Preocupados por la falta de recursos para desarrollar proyectos productivos, esa comunidad afro del Pacífico vallecaucano acudió a Internet para recaudar fondos. Su proceso de resistencia es ejemplo nacional, pero el gobierno nacional sigue en deuda de apoyarlos.
Con el apoyo de la Red de amigos de Yurumanguí, el Consejo Comunitario realiza un crowdfunding, una colecta de recursos web, para comenzar un proyecto productivo de arroz. Cultivar alimentos para el autoconsumo y la comercialización es la estrategia de la comunidad para blindar su territorio de la ilegalidad. Foto suministrada: Pedro González.Al Consejo Comunitario de Yurumanguí llegó el Internet hace apenas unos meses y ya lo usan con propiedad: desde comienzos de año están en la brega de que muchos ciudadanos, dentro y fuera del país, estén dispuestos a donarles dinero para impulsar proyectos productivos. Es lo que llaman crowdfunding.
Los yurumangueños decidieron probar suerte en la web “porque queremos trabajar las tierras, queremos ver progresar a la comunidad”, dice Abencio Caicedo, un líder de esta comunidad afrodescendiente de Valle del Cauca. (Vea el video aquí)
El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, en Buenaventura, está integrado por 3.800 habitantes que sobrevivieron a una guerra de 25 años. Con grandes esfuerzos, han logrado que su territorio esté libre minería ilegal y de cultivos de coca, pero están casi de “brazos cruzados” por falta de dinero, maquinaria y asistencia técnica para producir alimentos que satisfagan las necesidades de la comunidad y les generen un ingreso justo.
“De 35 jóvenes que salen del río, si mucho cinco logran llegar a la universidad. Nuestro anhelo es lograr establecer microempresas y hasta proyectos de exportación para que la comunidad progrese”, afirma Luis Evelio Caicedo, otro líder de la comunidad étnica.
Los pobladores están cansados de comprar en Buenaventura alimentos de la canasta básica familiar, como los huevos y el arroz; también que los jóvenes salgan del territorio para aventurarse en las ciudades, donde si mucho logran emplearse aseando casas, lavando carros o echando pala en alguna construcción de Cali. “Esos son trabajos dignos, pero no es que generen bienestar para las familias en largo plazo”, apunta Caicedo.
El Consejo Comunitario tiene claro que su territorio es la misma vida y no quieren verlo “enfermo”, y menos “muerto”, como sí les ocurre a otras comunidades del Pacífico caucano y chocoano, donde los cultivos de hoja de coca para uso ilícito son disputados por grupos armados ilegales, y donde la minería secó ríos y dejó enormes cráteres difíciles de reparar. (Lea: Minería en el Cauca: ¿riqueza para quién?)
Yurumanguí, un territorio colectivo de 54 mil hectáreas, reconocido por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), también está a la espera de los fallos de restitución colectiva. Desde agosto de 2015, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda que reconoce las afectaciones que causó el conflicto armado en esta región y exige diversas medidas para repararlos. El caso ya fue estudiado por un Juez Especializado de Restitución en Cali y en la actualidad cursa en el Tribunal de Restitución de Valle del Cauca. (Lea: Yurumanguí, el reto de volver a casa)
Tras esperar ya un año y ocho meses a que los jueces especializados se pronuncien, la comunidad añora que la sentencia llegue pronto, lo que blindará aún más su territorio de intereses económicos externos y les ofrecerá garantías para mejorar la infraestructura e impulsar los proyectos productivos. “Queremos que los proyectos sean a largo plazo, porque eso nos genera soberanía alimentaria, porque garantizamos trabajo para las familias”, afirma Dalia Mina, otra líder de la comunidad.
La resistencia
El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí tiene 3.800 habitantes, que reclaman el respeto de derechos territoriales sobre 54 mil hectáreas en Buenaventura. La comunidad ha logrado un territorio libre de coca y minería ilegal. Foto suministrada: María José LaRota-Aguilera.Yurumanguí logró resistir gracias a sus lazos comunitarios y la fortaleza organizativa. En los años ochenta afrontaron el tránsito y presencia de los frentes 6 y 30 de las Farc; al finalizar la siguiente década y durante principios del nuevo siglo padecieron las acciones del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En medio del conflicto armado, se organizaron como comunidad étnico-territorial. Así fue como en 1992 nació la Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí (Aponury).
Lo de “Unidos” ha sido literal porque pese a la masacre perpetrada por paramilitares el 1 de abril de 2001 en la vereda de El Firme, en la que perdieron la vida siete personas, las familias resistieron dentro del territorio desplazándose internamente hacia otras veredas del Consejo Comunitario.
Según la confesión en versión libre de varios desmovilizados que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, esa masacre fue instigada por un coronel de la Armada Nacional con sede en Buenaventura, que ante las capturas que estaban sufriendo los paramilitares que se internaron y perpetraron una masacre en la vecina región del Naya, les propuso “hacer algo” para desviar la atención de las autoridades. (Ver: La masacre con la que los ‘paras’ escaparon de El Naya)
Una vez el Bloque Calima se desmovilizó el 20 de diciembre de 2004, la comunidad sintió que ya podían reunirse y tomar decisiones sin la amenaza de un fusil. Convocaron a una asamblea y acordaron un mandato que rechazó de tajo los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, la minería ilegal y los proyectos agroindustriales extensivos, reconociendo que su territorio no debía ser nunca más fumigado, contaminado, bombardeado, ni que empresas multinacionales llegaran a explotar sus riquezas, y menos que iban a ‘fracturarlos’ como comunidad.
En dos oportunidades hubo tensiones por esas decisiones, pero la comunidad las superó mediante el diálogo. Luis Evelio Caicedo evoca que en 2007 tuvieron que reunirse de nuevo tras detectar matas de coca cultivadas por foráneos en la parte baja del territorio. “El 9 de noviembre de ese año hicimos una minga de erradicación manual”, recuerda y explica que ésta se realizó con recursos de la comunidad pues no contaron con apoyo institucional. Transcurrieron casi diez años cuando la ‘amenaza’ volvió, esta vez representada en una iniciativa de miembros de la comunidad.
El “Buen Vivir”, un grupo de 50 hombres entre jóvenes y adultos, expresó querer cultivar hoja de coca y hacer minería en medio del desespero por la falta de oportunidades. Yurumanguí se movilizó en octubre de 2016 y consultó a los habitantes de las 13 veredas, que al ritmo de música, declamaciones y bailes rechazaron la propuesta.
“Las mujeres han sido fundamentales en el proceso organizativo de Yurumanguí”, dice Dalia Mina. En la Asamblea, ellas expresaron no estar dispuestas a perder a sus hijos y menos a que sus hijas fueran prostituidas, que es lo que ocurre cuando “llegan esas cosas nocivas”, dice.
Durante el segundo día de Asamblea, el 26 de octubre, Yurumanguí confirmó el mandato y los líderes se comprometieron a hacer todo lo posible para buscar recursos, “tocar puertas” y dar a conocer su experiencia para gestionar proyectos.
La organización social y lucha del pueblo yurumanguireño ha inspirado a muchas personas que viven fuera del río. Es por esto que ha creado la “Red de amigos de Yurumanguí”, quienes apoyan a la Junta desde fuera del río y sugirieron al Consejo intentar la financiación colectiva vía web de su proyecto por la soberanía alimentaria “Yurumanguí sembrando comida defendemos la vida” (Vea las campañas aquí: campaña 1 y campaña 2).
La Red también busca apoyar al Consejo desde sus diferentes experticias en temas de diseño de proyectos, asistencia técnica, y comunicaciones, y está abierta a que cualquier ciudadano los contacte en el correo electrónico yurumangui.comunica@gmail.com, si están interesados en impulsar a esta comunidad étnica desde sus saberes y habilidades.
En dos meses, la comunidad ha logrado que 31 personas donen voluntariamente casi 3 millones de pesos para comenzar con un proyecto productivo de arroz, pero la meta inicial aún está lejos. Para el primer impulso requieren de por lo menos 20 millones, necesarios para la compra de las semillas y algo de maquinaria. Confían en que el crowdfunding de la campaña que realizan por medio de la plataforma Vaquinha sume más recursos hasta el 30 de abril, fecha en que estará habilitada.
Cuando se les pregunta cómo sueñan los proyectos productivos en Yurumanguí, las voces de Dalia Mina, Abencio Caicedo y Luis Evelio Caicedo se tornan efusivas, imaginando que con una “buena inyección de recursos” podrán desarrollar granjas integrales, reanimar el viejo trapiche y cultivar plátano, maíz, caña y lulo.
Lo que no comprenden es por qué el gobierno, como ocurre con el sistema de salud, “prefiere curar la enfermedad que prevenirla”. Y con esto quieren decir que el Estado está en deuda de invertir en un territorio sano, sobreviente al conflicto armado, organizado y dispuesto a trabajar. “Muchos nos hemos resistido a salir del territorio porque este es nuestro espacio de vida, porque queremos dejarle un legado a nuestros hijos. El gobierno debe ponerle más cuidado al campo y ver que la gente sigue desplazándose a las ciudades por falta de oportunidades”, insiste Mina.
Los líderes aseguran que la inversión es la pócima para que nunca más su territorio tenga que volver a consultar lo que ya está claro: “Yurumangueño que se respete, no consume ni cultiva coca”.
