SANTANDER
Barranca, Sabana y Wilches
Varias fuentes en terreno, que sienten miedo de que sus nombres sean citados, sostienen que en estos tres municipios hay una apuesta de desmovilizados del Bloque Central Bolívar por influir en la política local financiando varias campañas de Barrancabermeja con dinero que guardaron de las rentas del narcotráfico. “Aquí nadie se atreve a decir nada porque la historia de violencia ha sido muy dura. Pero los volúmenes de dinero que se mueven en las campañas son desorbitados. La salida de la cárcel de ‘Julián Bolívar’ y la pronta de Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, desmovilizados de ese grupo paramilitar, tienen preocupadas a las organizaciones de víctimas.
La Alcaldía que deja Sabana de Torres ha sido cuestionada, en voz baja, por los señalamientos al primer mandatario y su hermano, que no prosperaron en la justicia ordinaria. En 2011 los dos se lanzaron a las elecciones de este municipio: Jairo Rivera Arciniegas, por el partido Cambio Radical, y José Ariel Rivera, por el antiguo Partido de Integración Nacional (PIN), este último ya había sido primer mandatario en el pueblo. Ganó el primero con muy poca margen respecto a su hermano -3.763 votos versus 3.678 votos-, pese a que en 2006 había sido vinculado a una investigación por presuntos vínculos con el Eln, del que resultó librado un año después por falta de pruebas.
Su hermano, José Ariel Rivera Arciniegas, había sido señalado por Jairo Ignacio Orozco González alias ‘Tarazá’ en una versión libre de diciembre de 2009 de haber recibido financiación de los paramilitares del Bloque Central Bolívar para las elecciones de 2003. La Procuraduría le abrió una investigación al exalcalde, pero el caso no llegó a la justicia ordinaria.
En Sabana de Torres como en Puerto Wilches ha habido mucha tensión por las reclamaciones de tierras de las víctimas del conflicto armado. En este último municipio la Defensoría emitió un informe de riesgo por la vulnerabilidad de la comunidad campesina de El Guayabo, un corregimiento muy cercano al municipio de San Martín, Cesar, donde los campesinos han tenido que afrontar desalojos sobre terrenos que llevan cultivando desde los años 90. La comunidad también ha recibido amenazas por parte de un grupo de seguridad privada que los tilda de “guerrilleros”.
Barrancabermeja, Sabana de Torres y Puerto Wilches son los únicos municipios con alertas de Santander por parte de la Defensoría y la MOE. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de 52 mil cédulas en este departamento, de las regiones donde más se detectaron irregularidades con miras a cometer el delito de trashumancia electoral.