La meta de cerrar los procesos contra 16 ex jefes paramilitares y guerrilleros postulados a Justicia y Paz con una sentencia que englobe a todos sus subalternos antes de junio de este año ya va a mitad de camino. VerdadAbierta.com muestra el estado de esos procesos y los pronósticos que hacen fiscales y abogados de víctimas y postulados.
Desde inicios del año pasado, la Fiscalía decidió cambiar la estrategia de Justicia y Paz, y darle prioridad a los casos contra 16 de los principales ex jefes paramilitares y guerrilleros postulados al proceso para poder conseguir sentencias definitivas en un menor plazo. Con la estrategia original, que pretendía juzgar a más de tres mil postulados a Justicia y Paz caso por caso, según ordenaba la Ley 975 antes de que fuera reformada, el cálculo daba que tomaría casi un siglo terminarlos, una contradicción en sí misma pues se trata de una justicia transicional. (Ver nota: El año decisivo para Justicia y Paz).
De ahí que se haya reorganizado el trabajo de la Fiscalía para sacar adelante inicialmente 16 macro-procesos – reducidos ahora a 13 para la etapa de juicio – encabezados cada uno por un ex jefe de los grupos armados que está postulado a Justicia y Paz, con el objetivo de que éstos terminen en 16 sentencias colectivas para ellos y quienes fueron sus subalternos, y en reconocimientos, colectivos también, a quienes fueron sus víctimas.
La meta de junio de este año no es gratuita; en ese mismo mes muchos postulados, incluidos jefes paramilitares, podrían comenzar a solicitar su libertad porque cumplen los ocho años de prisión, la pena más alta a la que pueden ser condenados en Justicia y Paz. (Ver nota: Así será la priorización de Farc y Auc en Justicia y Paz).
El nuevo método consiste en que primero la Fiscalía hace las imputaciones contra los postulados (las acusaciones por sus delitos) en audiencias preliminares frente a los Tribunales de Justicia y Paz, y luego, comienzan las audiencias concentradas, en las que se expone de una manera más detallada los hechos o crímenes por los que son juzgados los postulados; después, el incidente de identificación de afectaciones causadas a las víctimas, y termina con la sentencia y las posteriores audiencias de cumplimiento.
Hasta el momento, tres de esos procesos están por entrar a la última etapa de “audiencias concentradas”. Otros nueve macro- procesos se encuentran un paso atrás, en las “audiencias preliminares”, y los demás están en etapas anteriores.
El 9 de diciembre del año pasado, Juan Pablo Hinestrosa, director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, defendió en una rueda de prensa el trabajo de la institución: “en junio de 2014, postulados como Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y otros postulados de mayor y menor rango van a quedar libres por el vencimiento de sus penas cumplidas. La apuesta que hace la Fiscalía desde que empezó esta administración es lograr que cuando empiecen a quedar libres estos postulados se tengan sentencias condenatorias para así cumplir con lo que se llama Justicia Transicional”, explicó.
La justicia transicional colombiana, que se ha aplicado en varios países como una manera de dejar atrás la guerra, buscó suspenderles las condenas por sus múltiples delitos atroces a aquellos paramilitares y guerrilleros que se comprometieron a dejar las armas en forma colectiva o individual, e imponerles penas de máximo ocho años de cárcel, a cambio de que colaborarancon la justicia, la verdad y la reparación de sus víctimas. Y este año se cumple esa pena máxima de ocho años para muchos de ellos.
VerdadAbierta.com consultó a fiscales, abogados de postulados y de víctimas que participan en el proceso y coincidieron en que no es muy probable que se consigan fallos condenatorios de los postulados y sus subalternos en los cinco meses que faltan. Además, algunos de ellos advirtieron que no sólo importa la celeridad con que se adelanten los procesos, si no que se cumplan los principios generales de la Ley de Justicia y Paz de responderle a las víctimas y a la sociedad con verdad y justicia y una reparación debida.
Las cuentas
Hasta diciembre del año pasado se habían realizado las imputaciones contra nueve de los postulados. Cada una de estas imputaciones incluye la descripción de la larga lista de crímenes que confesaron los ex paramilitares o ex guerrilleros y su grupo o que el fiscal del caso documentó, según los tipos de delitos que Fiscalía fijó como prioritarios. Estos son: violencia sexual, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento de menores y casos de connotación, que son delitos seleccionados por el fiscal de cada grupo como masacres, secuestros, extorsiones a gremios regionales u homicidios de minorías o líderes de la comunidad.
Los procesos que van más avanzados son los de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el del comandante del Frente 43 de las Farc, ‘Martín Sombra’, y el del Ejército Revolucionario Guevarista. Las audiencias concentradas están fijadas para el próximo 20 de enero en los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá y Medellín.
La diligencia que hasta el momento más retrasos presenta es la de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, que iniciará el 27 de enero con la imputación de cargos por su participación como comandante de los Bloques Héroes de Granada, Héroes de Tolová y Cacique Nutibara. (Ver nota: Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)
Al hacer los cálculos hay que considerar que la Ley 1592 de 2012 que reformó la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, no establece ningún tiempo límite de duración de las audiencias preliminares y la concentrada. Los únicos plazos establecidos son los de los intervalos entre la finalización y el inicio de una nueva etapa.
A mediados del año pasado, cuando se anunciaron los primeros avances de la estrategia de priorización, la Fiscalía había anunciado que el 31 de julio de 2013 tendría radicados los escritos de imputación de cargos para que los magistrados establecieran la fecha de inicio de las audiencias. Sin embargo, los cálculos eran optimistas para el volumen de trabajo que esto implicaba y los fiscales sólo pudieron terminar estas imputaciones entre octubre y diciembre o apenas están por terminar. Un fiscal le explicó a VerdadAbierta.com que las audiencias concentradas podrían tardar un poco más que las imputaciones, pues la formulación de cargos es más detallada. “Se abordan todos los casos con más profundidad –explicó –, ahí debe quedar muy claro quiénes fueron los autores y si fueron materiales o no, y presentar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
En el siguiente gráfico puede visualizar mejor cómo es el proceso de priorización y el estado en el que se encuentran:
Se recomienda ver la presentación en pantalla completa.
Dé clic en Start Prezi y luego en el cuadro de la parte inferior
Infraestructura
Uno de los problemas que más llama la atención de los defensores de los postulados y las víctimas es la escasa infraestructura y personal con la que cuenta la justicia para hacer esta inmensa tarea. La mayor parte de la responsabilidad para dictar esas 16 macro-sentencias recae sobre los seis magistrados de conocimiento de Justicia y Paz con los que cuenta el país (cuatro en Bogotá, uno en Medellín y uno en Barranquilla). Los fallos hasta el momento se refieren a 11 mil hechos que comprometen a 34 mil víctimas. A esto habría que agregar las demás diligencias que se derivan de los casos de otros postulados y estructuras guerrilleras y paramilitares que no han sido definidos como prioritarios, pero que aun así deben continuar.
Sobre esto, el director de la Unidad de Justicia y Paz, citó al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en una intervención que había hecho meses atrás diciendo: “señores Magistrados, el balón está en su campo, de ustedes depende que podamos sacar esta sentencias condenatorias antes de junio de 2014. De ustedes depende que este esfuerzo macro de la Fiscalía, Unidad de Justicia y Paz, no sea inocuo, que no estemos arando en el mar. Que realmente podamos mostrar que en Colombia no nos quedó grande la Justicia Transicional y que estamos en la Fiscalía General de la Nación, preparados para recibir un eventual proceso de Justicia Transicional que llegare de La Habana. Estamos demostrando que la política de priorización es un hecho, es un éxito. Que hemos cumplido, nos falta mucho por hacer, pero que lo que primero hicimos fue fijar una estrategia para poder evacuar en mayor medida toda esa cantidad de hechos y de víctimas que están reclamando justicia”.
No obstante, el trabajo de investigación de varias decenas de equipos de fiscales debe ser evaluado y sopesado por pocos magistrados con equipos de trabajo pequeños, para poder conducir adecuadamente la etapa de juzgamiento y dictar sentencia. Como dijo un abogado de uno de los postulados, “los magistrados no tienen el don de la ubicuidad”.
Explicó que “el deseo de todos es tener las sentencias, pero si uno ve el proceso desde la infraestructura es complejo, hay mucha distancia de lo que se quiere a lo que ocurre”. Además dijo que se requiere que colaboren también otras entidades como el Inpec, y las otras partes que participan del proceso. No obstante las dificultades, aseguró que “desde la metodología que se implementó con la priorización, en el último año por lo menos se logró algo que no se había obtenido desde el 2005: en un día se imputaron 300 hechos”.
Los aplazamientos han sido una de las causas en los retrasos de las audiencias. En los meses anteriores, entre julio y diciembre del año pasado, en los que la Fiscalía había programado la etapa de las audiencias preliminares, se han presentado retrasos por diferentes motivos que van desde problemas en el transporte de los postulados desde las cárceles, excusas médicas por parte de los postulados hasta simples trámites jurídicos o administrativos.
Otro jurista que defiende a un ex jefe paramilitar extraditado a Estados Unidos expresa que para este año también hay que corregir los problemas logísticos que se presentaron en etapas anteriores. Relata que hubo retrasos de días o semanas porque los dispositivos para hacer las videoconferencias se dañaban o el Inpec fallaba en el traslado de algunos postulados.
Una defensora de víctimas de varios procesos de Justicia y Paz, entre ellos el del Bloque Central Bolívar, coincidió con las contrapartes en que los magistrados son muy pocos para tantas sentencias.
La meta
Esta misma abogada advierte, sin embargo, que “no se trata de afanarse para mostrar resultados. La eficiencia y la eficacia no pueden ir por vías distintas. La celeridad no puede recortar la esencia de Justicia y Paz, es decir, debe quedar claro que para reparación debe haber verdad, y no hay verdad si no hay justicia”.
La defensora también señala que “las víctimas están esperando que desde hace 10 o 20 años se les cuente la verdad. Lo que puede salir en junio son sentencias parciales, es decir una verdad parcializada. Porque los delitos priorizados excluyeron en algunos casos torturas, secuestros o robos. Y antes de que una víctima fuera asesinada, años antes había pasado por todo eso. Hay que tener en cuenta la reparación”.
El abogado del ex jefe paramilitar manifiesta que “estoy de acuerdo con la Corte cuando dice que es imposible llegar a una verdad absoluta del conflicto. Pero estas macro-sentencias deben contar la verdad para garantizar la no repetición. Hay víctimas que a pesar de contar ya con las sentencias, no han sido indemnizadas después de un año, y también hay temor entre los postulados que después de tanto tiempo queden libres y no quede muy clara su situación. Hay que pensar desde ahora en las seguridades jurídicas”.
Hasta este punto del proceso es claro que lo que falta para terminar es bastante: de cuatro partes del proceso de juzgamiento se ha avanzado parcialmente en la primera y faltarían otras tres, que en la práctica serán más extensas. El reto de alcanzar las 16 macro-sentencias anunciadas por la Fiscalía en el tiempo en que se lo propuso y, al mismo tiempo cumplir con los requisitos de la Ley de Justicia y Paz, recae casi completamente sobre los hombros de magistrados y fiscales.
No obstante, la responsabilidad de que esta se logre se extiende a diversas entidades que intervienen en el proceso. Por ejemplo, tan solo que un postulado no vaya a una audiencia programada porque el Inpec no hizo el traslado, o que no se haga una transmisión de una audiencia ente víctimas en un lugar remoto por razones técnicas, puede retrasar un caso varias semanas.
