Casi todos los que conocían a Felicinda la llamaban ‘Santa’, apodo que le puso la abuela desde que nació por el apellido, y otro tanto la llamaba ‘Chinda’, como se les dice en la región a las mujeres que llevan su nombre. Durante los últimos diez años, Felicinda trabajó para mejorar la calidad de vida del empobrecido barrio Virgen del Carmen II, de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Por su capacidad de gestión y liderazgo, los habitantes del sector la eligieron en 2016 como presidenta de la Junta de Acción Comunal, a la que se había vinculado poco después de llegar a la zona.
El pasado 3 de julio, a sus 52 años, fue asesinada en su propia casa por hombres que, más tarde, las autoridades señalaron como integrantes de una banda delincuencial llamada “Los Chingas”.
Aunque nació en el valle del río Baudó, Felicinda se crió en la capital chocoana. Algunos de quienes la conocieron la describen como una líder recia, apasionada y preocupada por la comunidad. Un integrante de su familia, que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad, cuenta que “cuando ella llegó al barrio, estaba muchísimo menos poblado que ahora. Entonces, ella miró que había muchas necesidades, que las personas se estaban acostumbrando a vivir así y que era posible estar un poco mejor. Por eso se hizo partícipe de la Junta y empezó a hacer gestiones para que el barrio progresara, siempre pensando en el bienestar de la gente”.
A los pobladores de Virgen del Carmen II los agobian las necesidades, un fiel reflejo del departamento más pobre del país. Así lo describe una religiosa que trabaja en la zona, quien también pidió la reserva de su nombre: “Es un sector a las afueras de Quibdó, que no tiene acueducto, ni alcantarillado, ni calles pavimentadas. Hay algunas casas de ladrillo, pero la mayoría son ranchos de madera. Es un sitio muy difícil para vivir desde el punto de vista habitacional, alejado del centro de la ciudad, carente de todo. Allá la gente está a la buena de Dios”.
Justamente esas eran algunas de las condiciones que Felicinda buscaba superar. Con el apoyo del párroco de la zona, y desde su posición como presidenta de la Junta, se reunió con el gremio de transportadores de Quibdó para conseguir que los buses de transporte público llegaran hasta el barrio. Cuando los conductores se quejaron por el mal estado de la vía, Felicinda convocó jornadas de trabajo comunitario para arreglarla y garantizar la prestación del servicio, cuenta la religiosa. También había adelantado gestiones para que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) capacitara a los jóvenes y para que el Estado atendiera de manera integral a los niños del barrio.
Sin embargo, uno de problemas que más le preocupaba era la inseguridad. El familiar que habló con VerdadAbierta.com bajo anonimato explica que “ella venía trabajando muy fuertemente para que hubiera presencia de la policía, porque, como el barrio está distante del centro de la ciudad, la policía se demoraba mucho en llegar cuando pasaban cosas. Tampoco hacían rondas, ni se veían patrullas, entonces ella tenía esa pelea diaria para que la policía protegiera el barrio”.
En Villa del Carmen, cuenta un líder comunitario que pidió omitir su nombre, operan bandas delincuenciales que se dedican al robo de celulares, motocicletas y residencias. Sus habitantes, además, viven bajo extorsión: “Acá todo el sector está pagando ‘vacunas’, que es lo que más (ingresos) les da a las bandas, porque es una entrada fija: una persona que recibe un sueldo debe pagar 10 u 11 mil pesos mensuales, una tienda pequeña 80 mil. La policía viene muy poco y las bandas son las que mandan”.
La grave situación de inseguridad que vive Quibdó fue reconocida por la Defensoría del Pueblo en su informe “Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, publicado en septiembre pasado. En él, la entidad aseguró que “en el caso de Quibdó existe una multiplicidad de bandas delincuenciales vinculadas a grupos armados ilegales como La Empresa, Los Batman y redes de milicias del Eln y exmilicias de las Farc-Ep”.
Ese informe coincide con los contenidos de una carta dirigida al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en la que el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas y las diócesis de Istmina, Apartadó y Quibdó informaron que en la capital del departamento existen “actores armados ilegales” que “ejercen control territorial de extensas zonas, extorsionan a pobladores, construyen las llamadas ‘fronteras invisibles’, imponen horarios para la movilidad de sus habitantes, restringen el acceso de foráneos, ejercen el microtráfico y utilizan a niños y adolescentes”.
Esas organizaciones detallaron que, como venía alertando Felicinda, la pobreza es dramática y “la Fuerza Pública no hace presencia en la totalidad de los perímetros urbanos, exponiendo a la ciudadanía a la indefensión frente a los grupos ilegales”. Tan solo entre el primero de enero y el 31 marzo de 2018, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, en Quibdó se contabilizaron oficialmente 24 homicidios, 42 hurtos a residencias, 30 hurtos al comercio, 135 hurtos a personas, 61 hurtos de motocicletas y 25 casos de extorsión.
Es por eso que, además de pedir presencia policial, Felicinda venía haciendo gestiones para el mejoramiento de las vías y el alumbrado público. Su familia asegura que la constante relación que mantenía con la policía para exigir seguridad la convirtió en blanco de las bandas delincuenciales: “Luego de la muerte de ella nos enteramos por personas cercanas que estaba amenazada y que le habían dicho que dejara de ir a reuniones con la policía. Sin embargo, ella nunca nos lo hizo saber. Lo que siempre decía era que si la mataban, la mataban en su casa, que no le debía nada a nadie, que estaba trabajando por la comunidad”.
Tras el asesinato de la lideresa, las dos hijas de Felicinda, una de ellas menor de edad, fueron amenazadas y obligadas a desplazarse de Quibdó.
El pasado 11 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, el Gaula Militar y la Policía Nacional capturaron en el barrio El Porvenir de Quibdó a un joven de 18 años, a quien las autoridades señalan como uno de los presuntos autores materiales del homicidio de Felicinda y como uno de los integrantes de la banda delincuencial “Los Chingas”.
El ente investigador anunció que le imputaría cargos por homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Aún falta que un juez determine su responsabilidad, así como la identificación, captura y condena de otros responsables.
Entre el primero de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 17 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Chocó. La mayoría de los crímenes se cometieron en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Unguía, en el Urabá chocoano, donde se libra una ardua disputa por la restitución de tierras y la defensa de la autonomía de las comunidades negras e indígenas.
El caso de Felicinda es atípico en el departamento, por tratarse de una lideresa dedicada a la defensa del buen vivir en las zonas urbanas. Era por la gente de su barrio, donde trabajaba como modista desde su propia casa, por la que exigía la garantía de los derechos fundamentales, desde siempre negados por el Estado en el departamento del Chocó.
Este perfil hace parte del informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo. Haga clic en la imagen inferior para conocer sobre esa investigación y acceder a más perfiles.
