Casi dos años después de que el Tribunal condenara a tres ex paramilitares y ordenara la reparación a más de 200 víctimas, gran parte de su cumplimiento sigue solo en el papel.
La sentencia contra los tres ex paramilitares fue proferida en diciembre de 2011. Foto: SemanaEn 1 de diciembre de 2011 el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá condenó a tres desmovilizados del Bloque Vencedores de Arauca. En esa oportunidad, los magistrados ordenaron a los ex paramilitares, a la Unidad de Víctimas, a la gobernación de Arauca y a otras entidades que se encargaran de las medidas para reparar a las víctimas, sin embargo, aún no se les cumple a cabalidad.
Hace diez años el Bloque Vencedores de Arauca, comandado por los hermanos Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, alias ‘Los Mellizos’, cometió todo tipo de atropellos contra la población civil en cinco municipios del departamento. En Tame, delinquieron José Rubén Peña Tobón, alias ‘El Sargento’, y sus dos subalternos, José Manuel Hernández Calderas, alias ‘Platino’, y Wilmer Morelo Castro, alias ‘Boqui’.
El Tribunal condenó a estos tres ex paramilitares por la masacre en la vereda Corocito, ocurrida el 8 de febrero de 2003 cuando un grupo de paramilitares, dirigido por alias ‘el Sargento’, asesinó a siete personas y obligaron a sus familias a desplazarse. Esta decisión incluyó la primera condena por delitos de género en Justicia y Paz.
Casi dos años después, en una audiencia de seguimiento a las medidas de reparación incluidas en la sentencia, la magistrada Léster González aseguró que su cumplimiento “ha sido casi nulo”. Las entidades encargadas adujeron falta de presupuesto, problemas de gestión, licitaciones mal entregadas y falta de interés de algunas víctimas para acceder a los programas.
La reparación prometida
A pesar de que el Fondo de Reparación a las Víctimas, que hace parte de la Unidad de Víctimas, ha pagado el 99% de las reparaciones, los afectados y sus apoderados no se sientes satisfechos, pues el dinero que les entregaron es mucho menor al que la sentencia prometió.
Inicialmente la decisión judicial tazó unos montos a los que tenía derecho cada una de las víctimas directas e indirectas, quienes en su mayoría residen en las veredas Matal de Floramarillo, Corocito y Caracol. Esta reparación se calculó teniendo en cuenta daño emergente, lucro cesante y daño moral.
En su decisión, el Tribunal ordenó un tope de 53 millones de pesos por homicidio en persona protegida, mientras que otorgaron entre 17 millones y 120 millones de pesos como indemnización en los casos de desplazamiento forzado, y 16 millones de pesos para cada una de las víctimas de secuestro.
Sin embargo, en diciembre de 2012, con las reformas que el Congreso le introdujo a la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, cambió la manera en que se calculan los montos y dejó esa responsabilidad en manos de la Unidad de Víctimas. Esta entidad taza las reparaciones teniendo en cuenta lo que establece la Ley 1448, conocida como de Víctimas y Restitución de Tierras, en la que las sumas máximas de reparación son mucho menores a las que le prometieron a las víctimas en la sentencia.
Los abogados de las víctimas dijeron que no se sentían satisfechos con la reparación, pues las reformas a la Ley de Justicia y Paz fueron posteriores a la expedición de la sentencia por lo que no deberían aplicar esta nueva forma de calcular los montos. La magistrada les dio la razón y aseguró que, en ese concepto, no puede dar por cumplido este requisito.
El Fondo de Reparación también se refirió a los bienes entregados por el Bloque Vencedores de Arauca. En este caso, el 60% de las reparaciones se pagaron con el dinero y los bienes ofrecidos por el Bloque. Sin embargo, valga decir que las 224 afectados que incluyen esta sentencia son solo una porción de las más de 2.100 que dejó este grupo paramilitar.
La Fiscalía expresó su preocupación en el caso de los bienes porque de los 56 que en un principio entregaron los ex paramilitares, en especial su jefe Miguel Ángel Mejía Múnera, solo cinco han podido usarse para la reparación; 17 ya han sido descartados, y los demás no se considera que tengan condición reparadora.
La difícil camino para hacer Memoria
Los problemas de la reparación y la decepción de haber recibido menos dinero del que prometía la sentencia, fue el primer problema que tuvieron que enfrentar las entidades para trabajar con las víctimas en las veredas, pues se rompieron los vínculos de confianza. Así lo aseguraron funcionarios de la Unidad de Víctimas y mandatarios locales como el alcalde de Tame, Octavio Pérez Hernández: “ha sido difícil, al comienzo no querían saber nada de los proyectos de reparación, no había confianza”.
El Centro de Memoria Histórica (CMH) hizo unos primeros acercamientos, viajó en cuatro oportunidades a Arauca, pero las víctimas se mostraron desinteresadas en participar en la reconstrucción histórica del conflicto de la zona, solo una personas aceptó ayudar a reconstruir el perfil de una de las víctimas.
En el caso de la vereda Corocito la situación ha sido diferente: los pobladores han contado sus historias, lo que ha permitido la reconstrucción sobre los orígenes del conflicto, las afectaciones que causó el Bloque Vencedores de Arauca y conocer algunos detalles de la masacre de Corocito y Matal de Floramarillo.
Pero el verdadero problema ha sido la construcción de dos lugares de la Memoria en Corocito y Matal de Floramarillo que la sentencia obligaba a las autoridades locales con ayuda del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad de la que hacen parte el CMH y la Unidad de Víctimas.
La Gobernación de Arauca presentó un proyecto de construcción el 31 de octubre de 2012 por 200 millones de pesos, que todos esperaban se destinara a la edificación de los dos lugares de Memoria. Sin embargo, el proyecto incluía talleres de arte, sesiones de atención psicosocial y un componente de construcción colectiva de memoria, que incluía contextos de violencia y perfiles de las víctimas, trabajo que ya venía realizando el CMH.
Pese a las observaciones que, en su momento, hicieron el CMH y la Unidad de Víctimas, el contrato de ejecución fue firmado el 27 de junio de 2013 y tendrá una duración de solo tres meses. Según los gastos que indica el contratista, más del 60% de los recursos se invertirá en gastos administrativos, papelería y desplazamiento, lo que corresponde a 120 millones, de los 200 entregados.
El Tribunal señaló que no solo no se cumplió con lo que ordenaba la sentencia, sino que ya se había enviado toda la documentación pertinente a la Contraloría para que investigue el manejo que se le dio a estos recursos públicos.
Para reconstruir la memoria y resarcir el daño que los paramilitares causaron a la educación, cuando suspendían actividades académicas incluso hasta por siete meses, el Tribunal ordenó al CMH que capacitara docente que dictaran una cátedra sobre Derechos Humanos, pero luego de dos años hasta ahora el proyecto va a ser licitado.
Para completar, ni las disculpas públicas de los paramilitares se han podido gestionar. La sentencia ordenaba a los tres condenados a realizar un evento público en los municipios de Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena y Tame donde mostraran su arrepentimiento. Pero según informó el defensor de los postulados este evento no pudo ser agendado porque a raíz de los problemas en la reparación, las víctimas se negaban a asistir a los demás eventos relacionados.
La Unidad de Víctimas también informó que un gran número de afectados pidió que los postulados no fueran personalmente a la región, porque le temen a su presencia. La magistrada pidió a los defensores de las víctimas que hablarán con sus representados para llegar a un acuerdo.
La salud que no logra recuperarse
El accionar del Bloque Vencedores de Arauca causó un grave daño a los centros de salud, pues fueron tomados por sus integrantes para utilizarlos como bases de operaciones y centros de tortura. Con la desmovilización del grupo, estos sitios quedaron inservibles.
Hoy la situación no ha cambiado. José Rubén Peña Tobón, alias ‘El Sargento’, quien convirtió el centro de salud de Caracol en centro de entrenamiento, fue obligado a reconstruirlo junto a los otros dos postulados, pero el ex paramilitar no lo ha hecho y argumentó que no ha podido conseguir los permisos del Inpec ni el dinero para llevar a cabo la obra.
El Ministerio de Salud y Protección Social ratificó en sus visitas que este centro de salud y el hospital San Vicente en Arauca cuentan con una infraestructura ineficiente que no permite que se preste con dignidad el servicio a la salud. El buen estado de estos centros depende de las autoridades municipales y del Departamento, que en casi dos años no han logrado ponerse de acuerdo sobre cuál es la competencia de cada una en el asunto. Representantes de esta cartera aseguraron que podían proporcionar la dotación necesaria si se pasaba un proyecto, pero a la fecha no se ha presentado.
Una de las primeras medidas era que la Secretaría Departamental de Salud de Arauca realizará un diagnóstico a la totalidad de las víctimas para saber sus necesidades médicas. Hasta ahora se hizo el diagnostico a 133 de las víctimas sin que se hayan enviado los resultados al Ministerio de Salud. Pero lo que es más grave, antes de conocerse el diagnóstico, fue licitado el contrato ya mencionado que pretende brindar ayuda psicosocial a más de 200 víctimas en tan solo tres meses.
Esta falta de gestión y compromiso de las entidades para cumplir lo que por vía judicial se los ordenó, genera una preocupación, pues hasta el momento están en firme solo 14 sentencias condenatorias contra postulados a la Ley de Justicia y Paz. Cabe preguntarse si las autoridades locales y las entidades estarán en capacidad de responder a las miles de víctimas que harán parte de las 16 sentencias que se espera se produzcan en los procesos de priorización sobre los cuales trabajan los fiscales, varias de las cuales saldrían este año.
