Las protestas ciudadanas en reacción a hechos catalogados como brutalidad policial revivieron en debate por la reforma de la Policía Nacional. De este tema y de la violencia que azota diversas regiones del país, habló el titular del Ministerio Público con VerdadAbierta.com.
El país ha sido sacudido en las últimas semanas por hechos que evidencian una gran inestabilidad en materia de seguridad y orden público. A la cadena de masacres que se cometieron en varias regiones y a la persistencia del asesinato de líderes y lideresas sociales, se sumó una fuerte protesta contra la brutalidad policial.
La critica situación social, en campos y ciudades, ocurre casi cuatro años después de que se firmara el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Pese a las críticas que suscitó ese pacto para ponerle fin a más de 50 años de confrontación armada, la rúbrica estampada el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, no trajo la calma anhelada por las comunidades rurales y urbanas.
Buena parte de esas agitaciones las tuvo que enfrentar Fernando Carrillo desde su despacho de Procurador General de la Nación, en pleno centro de la capital de la República, donde se expresan, de manera tumultuosa, las voces inconformes de la ciudadanía.
La reciente expresión urbana de descontento se registró entre el miércoles y el viernes pasado, cuando miles de personas salieron a protestar por el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez a manos de un grupo de agentes de la Policía, que lo golpeó brutalmente hasta quitarle la vida.
En la reacción a la agresiva protesta social, que se tomó las calles y de la cual se aprovecharon los vándalos para quemar centros de atención inmediata (CAI) de la Policía, destruir sedes bancarias, incinerar buses y agredir a los uniformados, por lo menos 13 personas perdieron la vida presuntamente por acción de la Policía, que no vaciló en disparar contra las multitudes. (Leer más en: Al borde del estallido: protestas, brutalidad policial y golpe de facto)
De lo ocurrido en Bogotá y otras ciudades del país durante las jornadas de protesta, y de la continuidad de la violencia expresada en masacres, cuya cifra, según nuestra base de datos, asciende a 54 en este año, y de la persistencia del asesinato de líderes sociales, habló el procurador Carrillo con este portal.
Brutalidad policial
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué análisis hace de la situación en Bogotá?
Fernando Carrillo (FC): El escenario creado en la ciudad a raíz de la muerte de Javier Ordóñez es uno de los más dramáticos que ha vivido después de la toma del Palacio de Justicia (6 de noviembre de 1985). Y no se le puede restar la importancia que tiene.
Lamentablemente, hechos de brutalidad policial llevaron a las manifestaciones del 9 de septiembre, a diez muertes entre Bogotá y Soacha, a centenares de heridos y, por supuesto a la presencia de vándalos que se aprovechan de las circunstancias.
Es la hora de la calma, de no pensar en que la violencia es la solución y, por ende, en lo que hay que pensar como ya se ha dicho, es en una reforma profunda de la Policía para recuperar la legitimidad y la confianza que ha perdido.
VA: ¿Y esa reforma qué características podría tener?
FC: Uno de los aspectos a considerar en la reforma de la Policía es, precisamente, la relación del poder central con departamentos, municipios, y particularmente, con la protesta social, y allí no cabe ningún asomo de militarización. Por eso es tan importante crear un cuerpo civil que sea capaz de manejar la protesta social, que no utilice armas letales o armas que no generen lo que han generado desde la muerte de Dylan Cruz o lo que sucedió la semana pasada.
Realmente se necesita proyectar la reforma de la Policía sobre los órdenes territoriales para determinar lo que es moderno hoy en día, qué es eficaz, qué es lo que implica defender los derechos humanos y, sobre todo, el manejo de la protesta social con herramientas que respeten los derechos humanos.
VA: ¿La Procuraduría tiene abiertas investigaciones por abuso policial?
FC: Tenemos abiertos 73 procesos por presunto abuso policial o abuso de autoridad de funcionarios de la Policía Nacional, la mayoría de ellos están en la etapa de investigación, otros más en indagación y se han proferido algunos fallos.
Pero a partir de las denuncias que se han presentado y que nos ha entregado la Alcaldía de Bogotá (el pasado viernes) de aquellas denuncias donde hubo fallecidos y hay heridos por pistola, además, y empleo de munición a cargo de la Policía Nacional, vamos a privilegiar esas investigaciones, mediante dos mecanismos: asumir el poder preferente, sobre todo en el caso de los fallecidos, y vamos a poner a los procuradores delegados a ejercer la supervigilancia sobre esos procesos.
La otra cara de la violencia
VA: ¿Cuál es su reflexión sobre las masacres que vienen ocurriendo en diversas regiones del país?
FC: La principal preocupación nuestra en el marco de la evaluación de todo lo que está sucediendo es una tema de seguridad en los territorios y el manejo del orden público por parte del gobierno nacional, por supuesto, y subsidiariamente de los gobiernos departamentales y locales. Y eso, de alguna manera, nos ha marcado una senda bastante preocupante. De alguna manera lo que estamos viendo es un regreso al pasado. Lo he repetido varias veces.
Veníamos en una senda en que estábamos pretendiendo cicatrizar las heridas y parece que lo que estamos haciendo es volverlas a abrir en términos de nuevas víctimas, de revictimización, y por eso es importante hacer una gran reflexión sobre lo que es el manejo del orden público por parte del gobierno. Y realmente uno puede llegar a la conclusión de que estamos fuera de control, en el sentido de que sigue presentándose una oleada de violaciones de derechos humanos.
Como se ha repetido por muchos, los eufemismos son una forma de eludir la verdad y con cambiar las palabras no vamos a cambiar las realidades fácticas. Lo que está sucediendo es muy grave, lo más grave que ha sucedido en este gobierno y tal vez lo más grave que ha sucedido después de la firma de los acuerdos.
Me parece que es clave el poder tener no sólo un diagnóstico, sino que se vea la presencia del Estado. Lo hemos repetido tantas veces que ya se ha convertido en un lugar común: no únicamente vestido de camuflado, sino con toda la oferta del Estado y, particularmente, que ha sido nuestra obsesión, con justicia local. Estamos convencidos que, independientemente de las decisiones que tomaron en el marco del Acuerdo de Paz, el gran déficit es la justicia local.
VA: ¿Realmente el país está fuera de control? ¿Las autoridades no tienen un control eficiente, eficaz y oportuno para contrarrestar la violencia actual?
FC: Los indicadores muestran que los grupos armados no han estado confinados, han actuado más que nunca; particularmente las comunidades indígenas han pagado un peaje altísimo en estos seis meses de pandemia; y las autoridades muy replegadas, uno no ve acción, sólo de respuesta con posterioridad a las matanzas; en el momento de los dictámenes forenses se ejerce una acción posterior, pero no se ha visto acción preventiva de ninguna naturaleza. La forma como continúan ocurriendo las muertes de líderes sociales es un segundo indicador.
La presencia de grupos armados, lo han dicho muchas organizaciones de derechos humanos recientemente, ha crecido en varios departamentos, no en los típicamente caracterizados con problemas de orden público, y eso es una pésima noticia, y no se ve control de la autoridad, tampoco se ve presencia del Estado como tal.
Yo creo que hay que revaluar los consejos de seguridad post mortem, por llamarlos de alguna manera, y pensar en mecanismos de prevención. Nosotros hemos insistido muchísimo en las dos directivas que se expidieron en el 2017, construidas con las organizaciones sociales, y que, en muchos casos, no se han cumplido.
La acción del Estado sigue siendo reactiva, con un sabor bogotanizado y centralista; lamentablemente, no es una respuesta a todas las violaciones de derechos humanos que se están viendo y que se han incrementado durante el periodo de la pandemia.
VA: Ese repliegue del que habla, ¿a qué puede obedecer?
FC: Aquí seguimos con la estigmatización de los acuerdos de paz, e independientemente de la posición que uno haya tenido frente al plebiscito del Sí y el No, ese trauma hay que superarlo. Seguimos haciendo la catarsis de quienes, supuestamente, sufrieron una derrota en la implementación de los acuerdos y siguen lamentándose que tienen que cumplirlos a regañadientes. Cuando se cumplen a regañadientes, simplemente se cumplen de manera mediocre, que es lo que yo creo que ha venido sucediendo.
Vamos a presentar un informe al Congreso en el que se demuestra que la implementación de los acuerdos es bastante precaria frente a los objetivos que se tuvieron y vuelvo al caso de las zonas con mayor presencia de actores armados, en donde los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) están desfinanciados; los temas de justicia local no existen, insisto en este tema.
Lo otro es la incapacidad de llegar a otro tipo de acuerdos. Si les ha caído tan mal el Acuerdo de Paz, por lo menos que intenten acuerdos esenciales sobre la protección de la vida.
VA: ¿Y qué iniciativas podrían plantearse en esas regiones tan golpeadas por esta nueva fase del conflicto armado?
FC: Tuvimos hace unos días una reunión muy importante con los líderes del norte de Cauca. Ese es un laboratorio perfecto, como lo es el Catatumbo y Chocó, donde están todos los grupos armados y las poblaciones más vulnerables. Las dos grandes conclusiones: primero, y vuelvo a repetirlo, no sólo es la oferta militar, eso no va a funcionar; y segundo, no se han propiciado grandes esfuerzos en temas tan esenciales como el tratar de dejar de seguirnos matando en esa región. Allá convinimos un gran pacto por la convivencia y derechos.
VA: ¿Y qué papel podría jugar el gobierno en ese tipo de regiones?
FC: El gobierno debería estar buscando unos acuerdos regionales. En un consejo de seguridad sólo se ve presencia y acciones de carácter militar, sin buscar la raíz del conflicto, sin ver qué está pasando con el crecimiento de la violencia, sin ponerse de acuerdo con la justicia local, los temas de salud, de protección social, de seguridad alimentaria, los derechos de los menores.
Me parece que hay un déficit de querer entender los problemas regionales con los actores sociales. Eso lo subrayo. Me parece que la pandemia cambió la agenda completamente y que se viene una crisis social, que se va a traducir en un estallido muy grande, que se va a sumar a todos los factores de violencia tradicional, eso es lo que estamos viendo en el país.
VA: La Directiva 02 de 2017, proferida por su despacho, dirigida a proteger a líderes y lideresas sociales, le propuso al “Gobierno Nacional la creación de un registro único, integrado, consolidado y actualizado” de agresiones a líderes sociales o defensores de derechos humanos. ¿En qué quedó esa propuesta?
FC: Es un punto que hay que clarificar. En la última reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Viceprocuradora planteó esa alternativa y, aparentemente, se creó una comisión para ver qué se iba a hacer con el tema de las cifras. Pero llevamos en eso dos año o más.
Aquí había, además, unos compromisos, por ejemplo, el Pacto por la Vida, firmado en Apartadó (23 de agosto de 2018), y en donde estuvo el Presidente. Y hasta ahora sólo vemos incumplimientos en relación con ese pacto. Entonces cuando se comienzan a incumplir acuerdos, que ya ni siquiera es el Acuerdo de Paz, sino acuerdos suscritos por el mismo gobierno, pues estamos en problemas.
VA: ¿Qué opina sobre la posición de la Fiscalía que plantea que con la captura de los presuntos responsables de líderes y lideresas sociales queda esclarecimiento el caso?
FC: Es una insistencia permanente. La propuesta que hicieron las organizaciones sociales es el desmonte de toda la máquina de la guerra, de las estructuras criminales. Creo que ese es el objetivo fundamental. No se trata de una identificación particular, de una individualización, de una responsabilidad penal en cabeza de una persona, sino qué pieza dentro de la organización representaba esa persona, cuyo esclarecimiento no se ha podido hacer. Y es ahí donde estamos fallando.
El Presidente ha presentado un plan de acción contra las masacres, yo no sé si ese punto está ahí, pero me parece que es un punto crucial, que requiere una visión transversal de todo lo que está pasando con la violencia.
Sobre líderes sociales
VA: Pensando en los líderes y lideresas sociales, ¿cuál es el balance, tres años después de la Directiva 02, dirigida a protegerlos? ¿Está satisfecho con los resultados?
FC: Es un balance agridulce porque sobre los hombros de la Procuraduría no podía caer todo el peso de la implementación de esa Directiva, que es donde encontramos el punto más vulnerable. El propósito de la Directiva 02 fue no sólo recibir los insumos, sino interpretar el sentimiento de la comunidad en términos de inseguridad, por ejemplo, y buscar crear unos mecanismos de prevención y protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, elaborados a muchas manos y con ellos mismos.
Ese fue el aporte y el valor agregado de esa Directiva. Y a partir de ahí comenzamos a territorializarla. Empujamos este carro, hemos hecho más de diez mesas regionales; adelantamos unas acciones con los gobernadores y alcaldes que se fueron el pasado 31 de diciembre y estamos con los que comenzaron el 1 de enero.
VA: ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional?
FC: Ha sido muy modesta. Ellos han tratado de ambientar su propia política, que no han terminado de construir, además. El PAO ha ido avanzando a calzas prietas, sin una dirección territorial. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
Y la instancia más importante del Acuerdo de Paz, que era la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ha funcionado también de manera muy deficiente, no sólo porque se ha reunido muy pocas veces, sino porque las alternativas que han presentado de manera muy positiva los defensores de derechos humanos simplemente no tienen ningún eco en el gobierno nacional.
Me parece que ha seguido primando una visión unilateral del orden público a nivel local sin tener en cuenta a las comunidades; y en este punto de la protección a líderes sociales, muy pocos cambios se han visto.
VA: Al respecto de esto último, ¿cuál sería un ejemplo?
FC: Un ejemplo concreto: la famosa reingeniería de la Unidad Nacional de Protección. Este gobierno lleva dos años y un mes en los que realmente no se vio esa reingeniería. Se rompió lo que traíamos con un interlocutor válido y que venía avanzando, que era Pablo Elías González, pero nombraron una nueva persona y, la verdad, yo no conozco cuáles han sido los aportes de la nueva administración.
Siguen presentándose muchas dificultades a nivel de la presencia territorial, a nivel de enfoques, porque no podemos seguir insistiendo en enfoques que no tengan en cuenta los mecanismos de prevención y de seguridad comunitario. Sólo proponen esquemas individuales de protección, que es más urbano, y sobre todo reactivo.
VA: En el caso de las propuestas de las organizaciones defensoras de derechos que no son tenidas en cuenta por el gobierno nacional, ¿no cree que esa actitud de esta administración, y que pudo haber existido en otras, es porque parten de la estigmatización a colectivos, a los califican de “izquierda”?
FC: Yo no tendría todos los elementos de juicio para decir que están estigmatizados los defensores de derechos humanos o las propuestas de ellos, pero lo que sí es claro es que muchos funcionarios de gobierno tienen que quitarse de encima esa alergia que les producen las opiniones de los líderes sociales. Yo creo que tiene que haber un poco más de apertura a las opiniones y diagnósticos que hacen las organizaciones sociales. Hay que superar ese cuello de botella. Son convocados, pero no son escuchados.
¿Sin dientes?
VA: Como usted lo destacó anteriormente, hay unos incumplimientos por parte del gobierno nacional, pero lo que se observa es que ese tipo de actuaciones no son sancionadas por la Procuraduría. ¿Por qué?
FC: Precisamente porque no existe un sistema de justicia local. Y le pongo un caso muy concreto de Tierralta, Córdoba: nosotros iniciamos una acción disciplinaria y suspendimos a un alcalde por el asesinato de una líder social, que todos sabemos quién fue y que tanta repercusión tuvo en la sociedad colombiana. En su defensa, se atrincheró detrás de una tutela y nos tumbaron la decisión de carácter disciplinario. Y nos han tumbado varias más.
Yo estoy de acuerdo que deberíamos ir más adelante en ese campo. Espero dejar resultados en estos cuatro meses que me quedan en el cargo en relación con investigaciones disciplinarias contra funcionarios de carácter territorial que, de alguna manera, o han estigmatizado o han sido cómplices, como en algunos casos.
Nosotros experimentamos una gran soledad a nivel de la justicia local. Yo no gano nada con tener un procurador provincial donde no hay una autoridad penal que respalde las actuaciones de la Procuraduría.
Además, estamos tratando de interpretar la famosa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (fallada a favor del senador y exalcalde Gustavo Petro) que establece que en determinado tipo de conductas no se pueden sancionar severamente funcionarios de elección popular. Habrá que encontrar una solución.
Mi gran balance de estos tres años y ocho meses en lo territorial es que la Procuraduría no puede hacer nada si no hay un sistema integral de justicia a nivel local; si no funciona desde la inspección de policía, desde la autoridad penal, desde la presencia de los jueces o de otro tipo de jurisdicción o de naturaleza.
Hemos sido unos actores incómodos para los gobiernos nacional, departamental y municipal, pero en algunos casos, donde hemos actuado severamente, nos enfrentamos con decisiones judiciales que ponen en entredicho las decisiones de la Procuraduría.
Alertas, sin eco
VA: Las comunidades se quejan constantemente de la falta de atención a las Alertas Tempranas que emite la Defensoría del Pueblo. El caso más reciente ocurrió en el Bajo Cauca antioqueño, donde, tras emitirse una advertencia y en menos de una semana, se sucedieron el asesinato de una lideresa social, una masacre y desplazamiento forzado. En ese sentido, ¿la Procuraduría tiene las herramientas para sancionar a quienes no atiendan las alertas?
FC: Las Alertas son muy útiles y tienen que ser cumplibles. Pero estamos en una coyuntura complicadísima. ¿Qué pasó con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la interpretación que hemos venido haciendo es que la Procuraduría quedó manca, sin dientes, frente a conductas de corrupción y a delitos de lesa humanidad. Eso no lo podemos aceptar.
VA: ¿Y qué puede hacerse?
FC: Tenemos que actuar de manera coordinada con la Fiscalía porque para la Corte Interamericana, sólo la Fiscalía puede imponer ese tipo de sanciones, lo que es gravísimo error. Para la prevención se requiere un sistema integral de justicia.
VA: A propósito de las Alertas y su atención, ¿qué valoración hace sobre la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT)? ¿Necesita más herramientas para operar con efectividad?
FC: Yo creo que eso hay que replantearlo por la magnitud de la amenaza a nivel de seguridad y orden público que está viviendo el país. Ese tipo de comisiones siempre deben tener instancias de diálogo social a nivel territorial, en las que se hable no sólo de los Acuerdos de Paz.
Si no quieren que se hable de los acuerdos de paz, hablemos de reforma rural, dentro o fuera de los acuerdos, de los tipos de violencia que hay en los territorios, de democracia y participación, de protección social, de reconocimiento y diversidad, de derechos de los más vulnerables. Yo insisto que se diálogo debe hacerse de manera simultánea con la presencia militar.
