n fiscal de Justicia y Paz le imputó al ex jefe de las Auc cargos por narcotráfico y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Según la imputación de cargos al ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ante un magistrado de Control de Garantías de Barranquilla el ex paramilitar fue uno de los mayores capos en el negocio del narcotráfico y con el dinero que obtenía conseguía armas y munición para las Autodefensas Unidas de Colombia. En total se le imputarán 140 cargos.
Mancuso ya había sido imputado por primera vez el 13 de marzo de este año por 120 delitos entre ellos masacres como la de El Aro y el Catatumbo, reclutamiento de menores, asesinatos a personas protegidas, desapariciones forzadas, tráfico de armas. (Descargar imputaciones del 13 de marzo de 2009 a Salvatore Mancuso)
Durante la audiencia la Fiscalía documentó cómo desde 1996 y hasta 2004, el hoy ex paramilitar envió más de 119 mil kilos de cocaína a Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México, Honduras, Guatemala, y Estados Unidos.
Se detalló, igualmente, cómo operaban los laboratorios de la droga en Córdoba al mando de Fabio Ochoa Vásquez, en Pailitas (Cesar) a cargo del ex jefe ‘Omega’, y el de la Caucana en Antioquia, liderado por Ramiro Vanoy, alías ‘Cuco Vanoy’.
Así mismo, alias ‘El Mono Mancuso’ aceptó que el despacho del estupefaciente hacia el extranjero se realizaba desde puertos del Golfo de Morrosquillo, Urabá, Bolívar, Atlántico, y la Guajira, con el apoyo de narcotraficantes como Orlando Henao y Fabio Ochoa, entre otros.
Igualmente, el extraditado reconoció que su organización compró más de 10 mil armas de largo alcance provenientes de Bulgaria, Venezuela y Centroamérica, que entraron al país por los puertos de Buenaventura y Urabá, con el supuesto apoyo de miembros del Ejército.
La formulación de imputación que culmina este miércoles se realiza en el segundo piso del Centro Cívico de Barranquilla, con transmisión satelital a Cúcuta, Sincelejo, Montería, y Medellín.
Mancuso se encuentra detenido en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, en donde enfrenta un juicio por tráfico de drogas, desde mayo de 2008 cuando fue extraditado junto a 12 ex jefes paramilitares por el gobierno colombiano que los acusaba de seguir delinquiendo desde la cárcel.
Historial delictivo
Antes de su desmovilización, Mancuso tenía en su contra ocho órdenes de captura dictadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y 57 procesos. Se le acusa del secuestro de la senadora Zulema Jattin.
El representante a la Cámara, Wilson Borja, en diciembre del 2000. Héctor Acosta, alcalde de Tierralta (Córdoba) el 20 de febrero del 2001, en una presunta retaliación de las Auc. Carlos Quiroz, alcalde de San Jacinto(Bolívar) el 6 de noviembre de 1997, pocos días después de su elección. Henry Tafur, alcalde de San Martín de Loba (Bolívar). Pauselino Camargo, ex sacerdote y ex alcalde de Cúcuta. Bernabé Sánchez, concejal del municipio de Tibú (Norte de Santander) el 30 de agosto de 1999, en La Gabarra. Tirso Vélez, candidato a la Gobernación de Norte de Santander, en el 2003. Aury Sara Marrugo, presidente de la Unión Sindical Obrera en Cartagena, en el 2000, junto con su escolta. Kimy Pernía Domicó, líder de la comunidad indígena Embera. Varios profesores y alumnos de la Universidad de Córdoba.
A esto se le suma la solicitud de extradición a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
En sus versiones libres hasta principios del 2008, alcanzó a confesar más de 500 crímenes entre los que se destacan: desaparición forzada, fabricación y tráfico ilegal de armas, homicidio, hurto, incendio, lesiones personales, secuestro extorsivo, tentativa de homicidio y terrorismo
Al finalizar la primera etapa de versión libre Salvatore Mancuso entregó bienes por 51 mil millones de pesos, principalmente en predios
A Mancuso se le atribuyen las masacres de Mapiripán, en la que murieron veinte campesinos en 1997. La de la Gabarra en 1999, en la que paramilitares bajo su mando asesinaron a treinta y cinco personas. La del Aro, en Ituango Antioquia, en octubre de 1997 y la del Salado en febrero de 2000 en la que murieron treinta y ocho campesinos.
Con información de la Fiscalía
