El prejuicio como arma: la violencia contra personas LGBTIQ+ sigue marcando los territorios del conflicto

En Colombia, cada 32 horas una persona LGBTIQ+ es víctima de algún tipo de violencia. 

A la lideresa trans Nawar Jiménez la mató el odio. Pero no sólo el odio. La noche del 22 de mayo de 2025, Nawar —lideresa social, trabajadora sexual, activista por los derechos de las personas trans y víctima del conflicto armado en El Carmen de Bolívar— fue asesinada en un crimen que organizaciones sociales leen como el resultado de múltiples violencias acumuladas: la estigmatización, la exclusión histórica, la precariedad, la violencia contra las mujeres trans y el abandono estatal en territorios en donde el conflicto armado repunta.

Durante 2025, como Nawar, al menos 270 personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron víctimas de homicidio y feminicidio en Colombia, según el informe Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra las personas LGBTIQ+, elaborado por Caribe Afirmativo. La organización advierte que detrás de las cifras hay un fenómeno que dejó de ser marginal para convertirse en una crisis de derechos humanos estructural, atravesada por la estigmatización, la impunidad y el control territorial. 

Siete de cada diez homicidios contra personas LGBTIQ+ ocurrieron en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, territorios donde convergen economías ilegales, disputas armadas y mecanismos de control social que terminan regulando quién puede habitar el espacio público y bajo qué condiciones. 

La estigmatización como la principal herramienta de violencia

Uno de los hallazgos centrales del informe es que la discriminación no opera como una violencia secundaria, sino como el origen de la cadena de agresiones. En 2025, Caribe Afirmativo documentó 360 casos de actos discriminatorios directos contra personas LGBTIQ+ en Colombia, una cifra que, según la organización, refleja apenas una parte de un fenómeno mucho más extendido y normalizado.

“La discriminación, tanto en entornos físicos como digitales, no es el eslabón más débil de la cadena. Es su fundamento estructural. Es el punto donde se construyen las jerarquías, se legitiman las exclusiones y se habilitan las violencias que, más adelante, se expresarán como agresión física, amenaza o incluso eliminación”, advierte el informe.

El documento también alerta sobre el crecimiento de la estigmatización digital como una de las nuevas formas de violencia contra personas LGBTIQ+. Según Caribe Afirmativo, el entorno virtual se ha convertido en un amplificador del prejuicio mediante discursos de odio, campañas de desinformación y narrativas que presentan la diversidad sexual y de género como una “amenaza” para la familia, la moral o el orden social.

La organización documentó prácticas como divulgación de datos personales, suplantación de identidad, hostigamientos sistemáticos y ataques coordinados en redes sociales, mecanismos que buscan intimidar, silenciar liderazgos y expulsar a las personas LGBTIQ+ del espacio público y digital.

Para Caribe Afirmativo, esta violencia también debe leerse en clave de conflicto armado y control territorial. Según el documento, la presencia de grupos armados en distintos territorios del país ha exacerbado las agresiones contra personas LGBTIQ+, utilizando la violencia como una herramienta de control social y territorial que afecta de manera desproporcionada a la población sexo-género diversa.

“Al considerar a las personas LGBTIQ+ como ‘indeseables’, estos grupos ejercen agresiones físicas y psicológicas que limitan su libertad. El control social y territorial que imponen convierte a estas personas en víctimas frecuentes de ataques, sin garantías adecuadas de seguridad o protección”, señala el informe.

En ese contexto, las amenazas aparecen como una de las formas más eficaces de control. Durante 2025 se registraron 1.184 víctimas de amenazas contra personas LGBTIQ+, una violencia que el informe define como una “tecnología de control social” utilizada para regular quién puede existir en determinados territorios, cómo debe comportarse y qué identidades son aceptadas o castigadas.

Según Caribe Afirmativo, en muchos territorios las amenazas no solo buscan intimidar, sino también disciplinar y expulsar. La violencia contra las personas LGBTIQ+ opera así como un mecanismo de regulación social que define quién puede habitar el espacio público y bajo qué condiciones.

Un Estado que no logra proteger ni registrar la violencia

Además de denunciar el aumento de agresiones contra personas LGBTIQ+, Caribe Afirmativo cuestiona la capacidad institucional del Estado para prevenir, registrar e investigar estas violencias. Para la organización, las fallas no responden únicamente a problemas administrativos o de coordinación, sino a una ausencia estructural de respuestas efectivas frente a una población históricamente vulnerada.

“No se trata únicamente de ausencia, sino de una presencia fragmentada, insuficiente y, en ocasiones, profundamente ineficaz. El sistema ha fallado: no previene, no actúa, no sanciona y, en muchos casos, ni siquiera logra contar. El subregistro se convierte así en una forma de violencia institucional. La falta de datos se traduce en invisibilización. Y la invisibilización produce indiferencia”, concluye el informe.

La investigación también cuestiona la forma en que el Estado registra —o deja de registrar— las violencias contra personas LGBTIQ+. Para Caribe Afirmativo, el subregistro no es solo un problema técnico, sino una práctica de invisibilización institucional que impide dimensionar la magnitud real del fenómeno y limita las posibilidades de respuesta.

Como ejemplo, la organización señala que, en algunos territorios, la Policía Nacional respondió solicitudes oficiales asegurando que no existían casos de vulneración de derechos contra personas LGBTIQ+, una situación que el informe califica como una “negación fáctica” de la violencia basada en prejuicio.

El documento también advierte que el Estado no solo falla en proteger a las personas LGBTIQ+, sino que, en ocasiones, se convierte en el agresor. Durante 2025 se registraron 108 casos de violencia policial contra esta población, además de denuncias por abusos de autoridad, tratos discriminatorios y barreras de acceso institucional.

A esto se suma la impunidad. Según el informe, el 85 % de los casos de homicidio contra personas LGBTIQ+ permanecen en etapa de indagación inicial, sin avances significativos en las investigaciones judiciales. Para Caribe Afirmativo, esta falta de respuestas institucionales permite que la violencia continúe reproduciéndose y envía un mensaje de permisividad frente a los crímenes motivados por prejuicio.

El informe concluye que muchas víctimas enfrentan una especie de “triple muerte”. La primera ocurre en vida, a través de la exclusión social, la discriminación y la expulsión de sus entornos. La segunda llega con el asesinato, muchas veces marcado por sevicia y violencia ejemplarizante. Y la tercera sucede institucionalmente, cuando el Estado borra sus identidades de los registros, minimiza los crímenes o permite que permanezcan en la impunidad.

Frente a este panorama, la organización insiste en la necesidad de pasar del reconocimiento formal de derechos a garantías efectivas de protección en los territorios. Entre sus recomendaciones se encuentran la creación de una estrategia nacional contra la violencia digital, el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la implementación de canales de denuncia seguros para víctimas LGBTIQ+ y el fortalecimiento de las investigaciones judiciales bajo la hipótesis de violencia por prejuicio. 

La organización también pide fortalecer las investigaciones judiciales sobre crímenes motivados por prejuicio, exigir que la Fiscalía incorpore de manera obligatoria la hipótesis de discriminación en estos casos y crear sistemas de información articulados entre Medicina Legal, Policía y Fiscalía para enfrentar el subregistro y la impunidad.

Además, el informe advierte que las políticas de “Paz Total” y “Paz Urbana” no pueden seguir ignorando las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+ en territorios atravesados por estructuras armadas y control social. Caribe Afirmativo insiste en que cualquier política de seguridad o construcción de paz debe incluir medidas específicas para proteger a mujeres trans, liderazgos sociales, víctimas de desplazamiento forzado y personas sexo-género diversas expuestas a amenazas y violencias sistemáticas.

Más allá de las cifras, la organización concluye que el desafío sigue siendo garantizar que las personas LGBTIQ+ puedan habitar los territorios sin miedo. Porque, como advierte el informe, el prejuicio continúa definiendo quién puede vivir, circular y existir en Colombia.