San Alberto

Este municipio en el sur del Cesar parece no estar entre las cejas de las autoridades. Pero varias víctimas del conflicto armado y reclamantes de tierras, aseguran que durante los últimos cuatro años allí no hubo garantías para el cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por lo que prefirieron llevar sus procesos fuera de este departamento. Esto porque la actual alcaldesa, Nury Estela Cataño Cardona, es esposa de Javier Zárate Ariza, quien fue también primer mandatario de ese municipio entre 2001-2003.

El exparamilitar Daniel Toloza Contreras alias ‘El Cura’ le dijo a la Fiscalía que Zárate, y el también exalcalde Gerardo Jaimes, estuvieron involucrados en el asesinato de Aída Cecilia Lasso y su hija Sindy Paola Rondón, de 12 años, cometido por paramilitares el 21 de junio de 2000. Lasso para entonces era la candidata más opcionada a ganar las elecciones locales.

La sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, proferida en diciembre de 2014, confirmó la participación de los paramilitares en cabeza de alias ‘Juancho Prada’ en el genocidio político perpetrado en el Cesar (Lea: Sentencia reconoce el exterminio político del Cesar). Zárate y Jaimes fueron condenados en la justicia ordinaria por homicidio agravado y concierto para delinquir y aunque ambos solicitaron revisión de su fallo ante la Corte Suprema, ésta se las negó dejando en firme la decisión del Juez Penal de Valledupar.

En San Alberto, el temor persiste entre las víctimas también por la reciente salida de la cárcel de alias ‘Juancho Prada’, exjefe paramilitar del Frente Héctor Julio Peinado de las Auc. En este municipio hay varias reclamaciones de predios, dado que antiguas parcelaciones tituladas por el Incora fueron abandonadas y comercializadas tras la violencia perpetrada por el grupo de ‘Juancho Prada’ (Lea: La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto, Cesar).

Otro municipio cercano, San Martín, también está bajo alerta de la Defensoría del Pueblo por cuenta de los conflictos que hay entre campesinos y ganaderos por las ciénagas de Terraplén. La preocupación del Ministerio Público radica en que en junio de 2015, quince hombres con la cara tapada, vestidos de camuflado y armados, amedrentaron a la comunidad campesina que se opone al secamiento y a la construcción de murallas dentro de la Ciénaga (Lea: El sur del Cesar, un territorio en eterna disputa).