En este departamento, donde predominan resguardos y consejos comunitarios, no ha sido posible implementar el PNIS, una iniciativa consignada en el Acuerdo de Paz suscrito con la extinta guerrilla de las Farc. Entre las razones se encuentran dificultades presupuestales para atender acuerdos colectivos. Se teme que, en el futuro, los sembradíos sean asperjados con glifosato.

La implementación del Acuerdo de Paz en diversas zonas del país incluía un enorme esfuerzo estatal para atender a miles de familias dedicadas a los cultivos de uso ilícito. El objetivo era trazar un camino a la legalidad con propuestas productivas viables. La idea, consensuada en La Habana, Cuba, como parte de la solución al problema de las drogas ilícitas se percibía, en el papel, como una alternativa esperanzadora para cientos de campesinos.

Una vez precisados los términos del documento de 310 páginas que consignó lo pactado en la isla del Caribe, rubricado el Bogotá el 24 de noviembre de 2016 entre el otrora grupo insurgente y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), comenzó a construirse la institucionalidad requerida para implementar el Acuerdo de Paz.

En el Punto 4 se acordó la necesidad de “encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de las drogas ilícitas”. Para ello se creó, a través del Decreto 896 del 29 de mayo de 2017, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Ese espíritu esperanzador del Acuerdo de Paz también llegó al departamento de Chocó, entre otras razones porque, a última hora, se incluyó el Capítulo Étnico, que, en esencia, condensa un conjunto de salvaguardas para proteger los derechos de los pueblos ancestrales y garantizar su participación en el formulación e implementación de las políticas del posconflicto que los involucran. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)

Por esa vía comunidades afro e indígenas pensaban que podrían contribuir a la implementación de lo acordado desde sus cosmovisiones y prácticas ancestrales, lo que implicaba una fuerte cohesión colectiva en la apropiación de todas aquellas iniciativas que propendieran por resarcir el daño causado por la confrontación armada entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc, y los intereses de organizaciones del crimen organizado.

Justamente una de las iniciativas en la que pusieron sus esperanzas fue en el PNIS, entre otras razones porque la expansión de los cultivos de uso ilícito están contribuyendo al deterioro ambiental de lo que las comunidades chocoanas llaman la Casa Común. Así se lo hicieron saber al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en un informe presentado por un grupo de organizaciones sociales en Quibdó el 14 de septiembre de 2018. En ese documento llamaron la atención sobre el “grave peligro de sostenibilidad [de] la riqueza biodiversa del ecosistema frágil de la Costa Pacífica”.

Problema en cifras

Uno de los graves problemas en el Chocó es la proliferación de entables de preparación de pasta de coca. Foto: Juan Diego Restrepo E.

Las afectaciones al territorio chocoano por cuenta de la proliferación de sembradíos de hoja de coca para uso ilícito se vienen registrando con fuerza desde el año 2006, cuando el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), detectó 816 hectáreas. Diez años después, justo al final del año de la firma del Acuerdo de Paz, se evidenciaron 1.803 hectáreas, siendo el 2012 el de mayor cantidad de área de sembrada, con 3.429 hectáreas.

Para el año posterior a la refrendación del Acuerdo, la situación de cultivos de uso ilícito en Chocó tuvo una tendencia al incremento registrándose 2.611 hectáreas afectadas por la hoja de coca, cifra que se redujo en 2018, bajando a 2.155 hectáreas.

De acuerdo con análisis del Ministerio de Justicia y de UNODC, la mayor parte de los sembradíos de hoja de coca se han focalizado, desde 2008, en las vertientes de los ríos Baudó y San Juan. Para el 2012, año de mayor densidad, los cultivos se concentraron en el Medio San Juan, Itsmina y Bajo Baudó principalmente.

La evolución de esos reportes son preocupantes y así lo han detallado los informes de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó, una iniciativa de las organizaciones étnico-territoriales del departamento que surgió en agosto de 2017 como propuesta para frenar los estragos de la guerra en este departamento. Uno de los puntos consignados en esta iniciativa es que cese la siembra de cultivos de uso ilícito.

En el primer informe de seguimiento a esa iniciativa, difundido en febrero de este año, se estableció que la expansión de los cultivos de uso ilícito registrada en 2017 “constituye una grave amenaza para las comunidades y el medio ambiente, profundizando la crisis humanitaria”. Y citando datos de UNODC precisaron que los municipios más afectados fueron Istmina (pasó de 476 a 743 hectáreas); Medio San Juan (de 133 a 305 hectáreas); Nóvita (de 75 a 162 hectáreas) y Riosucio (de 35 a 183 hectáreas).

Adicional a ello recurrieron al Informe de Monitoreo de Deforestación, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para mostrar el impacto ambiental de los cultivos de uso ilícito, aunados a los estragos de la minería ilegal. Cifras actualizadas a 2017 establecieron que ambas prácticas, entre otros factores, “ocasionaron la deforestación de por lo menos 10 mil hectáreas de bosques y selvas chocoanas durante ese año. Si bien significa una disminución con relación a los monitoreos realizados en 2016, Chocó figura como el sexto departamento del país con mayores afectaciones por deforestación”.

Una de las quejas de las comunidades reportadas en este primer informe de seguimiento, particularmente de las regiones del Alto y Medio Atrato, es que el gobierno nacional no planteó ningún programa de acompañamiento para la erradicación manual.

En el segundo informe de seguimiento, divulgado en mayo pasado, se detalló información de la región del Baudó, donde, según las comunidades, “hay presencia de cultivos de uso ilícito y en aumento […] en Alto y Medio Baudó, Bellavista Berre Berre, Pizarro, Puerto Meluk y Pie de Pato”.

Uno de los aspectos que se resalta en esta ocasión es que las comunidades “firmaron en compromiso para sustitución voluntaria, pero hasta ahora no hay cumplimiento”; por el contrario, se enfrentaron a actividades de erradicación forzada adelantada por las Fuerzas Armadas, lo que, a su juicio, las pone en riesgo, situación que se incrementa de manera sustancial por la presión de grupos armados ilegales que “están inconformes con los compromisos de erradicación voluntaria”

En las zonas de mayor impacto de los cultivos de uso ilícito trasiegan la guerrilla del Eln; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’; y una disidencia del Frente 30 de las Farc que no se acogió al Acuerdo de Paz. Su interés por dominar esas regiones, en las que, además, se procesa la hoja, se refina la pasta hasta lograr el clorhidrato de cocaína y se exporta a través del océano Pacífico a los mercados internacionales, los ha llevado a enfrentarse de manera recurrente, alterando la vida de las comunidades y generando graves crisis humanitarias.

En el tercer informe de seguimiento, difundido a finales de noviembre, se hizo referencia a la situación que padece la ciudad de Quibdó, la capital chocoana, convertida, según las organizaciones sociales, en “epicentro de operaciones de los grupos armados ilegales AGC quienes desde este municipio buscan el control de las zonas de cultivo, de procesamiento y comercialización de cocaína que se desarrolla en el Alto y Medio Atrato y los Baudó”. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)

A esas advertencias se sumó, en junio de este año, la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), tras emitir la Alerta Temprana N.025-19, de Inminencia, para el resguardo indígena del Rio Pichima Quebrada, jurisdicción del municipio Litoral del San Juan, reportada al Ministerio del Interior, que ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

La situación descrita por el SAT retoma hechos que se vienen presentando desde 2016, cuando fueron advertidos las potenciales vulneraciones de los derechos humanos en esta región chocoana. De acuerdo con esta nueva alerta, “siguen siendo persistentes los riesgos señalados sobre la vida de los habitantes del Municipio Litoral del San Juan y su cuenca, en su mayoría comunidades negras y pueblos indígenas, por el accionar de los grupos armados ilegales y el establecimiento de nuevas rutas de comercialización de cocaína hacia los mercados centroamericanos (Panamá, Honduras, Guatemala, México y el Litoral Pacífico) y obtener el dominio de corredores para la comunicación, la movilización y el abastecimiento de las estructuras armadas entre el interior del país y el océano Pacífico”.

Para el momento de la Alerta Temprana, “disidentes que se identifican como miembros del Frente 30 de las Farc-Ep se encuentran en disputa con el Eln por el territorio del Litoral de San Juan y sus esteros, con el objetivo de controlar la ruta de la cocaína, el tráfico de armas, la minería ilegal, la explotación de madera y el tránsito de tropas del departamento del Chocó hacia el departamento Valle del Cauca”.

Sin plata

Las comunidades afro e indígenas padecen el acoso de grupos armados ilegales que se benefician del narcotráfico. Foto: Juan Diego Restrepo E.

El volumen de hectáreas erradicadas en 2016, que fue de 2 mil hectáreas, llevó al entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a aseverar que para 2018  se empezaría a «vislumbrar un Chocó libre de cultivos ilícitos”. No obstante, esa idea estaba lejos de la realidad. Y mucho menos en los años que se vienen.

Pese a las graves afectaciones colectivas ocasionadas por la persistencia de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito que padecen en gran medida los 70 consejos comunitarios de comunidades afro y 125 resguardos indígenas y que conforman el 96 por ciento de la superficie del departamento de Chocó, las perspectivas de solución integral, prometida por el PNIS, están muy lejos de su implementación por falta de recursos.

Así lo reconoció la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, que dirige Emilio Archila, tras responder a un cuestionario enviado por este portal en el que se le preguntó por las acciones realizadas por el PNIS en el departamento chocoano.

“En Chocó si bien se suscribieron acuerdos colectivos en 2017, los mismos no se individualizaron con las familia y cuando recibimos el Programa, no se estaba implementando en dicho departamento”, se lee en una de las respuestas. Archila asumió el cargo el 8 de agosto de 2018, bajo la administración del presidente Iván Duque (2018-2022).

Adicional a ello, se precisó que la ruta de atención para acuerdos colectivos, que sería el caso de Chocó por contar con resguardos y consejos comunitarios, “no se ha iniciado […] toda vez que el programa actualmente atiende las 99.097 familias con acuerdos individuales y no ha iniciado por dificultades presupuestales la atención de acuerdos colectivos”.

La Consejería también dejó claro que el PNIS privilegia los acuerdos individuales sobre los colectivos: “El Programa tiene acuerdos colectivos en ese departamento, en los cuales se estimaron el número de familias y posibles hectáreas de cultivos ilícitos ubicados en cada territorio. Pero posteriormente no hubo la suscripción de acuerdos individuales, proceso que se logra a través de la inscripción estrictamente presencial, con la firma por parte del titular responsable del núcleo familiar y la entrega de documentos de soporte para el cumplimiento de los requisitos de vinculación a cada familia”.

La respuesta dada por la Consejería, en la que se reitera la priorización de lo individual sobre lo colectivo, riñe con los postulados de enfoque diferencial que se consignaron en el Decreto 896, que creó el PNIS.

En esa norma se dejó claro que el Programa “debe reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales, en especial, de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y de las mujeres en estas comunidades y territorios, y garantizar la sostenibilidad socioambiental. El carácter participativo del PNIS permitirá elaborar diseños en consonancia con la especificidad y la naturaleza socioeconómica del problema tal y como se presenta en las diferentes regiones del territorio nacional”.

Nada de eso se ha cumplido en el departamento de Chocó, a donde tampoco ha llegado la implementación integral del Capítulo Étnico integrado al Acuerdo de Paz. La explicación a esa realidad la dio hace unas semanas a este portal un vocero de la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento Del Chocó (Fedeorewa), que integra a los pueblos Embera Dovida, Katío y Chamí: “El gobierno no tiene voluntad política en poner marcha el Acuerdo de Paz y la implementación del Capítulo Étnico”. (Leer más en: Implementación del Capítulo Étnico de Acuerdo de Paz aún no llega a Chocó)

Lo que se teme ahora es que sobre la riqueza natural de Chocó se implemente la aspersión con glifosato, una propuesta del presidente Duque que ha comenzado a tomar forma con la publicación del proyecto de decreto sobre esa estrategia para recibir comentarios de la ciudadanía, un requisito formal para su adopción, posiblemente en 2020. (Ver borrador de decreto)

Pese a lo evidenciado en Chocó, el consejero Archila, quien de manera reiterada se ha negado a atender a VerdadAbierta.com, planteó en una reciente entrevista a un medio nacional que la consolidación de los acuerdos de paz “va mucho mejor de lo que nadie se hubiera imaginado que podría ir después de un año del presidente Duque”.

Investigación realizada con el apoyo de: