La Procuraduría solicitó anular la absolución del subteniente de la Policía, José Vicente Castro, por el asesinatode una decena de personas a manos de los paras.
 El corregimiento de La Granja, en Ituango, ocho años después de la masacre. |
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El 11 de julio de 1996 30 paramilitares al mando de Carlos Mauricio García, alias ‘Rodrigo Doble Cero’, Carlos Castaño y Vicente Castaño entraron a La Granja, corregimiento de Ituango, Antioquia. Allá asesinaron a cuatro personas que señalaron de presuntos colaboradores de la guerrilla y a varios campesinos y líderes sindicales.
Por esta masacre, que hizo parte de una ofensiva paramilitar por todo el norte antioqueño que se saldó con decenas muertos, Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación del derecho a la vida (ver la demanda por las masacres de El Aro y La granja en Ituango ante la CIDH).
El 12 de julio de 2004, José Vicente Castro, era un subteniente comandante de la estación de Ituango cuando se cometió la masacre, fue procesado y absuelto por el delito de comisión, por omisión, de homicidio en concurso homogéneo.
Sin embargo, la Procuraduría consideró que para la Fiscalía y el juez de primera instancia fue clara la omisión del oficial José Vicente Castro en la protección de los habitantes de La Granja. Según la conclusión del procurador, el policía sabía que los ‘paras’ iban a cometer la masacre, pues en varios consejos de seguridad pobladores y autoridades locales habían advertido del peligro que había sobre la comunidad.
El Ministerio Público además recordó que la CIDH declaró que la responsabilidad del Estado se derivó de los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública de Ituango. La CIDH además concluyó que la participación de agentes del Estado no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que omitieron, además, el deber de asistir a la población civil durante la incursión.
Durante la investigación, la Fiscalía encontró pruebas que demostraron que las víctimas de la masacre no eran colaboradores de la guerrilla como aseguraron los paramilitares. Descubrió que se trataba de personas que en el momento de la masacre se encontraban indefensas y que no tenían vínculos con grupos guerrilleros.
El fiscal también aseguró que en la masacre de La Granja, los paramilitares contaron con la complicidad de varios miembros de la Fuerza Pública que son investigados por la Unidad de Justicia y Paz, entre ellos el entonces comandante de la brigada IV del ejército, general Alfonso Manosalva.
Según la Fiscalía, los militares entregaron listas a los paramilitares con los nombres y ubicación de civiles inocentes para que fueran asesinados.
El mismo Mancuso, en una versión libre en noviembre de 2008, dijo que sus hombres entraron al municipio de Ituango con la colaboración de las Fuerzas Militares. Mencionó al teniente Sánchez Castro del Ejército, el teniente Gañán de la Policía de Ituango, el mayor Fernández de la base de Yarumal y el general Alfonso Manosalva, de la Brigada IV del Ejército, a quienes señaló de cómplices en las acciones de las Auc en esta población.
La Fiscalía también presentó apartes de la versión libre de José Arroyo, alias ‘Ocho Cinco’ o ‘El caballo’, desmovilizado del Bloque Mineros, en la que contó que varios policías de Ituango le colaboraron en el asesinato de cuatro personas. ‘Ocho Cinco’ dijo que los policías se hicieron de la vista gorda cuando los paramilitares entraron al municipio. “(Los policías) fueron avisados para que nos dejaran pasar por sus jurisdicciones, sin confrontarnos”.
