Hace más de una década fue noticia la detención por parte del Ejército de centenares de personas señaladas de ser “colaboradoras de la guerrilla”. A algunas de ellas no se les ha resuelto su situación. Hoy esperan que tras la implementación del acuerdo de paz con las Farc se resuelva el limbo jurídico en el que viven.
En los territorios periféricos de Arauca fue donde mayor impacto tuvo la Política de Seguridad Democrática. Cientos de campesinos fueron perseguidos por el Estado acusándolos de pertenecer a la insurgencia, al día de hoy varios procesos siguen abiertos. Foto: Andrés Celis.Ester López no ha olvidado la madrugada del 12 de noviembre de 2002. Aún recuerda que los gritos de las casas vecinas la despertaron con el rumor de que el Ejército iba a tomarse el pueblo para acabar con la guerrilla, que había que esconderse y procurar que los niños no se asomaran a las ventas ni salieran a la calle o a los patios.
Para su sorpresa, no hubo combates ni ninguna incursión armada. El Ejército venía en compañía del Gaula de la Policía en cumplimiento de la orden expedida por la Unidad de Derechos Humanos de las Fiscalía para realizar la primera captura masiva a nivel nacional, tras la expedición del Decreto 1837 del 2002, que creó las zonas de consolidación y rehabilitación, una de ellas Arauca, la cual pretendía, entre otras cosas, desmantelar las redes de apoyo urbanas y rurales de la guerrilla.
Un total de 2 mil personas, incluidos menores de edad y amas de casa, fueron capturadas y trasladadas al coliseo Jacinto Jerez, donde luego de un proceso de identificación, que ocupó gran pare de la mañana, se les informó que estaban siendo procesados por los delitos de rebelión.
“Qué cosa tan horrible lo que fue eso. Todos salimos en la televisión. Éramos camionados de gente la que llevaron al coliseo. No faltaron muchos por estar adentro. Uno sin saber leer ni escribir, nos decían cualquier cosa y uno pues hacía caso porque siendo tan ignorantes”, recordó la campesina.
Al término del cotejo de datos, a más de 90 personas las trasladaron a centros penitenciarios y 43 de ellas fueron condenadas por los delitos de concierto para delinquir y rebelión. De igual manera ocurrió en otras regiones del país, con las operaciones Libertad I, en Quinchía, Risaralda, y Mariscal Sucre en la región de los Montes de María, Sucre.
En Ovejas, Sucre, decenas de campesinos fueron capturados y presentados como “miembros de la guerrilla”. En los expedientes de la Fiscalía quedó registrado que muchos de ellos cumplían supuestos cargos de “explosivistas” y “cuadros políticos urbanos”. Lo paradójico es que la gran mayoría eran analfabetas.
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Las acciones adelantadas respondieron a lo contemplado dentro del Plan Patriota, una estrategia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Según cifras del Ministerio Nacional de Defensa, sólo durante el primer año de su vigencia se lograron capturar alrededor de 7 mil personas.
Huellas del pasado
Noemí está a la espera que tras la implementación de la Ley de Amnistía, producto de los acuerdos entre el gobierno y las Farc, su situación jurídica se defina. A pesar de estar segura de no recuperar el tiempo quiere que su nombre quede limpio y no se le siga acusando de ser guerrillera. Foto: Andrés Celis.En cada rincón del departamento de Arauca se escuchan las historias de esta política de Estado, que aún no termina para cientos de labriegos. La de Noemí López es una de ellas.
Esta campesina araucana llegó en 1985 a la vereda Bocas de Ele, del municipio de Arauquita, Arauca, a trabajar como cocinera en una finca de explotación de madera donde laboraban varios de sus familiares. La región, de difícil acceso, sigue siendo conocida como una de las zonas donde el conflicto armado tuvo fuerte impacto, al punto de ser nominada por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc como una de las áreas donde se concentrarían unidades subversivas para dejar las armas.
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Tras años de trabajo en la finca, Noemí decidió montar un restaurante y una tienda en la vereda, que para la época no contaba con más de cinco casas; decidió ubicar el negocio a la entrada de la vereda, un sector estratégico, pero a la vez peligroso, pues era bien conocido que por allí todos los actores armados cruzaban o para internarse en la selva o para salir a una de las carreteras principales.
El desfile de tropas, según narran sus habitantes, era alternado; pasaba el Ejército y meses después pasaban las guerrillas, ya fuera el Eln o las Farc. “Usted sabe que uno en un negocio compra el que quería y uno debe atender a la persona que llegue. Uno no se pone a preguntar que quién es”, señaló con voz entrecortada la campesina.
“Para nadie es un secreto que Bocas de Ele es zona roja, pero eso no es mi culpa. Yo nunca, pero nunca he pertenecido a ningún grupo armado. Desde niña pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mi problema fue por la tienda. El que llegaba bien atendido era, y uno no se va a hacer matar por unos pocos ‘potes’ que uno tiene ahí para vivir”, agregó.
Al igual que en otras regiones del país, los actores armados, legales e ilegales, hicieron de las tiendas y caseríos sus bases y trincheras. Bocas de Ele no fue la excepción; era frecuente ver pasar uniformados que pedían agua y gaseosas, o a dejar guardadas las municiones.
“Tanto el Ejército como las guerrillas hacían lo mismo: llegaban a preguntar qué hace (sic) cuando habíamos visto pasar a la tropa ‘enemiga’, que cuántos eran, hacia dónde iban y que qué habían dicho. Dejaban razones en la tienda, tomaban lo que les antojaba, se nutrían de comida si no tenían, descansaban y luego se iban”, aseguro Ismael, uno de los pocos campesinos que no ha abandonado la región.
Noemí, al igual que las más de 20 familias que vivían en Bocas de Ele, fueron testigos del paso de la violencia. Sumado a la persecución del Estado, presenciaron los combates por la disputa del territorio, en especial los que libraron las Farc y el Eln, durante varios años. De acuerdo a cifras del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), tales confrontaciones dejaron, en un década, por lo menos 50 mil desplazados internos.
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Por si fuera poco, Noemí se vio enfrentada en repetidas ocasiones al comandante del Frente Guadalupe Salcedo, hoy Frente 45 de las Farc, quien arremetió durante más de cinco años en contra de las iglesias cristianas, acusándolos de ser ‘sapos’ y de entregar información al Ejército. Situación que se repitió en distintos departamentos del país.
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“Destruyeron nuestra pequeña iglesia que quedaba unos pocos metros antes de entrar a la vereda. Varias veces nos amenazaron, no hicimos caso, y una noche le colocaron dos petardos que la destruyeron. Aun así nos seguimos reuniendo, pero de casa en casa, sin que se dieran cuenta”, recuerda Noemí.
En 2008 el Ejército volvió a realizar una captura masiva, esta vez fueron 10 labriegos de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y 13 líderes sociales de Arauquita y Tame, a quienes sindicaron del supuesto delito de rebelión. Desde entonces, decenas de campesinos se enteraron que tenían órdenes de captura, uno de ellos Alirio Muñoz, quien decidió no entregarse a las autoridades y aún mantiene la orden vigente.
“Siempre que sabíamos que venía una redada yo huía con otros compañeros a veredas más lejanas. Acá no es fácil acceder, entonces les tomaba un buen tiempo poder llegar si quiera a una de las primeras veredas”, aseguró Muñoz. A su juicio, la cárcel la ha pagado en su propia vereda sin deber nada: “yo era una persona que trabajaba en un servicio público, al que llegaba yo le daba el servicio, sea Ejército, el que sea, es un servicio y no hice nada malo”, agregó.
No obstante, Noemí no correría con la misma suerte. Las Farc le tenían la soga al cuello, habían desaparecido a uno de sus hermanos, y tenían a su esposo bajo amenaza. Una noche le llegó una carta en la que le notificaban que en 24 horas debía dejar la finca y salir de la vereda. No tuvo más remedio que salir con su hija menor de edad y dejar atrás la tienda y el restaurante.
Al poco tiempo de desplazarse se ubicó en Arauca, en uno de los barrios periféricos de la capital, allí montó de nuevo el negocio. Pocas veces se atrevió a ir a su finca, tenía temor de que la mataran. Alejada de la persecución de las Farc quiso rehacer su vida; sin embargo, no contó con suerte. Noemí hacía parte de a lista de campesinos que tenían orden de captura y a quienes no habían podido judicializar.
En 2011, al final del segundo periodo de gobierno de Uribe Vélez, se realizaron las últimas capturas, esta vez contra 22 campesinos de todo el departamento. “A mi negocio llegaron, me pidieron la cédula, yo la entregué y me notificaron de unos cargos que ni yo sabía qué eran. Con el dolor en el alma, y Dios me conoce, no saben el dolor de echarme la culpa de algo que no hice”, recordó Noemí.
Recluida en la cárcel de Arauca, esta mujer se asesoró con un abogado, quien le dijo que debía aceptar cargos para acceder a una rebaja de pena. El preacuerdo consistía en buscar la pena mínima de ocho años, a la que finalmente fue condenada. Purgó más de cuatro meses en la cárcel y le dieron detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia.
“Lo que es la inocencia de uno, yo preguntaba, ¿qué es rebelión? Un abogado me dijo que era cuando uno se rebela, como lo que es de política. Ante los ojos de Dios cómo voy a decir que nunca llegó un grupo armado a pedirme un vaso de agua, cómo voy a decir algo que no hice. Uno vive en una zona de esas y uno no va a decir que no se negó a dar las cosas”, aclaró Noemí.
No obstante, meses antes de que se concretara la firma final del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, las asociaciones campesinas, en compañía de abogados defensores de derechos humanos, generaron una base de datos con la recolección de informaciónde las personas señalas de ser guerrilleros, pero que no tenían relación alguna con el grupo subversivo, para acelerar sus procesos ante la justicia.
La esperanza en la Ley de Amnistía
El pasado 26 de noviembre, en el Teatro Colón de Bogotá, el gobierno nacional y las Farc firmaron un segundo acuerdo de paz, tras la derrota del anterior en el referendo de refrendación. Foto: Presidencia de la República.Tras el acuerdo logrado con la guerrilla de las Farc y el inicio de su implementación tras la sanción de la Ley de Amnistía el pasado 30 de diciembre, los guerrilleros no fueron los únicos en celebrar. Los movimientos sociales y las agremiaciones campesinas esperan que la aplicación de esta normativa traiga como consecuencia la excarcelación de los condenados por rebelión que no son guerrilleros, entre ellos varios líderes comunitarios y decenas de campesinos.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Francisco Gómez, abogado de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Centro y Oriente de Colombia (DHOC), entidad que actualmente lleva los casos de los campesinos y líderes sociales condenados por el delito de rebelión, explicó que tras el proceso de paz cientos de casos fueron revisados nuevamente por las organizaciones no gubernamentales en todo el país y cotejado con las bases de datos que tienen las Farc para emitir un compilado de casos a la Fiscalía con el fin de que evalúe los procesos penales.
“Desde hace más de un año que venimos revisando caso por caso de los campesinos que aún se encuentran pagando algún tipo de pena por haber sido condenados por los delitos de rebelión y concierto para delinquir durante las llamadas capturas masivas, que hoy día conocemos como falsos positivos judiciales”, agregó Gómez.
En un documento conocido por VerdadAbierta.com, que contiene los datos finales de los primeros cruces de las bases de datos, se puede establecer que la relación de los campesinos capturados con la guerrilla es de 10 a 1; es decir, que por cada 10 labriegos condenados por el delito de rebelión, sólo uno pertenece a la estructura armada.
Para construir esa base de datos los afectados por las capturas masivas diligenciaron un formulario en el que se les pedía llenar el día de la detención, la actividad económica que se encontraban desarrollando, la vereda en la que vivían, si tenían o no un apodo dentro de la comunidad y su filiación con alguna organización o movimiento político.
“El caso de Noemí López es uno de los tantos para mostrar en el que la justicia no ha existido. La casa por cárcel que está pagando es una injusticia; se logró demostrar que fue desplazada por las Farc y victimizada en varias ocasiones por parte de ese grupo armado, pero aún así la autoridad persistió en su señalamiento y condena por supuestamente pertenecer a la organización armada”, comentó el abogado.
Por su parte, la Corporación Solidaridad Jurídica, una de las primeras organizaciones en acompañar el trabajo de los presos políticos y de guerra en varias cárceles del país, ha señalado que tras conseguir las primeras liberaciones de los guerrilleros vendrá una de presos sociales y políticos, que incluye decenas de líderes sociales y campesinos, varios de ellos afectados por las primeras capturas masivas, hace más de diez años.
“Yo espero que el trabajo que he desarrollado con DHOC me ayude para salir de esto. No ha sido justo conmigo ni con mi hija, le salimos a deber a la guerrilla primero y ahora al Estado,siendo inocente. Yo, como le dije, no soy de ningún grupo. Ya nadie nos va a reparar el tiempo perdido y el tiempo de vida que nos quitaron. Dios será el que juzgue de últimas”, sentenció Noemí.
Por ahora, las organizaciones campesinas esperan que el avance en la implementación de la Ley de Amnistía traiga consigo el cierre de los procesos, la condonación de la pena y la excarcelación de personas como Noemí; lo que, además, representaría un alivio para decenas de labriegos, estudiantes, líderes sociales y sindicalistas que fueron perseguidos, detenidos, acusados y condenados de ser insurgentes, sin serlo.
