Controles impuestos por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y posibles disputas con la guerrilla del Eln, que busca ampliar sus zonas de influencia, afectan a comunidades negras e indígenas del norte de ese departamento. Desde hace dos décadas, la región afronta graves problemas de seguridad.
La Defensoría del Pueblo acaba de emitir una preocupante alerta temprana, la N. 009-2020, sobre los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, en el Bajo Atrato. En ella expone los riesgos que enfrentan sus comunidades rurales y urbanas por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales que hacen presencia en esta región chocoana y la falta de una intervención estatal más integral para atender las apremiantes necesidades de sus pobladores.
De acuerdo con ese documento, conocido por VerdadAbierta.com, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría advirtió a las autoridades sobre la situación de riesgo en la que se encuentran por lo menos 48.2571 personas asentadas en la cabecera municipal de Riosucio y en territorios colectivos de las zonas ribereñas de los ríos Atrato, Truandó, Salaquí, Cacarica; y 13.189 personas de Carmen del Darién, que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Curavaradó, Jiguamiandó, Domingodó.
Los potenciales riesgos involucran a los indígenas de los pueblos Embera Dóbida, Embera Eyábida y Embera Chamí, congregados en 11 resguardos, así como a las comunidades negras de 20 consejos comunitarios de ambos municipios.
Dos escenarios adversos plantea el SAT sobre estas poblaciones: de un lado, “la actual y contundente consolidación” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), estructuradas desde mediados del 2006 y llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, que “paulatinamente ha desplegado una estrategia de presencia territorial a través de personal armado y redes de informantes en los principales centros poblados y las cabeceras municipales de ambos municipios”.
Y de otro lado, la expansión de la guerrilla del Eln hacia ambos municipios, “aunando fuerzas desde los municipios de Juradó, Bojayá y Murindó, los cuales tienen conexión directa con la subregión del Bajo Atrato por las cuencas de los ríos ya mencionados”.
Los potenciales riesgos de la región podrían materializarse, según el SAT, por cuenta de la disputa territorial entre ambas organizaciones armadas en las cuencas de los ríos Atrato, Domingodó, Jiguamiandó, Curvaradó, Truandó, Salaquí y Cacarica.
Por tal razón, la Defensoría alertó sobre un posible recrudecimiento de la violencia en la región, que se expresaría en “homicidios selectivos a los líderes indígenas, afros y campesinos […] situaciones de confinamiento, desplazamiento forzado; vinculación y reclutamiento de NNA (niños, niñas y adolescentes); restricciones a la movilidad, al abastecimiento y a sus prácticas culturales; contaminación del territorio con minas antipersonal; amenazas e intimidaciones; y afectaciones territoriales relacionadas con la contaminación y la destrucción ambiental, por la extracción ilegal de madera, siembra de cultivos ilícitos, el procesamiento de pasta de coca, y el desarrollo de minería ilegal”.
Agc empadrona indígenas
El SAT de la Defensoría del Pueblo detalla en su alerta que tanto las Agc están adoptando “estrategias mucho más rigurosas y arbitrarias de control armado”, tanto en áreas rurales y urbanas de Carmen del Darién y Riosucio, “utilizando estrategias de vigilancia urbana, con informantes en cada una de las comunidades y centros poblados, y control armado de los territorios y cuencas de ambos municipios con tropas armadas con alto potencial de confrontación”.
El documento también resalta, como factor de riesgo, el interés de las Agc de expandirse y consolidar al Bajo Atrato como una zona donde se desarrollan todos los eslabones de la cadena de producción de pasta base de cocaína, aprovechando su posición geográfica que les permite exportar droga utilizando el Mar Caribe y el Océano Pacífico”.
Para el SAT es claro que las Agc se vienen fortaleciendo y dominando cada vez más territorio chocoano, con dos aspectos particulares: “Eclaramente superior al del Eln y con características cada vez más estructurales que hacen que las comunidades estén supeditadas a su influencia y control social”. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
Una de las maneras de inserción en las comunidades reportada por el SAT “es la construcción de viviendas en las que se radican personas dedicadas exclusivamente a las labores de control y monitoreo para este grupo, y que en primera medida pasarían ina1dvertidas, dado que pueden ser confundidas fácilmente como miembros de la población civil”.
Pero los controles que aplica este grupo armado ilegal van más allá de las cabeceras urbanas. La alerta registra puestos de observación en lugares fluviales claves en la movilidad de la región: “La Nueva y Bocas de Quiparadó en el Río Truandó, la desembocadura del río Dupurdú, en el río Domingodó, en el río Salaquí y el río Cacarica”.
Adicional a ello, la Defensoría ha identificado “prácticas de empadronamiento a la población indígena, toda vez que están exigiendo copias de los censos a los cabildos, a fin de realizar controles a quien no tenga ningún arraigo en el territorio, como estrategia de identificación de posibles miembros de otros grupos armados”.
También se registra cómo se asientan y trasladan por las espesas selvas chocoanas y los afluentes: “Por lo general pernoctan en sitios cercanos a los centros poblados de las comunidades afrodescendientes e indígenas y su movilidad es través de transporte fluvial en grupos de entre 15 y 20 combatientes, aprovisionados con armas largas y uniformes privativos de la Fuerza Pública”.
Eln recluta niños y niñas
Desde 2015, cuando se fue consolidando el proceso de negociación con la extinta guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, para buscarle una salida pacífica a su alzamiento en armas, el Eln proyectó su expansión hacia aquellas zonas que irían a dejar los ‘farianos’ a través del Frente de Guerra Occidental, que, con algunas de sus estructuras llegó hasta las cuencas de los ríos Domingodó y Truandó.
“Al respecto se han conocido versiones de acuerdos con algunos miembros de las FARC-EP y el ELN para facilitar la llegada de este último a las antiguas zonas con mayor influencia de la antigua guerrilla”, asevera el SAT de la Defensoría.
Esa expansión necesitaba más hombres y mujeres en armas y por tal razón la organización insurgente diseñó una estrategia de reclutamiento rápido en la que fue evidente, según el SAT, “la vinculación al grupo armado de un gran número personas de origen indígena, muchos de ellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, reclutados ilegalmente en la zona del Baudó y posteriormente de comunidades de cuencas como el Truandó, Quiparadó, Jiguamiandó y Domingodó”. (Leer más en: La otra cara de la guerra en Chocó: el reclutamiento forzado)
En desarrollo de ese proceso de incorporación de combatientes, registra la alerta temprana, “fue evidente el ingreso de personas muy jóvenes sin la suficiente preparación militar, disciplina y con pocas capacidades de interlocución política con las comunidades y sus líderes, razones que impidieron la consolidación del discurso político orientado a justificar su presencia como una organización con una vocación política encaminada al respaldo de las comunidades”.
Esa inexperiencia de los nuevos combatientes fue asumida por las comunidades como un factor de riesgo inminente debido, según el SAT, “a las impredecibles acciones y consecuencias de las posibles determinaciones que sus miembros pudiesen tomar en contra de la población civil”.
Esa estrategia de reclutamiento adoptada por el Eln fue referenciada en el último informe del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (UN) sobre este tema, cuya valoración tomó el periodo 2016-2019. En el documento, divulgado la semana pasada, se afirma que este grupo insurgente “no había puesto en práctica medidas para mejorar la protección de los menores por el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes”.
Advertencias, sin mucho eco
Tanto El Carmen del Darién como Riosucio han sido escenarios de la guerra en las últimas dos décadas, afectando profundamente a sus habitantes, sin que el Estado haya actuado de manera integral para evitar que sean víctimas reiteradas de grupos armados ilegales.
Al respecto, el SAT recuerda en esta nueva alerta que la situación de riesgo de ambos municipios ha sido advertida de manera reiterada en los últimos 19 años, revelando “aspectos concretos que dan cuenta de las amenazas específicas a la población civil, las vulnerabilidades de la región, las escasas capacidades instituciones y las dificultades comunitarias para superar por sí mismos el fenómeno de violencia del que son víctimas”.
Por tal motivo, la Defensoría considera que “hay suficiente descripción de los elementos que configuran la persistente y estructural situación de riesgo. No obstante, el despliegue institucional no ha marcado la diferencia para la efectiva superación y la consolidación paulatina de los Derechos Humanos y el respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario”.
Tras reiterar que “es responsabilidad de las distintas esferas estatales lograr la superación de la vulnerabilidades institucionales y comunitarias de tal forma que redunde paulatinamente en la reducción de factores que propician situaciones de amenazas a los derechos humanos o infracciones al DIH”, el SAT considera que, para el caso de los municipios en riesgo, “la presencia estatal ha privilegiado en cierta medida la respuesta militar y policial como estrategia inicial de estabilización de las condiciones de seguridad”.
El tema fue reseñado en el último informe sobre Colombia de la representación en el país de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Se observó un incremento en la respuesta militar a situaciones de violencia e inseguridad”. Y citando como fuente a la Policía Nacional, aseveró que “en varios municipios de Arauca, Catatumbo, Norte del Cauca y Sur de Córdoba, se incrementó el número de homicidios, a pesar del aumento de la presencia militar”. (Leer más en: Estado colombiano enfrenta diagnósticos críticos en materia de derechos humanos)
En una amplia zona del norte de Chocó, que incluye a Riosucio y Carmen del Darién, hacen presencia a través de diversos componentes la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional. Sin embargo, asevera la Defensoría, esa fuerza no genera “una dinámica suficientemente clara de control y seguridad”.
La alerta temprana destaca que “la situación de amenaza persiste dado que la presencia eventual de la Fuerza Pública cumple temporalmente con la labor de disuasión de los actores armados, pero a su partida de los lugares donde patrullan continúan sin inconvenientes las acciones de dominio territorial de las referidas estructuras ilegales”.
Esa sumatoria de situaciones adversas para las comunidades advertidas evidencian, según el SAT, “la gravedad y continuidad de la crisis humanitaria que ha sido recurrente desde que el territorio del Bajo Atrato se convirtió en una zona de disputa territorial por parte de los distintos grupos armados, cuya dinámica de afectaciones ha impedido la consolidación de los proyectos de vida comunitarios de los pueblos indígenas y comunidades negras”.
El informe del SAT se lamenta de que “pese a la amplia descripción y llamados de atención realizados en los últimos años sobre los escenarios de riesgo y continuas amenazas a su población, el Bajo Atrato continúa siendo un escenario de desarraigo en el que no se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia física, territorial y cultural para las comunidades étnicas”, razón por la cual afirma que “se precisa una intervención estatal sostenible y que revierta la situación de emergencia, y permita el acceso a derechos mínimos que garanticen la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas”.
