo se debe aplicar la Ley de Justicia y Paz tienen a muchos de sus 59 fiscales confundidos. Temen que, a pesar de cuatro años de trabajo arduo para establecer qué sucedió en los tiempos del dominio del terror paramilitar, los procesos puedan terminar truncados y las víctimas frustradas porque nunca se llegó a la reparación judicial.
Este año la Corte le dio dos revolcones a Justicia y Paz. El 19 de agosto anuló la única sentencia que un tribunal de Justicia y Paz dictó contra un paramilitar desmovilizado, la de Wilson Salazar Carrascal, alias ‘El Loro’. Y en septiembre invalidó la formulación de cargos contra Gian Carlo Gutiérrez del Bloque Calima (Ver sentencias de Gian Carlos Gutierréz y ‘El Loro’).
En sus fallos la Corte trastornó la manera cómo los fiscales de Justicia y Paz venían trabajando. Ordenó que para cada delito que quieran imputar, de los cientos de miles, no pueden hacer imputaciones parciales referidas a ese delito particular, sino que tendrán que describir sus dimensiones políticas, militares, económicas y sociales de las autodefensas y demostrar de qué manera los crímenes de los ‘paras’ eran sistemáticos. La Corte además le recuerda a la Fiscalía que “la versión de las víctimas es preponderante” y que el proceso de Justicia y Paz tiene que establecer una verdad histórica.
Buscando guía para bajar estas nuevas exigencias a tierra, la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía pidió consejo al Tribunal de Cundinamarca. El magistrado Eduardo Castellanos delineó 50 preguntas a las cuáles los fiscales deben dar respuesta para poder imputarle los delitos a un procesado (Ver la carta de Eduardo Castellanos con las 50 preguntas).
Recomienda a la Fiscalía incluir, entre otros, los antecedentes de la totalidad de los miembros de un bloque, hasta de los que no se hayan desmovilizado; el número de armas entregadas en la desmovilización, donde hay que “identificar los números seriales y las casas fabricantes, y solicitar a las casas fabricantes que informen a quiénes les fueron vendidas estas armas”; la cantidad de botas, uniformes y equipos de campaña usados por el Bloque; y hasta cruzar datos con ONGs como País Libre para ver si tienen información de secuestros cometidos por paramilitares.
En el curso del proceso, se han esclarecido miles de delitos, se han encontrado otros miles de desaparecidos, se han establecido a niveles jamás vistos los cómplices y tentáculos de este fenómeno armado, se han escrito informes de entes oficiales y privados, e incluso se han proferido varias condenas desde la justicia ordinaria con la información recabada por los fiscales Justicia y Paz
Sin embargo, Justicia y Paz no puede mostrar hoy un solo condenado, y la preocupación es con el nuevo listado que deben responder en cada caso, según las sentencias de la Corte, las probabilidades de empezar a cerrar casos, conseguir audiencias de reparación y sentencias condenatorias sean cada vez menores.
Aunque estos 50 puntos pueden ser una hoja de ruta para Justicia y Paz y son esenciales para conocer a fondo la verdad sobre el paramilitarismo, algunas condiciones han sorprendido los fiscales, pues consideran ilusorio reunir tantos elementos, ya que no tienen las herramientas, el personal o el tiempo para hacerlo.
Un fiscal le dijo a VerdadAbierta.com que “los paramilitares tienen que responder por cerca de 345.000 hechos, nos podemos demorar años antes de que se estructuren los procesos completamente. ¿Cómo las víctimas van a entender la demora, esperando años antes de que haya plena justicia, aún si la información sobre los crímenes que los afectaron ya está disponible?”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo defiende decenas de víctimas del paramilitarismo. Sus apelaciones, recursos y acciones en los tribunales de Justicia y Paz produjeron los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Para los defensores de la corporación “los pronunciamientos de la Corte van en el sentido de los estándares internacionales, nosotros no nos inventamos nada. La Justicia transicional supone un cambio estructural del Estado y de sus instituciones que permitieron violaciones masivas de los derechos humanos. Eso en Colombia no está pasando”.
Añaden que la Fiscalía no está haciendo su labor pues se limita a verificar si los hechos confesado por los paramilitares ocurrieron y se limita a presentar los crímenes de los ‘paras’ como una serie de procesos individuales.
Citan el caso de Carmen Pungo, militante de Anthoc, sindicato de la salud, asesinada en 2001 por integrantes del Bloque Calima. “El asesinato de Carmen Pungo no puede estar desligado de su contexto. En ese momento en el Cauca había una guerra frontal contra los movimientos sociales. En el ámbito nacional el sindicato Anthoc también sufrió ataques. La Fiscalía tiene que revelar estas estrategias criminales de control social”.
Este caso, sin embargo, no se puede generalizar. Son varios fiscales, cuyas imputaciones están basadas en extensas investigaciones de lo que sucedió en la región de su competencia, los crímenes que quedaron impunes, la reconstrucción de la toma paramilitar, la relación entre paramilitarismo y política y economía, entre otras consideraciones. Es más, por su trabajo de investigación han forzado a los desmovilizados a reconocer crímenes que jamás hubieran confesado sin presión.
Decir que sus casos sólo se basan en lo que los paramilitares han querido buenamente confesar, desconoce lo que realmente está pasando por dentro en el proceso de Justicia y Paz.
¿Sólo condenas contra los ‘paras’ rasos?
Como resultado, lo que puede pasar en la práctica, como lo advierten varios fiscales de Justicia y Paz, es que sólo se sancione los paramilitares que cometieron menos de 50 crímenes. “Lastimosamente va a ser difícil condenar a los grandes responsables, son las bases, los instrumentos, los rasos, esos son los que vamos a condenar” dice un funcionario de la Fiscalía.
En ese escenario, puede que los jefes de los bloques, que organizaron masacres, tuvieron arreglos políticos y se juntaron con policías y militares nunca sean condenados pues la Fiscalía tiene que imputarles los crímenes que ordenaron y además todos los de sus subalternos. Así Ramón Isaza, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio tiene que responder por seis mil crímenes, entre los que él ordenó y los que sus hombres cometieron.
Un funcionario de la Fiscalía dijo a Verdadabierta.com que en casos cómo el de Isaza, llegar a una condena es un reto casi imposible, que se puede demorar años. “El temor es que a Isaza le pase lo mismo que a Slobodan Milosevic. Isaza tiene 67 años y se le diagnosticó un Parkinson degenerativo, no sabemos cuántos años pueda aguantar”. Milosevic fue presidente de Serbia y murió en el 2006 en una cárcel de La Haya, Holanda, cuando estaba siendo juzgado en el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio en ex Yugoslavia.
Que un ex paramilitar con la notoriedad, la cantidad de crímenes y el historial de Ramón Isaza no sea condenado puede ser muy grave para el proceso de Justicia y Paz. En el caso de Milosevic, la Fiscal Carla del Ponte del TPI dijo que “la muerte de Milosevic le niega a las víctimas la justicia”, una sensación que se compartiría en Colombia si no hay condenas contra Mancuso, ‘Jorge 40’, Ramón Isaza o ‘El Alemán’.
Según los defensores del Colectivo de Abogados las dificultades que enfrentan los fiscales no los sorprenden pues “revelan el fracaso de Justicia y Paz. Si en la Fiscalía no tienen el tiempo ni los medios para investigar es culpa del Estado. Desde el comienzo no hay una voluntad real, hay una política de Estado para garantizar la impunidad”.
Pero lo que plantean los fiscales no es que no se investigue a Ramón Isaza o a los demás, sino que se vayan evacuando los delitos que se le imputan por paquetes, y así se pueden ir condenando a los subalternos involucrados, y reparando a las víctimas afectadas por esos delitos. Si se espera a que se tengan plenamente esclarecidos todos los miles de delitos cometidos por este paramilitar, sus subalternos y sus cómplices, puede condenar el caso a la impunidad total.
La fuga hacia la justicia ordinaria
Otra preocupación es que como los paramilitares ven que sin importar cuánto hayan colaborado, sus condenas alternativas nunca llegan, y que por sus confesiones, les están lloviendo condenas en la justicia ordinaria, estén optando por callarse, o por renunciar a Justicia y Paz y quedarse con la ordinaria porque con esta les va mejor. En otras palabras, lo que hay es un incentivo perverso para que se silencie la poca o mucha verdad que puedan estar contando.
Así mismo, como a los ‘paras’ en Justicia y Paz además de confesar y contextualizar sus crímenes, tienen que declarar cuáles son sus bienes y entregarlos para la reparación de las víctimas. En la justicia ordinaria los criminales tienen menos compromisos con sus victimas y con sus bienes.
Por eso desde ya varios ‘paras’ han sacado sus calculadoras y se retiraron de Justicia y Paz.
En diciembre de 2003 Carlos Castillo Guerrero fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un empleado de una empresa de transporte público en Ibagué en septiembre de 2002. Cuando las autodefensas se desmovilizaron Castillo, aunque dice ser inocente, se postuló a Justicia y Paz.
Sin embargo en su primera versión libre, en noviembre de este año, anunció que renunciaba a Justicia y Paz. Según calculó, gracias a los estudios que realizó en la cárcel y a su buen comportamiento puede salir en libertad condicional a mediados de 2010. Si sigue en Justicia y Paz tiene que esperar varios años para que su caso se resuelva y lo condenen.
Aunque estos casos todavía no son generalizados, en los despachos de Justicia y Paz varios paramilitares ya optaron por ‘fugarse’ a la justicia ordinaria y el temor es que estas decisiones crezcan cada vez más.
Un fiscal declaró a VerdadAbierta.com que “hay que ver lo poco que ha logrado hacer la Justicia ordinaria con las grandes masacres, los crímenes políticos. En Justicia y Paz, aunque no es perfecto, sí se han logrado esclarecer muchos crímenes, hemos hecho exhumaciones, entregado restos a las familias. Las grandes perjudicadas van a ser las víctimas”.
Los abogados del Colectivo rechazan esta visión. Aunque aceptan que gracias a Justicia y Paz hay avances, piensan que la Fiscalía se está contentando con hacer lo mínimo y que frente a crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de los derechos humanos eso no es aceptable.
“No queremos que Justicia y Paz dure mil años, aspiramos que se deje de garantizar la impunidad. Puede que se haya hecho más que las leyes de punto final de Argentina, Chile o Perú, pero no es por eso que Justicia y Paz es aceptable” declararon a Verdadabierta.com.
Las nuevas estrategias de la Fiscalía
Frente a los retos de la Corte, varios fiscales de Justicia y Paz están pensando reorientar sus casos, para poder agilizar lostrámites y darle vitalidad al proceso.
Una de las estrategias es la de recomendar que la justicia ordinaria dicte sentencias sobre la base de las confesiones de los ex ‘paras’ en sus versiones libres. Después los procesos entran a Justicia y Paz por acumulación de sentencias. En la imputación parcial de Oscar Albeiro Tabares, desmovilizado de las ACMM, el 18 de noviembre de 2009, la Fiscalía recomendó que el caso tenga las puertas abiertas en la Justicia ordinaria.
Pero es una solución muy controvertida entre los defensores de las víctimas. En la justicia ordinaria los ‘paras’ se pueden acoger a sentencias anticipadas. Cuando los casos vuelven a Justicia y Paz son considerados cosa juzgada y no se pueden controvertir.
El otro plan de los fiscales son las versiones por zonas geográficas, con sesiones conjuntas que reúnan todos los paramilitares que tenían influencia sobre la región. Aunque ya se hacían antes de los fallos de la Corte, versiones conjuntas como la que hicieron Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’ y nueve subalternos por crímenes cometidos en Granada, Meta, se van a generalizar (Ver artículo sobre la versión conjunta).
La última estrategia, aunque pocos fiscales lo dicen a voz alta, es pedirle a la Corte Suprema que replantee las condiciones que está exigiendo.
Aunque es imposible que la Corte de un paso para atrás, asociaciones de víctimas y la Fiscalía están de acuerdo que la solución a los remiendos de Justicia y Paz puede ser la Comisión de la Verdad, que la Corte recomendó crear en uno de sus fallos.
El proyecto, que imita iniciativas similares en Argentina o Perú, es poder establecer una verdad histórica para construir memoria, conocer todos los hechos de violencia y evitar su repetición. Así la Fiscalía se centrará en su trabajo penal y podrá avanzar el proceso.
El abogado Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que las organizaciones de víctimas respaldan la idea si se mantiene como un organismo independiente, libre de manipulaciones. “Estamos ante una crisis profunda de la Ley de Justicia y Paz y el sistema está a punto de colapsar. Debemos buscar alternativas” concluyó.
En eso quizás todos están de acuerdo. Hay que buscar salidas para que los procesos salgan adelante con mayor velocidad, porque el riesgo de demorarlos demasiado en aras de una perfección ideal, en lugar de proteger a las víctimas como se pretende, se termine perjudicándolas.
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