El de por sí ya complejo y mortal panorama que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia se agravó con los efectos de la pandemia del covid-19. Nueva investigación del Programa Somos Defensores revela los estragos que padecieron en el primer semestre de este año: fueron asesinados 95 en medio del “negacionismo” del gobierno nacional. Luto sin precedentes.
“Desde el mes de marzo, con el inicio de la pandemia en Colombia, se han adoptado medidas restrictivas por parte del Gobierno que lejos de contener las agresiones facilitaron un ambiente para la comisión de hechos en contra de las personas que defienden derechos humanos”. Esa es una de las principales conclusiones del informe El Virus de la Violencia, que publica este martes Somos Defensores.
¿La razón? Desde ese momento aumentó “el riesgo de los liderazgos sociales por la cuarentena decretada en todo el país, ya que ha permitido que se identifiquen de manera más fácil las rutinas y el sitio de permanencia de las personas amenazadas; por eso en muchos casos han sido agredidos de diferentes maneras en sus hogares y, en varias ocasiones, asesinados frente a sus familias”. (Leer más en: La Colombia profunda vive su cuarentena entre el miedo al coronavirus y a las armas)
Dichas restricciones para reducir la velocidad de transmisión del nuevo coronavirus generaron dificultades para que esa organización, que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra defensores de derechos humanos, pudiera realizar sus labores de verificación en terreno, lo cual se tradujo en un menor número de ataques documentados en esta ocasión: 463.
“De acuerdo con las cifras presentadas, es posible referir que el primer semestre del 2020 cuenta con un número de agresiones superior a las ocurridas durante el mismo período de análisis de 2017 (336 agresiones) y 2018 (397 agresiones), pero que en comparación con el 2019 (591 agresiones), refleja una disminución de 128 agresiones equivalente al 22%”, aclaran los investigadores, quienes insisten en que esa reducción posiblemente se debe a las dificultades de documentación y no a que la violencia general mermara en ese periodo.
Esa advertencia puede encontrar sustento al comparar los registros de agresiones y los asesinatos ocurridos en los primeros semestres del último quinquenio. Es curioso que en un hipotético escenario en el que efectivamente mermaron las agresiones contra los líderes sociales, aumentara drásticamente la cantidad de asesinatos, pues los 95 perpetrados durante los primeros seis meses de este año, distan mucho de las cifras de los últimos años.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos se incrementaron un 61 por ciento entre las mediciones semestrales de los dos últimos años. Lo anterior obedece a que “la reconfiguración de las violencias y del conflicto armado los ha dejado expuestos a diversos intereses, así como a la dinámica derivada de las economías regionales, sean estas legales o ilegales y en el marco de contextos locales muy complejos, que los ubica en el medio de disputas territoriales y por el control social, y al ser personas muy visibles en sus comunidades se convierten en el blanco de los violentos”.
Del total de asesinatos, diez fueron contra lideresas. La mayoría, como suele ser usual en los últimos años, se concentraron en dos departamentos: Cauca (26 casos) y Antioquia (14 casos), seguidos por Norte de Santander (10 casos), Putumayo (9 casos), Valle del Cauca (7 casos) y Córdoba (5 casos).
El informe enciende las alertas sobre lo acontecido en Putumayo: “Llama la atención el incremento en el departamento de Putumayo que fue del 800% en comparación con el mismo período del 2019, cifra que refleja el riesgo inminente en el que se encuentran los liderazgos en el territorio con las diferentes dinámicas que se han establecido con las acciones de actores legales e ilegales, que exponen a los liderazgos sociales a múltiples agresiones”.
Y sobre la manera como fueron ejecutados, establece que en 89 casos se utilizaron armas de fuego, en cuatro armas blancas, en uno objetos contundentes y que otro fue cometido a través de asfixia. Nueve casos se realizaron con sevicia y en cinco hubo tortura previa a la ejecución. Una de las víctimas contaba con medidas de protección porque había sido amenazada previamente.
Asimismo, el documento destaca que en nueve casos se produjo la desaparición forzada como hecho precedente al asesinato y que los cadáveres fueron encontrados posteriormente. Ocurrieron en Putumayo (2 casos), Cauca (2 casos), Antioquia (2 casos), Nariño (1 caso), Huila (1 caso) y Guaviare (1 caso).
De los demás tipos de agresiones, sólo las amenazas y los hurtos de información mermaron entre los primeros semestres de 2019 y de 2020. Llama fuertemente la atención el regreso de las desapariciones forzadas y de las judicializaciones arbitrarias, pues en el primer periodo del año pasado no ocurrieron.
Se desconoce la autoría del 37 por ciento de las agresiones y la evidencia sugiere que el 30 por ciento fue cometido por grupos paramilitares, el 12 por ciento por agentes de la Fuerza Pública, el 10 por ciento de disidencias de las Farc, el 6 por ciento por el Eln y el 5 por ciento restante por la Fiscalía, “como entidad encargada de las acciones de judicialización”.
Los ataques ocurrieron en 29 de los 32 departamentos del país. Los más afectados fueron Cauca (90 casos), Antioquia (65 casos), Cundinamarca (48 casos), La Guajira (40 casos), Norte de Santander (28 casos), Valle del Cauca (26 casos), Cesar (23 casos), Arauca (20 casos) y Putumayo (20 casos).
Como viene siendo costumbre en los últimos años, Cauca es el territorio con mayor cantidad de agresiones. Sobre la situación a nivel territorial, el informe plantea que “las agresiones persisten en los mismos departamentos que año tras año son afectados por esta violencia y por la reconfiguración del conflicto armado”. (Leer más en: ¿Por qué la violencia se ensañó contra los líderes sociales en Cauca?)
Y comparten rasgos en común: “Las regiones donde se concentran el mayor número de las agresiones tienen condiciones geográficas que son propicias para el desarrollo del conflicto armado y las violencias, algunas como El Catatumbo en Norte de Santander, el Bajo Cauca en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca en el suroccidente, han sido focalizadas como territorios para ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET-, además, en estas zonas hay unas fuertes disputas territoriales por parte de diversos actores armados y se presenta un escalamiento de la guerra que está poniendo en riesgo a las comunidades”.
En cuanto al tipo de líder agredido, nuevamente el comunitario y el indígena encabezan el listado.
Al respecto, Somos Defensores plantea que la violencia contra el liderazgo comunitario se debe a “las luchas que las personas con este perfil adelantan en las comunidades, pues trabajan por el bienestar y la defensa de diferentes derechos, lo que los convierte en actores incómodos y muy visibles, en medio de un contexto de reconfiguración de las violencias”. Y del indígena encuentra que “la mayoría de agresiones ocurrieron en Cauca contra las autoridades tradicionales representadas en la Guardia Indígena, que en el ejercicio autónomo de control de su territorio se vieron señalados y atacados a través de amenazas, atentados, asesinatos, entre otras agresiones por los diferentes grupos armados, legales e ilegales que hacen presencia en la región”.
Sobre los presuntos responsables de los asesinatos, se sigue desconociendo al autor de la mayoría de los casos: 59 en esta ocasión. Por otro lado, 14 se les atribuyen a grupos paramilitares, 12 a disidencias de las Farc (diez más que en el primer semestre del año pasado), seis a miembros de la Fuerza Pública y cuatro al Eln.
Con relación a las disidencias, el informe llama la atención por el aumento de hechos atribuibles, “que se relaciona con el fortalecimiento de estos grupos en diferentes territorios del país”. Y también pone lupa sobre la Fuerza Pública, porque los asesinatos en los que presuntamente está implicada, demuestran “que la militarización de los territorios como medida para proporcionar entornos más seguros para la labor de defensa de los derechos humanos, así como para garantizar la vida e integridad de quienes ejercen esta labor, puede tener el efecto contrario y que no está siendo efectiva en materia de prevención y protección”.
¿Y el Estado?
Buena parte de las 109 páginas del informe se dedican a analizar las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones contra los líderes sociales y en ellas hay fuertes cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de velar por la promoción y protección de los derechos humanos.
Las principales críticas se ciernen sobre el presidente Iván Duque y los miembros de su gabinete encargados de este tema. “Mientras el horror se esparce por los territorios el Gobierno guarda silencio e insiste en negar el recrudecimiento del conflicto y la sistematicidad de las agresiones. Aunque todos los días los liderazgos sociales exponen sus vidas y se enfrentan a múltiples amenazas, instituciones y funcionarios no reconocen la gravedad de lo que ocurre”, cuestiona.
Y a ello se suma que desde la administración central “tratan de imponer una versión paralela de la realidad en la que nada es tan grave como parece y en la que las incipientes medidas adoptadas por el Gobierno para dar protección son eficientes y dan resultados positivos”. Situación opuesta a lo que sucede en la Colombia rural, donde los violentos imponen su ley silenciando liderazgos comunitarios.
Al “discurso negacionista” del gobierno nacional se suma su errada toma de decisiones, “que se ha centrado en definir aparentes soluciones a la situación en los territorios, las cuales están desconectadas de las verdaderas necesidades”. Algunas de ellas, como la militarización, han generado mayores riesgos para las comunidades y sus líderes: “Así se evidencia durante el primer semestre del 2020, en el aumento del 157% de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública”.
En esa línea, el informe también alerta sobre los posibles riesgos que puede generar la presencia de tropas de Estados Unidos en el país; y que el gobierno nacional utilizara el confinamiento decretado por el covid-19 para adelantar procesos de erradicación forzada, en detrimento de los compromisos del Acuerdo de Paz. (Leer más en: Campesinos de Vista Hermosa, bajo la estigmatización de la Fuerza Pública y “Entre la razón y el olvido”)
“Dichos operativos han dejado campesinos muertos y heridos por parte de la Fuerza Pública, y también se ha provocado la muerte de agentes de Policía atacados por grupos armados. Como consecuencia de esta situación, las comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos han hecho múltiples llamados para que el Gobierno detenga las erradicaciones forzadas, cumpla con el programa de sustitución voluntaria y continúe la concertación con las familias que desean sustituir”, precisa.
Y en cuanto al Acuerdo de Paz, Somos Defensores lamenta que la administración Duque desprecie los mecanismos que contempló para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, al sustituirlas por políticas propias que no cumplen tal fin. El principal ejemplo se encuentra en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), la cual quedó prácticamente subordinada al Plan de Acción Oportuna (PAO). (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)
“El Gobierno ha ignorado la importancia de CNGS y esta no ha avanzado en su objetivo de crear la política del desmonte o desmantelamiento del paramilitarismo. La realidad es que el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, despojó a la Comisión de su naturaleza vinculante y la convirtió en un espacio consultivo del Plan de Acción Oportuna -PAO-, y si bien se ve obligado a convocarla por la presión política, las reuniones son vacuas, pues solo mantiene la apariencia de funcionamiento cuando realmente se trata de encuentros informativos”, lamenta.
El informe también pone su mirada en la Unidad Nacional de Protección, en la Fiscalía y en la Procuraduría General de la Nación. Sobre la primera hace un barrido sobre los escándalos de corrupción que ha padecido desde su creación en 2011 y sostiene que su modelo protección individual es obsoleto.
Del ente acusador, lamenta nuevamente “la trampa de lenguaje” a la que recurre para denotar mayores resultados en materia de “esclarecimiento” de los asesinatos de líderes sociales. Por ejemplo, el pasado 10 de agostó anunció haber esclarecido el 57 por ciento de 396 homicidios, pero al revisar las cifras en detalle, Somos Defensores encontró que sólo 60 cuentan con sentencia en firme, lo cual equivale a un “esclarecimiento” real del 15,15 por ciento. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)
Lo anterior significa que para la Fiscalía un caso está esclarecido a partir de las primeras etapas de investigación y no en un juicio venciendo con pruebas al presunto responsable. “Cosa bien distinta es que sobre 231 hechos hay avances en las investigaciones, aunque se desconoce por cuáles delitos, figurando en 153 casos organizaciones criminales como presuntos responsables”, reitera el documento.
La Procuraduría presenta una dualidad: su incansable labor en promover el trabajo de los defensores de derechos humanos y su lucha contra la estigmatización, impulsando campañas como el Pacto por la Vida y Lidera de la Vida; y sus insuficientes logros en materia de sanción disciplinaria a funcionarios públicos comprometidos en agresiones a líderes sociales.
“Este evidente compromiso contrasta con los bajos resultados en acciones de prevención e investigaciones sobre agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Según respuesta a un derecho de petición realizado por el Programa Somos Defensores, de 22 casos de violaciones a la vida e integridad física de defensores por parte de funcionarios públicos, solo 6 se encuentran en etapa de investigación disciplinaria, las demás están en etapa de indagación preliminar (15) y en descargos (1), resultados preocupantes si se tiene en cuenta que ningún caso tiene sanción disciplinaria”, refiere.
Y prosigue: “Estas investigaciones se están dando en su mayoría contra servidores de la Fuerza Pública (18 casos), que por acción u omisión no han garantizado los derechos de los liderazgos sociales, lo que confirma lo ya expuesto en este informe sobre los peligros a los que se enfrentan comunidades y defensores con la militarización de los territorios”.
Por otro lado, Somos Defensores plantea su inquietud sobre el rumbo que tomará la Defensoría del Pueblo con su nuevo encargado, Carlos Camargo, quien fue seleccionado de una terna postulada por el presidente Duque, pues estima que, bajo la dirección de su antecesor, realizó una importante labor de denuncia y defensa de los líderes comunitarios.
“En el caso de la Defensoría del Pueblo, comunidades y personas defensoras de derechos humanos, principalmente, esperaban que se respetara lo construido en los últimos años con esta institución en cabeza de Carlos Negret, quien consiguió establecer confianzas en las regiones y hacer un trabajo juicioso que daba visibilidad y una lectura de las difíciles situaciones humanitarias en los territorios”.
Este informe es un llamado de alerta, otro más, entre tantos, para que el gobierno nacional por fin enfrente de manera efectiva y directa la crisis humanitaria que padecen quienes alzan la voz para defender los derechos de diversas comunidades. Lamentablemente, los esfuerzos de la institucionalidad están centrados en evitar el pico de muertes causado por el covid-19, pero no el pico del virus que tiene contra las cuerdas a los líderes sociales. ¿Falta voluntad política para atender ambos frentes? ¿Tendremos una mortandad sin precedentes de defensores de derechos humanos al finalizar 2020?
