Ejecución de jóvenes del municipio de este municipio cercano a Bogotá continúan sin mayor atención de la justicia. La norma secreta que la fomentó podría seguir vigente.
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| A tres años de la ejecución de los jóvenes de Soacha, sus madres denuncian impunidad en los procesos que ven implicados a decenas de militares. Foto: Archivo Semana |
No se ha dictado sentencia definitiva contra ninguno de los militares supuestamente involucrados en las desapariciones de diecisiete jóvenes del municipio de Soacha en 2008, trasladados de Cundinamarca al Norte de Santander, a más de 500 kilómetros de distancia, para ser ejecutados en la mayoría de los casos uno o dos días después de su desaparición.
Tras meses de búsqueda por parte de sus familiares, los jóvenes del municipio de Soacha, aparecieron en fosas comunes en el municipio de Ocaña, en el Norte de Santander, registrados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.
Los jóvenes de Soacha fueron secuestrados y ejecutados, y luego el Ejército los presentó como miembros de grupos al margen de la ley abatidos en combate. (Ver línea de tiempo: Los 17 jóvenes de Soacha)
La Directiva 029 del 2005 del Ministerio de la Defensa, que muchos afirman fomentó las ejecuciones extrajudiciales en su modalidad de “falso positivo”, podría seguir vigente. La norma prevé el pago de recompensas a civiles que colaboren en la eliminación de miembros de grupos armados ilegales. El carácter secreto de la norma impide tener certezas sobre su aplicación y las declaraciones oficiales al respecto son contradictorias. Pero, hasta el momento, ninguna directiva la ha derogado. Cabe aclarar que la directiva 029 pretendía corregir el Decreto Boina del 2004 que asignaba recompensas directamente a integrantes de la Fuerzas Militares, explica abogado que prefiere no revelar su nombre.
En los primeros seis meses del 2011 se reportaron 201 ejecuciones extrajudiciales de distinto tipo. La cifra incluye casos de responsabilidad directa de la fuerza pública, cómo los “falsos positivos” e indirecta cómo ejecuciones por obra de paramilitares, según cifras de la violencia del CINEP Programa por la Paz (CINEP/PPP).
El Norte de Santander registra el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en los primeros seis meses del 2011. Mismo departamento dónde fueron ejecutados los jóvenes de Soacha tres años atrás.
Alrededor de 3.500 ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas en el país entre el 2002 y 2010. De ellas sólo una de cada cinco ha sido investigada por la justicia ordinaria. Hasta finales del 2010 se habían dictado 40 sentencias y 46 uniformados habían sido liberados por vencimiento de términos, según cifras de la Ong Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son considerados crímenes de lesa humanidad y la justicia internacional podría intervenir en los casos en que la justicia colombiana se revelara incapaz de actuar.
Ninguno de los diecisiete procesos judiciales contra miembros del ejército, por los hechos de Soacha, se ha resuelto en sentencia definitiva y en cinco de ellos no se ha celebrado la primera audiencia.
Familiares de varias de las víctimas de Soacha están próximos a demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunciarán la falta de resultados en los procesovs judiciales que ven implicados a decenas de miembros del ejército en los asesinatos de sus parientes. Los casos que se presentarán ante la CIDH estarán representados por la Asociación MINGA y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
Civiles víctimas
Catorce jóvenes del municipio de Soacha y tres de Bogotá, entre ellos dos menores de edad y un discapacitado mental, desaparecieron entre enero y agosto del 2008. Reclutados por civiles con el engaño de promesas laborales, fueron trasladados vía terrestre, recorriendo un camino de más de trece horas de Soacha a Ocaña en el Norte de Santander, dónde fueron ejecutados para ser presentados como pertenecientes a grupos armados ilegales dados de baja en combate.
Según confesiones de los mismos reclutadores, los miembros del Ejército les pagaban entre 200 mil y 1 millón 500 mil pesos por joven reclutado. Entre más alto el rango al interior del grupo armado ilegal, mayor la recompensa prevista en la directiva 029. Según informa abogado, los reclutadores afirmaron también que en diversas ocasiones se les pagó con facturas que no especificaban la cifra de la recompensa recibida.
El primero de septiembre de 2008 un practicante de Medicina Legal, primo de una de las víctimas, reconoció la foto de Diego Alberto Tamayo. Este aparecía registrado como muerto sin identificar dado de baja en combate con el ejército en el Norte de Santander. Diego había desaparecido del barrio Villa Italia de Soacha siete meses atrás y había sido ejecutado dos días después de su desaparición.
La noticia de que jóvenes de Soacha estaban apareciendo muertos en el Norte de Santander se difundió entre las mujeres que buscaban a sus hijos e ignoraban existiesen otros casos de desapariciones, según cuentan ellas mismas en entrevista.
Un mes después de ser hallados los primeros cuerpos, el 7 de octubre de 2008, el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, vinculó públicamente a los jóvenes de Soacha con actos delincuenciales.
El 29 de octubre, la entonces Secretaria de Gobierno y actual Alcadesa de Bogotá, Clara López, denunció en entrevista radiofónica, refiriéndose al caso de los jóvenes de Soacha: “Estamos frente a la más grave degradación del conflicto armado jamás verificada”.
Más adelante, en mayo del 2010, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Philip Alston, se referiría a las muertes de Soacha como la “punta del iceberg de un patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas en todo el territorio colombiano con una impunidad del 98,5 por ciento de los casos”.
Según datos por confirmar los civiles desaparecidos de Soacha y hallados en Santander serían alrededor de cuarenta, aseguró la Alcadesa de Bogotá, Clara López, en un reciente homenaje a las madres de las víctimas dónde fue presentado en documental “Retratos de Familia”. Hoy sólo 17 familias continúan con los procesos judiciales que ven implicados a integrantes de las Fuerzas Militares.
Las madres de Soacha
VerdadAbierta.com recogió los testimonios de cuatro de las madres de las víctimas de Soacha.
Las cuatro víctimas fueron ejecutadas entre uno y cuatro días después de haber sido desaparecidas. Se imputan por estos crímenes a miembros del Batallón de Infantería No. 15 de la Trigésima Brigada de la Segunda División del Ejército Nacional. Los cuatro jóvenes fueron hallados en fosas comunes en Ocaña, entre el 23 y el 26 de agosto del 2008, como muertos no identificados dados de baja en combate. Por su parte, las madres denuncian haber sido víctimas de amenazas y afirman no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte del Estado.
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| María cuenta que al hallar a su hijo le dijeron que era un guerrillero muerto en combate. |
María Ubilerma Sanabria. Madre de Jaime Estiven Valencia, estudiante de 16 años:
“Cuando encontré a mi hijo me dijeron que era un guerrillero, que le habían encontrado armas, él las armas las había visto sólo en televisión” cuenta María. Al día siguiente de la desaparición María se presentó en la estación de policía de Soacha a presentar la denuncia de desaparición. “Me mandaron a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en Bogotá, a Medicina Legal, a la Policía de Cundinamarca y nadie quería recibirme la denuncia de desaparición. A nadie le importaba que fuera un menor de edad”, asegura María.
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| Luz María cuenta cómo nadie la apoyo en la búsqueda de su hijo tras su desaparición. |
Luz Marina Bernal. Madre de Fair Leonardo Porras, ayudante de construcción de 26 años:
Fair sufría de discapacidad mental. “No sabía leer, ni escribir, ni distinguir la plata” narra Luz Marina. Cuando Fair desapareció su familia lo buscó en hospitales, albergues y cárceles. “Mis hijos se disfrazaban para buscar al hermano entre la indigencia”, cuenta la madre de Fair. Ocho meses después el ejército aseguraba que Fair había sido dado de baja como jefe de una organización narco terrorista.
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| Carmenza pide que el Estado y la sociedad no las dicriminen por estar amenazadas. |
Carmenza Gómez. Madre de Víctor Fernando Gómez, portero de 23 años:
John, el hermano mayor de Víctor fue asesinado el 4 de febrero de 2009 tras indagar sobre la muerte de su hermano. “Lo único que pedíamos al Estado era que nos reubicará, en cambio nos ofrecieron un chaleco antibalas que pesaba 15 kilos y por un tiempo nos dieron un celular pero ya nos los retiraron” afirma Carmenza. El estar amenazado trae consecuencias “nos discriminan, no nos dan trabajo, no nos arriendan”, prosigue. Carmenza teme por su vida en caso de que los militares implicados en el asesinato de su hijo sean condenados.
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| Blanca cuenta que las madres de Soacha viajan por todo el país para buscar a familiares de otras víctimas. |
Blanca Nubia Monroy. Madre de Julián Oviedo Monroy, empleado de construcción de 19 años:
El ejercito lo acusó de haber sido guerrillero del ELN y de haber sembrado minas anti persona en Ocaña por años. La última vez que Blanca vio a su hijo “Lo único que dijo era que iba a encontrarse con alguien que le iba a ofrecer trabajo y que le dejara la comida lista”, cuenta la madre de Julián. Blanca fue la única de las madres de Soacha a la que le recibieron la denuncia de desaparición a las 72 horas de la desaparición de su hijo.
Los procesos
No existen criterios unificados en la investigación y judicialización de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de los 17 jóvenes de Soacha. A tres años de haberse iniciados los procesos:
5 casos: aún no se celebra primera audiencia
6 casos: a la espera de concluiraudiencias preparatorias
3 casos: en apelación de pruebas (demoraron un año y medio en audiencia preparatoria)
1 caso: cercano a iniciar juicio oral
1 caso: sentencia condenatoria por homicidio en primera instancia
1 caso: ocho miembros del ejército condenados en primer grado
Como presuntos autores de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha se juzga a miembros del ejército del Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Infantería No. 41, General Rafael Reyes del municipio de Cimitarra de la Quinta Brigada, adscritos a la Segunda División del Ejército Nacional.
Los continuos cambios de fiscales y abogados de la defensa interrumpen los procesos. “Cada cambio de fiscal, se debe reconstruir la estrategia de investigación y en ocasiones pruebas recaudadas por el primer fiscal son eliminadas por el que lo sustituye”, explica abogado de las víctimas que prefiere no revelar su identidad. “A finales de septiembre pasado un fiscal descartó las pruebas de arraigo de uno de los casos eliminando así las pruebas del delito de desaparición forzada” prosigue el abogado.
Hasta el momento se han dictado sólo dos sentencias contra militares relacionadas con los hechos de Soacha pero ninguna definitiva.
La primera, fue una sentencia condenatoria por homicidio en primera instancia de Mario Alexander Arenas. Mientras que por su desaparición forzada aún no se celebra la primera audiencia. La Procuraduría General de la Nación acaba de levantar pliego de cargos en este caso contra tres militares del Batallón Mercedes Abrego de Bucaramanga.
La segunda, sentencia dictada en Bucaramanga en relación al caso Daniel Andrés Pesca. En la que resultan condenados en primer grado dos tenientes, un sargento y cinco soldados del Batallón de Infantería Rafael Reyes Prieto, con sede en el municipio de Cimitarra Santander, por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, peculado por apropiación y falsedad ideológica. La sentencia fue apelada por ambas partes, según información de la defensa de la víctima, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En el caso de los reclutadores civiles, fue dictada sentencia el pasado mes de septiembre, contra Pedro Agámez Díaz, a cuarenta años de prisión en calidad de coautor de los delito de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir en el caso de uno de los jóvenes de Soacha, Camilo Andrés Valencia. El proceso se encuentra en espera de dictar sentencia por los homicidios de Julio César Mesa Vargas y Jonathan Orlando Soto Bermúdez.
Por su parte, las madres de Soacha piden al Estado que los miembros del ejército implicados en los “falsos positivos” cumplan sus penas en prisiones ordinarias y no en guarniciones militares.
