Conocida como PDET, esa iniciativa hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz y se concibió para atender de manera rápida 170 municipios golpeados por la guerra; 12 de ellos fueron priorizados en este departamento. Las comunidades esperan mayor agilidad en la ejecución de los proyectos.
Ante la crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó por cuenta de la dura confrontación armada entre grupos armados ilegales y los reclamos de las comunidades afro e indígenas para que el Estado intervenga de manera integral, varios funcionarios reaccionaron y enviaron un mensaje unificado en torno a cómo está interviniendo el gobierno nacional en esta región del país y destacaron, entre sus estrategias, los avances de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La difusión de ese mensaje se intensificó en los primeros días de este año tras conocerse las graves denuncias de la comunidad del municipio de Bojayá sobre la presencia de un contingente de hombres armados, al parecer de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’ en varias de sus zonas rurales, afectando la vida cotidiana de sus pobladores y generando extremo riesgo.
Esa alerta no es nueva; es el eco de una crítica situación que padecen desde hace varios años las comunidades afro, indígenas y campesinas de las regiones del Medio y Bajo Atrato, en el centro y norte del departamento chocoano; así como aquellas que viven a las orillas del río San Juan, en el sur; y otro tanto más en el occidente, en límites con la vecina república de Panamá.
En el escenario de guerra regional que padecen los chocoanos se enfrentan dos ejércitos irregulares: de un lado la guerrilla del Eln; y del otro, las Agc. Ambos pugnan por dominar territorios estratégicos para obtener rentas ilícitas derivadas del tráfico de clorhidrato de cocaína, la extracción de oro y la explotación maderera.
Diversas fuentes consultadas han denunciado, además, que sectores de las Fuerzas Armadas acantonadas en este departamento, el tercer actor armado en esa contienda, actúa a favor de ‘los gaitanistas’. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
El líder más representativo de Bojayá, Leyner Palacios, sobre quien pesan graves amenazas de muerte, también se lo hizo saber al presidente de la República mediante una carta entregada ayer durante una reunión en la Casa de Nariño: “Se requiere hacer una investigación exhaustiva a las diferentes expresiones de la Fuerza Pública para identificar los patrones de connivencia con el paramilitarismo y que se actúe en consecuencia con la ley. Solicitamos que esta tarea sea adelantada por la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”.
La situación irregular está siendo valorada por altos mandos militares. Un día antes de ese encuentro, el Comando de la Séptima División del Ejército ya había ordenado “la realización de pruebas de confianza y confiabilidad institucional de las tropas desplegadas en esa región del país”.
Las afectaciones a la población civil, que incluyen homicidios selectivos, secuestros, desapariciones, desplazamientos masivos, reclutamientos forzados, confinamientos y siembra de minas antipersonal, entre otros, son reportadas de manera insistente por entidades como la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema de Alertas Tempranas, la Procuraduría General de la Nación, las organizaciones sociales y voceros de la Iglesia Católica. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
Ante esos impactos y el reclamo de las comunidades, funcionarios como el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, han respondido que la actual administración, liderada por el presidente Iván Duque (2018-2022), hace presencia en diversas regiones de Chocó de tiempo atrás y que una de las maneras es impulsando los PDET.
El mensaje de Ceballos es reforzado por Emilio José Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, quien tiene bajo su responsabilidad liderar la ejecución de los PDET en los municipios priorizados. En sus intervenciones públicas reitera que desde que el presidente Duque asumió las riendas del país, el 7 de agosto de 2018, se han destinado más de dos billones de pesos para financiar los distintos proyectos en todo el país.
Los PDET hacen parte de la Reforma Rural Integral consignada en el Punto 1 del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc. En el documento, rubricado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, se estableció que el objetivo de este instrumento de intervención territorial es “lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad”.
Las propuestas jalonadas por los PDET deben estar asociadas a alguno de los ocho pilares que los componen, a saber: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; reactivación económica y producción agropecuaria; educación rural; vivienda, agua potable y saneamiento; derecho a la alimentación; reconciliación, convivencia y paz; infraestructura y adecuación de tierras; y salud rural.
Para lograr un impacto rápido se priorizaron 170 municipios en 16 regiones del país aplicando cuatro criterios: los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; el grado de afectación derivado del conflicto; la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas.
Bajo esos criterios, de los 30 municipios que tiene Chocó, se seleccionaron 12: Acandí, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Riosucio, Sipí y Unguía. Y se le sumaron Murindó y Vigía del Fuerte, que hacen parte del departamento de Antioquia, pero que están en la ribera del río Atrato y se integran a la dinámica chocoana.
Y justo esa escogencia es la que algunos conocedores del departamento cuestionan porque consideran que fue arbitraria y no responde de manera integral a las necesidades históricas de unas poblaciones golpeadas con dureza por la guerra, la pobreza y la exclusión.
Varias de las personas consultadas para este reportaje se abstuvieron de dar sus nombres y el de las organizaciones y comunidades que representan por razones de seguridad y ante la crítica situación de orden público que se vive en este departamento.
Selección arbitraria
Si bien el Acuerdo de Paz contempló cuatro criterios específicos, lo cierto es que pocos saben en Chocó cómo se seleccionaron esos doce municipios para desarrollarse en ellos los PDET. A juicio de un experto en desarrollo, quien accedió a hablar a cambio de su anonimato, en esa priorización “se cometieron errores garrafales, tan estructurales, que dañarían la posibilidad de que sean algo eficiente y efectivo”.
Con base en su conocimiento del departamento, se pregunta este experto por qué se dejó de lado un municipio como Juradó, en el Pacífico chocoano, donde hubo grandes afectaciones ocasionadas por las Farc a finales de la década del noventa y comienzos de la del dos mil, de donde se llegó a desplazar del 70 por ciento de sus pobladores, y que hoy está agobiada por el narcotráfico.
También cuestiona por qué no fueron contemplados en el PDET municipios como Bagadó y Alto Baudó, donde surgieron en el pasado grupos guerrilleros afines al Eln: “Lo que yo veo es que los municipios PDET en Chocó están localizados para controlar corredores, no para atender víctimas”.
Y es que buena parte de las poblaciones que ahora son beneficiadas con proyectos que se derivan de los PDET están en zonas sobre las cuales tanto ‘elenos’ como ‘gaitanistas’ se disputan a sangre y fuego porque son estratégicas para sus intereses económicos, circunstancia que se radicalizó con la salida de la región de varios frentes de las Farc que decidieron acogerse al Acuerdo de Paz.
Pero la exclusión que más inquieta al experto consultado es la del municipio de Quibdó, capital de Chocó, que abriga a unos 115 mil habitantes, cientos de ellos llegados allí en condición de desplazados forzados de distintos lugares del departamento.
“Quibdó es un municipio que recepciona las víctimas de los 29 municipios restantes del Chocó. Y si se parte de la premisa de que se va a reconstruir el tejido social y que la relación campo-ciudad no se ha perdido, ni se va a perder culturalmente, ¿cómo resarcen el tejido social si atienden al que expulsa a la víctima, pero no al que la recibe?”, se pregunta.
A su juicio, se deben atender tanto el que expulsa como el que recibe, pues es la única forma de recomponer el tejido social, mantener la relación campo-ciudad en términos productivos y de servicios, y de recuperar la confianza de la gente para que retorne a sus lugares de origen.
“Pero, ¿qué pasa? Que este tipo de programas se formulan desde un escritorio en Bogotá, con unos lineamientos que sólo son para cumplir indicadores y estándares desde afuera, pero no surgen de la base, de lo que la gente quiere y necesita”, apunta, y resalta que “hacer pequeñas obras en los municipios no es garantía para que la gente vuelva, la garantía la da el hecho de que se pueda recomponer el tejido social y si Quibdó no está incluido va a ser muy difícil que el PDET sea eficiente y efectivo”.
Proyectos, en cifras
La formulación de los PDET se desarrolló de acuerdo con una metodología que adoptó la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y que consistió en convocar a las comunidades a participar en varias jornadas de trabajo. Para el caso de Chocó, esta tarea comenzó en diciembre de 2017 y concluyó el 19 de septiembre de 2018, cuando se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), que contempla inversiones por 1,7 billones de pesos en los próximos diez años.
Según detalla ese documento, en su discusión y formulación participaron 1.275 personas de los 14 municipios y dadas las características de las comunidades, en las que priman indígenas y afros, se realizaron 33 asambleas étnicas y analizaron decenas de iniciativas. (Ver documento)
De acuerdo con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, tras concluir este proceso de trabajo de cerca de nueve meses, se suscribieron 14 pactos étnicos y 14 pactos municipales, priorizando 2.027 iniciativas, de las cuales 1.954 tienen impacto municipal y 73 subregional.
De contar con los recursos que se necesitan para implementar todas las iniciativas, quienes formularon el PART se trazaron la meta de hacer de Chocó, en una década, “un territorio, reconocido como un espacio de vida basado en las prácticas y saberes ancestrales y por la recuperación y potenciación de los sistemas productivos y de conectividad, además, con la infraestructura necesaria y adecuada”.
Lo anterior, se lee en el documento, “será producto de una apuesta de desarrollo social, político y económico competitivo, en armonía con el patrimonio natural y cultural, en donde se garantice la autonomía, soberanía y gobernanza territoriales, con enfoque diferencial étnico, de género y generacional. En la subregión PDET Chocó se habrán restaurado sus ecosistemas y su tejido social, constituyéndose para el país en un espacio emblemático de reconciliación. reparación, convivencia y paz territorial, en donde se garantiza el buen vivir y el goce efectivo de los derechos”.
Hasta el momento, según cifras de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, se han destinado 57.699 millones de pesos para financiar 167 proyectos, lo que equivale a un 3,3 por ciento de las inversiones estimadas en el PART hasta el 2028.
Si no se aceleran los procesos y se destinan dineros suficientes, es muy probable que al final del plazo no se invierta ni el 50 por ciento de lo estimado en las iniciativas propuestas por las comunidades. A ello se suma una advertencia de ART: esos recursos dependen de “la disponibilidad presupuestal, del marco fiscal del sector público nacional y territorial y la oferta del sector privado”.
Ante una consulta de este portal sobre el tema, la ART destacó que desde esta agencia “se viene realizando la gestión con los diferentes entes a nivel nacional, territorial y del sector público y privado con el fin de identificar los recursos para la implementación de los proyectos PDET. Esta gestión, progresivamente apalancará las inversiones requeridas, teniendo en cuenta que la implementación tiene un horizonte de largo plazo (10 años)”.
“Impidieron una E”
Otro de los cuestionamientos de quienes participaron en la formulación y estructuración de los PDET en Chocó apuntan a la camisa de fuerza que les impusieron con los ocho pilares que conforman este programa. “Metodológicamente el ejercicio lo trazaron en Bogotá y lo sacaron a la fuerza. Esos ocho pilares no son malos, pero tampoco son la panacea”, apunta el experto consultado.
Desde su experiencia, que comparten otros conocedores de este departamento, entre ellos algunos líderes indígenas y afros, “la perspectiva étnica no se ve en esos pilares; ni la cosmovisión, ni el enfoque de etnodesarrollo como tal. Esos pilares vienen en una perspectiva más productivista, más desarrollista, más de crecimiento económico, más no de desarrollo humano”.
Una queja más es que no hubo la posibilidad de crear pilares nuevos, con enfoque étnico, las iniciativas se debían inscribir en los ocho establecidos previamente para todo el país. En ese sentido, algunos participantes en la formulación de los PDET consideran, junto con el experto, que esas barreras no le dejaban espacio a lo primordial, estratégico y prioritario para Chocó.
De hecho, también les impidieron que se resignificara la sigla. Algunos voceros de las comunidades sugirieron que se llamada PDETE (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Étnico), pero dicen que quienes dirigían las actividades de formulación de iniciativas no dejaron poner esa E al final porque no estaba en las normas que regulaban este programa.
“Montan una metodología desde lo nacional y contratan un operador desde lo nacional que, a su vez, contrata un operador en lo regional y les saca a tiempo lo que ellos quieren y punto. La construcción no es desde abajo, con los tiempos, con los ritmos, con las visiones, con los contenidos, con los enfoques de las comunidades; no, es como ellos digan, de arriba hacia abajo”, se lamenta el experto consultado, quien agrega que en la asignación de recursos también faltó la voz de las comunidades: “Eso también lo hicieron operadores nacionales”.
Choque de modelos
Otro de los funcionarios de la Presidencia de la República que hizo referencia al programa de desarrollo con enfoque territorial fue Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Al referirse a los graves problemas que estaba padeciendo Bojayá por cuenta de la confrontación armada, escribió en su cuenta personal de Twitter que se requería “acelerar PDET y fortalecer la llegada del Estado con institucionalidad y servicios sociales a esas mismas comunidades”.
Pero hay quienes opinan que los PDET, tal como fueron concebidos, no son un instrumento que garantice la seguridad y la convivencia pacífica en el territorio chocoano. A juicio del experto consultado, ese programa “no es suficiente para atacar los problemas estructurales de Chocó, que está sumido en unas trampas de pobreza de las que no va a salir a través de los PDET”.
El problema de fondo planteado por este conocedor del departamento es que en Bogotá no se ha entendido que el modelo económico tiene que funcionar de manera diferente en Chocó, donde se tienen materias primas y para transformarlas se requiere generar energía: “Hay condiciones para generar energía eólica, maremotriz, hidráulica, solar, pero las políticas nacionales no lo permiten eso y tampoco hay recursos para eso”.
Agrega que a pesar de que este departamento tiene salidas a dos océanos, no hay recursos para para construir puertos: “Somos geoestratégicos, pero no hay recursos para carreteras; somos una despensa de la que el resto del país saca y saca, y no le importa quiénes vivamos aquí. Insisto, los PDET son insuficientes porque no son estratégicos, su alcance es mínimo, basado en microproyectos”.
Las comunidades afro e indígenas son conscientes de que habitan una región valorada no sólo por su biodiversidad, única en el mundo, sino por su posición estratégica que ha sido utilizada por criminales desde décadas atrás para fortalecer sus economías ilícitas y por intereses económicos ligados al extractivismo y a la agroindustria. “Somos un corredor desde que nacimos, desde que aparecimos en el mapa, y por eso se lo pelean todos”, asegura la fuente consultada.
En esa disputa, afros, indígenas y campesinos están en el medio y no les queda más opción que desplazarse de sus territorios para proteger sus vidas o confinarse en áreas muy pequeñas. De acuerdo con cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y septiembre del año pasado, por lo menos 18.504 personas fueron afectadas por ese flagelo.
“La estrategia es que abandonen la tierra. No puede olvidarse que los negros tienen 3.2 millones de hectáreas tituladas y los indígenas otras 1,9 millones de hectáreas. Quieren que dejen sola la región más diversa del mundo; quieren romper con nuestra esencia al pretender que pensemos de otra manera, cuando nuestros ancestros permitieron que existan estas ecorregiones”.
En su carta al presidente Duque, el líder Palacios insistió en ese tema tras advertir que los intereses sobre tierras chocoanas están más allá del narcotráfico y se asocian “a la implantación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura”.
A su juicio, “la solución a esta inestabilidad humanitaria, social y económica requiere partir de la autonomía sobre el uso y control del territorio por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos de la región”.
¿Diálogo regional?
“¿Qué es lo que quiere la gente en estas tierras? Que los grupos armados pasen por ellas, pero que no nos maten, que no se lleven a nuestros hijos, que no nos contaminen”, explica con vehemencia este experto. “Nosotros tenemos otra visión del mundo, no nos interesa lo que ellos hacen, queremos vivir de lo que hemos vivido siempre: de pescar, de recoger frutos, de sembrar plátanos, de mirar el panorama, de bailar, de cantar, de reír. Pero como el territorio es valioso, vienen desde afuera y descomponen todo”.
Y para concretar ese deseo de la gente, ¿qué se requiere? El experto lanza una propuesta: “Lo estratégico para nosotros es que nos dejen hablar con esos señores (grupos armados) y decirles que se corran para otro lado, que nos dejen estar tranquilos, que no se metan al pueblo, que no se me lleven a los niños. Y te aseguro que no habría esa incertidumbre en Chocó. Pero la ley no lo permite, nadie lo puede hacer. Necesitamos una solución política”.
En ese sentido se expresó el líder de Bojayá en su mensaje al mandatario nacional: “El otro componente para restablecer la seguridad y normalidad en la región es retomar la resolución del conflicto armado mediante la vía negociada”. Y para lograrlo planteó tres alternativas: retomar el diálogo con la guerrilla del Eln “en condiciones que sean viables y con gestos bilaterales que creen la confianza necesaria en toda negociación”; generar “condiciones normativas para que se retome el acogimiento colectivo a la justicia por parte de las Agc”; y tal y como se pactó en el Acuerdo de Paz, “poner en marcha acciones concretas de desmantelamiento de esas estructuras que, como ya se ha dicho, actúan en connivencia con miembros de la Fuerza Pública”.
Palacios reiteró en su carta que la situación de inseguridad e inestabilidad de Chocó y, en general de la región del Pacífico, que comprende además regiones de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, sólo se puede resolver de fondo si se avanza en la consolidación del Acuerdo de Paz, un proceso en el que, según este líder, las comunidades están dispuestas a participar según lo definido en el Capítulo Étnico, pero que en tierras chocoanas está lejos de hacerse realidad, pese a que desde Bogotá digan lo contrario. (Leer más en: Implementación del Capítulo Étnico de Acuerdo de Paz aún no llega a Chocó)
