El 7 de noviembre de 2003 el entonces Fiscal delegado ante el Tribunal de Sincelejo, Orlando Pacheco, dejó en libertad a 128 personas que habían sido capturadas y condenadas por el delito de rebelión en las llamadas “capturas masivas”. Su decisión le cambió la vida para siempre.
Por Andrés Celis Rodríguez
En la memoria de Orlando Pacheco siguen latentes las consecuencias de haber sido despedido, inhabilitado y enviado a la cárcel, hace más de una década por parte del entonces Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio. Foto: Andrés Celis.
Al inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez al fiscal Orlando Pacheco poco o nada la importaba la política, dedicaba su tiempo a resolver los casos que llegaban a su despacho como fiscal de segunda instancia. Es un hombre de códigos y principios, aferrado a la ley y rígido en la defensa de los derechos humanos.
Vivir dentro de los libros le costó, conscientemente, permanecer alejado de la realidad política del país. Durante los primeros meses del mandato de Uribe no se había enterado que existía la Política de Defensa y Seguridad Democrática, mucho menos sabía quiénes la habían diseñado y poca importancia le daba a los políticos regionales que aplaudían y promocionaban a los gobiernos de turno. Sin embargo, tarde o temprano la realidad del conflicto del país llegó al escritorio del fiscal y lo afectó de manera directa cuando se vio involucrado en un caso que cambió su vida.
El sábado 16 de agosto de 2003 entre las 3:30 y 5:30 de la mañana más de 800 militares, acompañados de personal la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y fiscales delegados, se tomaron las poblaciones de Ovejas, Chalán y Colosó, en Sucre, con el objetivo de “desestructurar militar y organizativamente los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las Farc” como mencionó el general encargado del operativo, el general de la Policía Luis Alfredo Rodríguez.
Aun así, la operación Mariscal Sucre, como se le conoció a esta incursión, no cumplió con el objetivo que se había planteado. Ni habían capturado a los jefes de los frentes de las Farc ni se había desestructurado esa facción de la guerrilla. Lo que sí ocurrió fue que 156 personas, en su mayoría campesinos, habían sido detenidas, y 128 de ellas, habían sido condenadas por el delito de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir.
En los tres municipios de Sucre donde se realizó la captura hacen parte de la región de los Montes de María, que no supera los 500 kilómetros cuadrados, pero que tuvo un significado trascendental en el conflicto armado. Allí se perpetraron 56 masacres desde 1993 hasta 2009, asesinatos selectivos, miles de desplazados forzadamente y la guerra dejó una ruina económica que hasta el día de hoy no se ha podido subsanar.
El caso había llegado a las manos del fiscal Pacheco sin ningún contexto. A pesar de que la fuerza pública daba como un parte positivo la captura de los presuntos guerrilleros, él revisó con minucia, cada elemento del expediente, a la luz del código y la ley. “Ese negocio lo estudié rápido porque se trataba de un asunto con detenidos y los casos con detención tienen prioridad” dice el fiscal.
Luego de leery estudiar cada una de las pruebas bajo las que condenaron a las 128 personas, un viernes 7 de noviembre de 2003, Pacheco tomó la decisión de dejar en libertad inmediata a todas las personas que habían sido condenadas por el delito de rebelión en el desarrollo de la operación Mariscal Sucre. A su juicio, el acervo probatorio bajo el cual habían sido juzgadas no cumplía con las condiciones necesarias y suficientes para imputar los cargos.
La decisión tomó por sorpresa a los integrantes de la fiscalía seccional, en especial a su director Héctor Hernández Manotas, quien pidió de inmediato la revocatoria obteniendo respuesta negativa por parte de Pacheco, quien sin dar su brazo a torcer, le afirmó que la decisión estaba tomada y ya no había nada que hacer.
Luis Camilo Osorio, exfiscal General de la Nación; Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República; y Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa. Fotos: archivo Semana.
Para sorpresa del fiscal, Hernández Manotas se comunicó con el Director Nacional de Fiscalía, Justo Pastor Rodríguez, y luego con el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, para tratar de frenar la decisión. “Dijeron que de Bogotá vendría una comisión tripartita de fiscales para resolver el caso”, lo cual significó para Pacheco una intromisión indebida. “Pero yo resolví, y ahí se vino el escándalo y la difusión a nivel nacional e internacional sobre mi supuesta complicidad con la guerrilla”.
Una vez en libertad las 128 personas, el Fiscal General afirmó ante los medios de comunicación que Pacheco había sido retirado de la institución. “Luis Camilo Osorio dijo que yo no estuve a la altura de lo que ellos esperaban -no sé quién era “ellos”- y que creían que había que tomar medidas serias y drásticas, medidas que no se hicieron esperar”.
Posterior a las declaraciones de Osorio, la entonces Ministra de Defensa, Martha Lucia Ramírez, ordenó que se abriera un proceso jurídico para la recaptura todos, y anunció que estaba en curso la destitución, inhabilidad y posible captura del fiscal Orlando Pacheco.
Apartado del cargo Pacheco fue señalado y estigmatizado, se le abrió un proceso por prevaricato por acción agravada y antes de que pudiera empezar a ejercer su defensa, tuvo que salir de Sincelejo, su ciudad natal, por amenazas de los grupos paramilitares, comandados por Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’.
Los días previos al 16 de agosto
Álvaro Uribe se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2002 con la promesa de acabar por la vía militar y judicial con la guerrilla. El país vivía en zozobra permanente por la guerra, y Montes de María era una de las regiones más golpeadas por el conflicto. En los primeros días de gobierno, Uribe implementó una serie de medidas para la lucha contra los grupos insurgentes. Una de ellas, controvertida desde el comienzo fueel decreto 2002, de 2002, conocido como el estatuto anti-terrorista, creaba las zonas de rehabilitación, trajo para la región censos poblaciones casi a diario, restricción en la movilidad, militarización de las calles y confinamiento. Situación que para los tres municipios, en los que sólo se vive de lo que produce la tierra, tabaco negro, yuca y ñame, entre otros, aceleró la inactividad económica y con ello el desempleo, la escasez y la falta de oportunidades.
Este decreto tuvo como precedente la declaración de Estado de Conmoción Interior (decreto 1837 de 2002) el 11 de agosto de 2002, el cual, según el artículo 213 de la Constitución Política se adopta cuando en el territorio nacional exista una perturbación del orden público “que atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”, no obstante su finalidad fue otra.
Expedido el decreto 1837 de 2002, los Montes de María pasaron a ser una de las regiones más impactadas por las operaciones militares y una de las primeras en recibir el aparataje de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Foto: archivo Semana.
Ambos decretos dieron vía libre a la Policía y a el Ejército a hacer detenciones sin la necesidad de una orden previa por parte de las autoridades judiciales, a establecer horas de circulación en los municipios, a parar y registrar los alimentos que entraban de una región a otra y, por sobre todo, a hacer ‘batidas’ y allanamientos a los locales comerciales.
De esta manera se empezaron a ejecutar las primeras capturas masivas, operaciones orientadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y ejecutadas por el Ejército Nacional y el Gaula de la Policía. La primera de ellas ocurrió en Saravena, Arauca, a tan solo tres meses de la posesión del presidente. Cerca de 2.000 personas fueron capturadas entre las 3:00 y 5:00 de la mañana en sus casas y conducidas a un coliseo. Luego de un proceso de identificación, 43 de ellas fueron procesadas y condenadas por rebelión. Solo quedaron en libertad menores de edad, amas de casa y alrededor de 50 estudiantes de los colegios municipales.
Según Older Cáceres, ex diputado y defensor de los derechos humanos estas capturas generaron una crisis de liderazgo regional, pues, “fue a partir de ahí cuando se dio un mayor grado de desconfianza e inseguridad a participar en procesos de orden político, gremial, social y popular”, las personas condenadas eran dirigentes regionales de organizaciones campesinas e indígenas por lo cual, según Cáceres, “fue evidente que veían no por guerrilleros sino a acabar con los procesos sociales de la región”. Algo que se repetiría de manera similar en Montes de María.
Señalados
Para Oscar de León Sambrano el inicio del alboroto en Montes de María empezó el día que detuvieron el carro de don Ricardo Díaz para mirar qué comida traía a Chalán. “Nos enteramos de que había un límite de peso para la comida que podíamos entrar. Quien se pasara del peso sugerido, tanto comerciantes como compradores de una vez era señalado y llevado a la estación de Policía”
Los titulares de prensa no demoraron en hacer pública la lista de capturados durante la Operación Mariscal Sucre. Cuentan los campesinos de Ovejas que por varias semana se sacó la lista del centenar de capturados. Foto: Andrés Celis.
Cuenta Sambrano que de no mostrar las facturas a la entrada de los retenes, la comida era decomisada, “en muchos casos o la dañaban o se la quedaban para ellos. El argumento era que todo tenía que registrarse para saber qué se consumía, quienes lo hacían y con ello ver quiénes eran los que le daban suministros a la guerrilla”.
A las restricciones de alimentación se sumaron las de la movilidad, en cada retén instaurado por el ejército se pedía número de cédula, nombres y cargos de las personas ocupantes de los buses o carros. “Creo que el cargo que más llenaron fue el de campesino, acá rara vez se vez otra profesión, a no ser de que sea turista o alguien de Sincelejo” comentó Andrés, de 24 años, hijo de dos campesinos de la finca ‘El Tolima’ en Ovejas.
Sin poder circular con tranquilidad y con la mayoría de alimentos restringidos y censados, la guerra parecía haberse instalado en Montes de María. Por si fuera poco, a las 6 de la tarde todo el mundo debíaestar en su casa para evitar ser retenido y llevado a los puestos de control. La juventud había desaparecido.
Sin embargo, estaba por venir lo que desató, según Oscar de León Sambrano, las capturas. “El gobierno se inventó una serie de reuniones con los comerciantes, las organizaciones campesinas, los transportadores y gente de a pie, para hablar de la situación de orden público”. Durante las charlas se llenaron formatos con nombres, cédulas, cargos u oficios, lo cual para Sambrano significó una inocentada que se pagaría caro.
“La mayoría de los que dimos los datos en esas reuniones caímos en la operación, a cada casa fueron a golpear sin temor a equivocarse, y como era de suponerse cada uno estaba allí. A los trasportadores se los llevaron que por llevarle las municiones a la guerrilla, a los campesinos que por ser colaboradores, a los comerciantes por venderles comida y a los de a pie porque sí, porque era la ley y punto” concluyó.
El día ‘D’
Al medio día del 17 de agosto de 2003 los titulares de los noticieros anunciaban la captura de 143 presuntos guerrilleros del frente 35 de las Farc. “…143 personas han sido capturadas en los operativos que dirige el comandante de la institución, general Luis Alfredo Rodríguez. Entre los detenidos se encuentra un candidato a la Alcaldía de Ovejas y los autores materiales del atentado con un burro bomba en Chalán, en los que murieron varios agentes de la Policía”.
La mayoría de los capturados no tenían nada que ver con la guerrilla. Eran campesinos, amas de casa, estudiantes, trabajadores, profesores y, según José María -un habitante de la región- hasta el loquito del pueblo, ese que pasaba merodeando la iglesia y la Alcaldía, también fue capturado. “Y es que ¿a las tres de la mañana a quien no iban a coger?, era lógico: ¡a todo el mundo! todos estábamos durmiendo ya fuera en las casas o en las fincas” señala Mauricio, quien para la época era apenas un joven campesino de 22 años.
José María fue sindicado de ser el comandante del frente 37 de las Farc, durante la audiencia de imputación de cargos fue señalado de ser uno de los ideólogos de esa facción de la guerrilla. Años después se comprobó su inocencia. Foto: Andrés Celis.
Cuentan los habitantes de Ovejas, que la operación estaba tan arreglada que les dio pereza- a los soldados y autoridades-, en un día cualquiera, ir al trabajo de cada campesino a capturarlo, “lo fácil fue esperar a que nos durmiéramos para solo golpear y decir: hay una orden de captura en su contra por el delito de rebelión. “Ni se tomaron la tarea de al menos conocer dónde es que uno vivía y a qué era lo que uno se dedicaba, aunque mejor porque como no son, hasta nos quitaban lo de las cosechas o el producido de las tiendas” agregaron.
Tal y como estaba planeada en la operación, uno de sus objetivos principales era dar con la captura del comandante Efraín González, alias ‘Jorge’ o ‘Pateñame’, y el segundo comandante Víctor Antonio Lopera, alias ‘Pollo Isarra’ de los frentes 35 y 37 respectivamente. Sin embargo, la población toda era sospechosa de ser insurgente. Raúl Velandia, tendero de la región, cuenta que se preguntó: “¿Qué será eso de rebelión? Cuando no encontré respuesta pues pregunté: ¿Y eso de qué trata?, a lo que el soldado, que creo no tenía más edad que mi hijo, respondió: ¡Pues por ser guerrillero!, o es que también toca acordarle que cuando bajan esos hijueputas usted es el que les vende las cosas de la tienda”. Ahora lo que le había quedado claro a Raúl era que de la noche a la madrugada había dejado de ser campesino para ser guerrillero, sin uniforme ni fusil.
Como las detenciones fueron en simultaneo, a la misma hora José María, Oscar de León Sambrano, Ricardo Díaz, Eliecer Álvarez y la señora Dominga, junto con más de 20 campesinos de Chalán, estaban haciendo fila- esposados unos a manos y pies- para montarse en los camiones de la Policía y el Ejército, lo cuales los trasladarían a Sincelejo, Sucre, donde terminarían con el proceso de judicialización. “Al que haya visto como sacan a los marranos cuando los van a matar le va a quedar fácil entender lo que vivimos ese día, pues eso parecíamos, la cosecha del mes” señala, entre risas, Dominga. Y José María agrega “estábamos tan espichados en los camiones que de verdad parecíamos animales y sin podernos mover, porque íbamos esposados o en parejas o a atados a los pies. Menos mal fueron solo 50 minutos de viaje hasta Sincelejo”.
Han pasado 12 años desde que se realizó la Operación Mariscal Sucre y para los campesinos de Los Montes de María las huellas del paso por la cárcel siguen vigentes, afecciones económicas y psicológicas se generaron en los habitantes de esta región, varios decidieron desde la época no volver a sus hogares. Foto: Andrés Celis.
Cuando llegaron a la fiscalía departamental fue como encontrarse en la plaza principal de cada una de las poblaciones o en el mercado de los domingos. “Estábamos casi todos los campesinos conocido de cada municipio, algunos representantes de organizaciones campesinas, habían también muchachos jóvenes y una que otra mujer. Sin decir mentiras, parecía una gran reunión de conocedores de la región, de los viejos que han estado cultivando la tierra por buen tiempo” expresó José María.
La mayoría de campesinos, sobre todo los de avanzada edad, seguían sin entender por qué les tomaban fotos a las caras, por qué los reseñaban y sobre todo no entendían qué era ser un procesado por rebelión. Y así, en la ignorancia, pasaron los primeros dos días que permanecieron detenidos dentro de los calabozos de la fiscalía departamental, simplemente se habían dedicado a firma papeles.
Finalmente el día terminó con más de un centenar de personas detenidas en la segunda captura masiva impulsada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El general Rodríguez aseguró públicamente que a pesar de no haber dado con los cabecillas de las Farc, sí se había dado un golpe certero a esa organización. A lo que Uribe desde Granada, Antioquia, respondió: “Generales: hasta que se apague, hasta que se apague el ultimo ruido de terrorismo nuestra vocación de sacrificio, no puede haber contemplación con el terrorismo para que acabemos con el terrorismo. Y a los jefes terroristas, tengan la garantía de que los vamos a perseguir hasta el último momento, hasta que le devolvamos plenamente la paz al pueblo”.
La decisión del fiscal
Como funcionario de segunda instancia Pacheco cumplía la función de revisar todas las decisiones de los fiscales del distrito judicial, de las unidades de fiscalías locales, seccionales y algunas decisiones de fiscales especializados. Antes de salir a sus acostumbradas vacaciones del mes de noviembre el fiscal revisó el que sería su último caso en el circuito desde el año 1977.
En la biblioteca de Pacheco reposan decenas de libros en los cuales se analiza la situación de vivida en Los Montes de María durante el primer periodo presidencial de Uribe, a ellos se suman varios artículos donde se analiza el caso de su destitución y abunda material sobre la situación de derechos humanos durante el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática. Foto: Andrés Celis.
“Lo analice, lo estudie desde la carátula. Es más, utilice o reciclé los recibos de mi celular de ‘Bell South’, en ese entonces, para detallar cada elemento de la situación de los detenidos”. Y agrega: “abordé la realidad del estudio de la prueba testimonial, sin perder la visión de conjunto, mientras que la resolución de primera instancia fue superficial”. Esto es, que los testimonios bajo los cuales fueron implicados los 128 detenidos del caso presentaban irregularidades, que pronto empezarían a dar indicios de que algo no cuadraba bien en el proceso.
El punto clave estuvo en entender que previo al 16 de agosto, el gobierno utilizó a dos supuestos o reales desertores de las Farc, para que señalaran quien era miliciano y qué función cumplía dentro de la guerrilla. Tras el estudio de las pruebas, Pacheco encontró que ninguno de los dos contaba con la certificación del Comité del Dejación de Armas, CODA, del Ministerio de Defensa.
El personaje emblemático del gobierno y testigo principal contra los capturados era Rafael Benildo Tijera Maldonado alias ‘Tijera’, quien aportó los testimonios claves para la imputación de cargos. Las irregularidades empezaron a salir por todas partes. “‘Tijera’ no se encontraba en ninguno de los albergues para desmovilizados y que sin embargo le dio una ayuda humanitaria de 9 millones y pico” afirma Pacheco.
Al igual, como luego lo expresaría la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia absolutoria del fiscal Pacheco, aquellos testimonios estaban dados por personas entrenadas profesionalmente para mentir, lo que ha trascendido en la justicia como el cartel de los falsos testigos. “Yo advertí que el testimonio de alias ‘Tijera’, de más de 50 folios, no aparece firmado por el asistente de la fiscalía de primera instancia”, teniendo como agravante que el testimonio dado por Maldonado duró una hora lo cual “es físicamente imposible para un digitador o un asistente de una unidad de fiscal trascribir en una hora más de 50 páginas”.
Oscar de León Sambrano, un campesino de Chalán, Sucre, recuerda que durante el tiempo vivido en la cárcel dejaron de lado la disciplina que habían adquirido en el campo, que incluso, luego de obtener la libertad se dedicaron al comercio y no retomaron sus actividades como campesinos. Foto: Andrés Celis.
El tiempo le dio la razón a Pacheco. El testimonio de ‘Tijera’ se había iniciado en la Sijin de Sincelejo y se había culminado una semana después en la Escuela de Carabineros de Corozal, donde la unidad de Fiscalía 16 de Sincelejo no dejó constancia de las interrupciones y mucho menos de los lapsos de días entre cada testimonio. “Mire esa irregularidad tan contundente, hasta el mismo juez de control de garantías la observó y nada pasó. Nada se compulsó, nada se investigó, imagínese si ese era el testimonio matriz o base de todo, ¿para qué hablar de los demás?”.
A los testimonios de los reinsertados se le sumó la indecisión del juez de primera instancia sobre la condición de las personas detenidas. Para unos ordenó casa por cárcel, a otros los envió directamente a prisión; y otros fueron dejados libres de facto pero se les continuó el proceso. A los ojos de Pacheco esto era un gran error en el procedimiento jurídico, pues si todos habían sido juzgados bajo las mismas condiciones y ninguno tenía agravantes, la pena debía ser la misma.
El último factor determinante fueron los censos poblacionales que realizó la fuerza pública, en el marco de las medidas anti-terroristas que impulsaba el gobierno de Uribe en esas zonas de rehabilitación. Un campesino de la región, Oscar de León Sambrano, pudo demostrar que las listas de estos censos fueron usadas para señalar a todos lo que allí aparecían, como militantes urbanos de los frentes 35 y 37 de las Farc. Pacheco explicó en su decisión que la sentencia de constitucionalidad C251 del 2002 declaró inexequible la ley 684 del 2001, y que los empadronamientos no estaban autorizados ni en los momentos de paz ni en los estados de excepción.
En conclusión, para Pacheco todas las detenciones fueron ilegales. Sin más piezas del ajedrez por mover, la decisión estaba tomada: Orlando ordenó la libertad inmediata de las 128 personas que ya cumplían más de tres meses en prisión.
Como si fuese el fin de año en Chalán, Ovejas y Colosó se celebró la noticia. Con el paso del tiempo, y del voz a voz, varios pobladores que habían huido de la región regresaron para esperar a sus familiares; se volvió a trabajar el campo y la normalidad parecía estar de regreso. Lo mismo pasó en la cárcel. Quienes seguían sin saber por qué habían sido condenados, como Ricardo Díaz, se preparaban para regresar a sus fincas a continuar sus vidas como campesinos.
No obstante, muy pronto se supo que había un nuevo proceso judicial para recapturar a las personas que ya gozaban de la libertad. El tormento de la operación Mariscal Sucre regresaba, y ahora incluía un nuevo detenido: el fiscal Orlando Pacheco.
La casa por cárcel y el encierro colectivo
Tras su desplazamiento forzado a Bogotá por las amenazas de los paramilitares, la persecución laboral y la estigmatización por haber dejado en libertad a más de un centenar de personas, la vida del ahora ex fiscal Pacheco había dado un giro drástico. El proceso disciplinario que le había iniciado la Fiscalía, por petición del Fiscal Luis Camilo Osorio, había cobrado efecto. El 4 de mayo de 2004 Luz Adriana Garzón Camargo le dictó detención domiciliaria. “Lo cierto es que durante mi estado de privación de la libertad me hacían visita a mi apartamento con un guardián de la cárcel y tenía que firmar para saber si yo estaba ahí o no, se cumplía eso, yo estaba en el apartamento y salía con permisos para odontología o para otras cuestiones de salud que se me presentaron”.
A Ricardo Cruz fue señalado de ser uno de los financiadores del frente 37 de las Farc, durante la audiencia de imputación de cargos reseñaron que la tienda de vivieres, de la cual era propietario, servía como fuente de subsistencia y financiamiento de la guerrilla. Foto: Andrés Celis.
Paralelo a ello, el Ejército había regresado a buscar a los128 campesinos que Orlando Pacheco había dejado en libertad. Esta vez, se concentraron en 83 sobre las cuales al parecer tenían pruebas. El 10 de diciembre de ese mismo año, al finalizar la instalación del Congreso Anual Cafetero, Uribe alentó al Ejército y a las autoridades judiciales a retomar con vehemencia los procesos. “La semana pasada le dije al General Castro Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas masivas de 40 o de 50 todos los domingos, sino de 200, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas y golpear estas organizaciones. Esas capturas han sido masivas, pero no arbitrarias. Se han ajustado plenamente al ordenamiento jurídico. Se han hecho sobre el examen cuidadoso de un acervo probatorio”.
Fue entonces como el 24 de junio de 2004 los campesinos José María, Oscar de León Sambrano, Ricardo Díaz y Eliecer Álvarez, junto con profesores, trasportadores y habitantes de la región, volvieron a ser capturados. Como paradoja de la vida, ahora en la cárcel los detenidos hacían memoria de la persona que los había puesto en libertad mientras ésta, Orlando Pacheco, se encontraba tambiénpreso, en su apartamento, tratando de desenredar el nudo en el que estaba metido. “A mí me aplicaron el derecho penal del enemigo, así de sencillo, yo soy una víctima y he sido re victimizado. El gobierno de turno me identificó y me clasifico como un enemigo”.
Por otra parte los recluidos en la cárcel La Vega de Sincelejo, Sucre, pasaban el tiempo repasando los momentos en lo que se pudieron haber cruzado en la región con alias ‘Tijera’. De nuevo, era bajo el testimonio de este ex guerrillero que se les había dado captura. Hablando entre todos y charlando del caso empezaron las audiencias de procedimiento y seguimiento del caso, de las cuales pronto empezarían a salir, como la primera vez, varias incógnitas.
“El día de la recaptura nos embarcaron en un avión. Nos trataban como puros narcos reconocidos” dice Eliécer. Al igual que los demás procesados, pasaron cerca de 4 años presos, tratando de armar el rompecabezas que les había dejado alias ‘Tijera’ a medio armar.
Con el cruce de información entre las versiones libres fue que entre todos construyeron una versión sobre lo que había pasado durante el proceso. Empezaron por anotar que a las audiencias estaban citadas personas de la región que ya se encontraban muertas; que los cargos de los que los acusaba el exguerrillero presentaba contradicciones con los primeros testimonios dados; y como hecho determinante cuando los abogados defensores pidieron que ‘Tijera’ los reconociera en público y dijera la actividad delictiva a la que se supone se dedicaba; se contradijo y mintió en la mayoría de casos, incluso hasta al dar el nombre de los señalados.
Esta información, de nuevo, fue suficiente para que empezara una ardua defensa de los condenados, la cual terminó con la libertad de 54 de ellos el día 3 de febrero de 2006.
No obstante el sabor de la segunda vez que quedaban en libertad fue amargo. “Los que nos salvamos de quedarnos ahí fue por pura coincidencia, tenían que pagar unos por otros. Como bien lo mencionó el abogado, el Estado no iba a perder la inversión que se había hecho en la operación Mariscal Sucre y al menos tenía que mostrar los positivos de la operación y fueron ellos, los 29 que finalmente se quedaron” comentó Pablo Monroy campesino de Colosó, liberado ese 3 de febrero del 2006.
Pacheco, por su parte, estuvo cuatro meses privado de la libertad, antes de salir absuelto por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, el 23 de marzo del 2006. “Mi inocencia fue reivindicada totalmente, rescatando mi buen nombre y honra para caminar con la frente el alto”.
Desde entonces, se le volvió una obsesión estudiar la política, y de ella, la política que él llama de odio y exclusión del gobierno de Uribe. Está pendiente de los libros o nuevas publicaciones que se hagan acerca de este tema, como Las ficciones del poder de Fabio López de la Roche, un estudio sobre la política de comunicaciones de los dos periodos de gobierno de Uribe, que está leyendo y dice que piensa devorar hasta el final.
Más de una década después, Pacheco se reafirma en su decisión. Si le tocara una situación igual, la resolvería de la misma manera, poniendo, según sus propias palabras, la libertad por encima del trato inhumano y la violación a los derechos humanos.
