Los recientes asesinatos de dos campesinos en esta zona del Bajo Atrato chocoano, la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de la guerrilla del Eln, así como la ausencia del Estado, aumentan el temor de los pobladores de este consejo comunitario desalojados de sus predios hace más de 17 años. Luego de comenzar una nueva fase del proceso judicial de restitución de tierras, exigen garantías de seguridad para continuar liderando el proceso.
Después de tres años en etapa administrativa, el Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó logró que la URT radicara la demanda por restitución de su territorio colectivo, sin embargo sus habitantes temen que aumenten las amenazas pues el avance de grupos armados ilegales que se oponen a la restitución, y la presión de grandes empresarios de la región crece cada día. Foto: archivo Semana.Desde el pasado 1 de diciembre está en manos del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó la demanda que radicó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el proceso de reclamación de los derechos territoriales del consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (Cocolatu). Con ello, se abre una nueva esperanza para las cerca de cinco mil personas que habitan esta golpeada región del Bajo Atrato chocoano, pero también los temores de que se incremente la violencia.
Pablo Antonio López, representante legal de Cocolatu, aseguró que más allá de buscar la restitución, esperan que el gobierno nacional repare los daños causados por los empresarios que ocuparon los predios al parecer de manera irregular: “Hay áreas deforestadas, impactadas por la expansión ganadera. La fauna y flora necesitan ser reparadas y dentro de la demanda buscamos que esos daños ambientales y de vivienda se puedan reparar en el momento que el juez tome la decisión de fallar a favor del colectivo. Aspiramos que pueda emitir un concepto favorable para todas las comunidades del consejo”.
Pese a que la demanda debió ser radicada antes del 1 de junio de este año, según lo había ordenado el Juez Primero Civil del Circuito Especializado de Quibdó, en la URT territorial Urabá aseguraron que debido a la complejidad del caso y a la situación de orden público muchas visitas de los funcionarios al terreno no pudieron ser realizadas a tiempo. (Leer más en: Proceso de restitución enreda a funcionario en el Urabá antioqueño)
La demanda pretende que sean restituidas cerca de 107 mil hectáreas, habitadas por alrededor de cinco mil personas pertenecientes a esta comunidad afrodescendiente desplazadas y despojadas de sus tierras entre los años 1996 y 2000. Actualmente, un 90 por ciento del área productiva reclamada por Cocolatu está en poder de nueve empresarios, quienes, según expuso Juan Pablo Guerrero, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), se habrían apropiado de ellas apelando al desplazamiento forzado, la amenaza directa y los homicidios selectivos. (Leer más en: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)
“Encontramos tres factores de riesgo que obstaculizan la restitución: primero, la convivencia entre la institucionalidad, empresarios y grupos ilegales; segundo, la presencia y control territorial y poblacional por parte de grupos paramilitares; y tercero, la estigmatización de los reclamantes por parte de sectores gremiales y de la alta política”, declaró Guerrero. (Leer más en: Las afirmaciones de María Fernanda Cabal le valen demandas y rechazos de ONG)
En contexto
A mediados de los años 90 miles de familias fueron desplazadas del territorio colectivo por parte de grupos paramilitares, de las cuales muchas han retornado sin apoyo estatal. Foto: Juan Diego Restrepo E. El proceso de restitución impulsado por Cocolatu es un ejemplo de la complejidad del fenómeno de despojo en el país. Finalizando los años noventa, paramilitares bajo el mando de Raúl Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’, y de Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, llegaron al territorio de la Larga-Tumaradó con el fin de cortar los corredores de movilidad de la guerrilla de las Farc.
Los combates y las constantes violaciones a los derechos humanos hicieron que miles de familias de las comunidades negras y campesinas se desplazaran dejando sus terrenos a merced de los paramilitares, situación que fue aprovechada por varios empresarios que adquirieron grandes extensiones de tierra del consejo, en muchos casos a través de testaferros y violencia, para adelantar allí proyectos agroindustriales. (Leer más en: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)
Finalizando el 2013, y ante la ausencia del Estado, cientos de familias comenzaron lo que denominaron “retornos sin acompañamiento estatal”, instalándose en los terrenos que, según ellas, les pertenecían, lo que ocasionó conflictos con los poseedores de los predios, quienes acudieron a las vías policivas alegando que sus tierras estaban siendo invadidas, razón por la cual se ordenaron desalojos en los cuales participó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía, lo que generó graves enfrentamientos.
Ante las sendas denuncias instauradas por los reclamantes afectados de la Larga-Tumaradó, los desalojos fueron frenados gracias a las medidas cautelares ordenadas en el Auto Interlocutorio 181 del 12 de diciembre de 2014, emitido por el Juez Primero del Circuito Especializado de Tierras de Quibdó. (Leer más en: Juez ordena proteger a comunidad La Madre, de la Larga-Tumaradó, en Chocó)
Finalmente, el proceso de restitución arrancó mediante la Resolución RZE-0052 del 10 de septiembre de 2014 que ordenó inscribir a Cocolatu en el registro de tierras despojadas y abandonadas. Pero lo que vendría después no auguraba un proceso expedito. Surgieron diversos inconvenientes, entre ellos, la ausencia de una delimitación clara del territorio colectivo por parte del catastro al no resolverse una disputa administrativa entre Antioquia y Chocó por el corregimiento Belén de Bajirá; la titulación colectiva por parte del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) en el año 2000 a sabiendas de que parte del territorio estaba declarado como zona de reserva forestal y sin tener en cuenta la presencia de otros campesinos que habitaban allí desde mucho antes de su demarcación.
A todo ello se le suma la existencia del contrato de concesión minera GLL-15R, inscrito en el catastro y registro minero nacional el 8 de mayo de 2013, a favor de la multinacional Anglogold Ashanti, en un área de 785 hectáreas reclamada por Cocolatu. Los miembros del consejo le solicitaron a la URT que en la demanda exigiera la cancelación del título, pero en ésta sólo quedó la suspensión temporal mientras se aclara la situación jurídica del área en litigio. (Leer más en: Título minero enreda restitución en consejo comunitario La Larga-Tumaradó)
Ante la complejidad del panorama, la comunidad ha sido enfática en asegurar que el inicio de la nueva etapa del proceso abrirá viejas rencillas y nuevos conflictos con los actuales ocupantes, por lo cual manifiestan que la seguridad en la zona no brinda las garantías para ejercer su legítima defensa al derecho y acceso a la tierra.
Comunidad en riesgo
El Consejo Comunitario La Larga-Tumaradó es uno de los casos más complejos de restitución, pues en su interior familias campesinas lo habitaban antes de que fuera catalogado como colectivo por el Incora en el 2000. También un título minero otorgado sin consulta previa a la Anglogold Ashanti complica más la situación. Foto: archivo Semana. La situación de seguridad de los líderes reclamantes de tierras de Cocolatu y de toda la región del Bajo Atrato chocoano es crítica. En lo que va corrido de este año han sido asesinados cuatro líderes de procesos de restitución y las amenazas contra la población se han vuelto más habituales, hechos que a juicio de los habitantes de Cocolatu es un indicio de que la violencia se vuelva a disparar en la etapa judicial del proceso de reclamación.
“La preocupación de nosotros es que a través del proceso judicial que se va a adelantar pueda haber represión hacia los líderes y comunidades, por algunos testimonios y algunas acusaciones que hay en contra de algunos despojadores de tierra. Por eso, de parte del consejo, queremos que de parte de las instituciones del gobierno se pueda blindar el proceso y pueda acompañar de una manera directa la etapa judicial y que esa etapa pueda prosperar”, aseguró López.
La inquietud no es para menos. En lo que va corrido de este año han sido asesinados Porfirio Jaramillo Bogallo, el 29 de enero; Jesús Alberto Sánchez Correa, el 19 de agosto; Mario Manuel Castaño Bravo, el 26 de noviembre; y el más reciente, Hernán Bedoya el pasado 8 de diciembre. Cuatro víctimas que tenían en común su liderazgo en los procesos de restitución y que hacen parte de una lista que asciende a los 20 casos en los últimos 6 años, de acuerdo con Gerardo Vega, presidente de la Fundación Forjando Futuros. (Leer más en: Reclamantes de tierra del Bajo Atrato, bajo fuego, pero ¿de quién?)
“Todo el Urabá ha sido uno de los sitios donde mayor oposición ha habido contra la restitución, donde lo han hecho de manera ilegal, donde han armado gente, bandas criminales, paramilitares, donde hay una oposición pública, donde han conformado asociaciones de opositores, donde han estado congresistas que se oponen a esa restitución, donde hay financiación de grupos paramilitares, eso ha alentado que se organicen contra la ley que favorece a las víctimas”, detalló Vega.
Cada asesinato es un golpe que resquebraja a la comunidad pues, como aseguró un poblador de la región, quien pidió la reserva de su nombre, cada muerto ha puesto a tambalear el proceso, más en la nueva etapa, cuando se van a develar varias verdades: “Después de que el juez admita la demanda comienzan todos los opositores en la etapa judicial a conocer qué hemos construido nosotros, qué hemos argumentado, y qué queremos alcanzar en un posible fallo de restitución. Ellos van a conocer de qué los estamos acusando, de todos los despojos, conflictos, de la presión que hemos vivido, entonces nos pone a pensar muchas cosas”.
¿Y el Estado?
La situación de seguridad es muy complicada para los habitantes del Consejo, pues varias organizaciones y entidades públicas temen que con el avance del Eln y la expansión de las Agc, la comunidad quede en el fuego cruzado una vez más. Foto: archivo Semana. Según el sacerdote Alberto Franco, director de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades de Bajo Atrato, el problema de inseguridad que viven los reclamantes de esta región se debe a que el Estado no ha tenido la voluntad política para buscar a los verdaderos causantes de las tragedias como la del asesinato de Castaño Bravo, pues asegura que la cuestión se centra en el poder de los empresarios que están en contra de la restitución.
“El miedo que tenemos es que se genere una parálisis y así logren su objetivo los despojadores. Pero el miedo grande es que el Estado les haga el juego, si el Estado quiere actuar en derecho es el momento de hacerlo. Hay una serie de empresarios que parecen intocables, cuando se toquen va a reducir el riesgo de las comunidades”, aseguró Franco.
El otro grave problema es que, con el silenciamiento de los fusiles de las Farc, los demás grupos armados ilegales que mantenían presencia focalizada en algunas áreas se están expandiendo en la región a través de una estrategia que Franco denomina como de “puntos”, que consiste en individuos armados que se infiltran en las comunidades y que informan sobre todos los movimientos de los pobladores.
“Es la persona que está en Brisas que sabe quién se mueve, quién viene y quién va. Siempre han estado, pero ahora están extendiéndose. Uno sabía que había varios sitios donde estaban los ‘paras’, sólo que ahora es más visible, más estratega, con un copamiento más fuerte, es un tema de control, porque si tú estás en una región y sabes que hay un punto entonces estás controlado, y de ahí viene el lío de las comunidades, cómo quieren que hablen en la región, y cómo quieren que vayan a Medellín”, detalló Franco.
Esa situación que ha generado una fuerte desconfianza entre la comunidad y de ésta hacia las entidades estatales, pues la sensación de inseguridad en el territorio es muy alta. “Es complicado porque a las fuerzas del Estado mucha gente no les tiene credibilidad, porque las cosas se filtran mucho y se sabe, entonces es conveniente no dar ninguna declaración a ningún ente investigador en el Urabá, y tampoco poner una denuncia en la Policía o el Ejército”, aseguró una fuente de la región que pidió la reserva de su nombre.
Gran parte de la población no confía en la fuerza pública, ni en las entidades investigativas del Estado, porque aseguran la información se filtra con mucha facilidad, lo que ha generado un divorcio entre la institucionalidad y la ciudadanía. Foto: archivo Semana. En diálogo con este portal, un investigador que conoce la región, aseguró que a la par de esa expansión de los “puntos” se vive un proceso de reclutamiento de miembros de la comunidad por parte de los grupos ilegales donde les han inculcado un ideal en defensa de las comunidades y sus derechos: “Es una situación muy compleja que uno no sabe ni en quién confiar. Ellos dicen que todo reclamante de tierras que se meta con ellos, que se atreva a denunciarlos a ellos es hombre muerto, y que ellos están acostumbrados a asesinar, pero quienes dan los mensajes es gente de la comunidad”.
La dramática realidad del Bajo Atrato chocoano desbordó la orden dada a través del Auto Interlocutorio 181 del 12 de diciembre de 2014, emitido por el Juez Primero del Circuito Especializado de Tierras de Quibdó, quien dictó cautelares para proteger a esta población: “Ordenar a la Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Defensa, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y al Ministerio del Interior, garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y mínimo vital (ayuda humanitaria y seguridad alimentaria) de la población que manifiesta haber retornado sin acompañamiento del Estado”.
A la fecha, según los testimonios de los pobladores, la situación es desesperante, los atropellos continúan y la institucionalidad poco y nada hace. El panorama se torna más complejo si se tiene en cuenta que el Frente Cimarrón del Frente Occidental de Guerra del Eln, avanza por la cuenca del río Atrato, lo que puede generar nuevas confrontaciones con las Agc, que tiene un amplio dominio en la región. (Leer más en: Las ‘grietas’ del Andén Pacífico rumbo al posconflicto)
Según un informe de riesgo de inminencia emitido por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en marzo de este año, los enfrentamientos entre ambos grupos se han hecho comunes dentro de los diferentes territorios colectivos de Riosucio, Chocó, donde la siembra de artefacto explosivos como las minas antipersona afectan directamente a los habitantes de esa zona, ocasionando el desplazamiento forzado de más de 4 mil personas. Lo que apunta a que se vuelva a repetir lo sucedido en las viejas épocas de confrontación con la guerrilla de las Farc. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
Por ahora, la comunidad está a la espera de que el juez le dé trámite a la demanda instaurada por la URT el pasado 1 de diciembre, cuyo es, sin duda, uno de los más complejos por los intereses particulares que hay en juego y por los poderes que hay detrás, razones por la cuales la decisión judicial podría marcar un hito en la restitución de tierras en el país.
