El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, al Estado colombiano por la colaboración de miembros del Ejército con los paramilitares en la masacre ocurrida en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en donde se violó el derecho a la vida, la integridad personal, la libre circulación, residencia y la justicia.
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La CIDHcomprobó que agentes del Ejército tuvieron participación en esta masacre por acción y omisión. A pesar de la lentitud de la justicia nacional, se han dictado varias condenas ejemplarizantes contra algunos militares. La sentencia, durante esos cinco días un grupo de paramilitares secuestraron, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 personas, algunas de las cuales, luego de ser desmembradas, fueron arrojadas a las aguas del Río Guaviare. (Descargar la sentencia)
Dijo además la CIDH que comprobó la colaboración, apoyo, aquiescencia y tolerancia de agentes estatales por acción y omisión, al grupo paramilitar que cometió la masacre.
En declaraciones a la prensa, Carlos Castaño, quien planeó la masacre, junto con Salvatore Mancuso, en ese momento jefes de la Accu, reconoció 49 asesinatos en Mapiripán en esa semana fatídica de julio de 1997. Pero hoy la justicia no ha podido identificar plenamente sino a 11 personas. Como a las víctimas, lo que quedó de ellas, fueron arrojadas al Río Guaviare o enterradas por ahí, aún faltan por encontrar a la mayoría.
Según Eduardo Carreño, abogado que lleva el caso de las víctimas por parte del Colectivo de Abogados, se han localizado otros siete cadáveres y se cree que pueden ser muchos más muertos de los 49 oficialmente reconocidos. “Es un montón de gente, pero no se puede calcular porque muchos familiares y sobrevivientes han tenido miedo de hablar”, señala.
También fue vinculado el empresario bananero Raúl Hasbún, quien reconoció el entrenamiento de 150 paras de las Auc de Córdoba y Urabá, fue llamado a juicio a través de Justicia y Paz.
El Colectivo de Abogados calcula que cerca de 360 paramilitares y 160 miembros de las Fuerzas Militares estuvieron involucrados en la masacre. Pedro Oliverio, alias ‘Cuchillo’, jefe del Bloque Centauros, está prófugo. El abogado Carreño dice que ha sido muy difícil que vinculen a la gente de ‘Martín Llanos’ del Casanare, a los policías que vigilaban los aeropuertos de Necoclí y Apartadó, a los soldados de El Barrancón y a Rito Alejo del Río vinculado por ‘HH’ y Mancuso.
La justicia nacional ha actuado con lentitud frente al caso, pero ha proferido sentencias ejemplarizantes contra algunos de los militares involucrados por acción u omisión.
Militares condenados:
· General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez – condenado a 40 años de prision por homicidio y secuestro agravado
· Coronel Lino Sánchez – condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir. (murió en la cárcel).
· Mayor Hernán Orozco Castro – condenado a 40 años de prisión por homicidio y secuestro agravado
·Sargento segundo Juan Carlos Gamarra Polo – condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir
· Suboficial Jose Miller Ureña Díaz – condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir
Paramilitares condenados:
· Carlos Castaño Gil (muerto) – condenado a 40 años de prisión por los delitos de Homiicidio y secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir.
· Julio Enrique Flórez – condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir
· Elkin Casarrubia Posada: se acogió a sentencia anticipada.
· Dumar De Jesús Guerrero (hermano de alias “Cuchillo”) se acogió a sentencia anticipada.
