Este miércoles se conmemoró otro Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. Con motivo de esa fecha, VerdadAbierta.com habló al respecto con la vocera del Movice sobre la situación de los líderes sociales, del Sistema Integral de Reparación creado en el Acuerdo de Paz y de recientes nombramientos del gobierno nacional que han causado inquietud en diferentes organizaciones sociales.
Aunque no tiene una fecha oficial, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) eligió el 6 de marzo como el día para recordar y rendirle tributo a quienes sufrieron flagelos a manos de agentes estatales que debían garantizar el orden constitucional del país. Cada año la conmemoración tiene su temática y la de 2019 estuvo dedica a los cientos de líderes sociales que perdieron la vida defendiendo los derechos de diversas comunidades.
De ese modo, en Cali, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Ibagué, Manizales, Medellín, Sincelejo, Sogamoso y Villavicencio, se realizaron múltiples actos de memoria y se pidió que cese la violencia contra los defensores de derechos humanos. Según datos del Movice, 120 han sido asesinados desde el 7 de agosto del año pasado, cuando Iván Duque asumió como nuevo presidente de la República.
Este es el diálogo que tuvimos con Adriana Arboleda, vocera del Movice, quien ha estado vinculada en esa organización desde su creación y también es directora de la Corporación Jurídica Libertad. Como defensora de derechos humanos, su trabajo se ha centrado en acompañar a víctimas de la Comuna 13 de Medellín, en donde paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia desaparecieron a decenas de personas, a quienes habrían inhumado en el sitio conocido como La Escombrera.
VerdadAbierta.com (VA): ¿En qué consistió la conmemoración de este año?
Adriana Arboleda (AA): Nos pusimos de acuerdo a nivel nacional para denunciar la preocupación que tenemos por la violencia contra los líderes sociales. En lo que va de este gobierno han sido asesinados 120, que eran líderes de víctimas, reclamantes de tierras, promotores del cumplimiento del Acuerdo de Paz… Hay preocupación porque vemos una gran revictimización. Realizamos un plantón y una velatón en función de hacer memoria de los hombres y mujeres que han sido asesinados. Hicimos un llamado a la sociedad para que entienda el trabajo de los líderes sociales y los rodee; que legitime su acción y pida protección.
VA: ¿Qué le dicen al presidente Iván Duque sobre esa violencia?
AA: Le dirigimos una carta llamándole la atención sobre la necesidad y la obligación que tiene de garantizar medidas y mecanismos de protección. No basta con expresar su preocupación o hacer un llamado general, sino que es fundamental que se desplieguen todas las acciones en función de proteger a los líderes y lideresas sociales. (Leer más en: Los alarmantes patrones que rodean el asesinato de líderes sociales)
Vemos que hay varios decretos que hablan de la necesidad de proteger a los líderes y lideresas, pero no se están cumpliendo. Necesitamos que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad realmente se cumpla; que el decreto que habla de la creación del Sistema de Seguridad Integral para el Ejército, se cumpla.
VA: Hablando de medidas, el gobierno nacional creó el Plan de Atención Oportuna (PAO), se vinculó a la Mesa por la Protección de la Vida que promovió la Procuraduría, y como candidato el presidente Duque firmó un pacto promovido por la ONU para garantizar una política pública de protección de los derechos humanos. ¿Cómo valoran esos esfuerzos por parte de la administración Duque?
AA: Nosotros estamos supremamente preocupados con las decisiones que está adoptando. En primera medida, porque son insuficientes; pero también por los nombramientos que viene haciendo, en distintas instancias, de personas que cuestionan el papel de los movimientos sociales y de los derechos humanos.
Por ejemplo, que estén siendo nombrados en cargos como la Oficina de Derechos Humanos (del Ministerio del Interior) y el Centro Nacional de Memoria Histórica, personas que no creen en los derechos humanos, en la diversidad y que han negado el conflicto armado.
Por más que diga que está apoyando la política pública, esas personas que está nombrando no son garantía. Ahora nombró al general Adolfo León Hernández Martínez como coordinador del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, pero es una persona comprometida en ejecuciones extrajudiciales. (Leer reciente informe de Human Rights Watch a sobre ‘falsos positivos’)
No sólo es el tema del PAO. ¿Cómo creer en una política pública de protección de derechos humanos y de las víctimas, si a quienes están nombrando para esos cargos son personas que públicamente han cuestionado los derechos de las víctimas, los ejercicios de memoria y la existencia del conflicto armado? Aunque ente la comunidad internacional se dice que se apoyan el proceso de paz y los derechos humanos, lo que realmente estamos viendo es un gran retroceso en la política pública de protección de los derechos. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
VA: ¿Al hablar sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica se refiere al nombramiento de Darío Acevedo como su director?
AA: Sí. Él no solamente ha negado el conflicto armado, sino que en escritos ha cuestionado ejercicios de memoria que hemos hecho, como el Proyecto Colombia Nunca Más, donde documentamos graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales. Lo ha querido hacer ver como una estrategia ligada a la insurgencia o al terrorismo. ¿Qué garantías tenemos las organizaciones de víctimas cuando una persona de esas está al frente de avanzar en los procesos de memoria?
VA: En su posesión, el historiador Acevedo dijo que sus opiniones personales no afectarán su trabajo como funcionario público. ¿Se ha acercado para dialogar con ustedes? ¿Estarían dispuestos a hablar con él para llegar a consensos?
AA: No nos ha convocado ni hemos recibido ninguna comunicación. Nosotros vamos a cancelar el convenio que tenemos con el Centro Nacional de Memoria Histórica para apoyar los ejercicios de memoria y resguardar los archivos. No lo habíamos hecho llegar porque estábamos en un proceso de diálogo para que tuviera la custodia de todos nuestros archivos.
El nuevo director no nos da confianza. ¿Qué garantías tenemos de que la información que pudiéramos entregar no sea manipulada o extraviada? Es de personas que han confiado en el Movimiento y han señalado la responsabilidad de agentes estatales, ¿qué garantías de seguridad y no retaliación tendríamos? (Leer más en: Nuevo director fractura confianza hacia el Centro Nacional de Memoria Histórica)
Si nos llaman a hablar, pensaremos un poco en qué sentido y tendríamos que discutir previamente en función de qué. Porque no queremos hablar por hablar, sino que la única forma de acercamiento es que se garanticen unas dinámicas de participación efectivas, donde las víctimas tengan poder y criterio de decisión. Ese es un criterio que siempre le hemos planteado al Estado en todas sus instancias.
VA: ¿Cómo ven el Sistema Integral de Reparación que se creó con el Acuerdo de Paz?
AA: En el Movice hemos hecho un respaldo absoluto al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Apoyamos y venimos apoyando los procesos que se vienen haciendo en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la Comisión de la Verdad y en la Jurisdicción Especial para la Paz.
VA: ¿Qué análisis realizan sobre la posibilidad de que el presidente Duque objete apartes de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a pesar de que la Corte Constitucional le dio su visto bueno?
AA: Estamos muy preocupados con lo que viene haciendo el gobierno, que es, ni más ni menos, hacer trizas el Acuerdo de Paz. Evidencia que sectores del partido de gobierno y sectores empresariales le tienen mucho miedo a la verdad y están presionando al Presidente para que no firme la ley estatutaria.
Si realmente el gobierno quiere estar comprometido con las víctimas y con la paz, tiene que firmar la ley estatutaria. No puede hacer trampa mandando la ley nuevamente al Congreso, porque allá se discutió y fue avalada por la Corte. Pretenden que vuelva al Congreso porque no fueron acogidas sus propuestas.
Lo que vemos es una gran campaña para acabar la JEP. El llamado que estamos haciendo es que no pueden seguir en esa política de impunidad y en la idea de proteger a miembros de la Fuerza Pública, que incluso han reconocido esas violaciones a los derechos humanos. Más de mil 400 militares se han presentado a la JEP y públicamente han dicho que quieren hacer parte de esa jurisdicción.
El partido de gobierno no puede desconocer ese hecho ni desconocer que en Colombia algunos militares han cometidos graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es importante no negarlo y comprometerse con las garantías de no repetición.
VA: Ustedes le solicitaron a la JEP que dicte medidas cautelares sobre 16 lugares donde se presume hay inhumadas personas que fueron desaparecidas. El pasado miércoles los magistrados les solicitaron más información a diferentes entidades. ¿Qué buscan con esas medidas?
AA: La solicitud la hicimos el 30 de agosto del año pasado. Le hemos dicho a la JEP queremos que entre ya en funcionamiento la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ha tenido muchos obstáculos y apenas pudo entrar en funcionamiento este año, con recursos limitados y sin voluntad política del gobierno. (Leer más en: “Queremos estar a la cabeza de la búsqueda de los desaparecidos”: Luz Marina Monzón)
Le dijimos a la JEP que mientras la Unidad pueda entrar en funcionamiento y estructura los planes de búsqueda, es importante preservar esos lugares para que se garantice que no puedan ser objeto de manipulación. Por eso le pedimos que decrete medidas de protección, para garantizar a las víctimas que se reconozca su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. (Leer más en: La JEP pide rendición de cuentas sobre desaparecidos)
Este proceso lo vemos con esperanza y además es una forma de mostrar cómo el Sistema se articula, porque la JEP es un órgano de carácter judicial y la Unidad de Búsqueda es uno de carácter humanitario. El trabajo de la JEP es una garantía para que posteriormente la Unidad pueda hacer el trabajo más eficaz en esos sitios.
VA: ¿Han tenido contacto con la Comisión de la Verdad? ¿Qué esperan cuando termine su mandato dentro tres años y publique su informe final?
AA: El Movice ha venido trabajando con la Comisión de la Verdad en las regiones con sus distintos capítulos y también a nivel nacional. Hemos hecho propuestas en torno a cómo debe ser la participación, el enfoque diferencial y el enfoque psicosocial. La Comisión nos ha escuchado e incorporado iniciativas, como las han presentado otras organizaciones.
Lo que se viene es presentar la información, algunos informes que nos interesan. Esperamos que la Comisión logre el esclarecimiento de los hechos; que dé cuenta de lo que aquí ha pasado, de las consecuencias y de los daños que ha generado el conflicto armado; que pueda hacer un reconocimiento a las víctimas en general, devolverles la palabra y mostrar los ejercicios de resistencia y reconciliación que hemos hecho en los territorios.
Todo eso lo venimos conversando y han manifestado la voluntad de acompañar los procesos que tenemos y de recibir la información que vamos a entregar, para que haga parte de ese objetivo de esclarecimiento de la violencia en el marco del conflicto armado. Para nosotros es importante evidenciar la violencia política que ha generado la victimización que tenemos. (Leer más en: Comisión de la Verdad inició mandato con el respaldo de las víctimas)
