Un juez de restitución de tierras ordenó la protección de los derechos territoriales del Consejo Comunitario Renacer Negro y ordena a la Agencia Nacional Minera combatir la minería ilegal y suspender los títulos de concesión minera en la zona.
La minería ilegal llegó a Timbiquí, Cauca, en 2010. Con dragas y máquinas retroexcavadoras los mineros ilegales comenzaron a contaminar el río, a expulsar y fracturar a diez comunidades del Consejo Comunitario Renacer Negro. Foto suministrada Dirección de Asuntos Étnicos Unidad de Restitución de Tierras.
El Consejo Comunitario Renacer Negro, asentado en el medio y alto río Timbiquí, en Cauca, cuyo territorio colectivo de 71 mil hectáreas le que fueron tituladas en mayo de 2001 por el antiguo Incora, acaba de recuperar sus derechos sobre ese territorio, luego de que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán así lo determinara. Esta es la segunda sentencia de Restitución que protege los derechos de una comunidad étnica y la primera en darle la razón a una comunidad afro. (Lea la sentencia aquí).
En la sentencia, proferida el 1 de julio de 2015, el juez Luis Felipe Jaramillo Betancourt emitió 31 órdenes a diferentes instituciones del Estado, principalmente al Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería para que establezca una zona minera que favorezca al Consejo Comunitario, ya que las 10 comunidades que viven allí sobreviven con la minería ancestral. Es decir, que formalice la actividad de esta comunidad afro en coordinación con sus líderes. Por otro lado, exige suspender los títulos y concesiones mineras legales otorgadas que afecten o se traslapen con el territorio colectivo.
En mayo de 2014 la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras en conjunto con la Unidad de Tierras de Cauca y las autoridades afro del Consejo Comunitario habían presentado una demanda ante el Juez de Tierras de Cauca, solicitando que a las comunidades de Santa María, San José, Coteje, Realito y Piandero, Cheté, el Charcho, Mataco, San Miguel y La Fragua se les respetaran sus derechos sobre el territorio. Esto porque por los actores armados ilegales, la minería ilegal y la coca los desplazaron y provocaron el abandono del territorio, fracturando las costumbres de estas comunidades.
La Unidad de Restitución documentó también que la Agencia Nacional Minería había otorgado a varias empresas y particulares ocho títulos de concesión minera para explotar oro, plata, plomo, hierro, manganeso, níquel, platino, cobre y zinc en dicho territorio. El Estado les concedió estos títulos con permisos para desarrollar dichas explotaciones entre 2007 y 2040, mientras para la época estudiaba la solicitud sobre otros 18 nuevos títulos.
El Juez también le pide a la Fiscalía agilizar una investigación penal y los operativos “para finiquitar la minería ilegal que se realiza en el predio colectivo de esta comunidad”, pues al momento de presentar la demanda de tierras el Consejo Comunitario denunció el funcionamiento de 39 entables, es decir, sitios donde los mineros ilegales se instalaron para taladrar el suelo y explotar oro. Estos entables comenzaron a aparecer en 2010, cuando mineros provenientes del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, trasladaron sus máquinas retroexcavadoras a Timbiquí.
Desde hace cinco años la minería ilegal comenzó a contaminar el río de los timbiqueños y dejarlos en la quiebra económica, pues históricamente han dependido de la explotación artesanal del material precioso. En su exposición de hechos, el Consejo Comunitario documentó que los mineros ilegales sólo les permitían barequear un par de días en la semana y en un horario determinado, y quien se atreviera a contrariar dichas ‘normas’ era amenazado de muerte. Esto llevó a que en febrero de 2012 el mismo Juez, quien ahora profirió la sentencia definitiva, decidiera concederles medidas cautelares para proteger de forma inicial a las comunidades.
La reciente sentencia salvaguarda a 5.472 personas agrupadas en 762 familias y que viven en 44 mil de las 71 mil hectáreas que componen el territorio colectivo. El Juez ordenó a la Policía, a la Armada y las alcaldías de Buenaventura y Timbiquí impedir el ingreso y embarque de máquinas retroexcavadoras, dragas y planchones al territorio colectivo. A la Dirección Antinarcóticos del Ministerio de Defensa la prohibición de fumigaciones aéreas con glifosato y en caso de que existan cultivos ilícitos, que estos se erradiquen de forma manual.
Al Ministerio del Interior, a la Gobernación del Cauca y a la Alcaldía de Timbiquí le pidió “materializar de forma eficiente y eficaz un plan de retorno a los miembros del Consejo Comunitario”, que fueron desplazados por el conflicto y las economías ilícitas, y a la Unidad de Víctimas que le garanticen al Consejo Comunitario un Plan Integral de Reparación Colectiva. Otras de las medidas ordenadas por el Juez son garantizar un plan de conservación, restauración y manejo sostenible del ecosistema forestal de la cuenca hidrográfica de los ríos Timbiquí, Cote y Sese, así como acceso a salud, educación y proyectos productivos a la población de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.
La Unidad Nacional de Protección tiene la responsabilidad de analizar la situación de riesgo y seguridad de los líderes del Consejo Comunitario, mientras la Unidad de Tierras tiene un plazo de 20 días para realizar la entrega simbólica del territorio colectivo a Renacer Negro. Cada tres meses el Juez convocará a una audiencia para hacerle seguimiento al cumplimiento de las órdenes indicadas en el fallo y que deben ser cumplidas por las distintas instituciones del Estado.
“Esta es un sentencia emblemática no sólo porque es la primera sentencia de tierras que favorece a una comunidad afrodescendiente sino por los contenidos de la decisión final del Juez, quien ordenó de forma contundente frenar la minería ilegal que generó desplazamientos y mantuvo confinados a los integrantes del Consejo Comunitario”, dice Luis Azcárate, director de Asuntos Étnicos de la Unidad de Tierras. Según Azcárate esta nueva sentencia está en sintonía con el fallo que restituyó el territorio colectivo del Alto Andágueda a los indígenas Emberá-Katíos. En esta decisión el Tribunal Superior de Antioquia también exigió no sólo frenar la minería ilegal sino que le pidió a la Agencia Nacional Minera suspender todos los títulos mineros legales concedidos y en estudio (Lea: Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país).
Para leer el contexto e historia completa del Consejo Comunitario Renacer Negro: En Timbiquí sueñan con librarse del oro y la coca.
