Campesinos piden que gobierno acelere creación de las zonas para el desarrollo de la economía familiar, mientras los empresarios quieren más información sobre la implementación que tendrán los acuerdos de La Habana.
En el departamento de Cauca cursan trámite 12 solicitudes de creación de Zonas de Reserva Campesina, y cuatro más en Valle del Cauca. Foto: archivo Semana.
En los límites entre Cauca y Valle los campesinos aspiran que se constituyan varias Zonas de Reserva Campesina, haya o no haya acuerdo de paz en La Habana. Pese a que esta figura existe desde hace más de 20 años, y está avalada por la Ley 160 de 1994, se ha aplicado muy poco y hasta el momento sólo se han creado seis de ellas en el país.
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en el departamento de Cauca cursan trámite 12 solicitudes de creación de estas zonas, y cuatro más en Valle del Cauca. Sin embargo, su impulso ha sido frenado por el gobierno, y el hecho de que hagan parte de los acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla ha encendido temores.
En el año 2000, campesinos de Cauca consiguieron que el gobierno del expresidente Andrés Pastrana se comprometiera con el desarrollo de varias Zonas de Reserva Campesina. “Llegaron 18 buses y chivas y se tomaron la Plaza de Bolívar y se hizo un acuerdo con el gobierno para la financiación de los planes de desarrollo para los municipios de Inzá, Páez, Totoró, Caloto, Corinto, Miranda, La Vega y Patía”, recuerda Cristóbal Guamanga, líder campesino del norte de Cauca y miembro de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
Pero su consolidación se vio frustrada con el cambio de Gobierno en 2002. “Cuando llegó Uribe, dijo que no se hacía cargo de acuerdos con gobierno anteriores y que las Zonas de Reserva Campesina, y que iba a suspender las resoluciones de las seis que ya estaban creadas y legalmente constituidas”, recuerda Guamanga. Pese a ese revés, las comunidades se siguieron organizando y crearon sus propias zonas, “con legitimidad”, pero sin la resolución del Incoder, y esperan que les aprueben los estudios y el proyecto productivo que exigen la ley, para poder ser legales.
En 2008 se empezaron a tramitar las Zonas de Pradera, Florida, Tuluá, Ginebra y Guacarí, en el Valle. Las más avanzadas son las de Pradera y Tuluá. Según la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), la Zona de Reserva Campesina de Tuluá abarcaría unas 35.002 hectáreas y beneficiaría 5.500 habitantes, y la de Pradera sería de 6.541 hectáreas para 2.041 personas.
Esta última contempla tierras de origen baldío y otras en estado de posesión. El secretario de agricultura de ese municipio, Víctor Andrés Marmolejo Rengifo, le explicó a VerdadAbierta.com que se deberán legalizar muchos predios que no tienen títulos.
En este municipio lograron que sus estudios iniciales fueran incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal de 2012, pero sólo hasta la semana pasada iniciaron su ejecución debido a los trámites administrativos. Allí no hay problemas de traslapes de territorios con otras comunidades ni han tenido inconvenientes con la agroindustria de la caña, porque, como lo explica Marmolejo, ésta se desarrolla en la parte baja y los campesinos se pretenden constituir en los corregimientos de la zona media y alta.
En el norte de Cauca, en cambio, la situación es diferente. Allí hay comunidades afrodescencientes e indígenas, además de los campesinos, conviviendo en un mismo territorio. Por esa razón, el secretario de Gobierno de Cauca, Amarildo Correa, pide que ante la eventual creación de Zonas de Reserva Campesinas en el marco de los acuerdos de paz, se realicen con una planificación seria para evitar problemas entre las comunidades, como el que se presentó en la finca San Rafael, que fue le fue entregada a los indígenas Nasa pese a estar dentro del territorio de un consejo comunitario. (Ver: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron)
¿Pero cuáles son los intereses de los campesinos para conformar dichas zonas? Para Víctor Collazos, líder campesino vinculado al Comité de Integración del Macizo Colombiano, que actúa en el centro y sur de Cauca, estas zonas deben ser “agroalimentarias o agroambientales, porque deben ser territorios para sembrar alimentos, cuidar el medio ambiente, para que crezca el paisanaje y la convivencia entre las comunidades”. El líder de Valle del Cauca coincide con Collazos y señala que tienen cinco propósitos: “proteger la cultura campesina, promover la economía campesina, cuidar el medio ambiente, evitar la fragmentación improductiva de la propiedad y lograr un ordenamiento social de la propiedad”.
Retos e incertidumbres
En el primer punto de la agenda de negociación entre el gobierno y las Farc, se establece que se impulsará la creación de Zonas de Reserva Campesina. Foto: archivo Semana.
Los líderes consultados por VerdadAbierta.com reconocen la importancia de buscarle una salida pacífica al conflicto armado y destacan la importancia que ha tenido el tema agrario en la agenda de negociación, pero tienen múltiples inquietudes porque este modelo de organización territorial quedó anclado a lo que se defina en Cuba.
Según Cristóbal Guamanga, de Fensuagro, el gobierno le metió freno a la adjudicación de nuevas Zonas de Reserva Campesina. “Dice que esperemos a que se culmine lo de Cuba y nos tienen en el congelador. Exigimos que la ley 160 se cumpla: si yo estoy cumpliendo la ley, el gobierno tiene que cumplirla también”, cuestiona.
“Que no nos predeterminen en dónde, con quién y para quién se van a construir desde La Habana, sino que se reconozcan los ejercicios de territorialidad que venimos construyendo; que se reconozca y que impulsen los ejercicios que se vienen haciendo”, sostiene Víctor Collazos de Cima.
Las Zonas de Reserva Campesina han despertado grandes dudas entre los algunos empresarios del campo. Francisco Lourido, exgobernador de Valle del Cauca y actual presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de ese departamento, le dijo a VerdadAbierta.com que los miembros de este sector ven con gran preocupación lo que se está negociando con las Farc en esta materia, y tienen temor de que esos territorios se conviertan en “repúblicas independientes”.
“Si son zonas en donde en realidad puedan titularizarse o entregarse áreas importantes para el trabajo en el campo, no le vemos problema. Lo que sí no vemos con buenos ojos es que se vuelvan guetos o unidades donde el Estado no pueda intervenir y la Fuerza Pública no pueda entrar. Eso sería fragmentar la unidad nacional y el desarrollo agropecuario en zonas que van a ser aparte del resto del Estado”, aclara.
Pese a que en las 22 páginas que componen el borrador del punto agrario no se hace ninguna alusión sobre concesiones de tierras a la guerrilla, Lourido afirma que la versión sobre la entrega de bastas tierras a la subversión se ha “rumorado en muchos sitios y se ha hablado de ello en muchos foros”, y a ello se suma la relación histórica que ha tenido la guerrilla con la población civil en apartadas regiones del país: “Somos conscientes de que hay muchas zonas que han venido siendo pobladas por la guerrilla. Sin haberles dado el nombre, son unas zonas de reserva campesina o de reserva de las Farc: lo que queremos es institucionalidad”, enfatiza.
Este es quizás uno de los mayores retos que tiene que sortear el proceso de paz para su eventual implementación: informar adecuadamente sobre sus alcances y repercusiones. “El manejo de una negociación como esta es muy difícil, pero darle claridad a la opinión pública debe ser una tarea no sólo del Estado sino también de las Farc. Ambos nos dejan sin claridad de lo que está pasando o va a pasar. De los dos se requiere información cierta, pero muchas veces es confusa y lo enredan a uno”, reconoce el exgobernador.
Luis Alberto Villegas, director de VallenPaz, una organización no gubernamental que promueve el desarrollo de la economía campesina y ha impulsado proyectos para más de 13 mil familias en zonas de conflicto armado en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, coincide en que se debe hacer amplia pedagogía sobre esta espinosa materia. “Hay que poner el tema en los debates abiertos de la sociedad civil, del sector empresarial y del sector público, para poder hablar con claridad sobre lo que son las Zonas de Reserva Campesina. Si se hace entender que la ley (160) que hace el marco jurídico de estas Zonas data de mucho tiempo atrás y que éstas son un medio y no un fin, con eso, la discusión se puede generar de manera más constructiva”, plantea.
Villegas recalca que ante la estigmatización que tiene esta figura territorial en amplios sectores de la opinión pública, se debe aclarar que ésta es un medio para lograr bienestar en el campo y no un fin que buscan unos contendientes. “Lo que se debe tener claro, con respecto a las Zonas de Reserva Campesina, es que mientras se respeten los derechos de las personas, mientras la comunidades rurales puedan acceder a los servicios del siglo XXI y a la satisfacción de sus necesidades, el esquema va a ser importante, pero no va a ser el objetivo: se debe tener claro que son un medio para lograr desarrollar las comunidades rurales que están tan olvidadas”.
