Predios abandonados en la vereda El Tigre Uno del municipio de Caucasia en 2010 por cuenta de la guerra entre las bandas criminales se convirtieron en el primer caso que se presenta ante los jueces en esta región de Antioquia luego de más de dos años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Las primeras demandas de tierras en el Bajo Cauca se presentaron en Caucasia hace unos días.Los habitantes de El Tigre Uno, vereda del municipio de Caucasia, esperan que antes de finalizar este año año se resuelvan las solicitudes de reclamación que la Unidad de Restitución de Tierras presentó hace pocos días ante jueces especializados y que se constituyen en las primeras que involucran predios de esta convulsionada región del Bajo Cauca antioqueño luego de más de dos años de vigencia de la Ley 1448, que se aplica desde el 1 de enero de 2012.
En total, se presentaron siete demandas en las que se pide la titulación de 96 hectáreas que, de fallar favorablemente, beneficiará a 51 personas que abandonaron forzosamente la región en el año 2010 por cuenta de la guerra protagonizada por las denominadas bandas criminales surgidas luego del proceso de desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), particularmente del Bloque Minero y del Frente Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, una facción del Bloque Central Bolívar.
Una de las demandas fue presentada por la junta de acción comunal de la vereda que reclama la restitución de la caseta comunitaria, lo que constituye un caso sui generis dentro de los procesos de restitución de tierras.
“Entendemos que las demandas de restitución pueden lograr integralidad de derechos y, en consecuencia, se busca restituir ese bien para restablecer el derecho de asociación, como quiera que la junta de acción comunal promovía el desarrollo de la comunidad”, señala Elkin Rocha, coordinador de la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en Caucasia.
Una historia de conflicto
Tal como logró documentarlo esta entidad, hace poco más de 40 años comenzaron a llegar cientos de campesinos oriundos de Sucre, Córdoba y Bolívar, dispuestos a colonizar las calurosas y húmedas tierras baldías del Bajo Cauca antioqueño. Unos 200 colonos, a los que se les unió una comunidad indígena de la etnia Zenú, se quedaron en El Tigre Uno, paraje que tenía la particularidad de conectar fácilmente con el corregimiento Piamonte, de Cáceres, y ser paso obligado para el municipio de El Bagre.
La vereda comenzó a crecer rápidamente: se levantaron las primeras casas y, con el paso de los años, se construyó la sede de la junta de acción comunal, que terminó convirtiéndose en el eje fundamental del desarrollo de la vereda. Pero, como ha sido histórico en todo el Bajo Cauca, quienes se asentaron en el territorio nunca formalizaron su relación con la tierra. En pocas palabras, nunca se preocuparon por tener un título que les asegurara su derecho de propiedad.
Las bondades de la ubicación geográfica se convirtieron en una maldición para los pobladores de El Tigre Uno. Todos los grupos armados que han hecho presencia en el Bajo Cauca consideraron estratégica esta vereda. Primero fueron las guerrillas de las Farc y el Eln que llegaron allí promediando la década de los ochenta. A su paso por los caseríos de la zona convocaban reuniones, muchas de ellas en la caseta comunal, desde donde pregonaban sus arengas contra el gobierno.
Luego llegaron los paramilitares. En su arremetida contra los focos de la insurgencia, integrantes del Bloque Mineros, en primera instancia, y luego del Frente Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, comenzaron a confluir en el Tigre Uno. Los señalamientos contra la población fueron inmediatos e impusieron restricciones a la movilidad, a la salida y entrada de campesinos a la vereda, homicidios selectivos y confinamientos prolongados.
Para financiar su guerra, los ‘paras’ inundaron la región con hoja de coca. El Tigre Uno no fue la excepción. Y si bien luego de la desmovilización de las distintas facciones de las Auc los habitantes de esta vereda, respaldados en su sólida organización comunitaria, lograron acceder a varios programas institucionales para la sustitución de cultivos ilícitos, la maldición de estar ubicada en el corazón del corredor estratégico del narcotráfico volvió a golpearlos con dureza.
“El Tigre Uno limita con una zona de alto interés para las bandas criminales como lo es el corregimiento Piamonte (Cáceres), en ese sentido fue objeto de fuerte disputa por parte de estos grupos”, declara el coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras en Caucasia. Y agrega: “cuando llegaron estas bandas criminales, se generaron fuertes afectaciones a la comunidad como amenazas a campesinos, homicidios selectivos, que comienzan a generar desplazamientos. Pero lo más determinante fue el asesinato de un líder indígena de la comunidad de El Tigre Dos lo que terminó por desplazar a toda la comunidad”.
Rocha hace referencia a muerte del gobernador del cabildo indígena Zenú, Luis Manuel Martínez Velásquez, ocurrida el 13 de mayo de 2009. De acuerdo con la denuncia pública realizada por la Organización Indígena de Antioquia (OIA), a eso de las 8 de la noche un grupo armado llegó a la vivienda del gobernador solicitando hablar con él y luego de interrogarlo fue sacado en contra de su voluntad. Al día siguiente, fue hallado su cuerpo sin vida en la carretera que conduce de la comunidad el Tigre Dos al municipio de Caucasia con seis tiros en diferentes partes del cuerpo.
El desalojo de las bacrim
En medio de la disputa armada por el control de la zona quedó la caseta comunal que hoy reclaman los campesinos. Desde su construcción, se convirtió en el centro de decisiones comunitarias. No hubo tema, por trascendente o trivial que fuera para la vida de sus habitantes, que no se tratara y se discutiera allí.
En la sede también instalaron una tienda de abarrotes, que no solo servía de centro de abastos para los habitantes de El Tigre Uno sino que, además, proveía recursos para la junta que, a su vez, eran reinvertidos en proyectos para la comunidad. “De hecho, desde allí se organizaban jornadas de la salud y los torneos de fútbol de la vereda, que se jugaban en una cancha contigua de la caseta, que también era propiedad de la junta”, cuenta Rocha.
Pero, ¿qué pasó allí? De acuerdo con el funcionario, “en el 2010 llegaron las bacrim y se apoderaron de la caseta, prohibieron las reuniones, saquearon la tienda, prácticamente la destruyeron. La comunidad quedó sin ese espacio que los articulaba, que los unía”.
Para finales de 2011, los cerca de 200 habitantes que salieron desplazados delEl Tigre Uno regresaron a sus tierras. Y si bien sienten que los riesgos de ser nuevamente desplazados por las bandas criminales que aún operan en el territorio permanecen, para muchos de ellos el mayor riesgo lo constituye, sin embargo, el no contar con título formal de sus tierras, pues esto podría ser aprovechado por quienes concentran grandes extensiones de tierras, principalmente en zonas donde el conflicto armado persiste.
Por ello, desde finales del año 2013, la Unidad de Restitución de Tierras, sede Caucasia, inició el proceso de documentación de este caso. Allí encontró varias situaciones particulares. Una de ellas era que si bien la junta de acción comunal poseía un título donde se especificaba que los dirigentes comunales le habían comprado a un supuesto dueño el terreno donde edificaron la caseta, éste resultó ser falso pues se trataba de un lote baldío de la Nación.
“Por eso dentro de las solicitudes que se presentaron ante los jueces de restitución se pidió que se reconozca la titularidad de este predio a nombre de la junta de acción comunal”, precisa el funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras.
Lenta restitución
Una de las regiones del país donde la política de restitución de tierras ha enfrentado numerosos obstáculos relacionados con la situación de orden público es el Bajo Cauca antioqueño, de ahí que apenas se estén presentando las primeras demandas luego de más de dos años de entrada en vigencia de la Ley 1448, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se aplica desde el 1 de enero de 2012. (Ver Cómo restituir en el convulsionado Bajo Cauca antioqueño)
De ello son conscientes los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras que laboran en esta región. Por ello destacan como hecho positivo que ya se hayan presentado las primeras solicitudes de restitución, así estas no presenten opositor alguno y más bien se trate más de un proceso de formalización de predios.
Tanto en la entidad como en la comunidad esperan que antes de finalizar este año se produzca un pronunciamiento por parte de los jueces especializados de tierras, instancia creada por la Ley 1448 para decidir sobre este tipo de situaciones.
Hasta el momento, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido un total de 1.676 casos de probables despojos cometidos en los seis municipios que componen la subregión (Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza). No obstante, la Fuerza Pública no ha dado conceptos favorables de seguridad en la mayoría de los casos, requisito previo al proceso de documentación exigido por las normas para presentar el caso ante los jueces especializados.
De los pocos casos microfocalizados, es decir, seleccionados para iniciar los procesos de demanda, la Unidad espera presentar antes de finalizar el mes de agosto el caso de La Victoria, otra vereda del municipio de Caucasia en el que confluyen presencia de actores armados, minería ilegal, destrucción de medio ambiente. “El predio de La Victoria no existe, la minería lo acabó, y se busca compensar a los reclamantes”, precisa Rocha.
