Rodrigo Zapata Sierra, paramilitar cercano a Vicente Castaño y quien se encuentra detenido, ha intentado por todos los medios que jueces de Medellín tumben los cargos que tiene en su contra por conformación de grupos paramilitares.
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| Este paramilitar fue el organizador de las reuniones de emisarios de alias ‘Don Berna’ con voceros del Gobierno nacional en la Casa de Nariño. |
Buscando que un juez decretara su libertad, el jefe paramilitar Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, a través de su abogado defensor recurrió a la figura del control de legalidad para que se le revocara la medida de aseguramiento que pesa en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.
“Estaba buscando un juez que lo beneficiara”, dijo una fuente de la Fiscalía General en Medellín al explicar que las estrategias jurídicas de alias ‘Ricardo’ son las mismas a las que recurrieron Jhon Fredy Manco Torres, alias ‘el inidio’, y el empresario Felipe Sierra, quienes interpusieron una serie de recursos hasta que un juez de Bogotá decretó la nulidad de todo lo actuado en su contra en junio pasado y ordenó su libertad inmediata.
Alias ‘Ricardo’ fue capturado el 19 de marzo en un centro comercial de Bogotá por orden de la Fiscalía 29 Especializada de Medellín, sindicado de concierto para delinquir agravado al responsabilizarlo de ser el comandante de un grupo paramilitar que operó en el Suroeste antioqueño, y de homicidio agravado por la muerte de Juan David Arredondo Vélez, ocurrida el 23 de febrero de 2002 en Amagá, Antioquia.
La defensa de Zapata Sierra sustentó su petición argumentando que la medida de aseguramiento en su contra del 30 de marzo de este año, partió de una “equivocada valoración probatoria” y que además “no se tuvieron en cuenta algunas pruebas” y la calificó de “irregular”.
El apoderado de Zapata Sierra alegó que la medida de aseguramiento impuesta contra su defendido no contenía los suficientes elementos constitucionales y legales para ser expedida, por cuanto no se lograron reunir los indicios necesarios que demostraran su participación en el crimen de Arredondo Vélez.
Además, que alias ‘Ricardo’ no tuvo ninguna responsabilidad con el bloque de paramilitares que operaron en los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí ni fue su comandante, intentando descartar también el delito de concierto para delinquir agravado.
Los argumentos del apoderado de Zapata Sierra van en contravía de testimonios como el del ex jefe paramilitar Ever Velosa, alias ‘HH’, quien en varias audiencias de versión libre realizadas entre el 2007 y el 2008 no sólo lo señaló como líder del grupo que estuvo en esas localidades antioqueñas, sino que lo mostró como un hombre de confianza de Vicente Castaño.
‘HH’ sostuvo en versión libre del 24 de septiembre de 2008 ante la Fiscal 17 de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín que “Zapata fue comandante del Bloque Pacifico, comando un grupo que hacia presencia en Amaga, Angelopolis y Titiribí, fue comandante del primer bloque que hubo en Bogotá, también de un grupo que hubo en el Huila. Es una persona supremamente cercana a Vicente”.
Fuentes de la Fiscalía coincidieron con esa apreciación y agregaron que era tal su poder dentro de la estructura paramilitar que “quien quisiera hablar con Castaño tenía necesariamente que recurrir a alias ‘Ricardo’, de lo contrario, era imposible llegar hasta él”.
‘HH’ dijo además que fue Zapata Sierra uno de los responsables de la legalización de tierras que los paramilitares le arrebataron a los campesinos en el Chocó para adelantar cultivos de palma.
Al ser preguntado por la Fiscal si sabía dónde estaba para ese año Zapata Sierra, alias ‘HH’ respondió: “está en Bogotá trabajando con el alto gobierno”.
Zapata Sierra fue el encargado de organizar tres reuniones realizadas en la Casa de Nariño el 28 febrero, 31 de marzo y 23 abril de 2008 entre Antonio López, alias ‘Job’, y Diego Álvarez, abogado de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, con funcionarios del Gobierno nacional en las cuales se entregaron pruebas sobre la supuesta manipulación de testigos por parte del magistrado auxiliar Iván Velásquez para incriminar a políticos con paramilitares.
Pero no sólo Ever Velosa se refirió a Zapata Sierra. De él también habló Daniel Alejando Serna, alias ‘Kener’ o ‘El cabo’, capturado el 18 de julio de 2008 en Copacabana, Antioquia, sindicado de ser uno de los líderes de la organización conocida como ‘Los Paisas’, sicarios de la llamada ‘Oficina de Envigado’.
Serna declaró ante el ente acusador que trabajó por varios años bajo el mando de Zapata Sierra como comandante de la facción paramilitar que tuvo bajo su cuidado decenas de predios rurales ubicados en las localidades de Angelópolis, Amagá y Tiriribí, de propiedad de empresarios y políticos antioqueños, entre ellos Santiago Uribe Vélez, hermano del Presidente de la República.
También han hecho alusión a alias ‘Ricardo’, empresarios que se articularon al paramilitarismo como Santiago Gallón Henao, preso desde el 10 de julio pasado acusado de concierto para delinquir, cargo al cual se acogió a sentencia anticipada.
“Así que Zapata Sierra ni su abogado pueden alegar inocencia en los cargos que se le imputan, pues se tienen las suficientes pruebas que lo vinculan con grupos paramilitares”, reiteró la fuente judicial, quien mostró su insatisfacción por las condiciones de reclusión que tiene el procesado, pues “se encuentra en la cárcel La Picota, en Bogotá, con algunos privilegios”.
Al negar la solicitud de revocar la medida de aseguramiento, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializad de Antioquia, en providencia del 3 de diciembre pasado, expuso que la Fiscalía logró probar la responsabilidad de Zapata Sierra en los delitos imputados y desestimó las razones del apoderado del paramilitar.
“Estima esta judicatura que la Fiscalía en momento alguno supuso o dejó de valorar las pruebas y, por el contrario, efectuó un análisis conjunto del material probatorio recaudado hasta ese momento procesal; además, tampoco distorsionó el contenido de ninguna de las pruebas y menos aún vulneró alguna norma de la lógica para la construcción de los indicios”, precisó la decisión.
En conclusión, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializad de Antioquia desestimó el control de legalidad presentado por el apoderado de Zapata Sierra y confirmó la medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía 29 Especializada de Medellín.
