Esta comunidad intentó ser desalojada en septiembre pasado por un grupo de ganaderos quienes aún no aclaran su tenencia de la tierra.
La intención de un grupo de ganaderos de desalojar a varias familias afro y campesinas del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó quedó frenada. El pasado 22 de octubre, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó proteger a quienes reclaman las tierras que abandonaron por la violencia y cuyo territorio es explotado por empresarios (Lea: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó).
En la decisión, el juez Mario José Lozano Madrid les dio la razón a la Unidad de Restitución y la Defensoría del Pueblo que desde de septiembre solicitaron una medida de protección después de que 39 familias de la comunidad La Madre casi son desalojadas por una acción de tutela presentada por quienes hoy se consideran sus propietarios.
La Madre hace parte de las 39 comunidades que viven entre los municipios de Riosucio (Chocó) y Antioquia (Turbo) y que tras la violencia de finales de los años noventa provocada por paramilitares del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) abandonaron sus terruños y solo retornaron en diciembre de 2013, cuando pensaron que podían vivir tranquilos.
Aunque el 30 de septiembre el juez Lozano Madrid suspendió la orden de desalojo, estaba pendiente que quedara en firme una medida cautelar que no solo parara con los desalojos sino que hiciera seguimiento a la situación de la comunidad. En su reciente fallo, ordenó a los juzgados Primero Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Riosucio enviarle copia de las tutelas que en primera y segunda instancia intentaron expulsar a la comunidad.
Además, el juez le solicitó al Alcalde de Riosucio rendir un informe de las acciones tomadas frente al caso de La Madre y a la Procuraduría Delegada de Tierras cumplir con sus funciones, de lo contrario serán sancionados.
Como ocurre en el 80 por ciento de las 107 mil hectáreas que componen el consejo comunitario, la comunidad de La Madre encontró que sus tierras habían sido acumuladas por ganaderos que las ocuparon con búfalos. Según los investigadores de la Dirección de Asuntos Étnicos que documentan el caso, los foráneos disecaron las ciénagas y en los pocos espacios donde hay agua les prohibieron la pesca a los habitantes. Los intentos de desalojo se dieron sobre dos predios que la comunidad La Madre reclama como propios.
La Unidad de Tierra asegura que el caso de la Larga-Tumaradó está siendo documentado por un equipo de 17 profesionales apoyado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) para presentar la demanda de restitución a principios del próximo año.
Hasta el momento en Colombia, los jueces especializados en restitución han protegido con medidas cautelares a cinco comunidades étnicas que reclaman el respeto de sus territorios y que suman 141 mil hectáreas. En ellas están los Consejos Comunitarios del Bajo y Alto Mira y Frontera en el municipio de Tumaco, en Nariño; el Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, Cauca, y los indígenas kanalitojos de Puerto Carreño, en Vichada. Con esta misma medida fue protegida la comunidad emberá del Alto Andágueda, que ya fue restituida.
