Recientemente la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) hizo un angustioso llamado de auxilio para que el gobierno nacional tome medidas concretas frente a la violencia que golpea a sus resguardos. VerdadAbierta.com habló sobre ese y otros temas con Feliciano Valencia, uno de sus líderes más visibles, que acaba de cumplir su primer mes como senador de la República.
Por lo menos 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de este año. Buena parte de ellos son indígenas, quienes, asumiendo los mandatos de sus comunidades de impedir la circulación de grupos armados y la explotación de rentas ilícitas en sus territorios, se han vuelto el blanco predilecto de los violentos.
Autoridades ancestrales, guardias indígenas y comuneros que han ocupado algún cargo en sus procesos organizativos, han padecido muertes y amenazas. Una de las víctimas más recientes es Emiliano Tróchez Yonda, exgobernador del resguardo de Guadualito, en Santander de Quilichao, Cauca, quien coordinó una asamblea en la que la comunidad ordenó la destrucción de tres armas que incautó la Guardia Indígena y días después fue asesinado con disparos de arma de largo alcance.
Sobre las amenazas, la Onic denunció que han recibido 207 desde que se firmó el acuerdo de paz que suscribieron el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016. Y lo peor de todo, es que varias de ellas se han concretado. Por eso le pidió un encuentro al gobierno nacional, para que impida la normalización de la violencia contra los pueblos indígenas.
Como si fuera poco, a esa alarmante situación se suman los desplazamientos forzados y confinamientos que están padeciendo los habitantes de diferentes resguardos, especialmente en Chocó, de los cuales la Defensoría del Pueblo ha emitido varios informes este año, señalando el riesgo que afrontan debido a enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La gravedad del asunto escaló a tal punto que el pasado miércoles esa entidad les solicitó a once instituciones de orden regional y nacional que atiendan efectivamente a las comunidades afectadas. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
En medio de ese dramático panorama, más representativo de un país en guerra y no en un supuesto periodo de posconflicto, este portal habló con Feliciano Valencia, histórico líder Nasa del norte de Cauca que llegó por primera vez al Congreso de la República con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Maís) al obtener 33.449 votos. Este es su diagnóstico sobre la crisis que padecen los pueblos indígenas, su balance sobre la implementación del Capítulo Étnico que contiene el acuerdo de paz y su mirada como legislador. (Leer más en: “Existe un gran desconocimiento de lo que es el mundo indígena”)
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué está pasando con las comunidades indígenas en estos supuestos tiempos de posconflicto?
Feliciano Valencia (FV): Ahí están los datos que la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que han venido recopilando sobre la situación que están viviendo líderes y lideresas sociales en el país. Se debe tener en cuenta que los espacios de control territorial y las economías ilegales que dejó la antigua guerrilla de las Farc en las regiones vienen siendo copados por otros grupos armados que están llegando a los territorios.
En el departamento de Cauca, por ejemplo, vemos cómo miembros de un grupo que se hace llamar Epl, unos como Eln y otros como disidencias de las Farc, se están organizando y retomando el control al interior de comunidades. Por otro lado, también están el incremento de la industria del narcotráfico, la presencia de la minería ilegal en los territorios y la organización de la delincuencia común. En fin, ese control territorial es lo que nos tiene sumidos en una crisis de violencia, que nuevamente se está incrementando en el territorio. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)
Por otro lado, hay una situación que los pueblos indígenas venimos denunciado: nuestros ejercicios de defensa, control territorial y liberación de la Madre Tierra están siendo agredidos por la seguridad privada de los ingenios. Esto se está presentando en el norte de Cauca. (Leer más en: La violencia arrecia en el norte de Cauca)
VA: Además del norte de Cauca, ¿en qué regiones están padeciendo violencia?
FV: Hemos venido denunciando el avance de empresas palmiculutras y el despojo de la tierra que se está dando en Vichada y la Orinoquía. El confinamiento al que están siendo sometidas comunidades Embera en Chocó dado los enfrentamientos constantes entre el ‘Clan del Golfo’ (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la guerrilla del Eln; estamos pidiendo a gritos que el gobierno nacional conforme una comisión y se pueda entrar al territorio para atender con rapidez esta situación.
Asimismo, indígenas Awá en Nariño están siendo víctimas de amenazas y asesinatos por sectores del narcotráfico que tratan de controlar esa región. En el Catatumbo se han dado desplazamientos y confinamientos de indígenas Barí, dada la presencia de sectores del narcotráfico que se disputan el control territorial y el Epl trata de mantener el poder. También está la desatención en La Guajira; y los niños y niñas del pueblo Wounaan que están muriendo por desnutrición en Buenaventura.
Esa es la problemática que estamos denunciando, pero nos hemos enfocado en el asesinato de líderes y lideresas sociales. Hay que advertir que en las últimas tres semanas han sido asesinados autoridades indígenas en Cauca, ambientalistas en Putumayo y nos asesinaron un compañero presidente de Junta de Acción Comunal y concejal en Ocaña que era afiliado al Maís.
VA: ¿Por qué están siendo tan golpeados?
FV: La ola de asesinatos se está dando porque los pueblos indígenas hemos dicho que no vamos a permitir el resurgimiento de grupos armados, vamos a controlar el territorio, seguiremos liberando la Madre Tierra y exigiendo que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos pactados y con las medidas que han sido recomendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de protección.
También le pedimos al gobierno nacional que atienda con rapidez las regiones en donde disidencias y otros movimientos buscan controlar el territorio y ponernos contra las cuerdas a nosotros, que venimos haciendo resistencia. Estamos quedando atrapados en esa confrontación abierta y el cruce de disparos por el control territorial que tratan de hacer unos y otros.
VA: La Onic denunció 207 amenazas contra indígenas, ¿desde cuándo se han producido?
FV: Esas amenazas han ocurrido desde la firma de los acuerdos de paz, y se incrementaron en el pasado proceso de elecciones. Los blancos han sido personas y dirigentes que participaron en la Colombia Humana; y últimamente se han incrementado en las regiones. Lo más preocupantes es que de las amenazas se está pasando a los hechos.
VA: Usted recalca que las amenazas aumentaron en las pasadas elecciones y uno de los propósitos del acuerdo de paz con las Farc es erradicar la violencia de la política. ¿Se puede decir que este objetivo no se ha cumplido hasta el momento?
FV: La valoración que tenemos es que no se ha cumplido en gran parte y lo ha venido denunciado la Fuerza del Común, que hoy está haciendo política en el país a través de una representación parlamentaria. Hay un balance bastante negativo respecto al cumplimiento de acuerdos pactados, hay unos programas como la sustitución de cultivos ilícitos que vemos que fracasó en las regiones y algunos puntos de carácter logístico que no se atendieron para la concentración de la anterior guerrilla las Farc.
En fin, hay una queja múltiple en términos del poco cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos pactados en La Habana, y eso ha hecho que aumente la disidencia por parte de ese grupo armado y se presenten fisuras en el proceso que ellos vienen adelantando. Insisto, si siguen aumentando las disidencias y la situación se vuelve a tornar conflictiva en las regiones, será la población civil la que pague las consecuencias de un posible proceso de paz, Dios no lo quiera, fallido.
Conocimos el informe del tercer pleno que hicieron como Fuerza Alternativa y su postura política respecto a mantener los acuerdos de paz y no romper la organización política que se concretó. Sin embargo, hay un balance bastante preocupante en términos de cumplimiento de los acuerdos, y eso afecta, por ende, la vida, la convivencia y todo lo que nosotros hacemos en las regiones.
VA: Dentro de poco se cumplirán dos años de la firma del Acuerdo Final, el cual incluye su respectivo Capítulo Étnico, que fue introducido a última hora. ¿Se ha cumplido su implementación?
FV: Nosotros tenemos un balance bastante pesimista pese al Capítulo Étnico. Es verdad que se creó a ultima hora y que se constituyó una comisión de alto nivel para hacerle seguimiento, pero sus puntos pactados se han venido incumpliendo. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)
Está la comisión, pero en su desarrollo poco se ha avanzado. Al contrario, muchos de los puntos que pusimos allí como salvaguardas de los derechos adquiridos como pueblos indígenas están en riesgo respecto al anuncio e insistencia de sectores políticos en Colombia que buscan reglamentar la consulta previa.
Nos preocupa que se radicará un proyecto de ley por parte de Cambio Radical para reglamentarla. Esto lo consideramos una agresión al Capítulo Étnico, un desafío a los pueblos indígenas y un retroceso a lo que hemos avanzado en términos de mecanismos para la protección de las comunidades, los territorios, los derechos y los principios culturales. Eso es lo que queríamos salvaguardar cuando se incorporó el Capítulo Étnico.
VA: ¿La implementación de dicho capítulo ha tenido algún avance o ninguno hasta el momento?
FV: No ha pasado de los encuentros, de las reuniones, de la planeación, de la organización de mesas, pero de ahí, de trascender a lo que está contemplado en el Capítulo Étnico en materia de protección, de darle continuidad o desarrollo a los derechos étnicos, ha sido muy corto. Incluso, ni se les ha asignado presupuesto a estas mesas para que puedan ir a las regiones y articularse con los procesos de las comunidades y construir una hoja de ruta realizable.
VA: Un mes después de haber iniciado la actual legislatura, ¿cómo ha sido esta nueva etapa en el cabildo nacional?
FV: Ha sido bastante interesante a pesar de ser nuevos. Hemos logrado hacer una bancada con sectores alternativos que se han sumado al bloque de oposición al gobierno nacional. Tratamos y luchamos llegar a la Comisión Quinta del Senado, pero no fue posible por asuntos de matemáticas y de reglas de juego político, y nos tocó la Comisión Segunda. (Leer más en: Coalición de senadores y representantes impulsará implementación del Acuerdo Final)
También me ha tocado la Comisión de Ordenamiento Territorial, bastante interesante porque se está discutiendo la seguridad jurídica de los entes territoriales; y la Comisión de Paz, desde donde estamos promoviendo audiencias como la que realizaremos el próximo 5 de octubre en Popayán, Cauca, para analizar la problemática de asesinatos de líderes sociales, incremento de la violencia y exigencia al gobierno nacional para que atienda esta situación.
VA: La bancada alternativa a la que pertenece ha radicado 22 iniciativas legislativas, ¿cuáles son sus ejes temáticos?
FV: Hay unos temas como la ampliación de la democracia en Colombia y que la población de 16 años pueda ejercer el derecho al voto; radicamos proyectos para que se consolide la paridad política entre hombres y mujeres; iniciativas para combatir la corrupción; proyectos relacionados con seguridad jurídica territorial; iniciativas para la protección del agua. En fin, hay una gama de iniciativas para brindar atención real a las regiones y dar el debate sobre cómo salir de problemas estructurales que tenemos en el país.
Vamos a participar de manera abierta en el debate frente al Plan Nacional de Desarrollo, a la reforma tributaria, a la reforma política y a la reforma de justicia. Sobre todos esos temas hemos radicado iniciativas de ley.
VA: Por lo visto hasta ahora, también estarán adelantando debates de control político, como hicieron el miércoles en la Cámara de Representantes sobre los asesinatos de líderes sociales. ¿Cuál es el balance de esa jornada?
FV: Se logró denunciar la grave situación, llegaron líderes amenazados que han salido del territorio y logramos que ellos se manifestaran; logramos que las presidencias del Senado y de la Cámara establezcan comisiones accidentales para hacerle seguimiento a esta situación en términos de responsabilidad institucional. También dejamos planteado que vamos a recorrer el país realizando audiencias, ya estamos preparando la primera.
Lo que se logró en el debate de la Cámara, y está pendiente el del Senado, es denunciar y tomar acciones concretas para hacerle seguimiento a la crisis humanitaria que ha generado el asesinato de líderes y lideresas sociales. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una nueva crisis humanitaria)
VA: Por contraparte, sectores del actual Congreso de la República también tienen propuestas que podrían resultar reactivas para las víctimas, como la de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, para reformar la Ley de Restitución de Tierras. ¿Cómo ven esa postura, que señala que la ley es desproporcionada y necesita ajustes?
FV: Esas son posturas de orden regresivo que sectores políticos están haciendo. Esa situación de la senadora Cabal respecto a oponerse a la Ley de Restitución de Tierra es de debate. Vamos a escucharlo, analizar y buscar que se salvaguarden los derechos de las víctimas; y si hay que hacer ajustes, que sea en beneficio de la población desplazada que hoy busca el retorno a sus comunidades con garantías integrales.
Ese tema se engancha con el de la consulta previa, y ese mismo tema tiene que ver con anuncios respecto a que clarifiquen el concepto de las 16 curules de las víctimas del conflicto armado. Entendemos que hay posturas regresivas de sectores políticos que tratan de cerrarle el camino a las víctimas, a los derechos adquiridos y a la construcción de verdaderas políticas públicas que de manera integral traten de darle soluciones a la población.
Estos son debates que se están dando. Estamos muy atentos a ellos y estaremos en todos esos escenarios de discusión para proteger los derechos fundamentales y que en un nuevo gobierno no se regrese lo que se ha avanzado en materia constitucional.
VA: Hace unas semanas la Onic le entregó un informe a la Comisión de la Verdad sobre la violencia que han padecido las comunidades indígenas en el marco del conflicto armado. ¿Qué esperan de esa comisión surgida del Acurdo Final?
FV: Primero, que se creen rutas en las diferentes regiones para que los actores de la guerra digan toda la verdad de lo que sucedió respecto a los muertos que puso en esa confrontación armada el movimiento indígena. Segundo, que se creen mecanismos de atención, reparación y no repetición de estos hechos. Tercero, que se conozcan datos reales de las agresiones y muertes sistemáticas que hemos sufrido en todos estos años. Y, por último, que se cree una institucionalidad en el marco de la JEP y del Capítulo Étnico para hacerle seguimiento y monitoreo constante. (Leer más en: Organizaciones sociales nutren de información a la JEP)
