HH: ¿Cínico o arrepentido?

La forma como Éver Velosa acepta los crímenes que cometió deja perplejas a las víctimas, porque no saben si, de verdad, está arrepentido o su actitud es tan cínica que ni siquiera se conmueve por el dolor que les produjo. Esta semana se reanudará las audiencias de imputación parcial de cargos al paramilitar.
HH ha reconocido alrededor de 5 mil crímenes como jefe de los bloques Bananero y Calima de las Auc. Foto Semana.

Perfil de Éver Velosa alias ‘HH’

El rostro de Éver Velosa, alias ‘HH’ o ‘Carepollo’, el confeso comandante de los bloques Bananeros y Calima, de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, ha permanecido imperturbable durante varias de las sesiones en las que la fiscal Nubia Estela Chávez Niño le ha imputado, hasta ahora, 40 cargos, con 93 delitos.

Ni quiera se descompuso cuando las víctimas lo esperaron a la entrada de la sala de audiencias del edificio Lara Bonilla, en el centro de Medellín, para reclamarle por el dolor que les causó y que sigue intacto.

A veces, solo agachó la cabeza, a medida que la Fiscalía entregaba detalles de los 93 crímenes documentados. Con esa actitud pareció asentir con un leve movimiento el caudal de nombres, fechas y lugares, que demuestran que los bloques que comandó solo tenía dos misiones: matar y desaparecer.

En las audiencias de versión libre, el primer proceso de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el ex jefe para reconoció que tuvo relación en por lo menos 5.000 crímenes, entre homicidios, masacres, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados, durantelos más de 10 años que militó en varios bloques de las ex Auc.

Velosa les dijo a las víctimas de la masacre del Alto Naya (ocurrida entre Cauca y Valle del Cauca, en abril de 2001, cuando murieron por lo menos 40 indígenas tras una incursión paramilitar), que en esa y otras acciones sus hombres cometieron muchas equivocaciones y que, por eso, estaba arrepentido, al punto que quería revelar toda la verdad, por duro que fuera.

Esa respuesta desarmó a María, una de las personas que vino en representación de los indígenas del Naya, a escuchar la imputación sobre ese múltiple homicidio y a pedirle al magistrado del tribunal especial de Justicia y Paz que dirige las audiencias, Olimpo Castaño Quintero, con funciones de juez de garantías, que les permitiera acceder a los beneficios que, como víctimas, tienen derecho en la Ley de Justicia y Paz.

“No sé qué pensar… No sé si creer que, de verdad, está arrepentido o es el mayor de los cínicos”, dijo María cuando Velosa entró al despacho, “porque esa actitud nos desarma y nos deja perplejas”.

Personas como ella fueron la excepción, porque la regla fue que quienes resultaron afectados por las acciones del ex paramilitar y sus hombres (salvo este caso y el de otros abogados que mostraron poderes escritos que los acreditaban como apoderados), nunca aparecieron en estas primeras imputaciones.

A los crímenes aceptados por HH y avalados por el magistrado Castaño Quintero, la fiscal Chávez Niño le agregó otros que, en la misma diligencia, Velosa reconoció con el argumento de que eran tantos los hechos que en las versiones libres pudo omitir algún detalle, en alusión a otras víctimas.

La funcionaria explicó que su labor no se concentró solo en las confesiones del ex comandante paramilitar sino que hizo un trabajo de campo con técnicos del CTI para tratar de recopilar toda la información posible sobre los crímenes confesados por el postulado a los beneficios de Justicia y Paz.

En uno de los casos, HH insistió en que 20 de sus hombres mataron, en abril de 2004, a Carlos Castaño Gil, el ex máximo jefe de esa organización ilegal y cuyo crimen -insistió- lo ordenó Vicente Castaño, hermano de la víctima.

Crímenes todos los días

Ese fue, tal vez, el caso más sonado durante las audiencias, pero la seguidilla de muertes y desapariciones relacionadas por la fiscal Chávez Niño deja ver que los crímenes se cometieron casi todos los días, a plena luz del día y, en muchos casos, a escasos metros de comandos de Policía o sedes de organismos de seguridad del Estado.

La dinámica fue siempre la misma: lectura, de cargo y aceptación de los mismos, como si se tratara de un llamamiento a lista, pero hubo un momento en que Velosa permaneció desdoblarse y fue cuando una abogada le dijo al magistrado Castaño Quintero que acababa de hablar por teléfono con una mujer de Turbo, quien le había enviado, minutos antes, un poder para que la representara como víctima en esa audiencia.

Erala madre de Herly Alexander Márquez, de 17 años, muerto con otro adolescente, de igual edad e identificado como Marcial de Jesús Bartel, baleados el 25 de mayo de 1995, en las afueras del bar El Caney, ubicado en zona céntrica de Turbo.

El perdón

“Me dijo, muy triste, que hoy, más de 13 años después, no sabe por qué mataron a su muchacho”, dijo la abogada, a lo que HH respondió, mirando la cámara: “por intermedio suyo, doctora, le quiero decir a la señora, no sin antes pedirle perdón, que su hijo murió por los errores quecometimos y que estoy dispuesto a reconocer este y todos los hechos, pese a la crudeza con que ocurrieron, con el único objeto de que el país recapacite”.

Estos delitos parecen ser el principio de una larga historia de criminalidad y de absoluta indefensión de centenares de personas que murieron ante la mirada impotente de muchos habitantes que prefirieron quedarse callados ante el temor y el dominio que produjeron las armas de las autodefensas en esas regiones.

El recuento de la Fiscalía deja ver que los crímenes ocurrieron de forma recurrente y, si no con complicidad, al menos si con la omisión de las autoridades.

Desde 1995 hasta 2000 hay evidencias de decenas delitos atribuidos al bloque Bananero en el Urabá antioqueño y que, hasta ahora, aparecían en los anaqueles de los despachos judiciales bajo el rótulo de “archivado hasta que aparezcan nuevas evidencias”.

La Fiscalía les dio rostro a esos informes y los sacó del lugar común de “móviles y autores se desconocen” para dejar al descubierto que las autodefensas mataron, en circunstancias muy similares, a Ivor De Jesús Hernández, Gonzalo Antonio Ruiz, Marta Chavarría, Rubén Darío Lara Díaz, Jaime Iván Olguín, Antonio Bustamante Bustamante, José Alfredo Ruiz, Javier Enrique Mercado, Rubén Darío Agudelo, Sérvulo Aguirre Chavarría, Oscar de Jesús Montoya Patiño, Orlando Manuel Rodríguez Cuadrado, Alfredo Gómez Rico y Julio Hernández Rico…

La lista siguió y en ella aparecieron, entre muchos otros, los nombres de Andrés Córdoba Castillo, Carlos Córdoba Vélez y Mariela Padrón Calderón, muertos el 7 de julio de 1995, en una incursión de los paras a la vereda La Playa, zona rural de Turbo, a la que condenaron al desplazamientos por su supuesta simpatía con la guerrilla.

Detrás de ellos murieron Yirlán Pineda, Vicente Zambrano y John Jairo Celedón David, también señalados de “colaboradores de la guerrilla” y acribilladas en juicios sumarios, en los que los victimarios solo tuvieron la misión de eliminarlos y, de paso, dejar un precedente entre sus familiares, vecinos y amigos.

Lo que viene

Las audiencias de imputación parcial de cargos de HH se reanudarán el martes 11 de noviembre y se prolongarán hasta diciembre y en ellas la Fiscalía revelará muchos más crímenes de la extensa lista que ha confesado Velosa, quien está pendiente de que el Gobierno lo extradite a Estados Unidos, donde es procesado por narcotráfico.

La fiscal Chávez Niño prepara un abultado dossier para que en las audiencias que siguen el magistrado Castaño Quintero acepte, previa venia de HH, otras decenas de delitos en los que se cuentan también el de algunos sindicalistas, agremiados en Sintrainagro.

En su versión libre Velosa dijo que había ordenado varios homicidios de dirigentes sindicales y que incluso, con lista en mano, vestido de camuflado y con un fusil al hombro, recorrió las fincas bananeras para amedrentar a los trabajadores que persistían en su idea de paralizar las actividades productivas.

Si el ex jefe para cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Justicia y Paz se le aplicará una pena de entre cinco y siete años, de la cual se le descontará el tiempo que lleva recluido desde que fue capturado, en abril de 2007.