Autoridades tradicionales cuestionan actuaciones de la Fiscalía contra tres integrantes de ese pueblo, vinculados a la investigación por el reciente asesinato de una líder comunal. Los hechos ocurren en medio de la compleja situación de seguridad que vive ese puerto sobre el pacífico nariñense.
El pasado primero de agosto, mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación anunció que logró “establecer la autoría de otros tres crímenes contra líderes sociales”, entre ellos el asesinato de Margarita Estupiñán Uscátegui, presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Recreo, del corregimiento de Llorente.
Según la Fiscalía, Estupiñán fue asesinada el pasado 4 de julio en la puerta de su casa por cinco hombres que “pertenecen al Frente Óliver Sinisterra” (Fos), una de las estructuras armadas ilegales surgidas en la Costa Pacífica nariñense como consecuencia del proceso de dejación de armas de las Farc, bajo el mando de Walter Artízala, conocido como “Guacho”. (Lea más: Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas)
Tres de esos hombres son José Jaime Bibiscus García, Hugo Fernando Cortés Bibiscus y José Silvio Cortés Pay, a quienes la Fiscalía relacionó con los alias del “Cabo”, “Fercho” y “Silvano” y contra quienes expidió órdenes de captura. De acuerdo con el ente investigador, su identificación y la de otros presuntos responsables se realizó gracias a la “conformación de equipos especializados de fiscales, analistas, investigadores y técnicos del CTI”, quienes recopilaron “evidencias y material probatorio”.
No obstante, tres días después, las autoridades indígenas del resguardo Piguambí Palangala, de Llorente, emitieron un duro comunicado calificando de “error” el señalamiento contra Bibiscus, Cortés Bibiscus y Cortés Pay, los dos últimos integrantes de la guardia indígena. Para las autoridades Awá, la acusación de la Fiscalía “no es más que una calumnia, orquestada con el afán de mostrar resultados en forma desesperada, enlodando gente humilde y trabajadora”. (Leer más en: Fiscal apeló a tratos discriminatorios para acusar a dos lideresas sociales de Tumaco y En búsqueda de ‘casas de pique’ en Tumaco, Fiscalía está cometiendo errores)
Reclamo de los Awá
Desde días antes del anuncio público de la Fiscalía, en el resguardo Piguambí Palangala y el vecino caserío de Vaquerío venían corriendo rumores sobre una posible investigación contra varios indígenas por el asesinato de Margarita Estupiñán.
De acuerdo con el comunicado emitido por el resguardo, funcionarios del CTI y de la Policía habían acudido ante el coordinador general de la guardia indígena “para averiguar sobre los nombres completos de jóvenes indígenas Awá, que tienen esposa e hijos, y que además trabajan honradamente sus fincas”. Pese a ello, convencidos de su inocencia, los señalados permanecieron en el territorio.
Justamente, el pasado primero de agosto, durante la realización de trabajo de campo para una investigación periodística, reporteros de VerdadAbierta.com estuvieron en Piguambí Palangala. En horas de la mañana, cuando la Fiscalía aún no había emitido el comunicado, las autoridades del resguardo expresaron su preocupación por la inminente judicialización de los indígenas, de quienes aseguran no hacen parte de ninguna organización armada ilegal. Ese día, los tres señalados se encontraban trabajando en la adecuación de un pequeño terreno para el establecimiento de una granja, junto a las autoridades tradicionales y otros integrantes de la comunidad.
En esa oportunidad, Hugo Cortés señaló que “no entendemos por qué la Fiscalía anda preguntando por nosotros, si no pertenecemos a ningún grupo, ni somos delincuentes”. Cortés, quien desde 2012 trabajó en Pasto en el sector salud y como vigilante, regresó en 2017 a Llorente acosado por su difícil situación económica: “Me vine a trabajar como guardia, porque en la ciudad siempre es duro. También comencé a trabajar en la minga, en participación de reuniones y haciendo recorridos en el resguardo. Acá si usted no tiene plata, al menos saca un racimo de ‘chiro’ (plátano) o de yuca y no pasa trabajo”.
Periodistas de este portal también hablaron con el igualmente procesado José Silvio Cortés Pay, padre de Hugo y coordinador de la guardia indígena en la zona del Alto Pianulpí. Cortés refirió estar preocupado por las averiguaciones de la Policía y la Fiscalía contra su hijo y dijo que “la Fuerza Pública ha llegado a señalar a personas inocentes, diciendo que son de grupos armados”.
Otros indígenas también relataron que, tras el asesinato de Estupiñán, varios policías acudieron al resguardo y a Vaquerío para recabar “cualquier información” sobre los presuntos responsables de ese crimen a cambio de recompensas, procedimientos en los que habrían terminado involucradas “personas que son de la población civil y no de los grupos armados”. En su comunicado del 4 de agosto, las autoridades de Piguambí Palangala advirtieron que “tenemos la declaración escrita de una compañera indígena que afirma que integrantes de la Fiscalía y Policía la coaccionaron, ofreciéndole dinero en efectivo para que señalara ‘nombres’ que ella conociera con el fin de ensuciarlos; por supuesto, ella se negó”.
Durante el último año, la Fiscalía General ha emitido varios comunicados ofreciendo cifras contundentes sobre las investigaciones por el asesinato de dirigentes sociales y políticos, sobre los que la entidad asegura se presentaron 178 casos entre enero de 2016 y comienzos de julio de 2018.
El 6 de julio pasado, la entidad declaró que “le está cumpliendo al país”, al vincular 211 personas a investigaciones por esos hechos y capturado e imputado cargos a 184 de ellas por 88 casos. Asimismo, informó que 16 procesos cuentan con sentencias condenatorias, mientras 36 se encuentran en etapa de juicio, 22 superaron la audiencia de imputación y 14 se encuentran en indagación. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
El 31 de julio la institución emitió otro comunicado de prensa en el que especificó que, de acuerdo con su Plan Estratégico 2016-2020, había puesto en marcha “un nuevo modelo de investigación para esclarecer los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos y otros líderes comunitarios”. Como resultado de ese plan, aseguró, se priorizaron ocho líneas de trabajo, una de las cuales es la de “Amenazas contra la población y comunidades protegidas en Tumaco”.
De hecho, las órdenes de captura contra los tres Awá se presentaron como parte del “compromiso (de la institución) para esclarecer los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos y otros líderes comunitarios, y lograr la efectiva judicialización de los responsables”. No obstante, las autoridades tradicionales de Piguambí Palangala calificaron el proceso como un acto “vil”, en el que se busca señalar a “líderes sociales como responsables de la muerte de una líder social”.
Señalamientos
Los procesos judiciales contra los indígenas Awá ocurren en medio de la compleja situación de seguridad que vive la Costa Pacífica nariñense, especialmente el municipio de Tumaco. En el corregimiento de Llorente se disputan el territorio el Frente Óliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), también surgidas del proceso de dejación de armas de las Farc, tal como lo ha documentado la Defensoría del Pueblo. En la zona, además, haría presencia una nueva estructura criminal bajo el mando de un hombre conocido como ‘Contador’, dedicado al negocio del narcotráfico y de quien se tienen pocos datos. (Lea más: A Tumaco lo agobian las disidencias de las Farc y el crimen trasnacional)
Con el objetivo de golpear esas estructuras, alimentadas, en parte, por las más de 23 mil hectáreas de hoja de coca para uso ilícito que existen en el municipio, el entonces presidente Juan Manuel Santos lanzó en enero pasado una ofensiva denominada Plan Atlas, en la que participan más de once mil hombres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
El despliegue de Fuerza Pública en la región ha terminado por afectar a los habitantes de Piguambí Palangala, quienes, en varias oportunidades, le han solicitado al Ejército que levante los campamentos instalados dentro del resguardo, por temor a ser objeto de ataques por parte de grupos armados ilegales. El gobernador del resguardo, Segundo Cortés Pai, le dijo a VerdadAbierta.com que “cuando vamos a hablar con la Fuerza Pública es un tema muy complicado para nosotros, porque ellos nos dicen: ‘Ustedes nos sacan a nosotros, pero no a los delincuentes’. Ante eso, nosotros respondemos: ‘Compruébenos que aquí hay instalados delincuentes’. No los hay”.
Además del Gobernador, quienes han cargado con el mayor peso de esas discusiones son los integrantes de la guardia indígena, de la que hacen parte dos de los procesados por el asesinato de Estupiñán. Como su trabajo es mantener la integridad del resguardo, son ellos quienes les han pedido personalmente a los militares que no se instalen en la comunidad, por lo cual han recibido señalamientos.
Al respecto, el Gobernador aseguró: “El Ejército les dice a los guardias que son guerrilleros. Ahí es donde yo discuto con la Fuerza Pública, porque ellos tienen que respetar nuestra autonomía”. Un guardia indígena, que pidió la reserva de su nombre, le dijo a este portal que “cuando ellos llegan acá, lo que dicen cuando llegamos a hablar con ellos es que parece que nosotros somos todos guerrilleros, porque no consentimos la presencia de ellos”.
Aparte del peso de la estigmatización, los indígenas consultados aseguraron que el señalamiento de pertenecer a alguna de las estructuras armadas que operan en la zona los pone en grave riesgo frente a posibles retaliaciones de organizaciones “enemigas”. Hugo Cortés comentó: “Nos preocupa que esos comentarios vayan a llegar a los grupos armados y nos vayan a salir asesinando”.
En su comunicado del pasado 4 de agosto, las autoridades del resguardo también opinaron que “es una bajeza sin precedentes en el pueblo indígena Awá enlodar a jóvenes indígenas guardias para involucrarlos en un crimen, poniendo en peligro sus vidas y las de sus familias al señalarlos en forma irresponsable de pertenecer a estructuras de la columna Óliver Sinisterra, cuando en esta región operan muchos grupos al margen de la ley con distintos intereses”.
Para los Awá, esta es otra más de la larga cadena de afectaciones que han venido sufriendo durante los últimos años como consecuencia de las múltiples guerras que se libran en la región. En 2009 la Corte Constitucional declaró que ese pueblo estaba en riesgo de extinción física y cultural.
Pueblo victimizado
Solo en junio pasado, las autoridades de Piguambí Palangala denunciaron que dos de sus dirigentes fueron víctimas de amenazas y hostigamientos en Tumaco. El 9 de ese mes, cinco hombres armados que se identificaron como integrantes del Fos abordaron al alguacil mayor de la guardia indígena, Rodrigo Salazar, en la vía Tumaco-Pasto y le exigieron que les entregara la camioneta que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó como parte de su esquema de seguridad. Ante la negativa de Salazar, los agresores se fueron y “regresaron otros dos hombres en una moto y lo intimidaron señalando que estaba informado y que lo van a matar”.
Posteriormente, el 12 de junio, dos hombres armados “husmearon por puerta y ventanas” la casa del dirigente Javier Cortés, quien se encontraba en el caso urbano de Tumaco. Cortés también cuenta con esquema de protección asignado por la UNP y es uno de los más destacados dirigentes indígenas de la zona.
En una presentación preparada en junio pasado para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que tuvo acceso este portal, la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) informó que entre febrero de 2017 y junio de 2018 se presentaron 13 amenazas individuales y colectivas contra dirigentes de la Unipa en Nariño, donde viven cerca de 22 mil Awá en 32 resguardos ubicados en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Samaniego, Roberto Payán y Ricaurte.
Amenazas y atentados contra líderes de la Unipa (2017-2018)
Más aún, en el mismo documento se reportó que entre enero de 2017 y junio de 2018 fueron asesinados 18 indígenas Awá; se presentaron desplazamientos masivos en los resguardos Chinguirito Mira, Inda Guacaray, Watsalpí y Piedra Sellada, con un total de 586 personas afectadas; ocurrieron 18 enfrentamientos armados en territorio Awá; se cometieron 13 infracciones al Derecho Internacional Humanitario; se registraron dos casos de abuso de autoridad; fueron reclutados al menos cinco indígenas, cuatro de ellos menores de edad, en Inda Sabaleta y Pipalta Palví Yaguapi; y se presentó una víctima de una mina antipersonal.
Todo ello en medio de las disputas que libran actores armados ilegales en territorio indígena, donde aparecen siglas, panfletos o amenazas a nombre del Eln, el Fos, las Gup, el Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp), la Gente del Orden, el Gaula o los Tapa Huevos, los Cusumbos, los Combas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), las Águilas Negras, los Cucarachos y los Rastrojos.
De acuerdo con la Unipa, el territorio Awá ha sido apetecido durante las últimas décadas por los grupos armados ilegales por ser sitio estratégico para la movilidad de tropas y el tráfico de drogas, la extracción ilegal de oro, el cultivo de hoja de coca para uso ilícito y la extracción ilegal de crudo del Oleoducto Transandino, todo lo cual ha generado graves violaciones a los derechos humanos, daños culturales y espirituales, y serias afectaciones al medio ambiente. (Lea más: Indígenas Awá emprenden batalla judicial contra Ecopetrol)
Justamente, el 10 de julio pasado, teniendo en cuenta los graves impactos que el conflicto armado les ha causado a los Awá, así como a los afrodescendientes de la región, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP decidió priorizar la etapa de contribución a la verdad y responsabilidad por los hechos victimizantes presuntamente cometidos por las Farc y por la Fuerza Pública en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas entre 1990 y 2016.
No obstante, las victimizaciones contra los indígenas continúan ocurriendo de manera permanente. Este domingo 19 de agosto, en el corregimiento La Guayacana, de Tumaco, fue asesinado Holmes Alberto Niscué, un indígena Nasa que, de acuerdo con la Unipa, venía “acompañando el proceso organizativo del resguardo Awá de Gran Rosario”. Según la organización, Niscué estaba amenazado desde junio, cuando el caso fue puesto en conocimiento de la UNP, que le entregó “un esquema que consistía en un chaleco antibalas y un celular”.
En ese escenario, los Awá de Piguambí Palanga consideraron como “una amenaza en nuestra contra como indígenas y como autoridades tradicionales” el anuncio de la Fiscalía sobre la inminencia de la captura de los tres integrantes de ese resguardo. Asimismo, le pidieron al Estado cumplir los autos de la Corte Constitucional que ordenan medidas cautelares para salvaguardar su existencia y solicitaron apoyo a la Defensoría del Pueblo para esclarecer los hechos.
