Las víctimas no pueden reclamar la tierra que perdieron por la violencia porque esta aún no cesa y el Estado no les puede dar garantías de retorno a ellos, ni seguridad a los funcionarios para que pongan a andar la devolución. Reportaje especial de VerdadAbierta.com
Cuando el gobierno nacional creó la estrategia de Consolidación Territorial, en 2004, con la que pretendía “garantizar la gobernabilidad, legitimidad, presencia y confianza de los ciudadanos en el Estado a través de acciones sociales y económicas en regiones del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y débil presencia institucional”, no tuvo que pensarlo dos veces para escoger como zona de intervención al Bajo Cauca antioqueño.
Las razones saltaban a la vista: la región, conformada por seis municipios, donde habitan cerca de 280 mil personas y con una extensión de 8.445 kilómetros cuadrados, una de las mayores de Antioquia, arrastraba una historia de violencia prolongada protagonizada primero por bandoleros y luego, por narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Convirtieron este rico territorio, desde mediados de la década de los ochenta, en el mayor centro de cultivo y procesamiento de coca del departamento; todo ello en medio del más completo abandono estatal. A lo anterior se le suma, además, la situación de pobreza, tan histórica en la región como la misma violencia y una de las más altas del departamento.
Esta dura realidad, paradójicamente, contrasta con las bondades naturales de un territorio bañado por las caudalosas aguas del río Cauca, con fértiles tierras que encierran un enorme potencial productivo, una inigualable fortaleza cauchera y cacaotera y, como si fuera poco, una incalculable riqueza aurífera.
¿Cómo llegó el Bajo Cauca a ser una región tan convulsionada?, ¿por qué se concentraron allí todos los actores armados ilegales, reemplazando, incluso, al Estado en sus funciones? ¿Cómo entender este territorio, complejo y exótico; donde la pobreza abunda en tierras ricas y la institucionalidad no consigue abrirse paso en medio de una arraigada cultura de informalidad e ilegalidad?
Oro y miseria
Si algo ha forjado el carácter colectivo del Bajo Cauca ha sido la minería. Fueron precisamente los abundantes depósitos de oro lo que llevó a que los encomenderos españoles, sorteando las dificultades de un clima selvático, húmedo y extraño para ellos, fundaran en estas tierras los municipios más antiguos de toda Antioquia. El primero de ellos fue Cáceres, fundado en 1576 y que recibió inicialmente el nombre de Santa María Magdalena de Cáceres. Luego sería erigido el municipio de Zaragoza, en 1581. Le sucederían Nechí (1636) y El Bagre (1675) y ya en el siglo XX nacieron Caucasia y Tarazá.
La región creció al ritmo de la explotación aurífera. Primero llegaron cientos de esclavos negros provenientes del Pacífico colombiano para suplir la mano de obra indígena,fuertemente diezmada por las largas y duras jornadas en las minas de oro. Luego llegaron los ingleses, a mediados del siglo XIX, para instalar empresas como la Frontino Gold Mines y la Pato Consolidated. En las primeras décadas del siglo XX el precio del metal precioso alcanzó niveles nunca antes vistos, lo que desató un fuerte proceso inmigratorio en el Bajo Cauca antioqueño, que terminó acogiendo a cientos de miles de hombres y mujeres provenientes del interior de Córdoba, Chocó y el Sur de Bolívar.
El Bajo Cauca tuvo entonces un período de intensa actividad minera que se extendió hasta mediados de la década de los 70 del siglo XX y que estuvo caracterizado por la coexistencia de empresas extranjeras y centenares de pequeños rebuscadores que desarrollaban su actividad de manera informal, indiscriminada, sin ninguna clase de control, deambulando de una mina a otra, buscando fortuna. La creciente población aprendió a sobrevivir en medio de la informalidad, la ilegalidad y la ausencia del Estado.
El auge del oro, lejos de sacar de la pobreza a los recién llegados, lo que hizo fue perpetuar ciclos de exclusión que aún hoy se mantienen. Por una parte, los nuevos colonos terminaron asentándose en tierras baldías, de dueños anónimos o de propiedad de las empresas mineras como la Pato Consolidated que, en 1974, fue adquirida en su totalidad por la empresa colombiana Mineros S.A. Lo anterior derivó en graves confrontaciones entre quienes buscaban asentarse buscando un sustento para los suyos y los nuevos dueños de la tierra.
De otro lado, con la llegada a la región de rebuscadores, barequeros y mineros los barrios informales, carentes de todos los servicios públicos indispensables para la vida digna, crecieron como hongos alrededor de sus incipientes pueblos. Los municipios carecían de los recursos y el personal para responder a la creciente demanda de acceso a bienes y derechos como salud, educación, vivienda y saneamiento. Sus institucionalidades débiles contribuían al desorden social.
Para finales de la década de los setenta el Bajo Cauca ya era un polvorín donde ocurría toda suerte de protestas cívicas reclamándole al Estado su presencia en contraprestación por los jugosos aportes que se depositaban en las arcas del gobierno central producto de la actividad minera. El vacío estatal comenzó a ser ocupado por actores armados ilegales, inicialmente las guerrillas, que vieron en la insatisfacción popular terreno fértil para cosechar adeptos a sus ideologías.
Primero llegó el Eln, a finales de los años 70, asentándose en los principales centros mineros de la región. Fieles a su bandera política contra las empresas extranjeras, este grupo subversivo comenzó a extorsionar a empresas como Mineros S.A, al punto que en 1979, obligó esta compañía a dejar inactivas varias de las dragas que tenía explotando oro en el río Nechí. Luego llegaron las Farc, una guerrillaque se involucró en el movimiento campesino que por aquellos años se gestaba en Caucasia, Cáceres, Tarazá y Valdivia para acceder a la tierra y a los servicios públicos.
Desde el Bajo Cauca, los grupos subversivos podían salir al Urabá antioqueño, a través del Parque Natural Nudo del Paramillo, así como la Serranía de San Lucas, el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio. De ahí que pusieran bases importantes en varios de sus municipios, entre ellos Cáceres, Zaragoza y Tarazá.
El narco-auge
La presencia y consolidación de la insurgencia en el territorio coincidió entre fines de los setenta y comienzos de los ochenta, con los procesos de compras masivas de tierras por parte de narcotraficantes en Caucasia y Tarazá para instalar tanto laboratorios para el procesamiento de base de coca como pistas clandestinas para exportar el alcaloide. Lo anterior hizo que se agudizara aún más el problema en la tenencia de la tierra en la región, caracterizada ya por un alto índice de informalidad.
Así lo reseñó la Gobernación de Antioquia en su informe sobre el Bajo Cauca, elaborado en 2009: “Otra problemática que afecta al Bajo Cauca es la alta concentración en la propiedad de la tierra, fenómeno asociado en gran medida a factores de violencia, narcotráfico, ganadería extensiva y explotaciones mineras, entre otros. En esta lógica, el conflicto interno contribuye en gran medida a aumentar dicha desigualdad, ya que los dineros provenientes de los negocios ilícitos, son destinados, por lo general, a la adquisición de tierras (desde comienzos de los años ochenta) y al financiamiento de los grupos armados al margen de la ley”.
De la mano de narcotraficantes y las guerrillas, principalmente las Farc, la región vivió con la coca, una nueva bonanza económica que terminó por desplazar a la minería, venida a menos desde principios de los años 80 por cuenta de la caída de los precios internacionales. Los sembradíos del alcaloide se concentraron en la región montañosa de Tarazá y en Valdivia, localidad limítrofe con el Bajo Cauca.
Pero serían los grupos paramilitares los que generalizarían la siembra de hoja de coca en el Bajo Cauca. Todo ello de la mano, primero, de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, un viejo socio de Henry Pérez que llegó a la región a finales de los años 80 para liderar el Bloque Mineros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), estructura creada por petición expresa de mineros, ganaderos y comerciantes de la región, según lo han confesado ante fiscales de Justicia y Paz en años recientes desmovilizados de esta estructura paramilitar.
‘Cuco Vanoy’ se instaló en el corregimiento La Caucana de Tarazá, y desde allí inició el proceso de expansión de un aparato militar, a medida se robustecían sus finanzas por cuenta de la bonanza cocalera que inundó a la región. Tras una década de disputas con las guerrillas de las Farc y el ELN, el Bloque Mineros logró dominar extensos territorios en Cáceres, Caucasia y Tarazá y desde este último incursionó en Yarumal, Valdivia, Ituango, Briceño y Anorí.
Luego llegó, en 1997, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, a quien el propio Vicente Castaño le asignó la margen izquierda del río Cauca, lo que incluye Cáceres, parte de Caucasia y Zaragoza, territorios que quedaron bajo el dominio del Bloque Central Bolívar. Al igual que ‘Cuco Vanoy’, alias ‘Macaco’ decidió controlar toda la cadena productiva del narcotráfico: desde la siembra de la hoja hasta su procesamiento y exportación a Europa y los Estados Unidos, lo que le dejaba suficientes utilidades para garantizar la estabilidad financiera de su estructura armada.
Por un lustro mandaron en esas tierras con ferocidad. Dominaron fácilmente los gobiernos locales y la gente, que sufría su tiranía, no se atrevía a denunciarlos, pues los veía departiendo con la fuerza pública, como si se tratara de una sola cosa. Finalmente, el Bloque Minero y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar se desmovilizaron como parte de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional en Santa Fe de Ralito, en julio de 2003.
El primero lo haría en la vereda Pecoralia de Tarazá en enero de 2006; mientras que el segundo hizo dejación de armas en diciembre de 2005 en el corregimiento Santa Isabel, de Remedios. Si bien lo anterior representó tener a 3.200 personas menos en armas en la región, ello no incidió en la reducción ni de los cultivos ilícitos ni en la disminución de las actividades de narcotráfico en el territorio.
Al respecto, los reportes del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtieron que entre 2001 y 2011 los municipios de Cáceres, El Bagre, Tarazá y Zaragoza hicieron parte de los municipios con mayor área afectada con cultivos de hoja de coca. En sus estimativos, el 45 por ciento de la coca encontrada en el año 2011 se concentra en los municipios de Cáceres, El Bagre y Tarazá.
Y así como en el pasado los pobladores de esta región se movilizaron para protestarle a un Estado ausente, en la década de 2000 los campesinos nuevamente protagonizaron masivas marchas y prolongados paros cívicos, esta vez, para pedir la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato, implementadas por el gobierno nacional para combatir los cultivos ilícitos.
Solo en el 2008, más de 4.500 campesinos provenientes de Cáceres, Valdivia e Ituango se concentraron en el casco urbano de Tarazá, para exigirle al gobierno nacional la implementación de programas efectivos de sustitución de cultivos ilícitos y la suspensión de las fumigaciones con glifosato, pues alegaban que este fungicida estaba matando hasta los cultivos de pancoger.
Ordenar el territorio
Hoy han transcurrido poco más de ocho años de intervención ininterrumpida de la estrategia de Consolidación Territorial, que se convertiría en Plan Nacional de Consolidación mediante la Directiva Presidencial 001 de 2009 y que no solo incluye los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño (Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza) sino también Valdivia e Ituango en el Norte de Antioquia; y los municipios cordobeses vecinos de Montelíbano, Tierralta, Valencia y San José de Uré de Córdoba.
Esta estrategia ha empezado a dar mejores resultado. Ha habido una drástica disminución de los cultivos ilícitos, que pasaron de 5.350 hectáreas cultivadas en 2010 a 3.040 en 2011 y de allí bajaron a 2.699 hectáreas sembradas en 2012. Lo anterior también ha favorecido el asentamiento de alternativas agrícolas de sustitución como el caucho. Según datos de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia, a mayo de 2012 la región contaba con unas 4.500 hectáreas sembradas con caucho de las cuales 900 ha ya se encontraban en plena producción.
Otro de los puntos donde muestra fortalezas la intervención interinstitucional del Plan Nacional de Consolidación es en la legalización de predios rurales y urbanos. De acuerdo con Luis David Giraldo, gerente territorial para Antioquia del Plan Nacional de Consolidación, actualmente se avanza en procesos de formalización de predios urbanos en los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia y Zaragoza y “esperamos que próximamente se entreguen más de mil títulos de predios urbanos. En este proceso están participando la Gobernación de Antioquia y empresas privadas como Mineros S.A”.
Pero no todo es positivo. En la región aún persisten sus problemas históricos de violencia, actividades ilegales y pobreza. En este último punto, los indicadores continúan siendo los más preocupantes de Antioquia. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, para el año 2010 un 46 por ciento de la población se encontraba en línea de pobreza y un 21 por ciento en situación de miseria, mientras que un 59 por ciento de los hogares presentaba alguna necesidad básica insatisfecha. Las cifras han sido constantes en los últimos diez años.
Sin duda las principales dificultades de la región guardan relación con la presencia de grupos armados y actividades ilegales. Y es que en esta región de Antioquia fue más evidente la falta de una política de reinserción efectiva dirigida a los mandos medios desmovilizados de los bloques Mineros y Central Bolívar que, sumado a la presencia del narcotráfico en el Bajo Cauca antioqueño más la incapacidad del Estado para copar completamente los territorios donde antes operaron las Auc, terminaron por crear la condiciones propicias para el surgimiento de nuevas bandas criminales.
“La conflictividad en el Bajo Cauca tiene muchas aristas y muchas formas de verlas”, señala Giraldo, quien reconoce que en el territorio hay presencia de los frentes 36 y 4 de las Farc, reductos del ELN y operan las bandas criminales de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’. “Nosotros no somos evaluadores de los planes de guerra del Ejército ni de la Policía. Nos apoyamos en ellos, son nuestros socios estratégicos en el sentido que ahí tenemos que tomar decisiones sobre dónde actuar, cómo actuar, donde invertir y cómo invertir, en la medida de lo posible con la información que la Fuerza Pública nos suministra. Pero sí, el conflicto es muy fuerte”.
El funcionario reconoce que persisten problemas no solo de cultivos ilícitos sino también de minería ilegal. “Claro que tenemos que hacer una diferenciación muy clara: no solo tenemos minería ilegal, sino que también hay minería que cumple con todas las normas legales, pero es cierto que hay una influencia muy fuerte de estos grupos armados ilegales en esa minería que complejizan todo el accionar en el territorio”, dice.
Sobre el particular, un censo realizado por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia en el año 2011 señalaba que en Antioquia se tenían detectadas unas 1.664 minas informales de las cuales unas 460 se encuentran en el Bajo Cauca antioqueño.
Aunque a juicio del diputado antioqueño por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez, conocedor del tema, la cifra podría ser mayor si se incluye en el rastreo los municipios que integran el denominado distrito minero del Bajo Cauca, que además de los seis municipios antioqueños contempla tres localidad del departamento de Córdoba (Ayapel, Montelíbano y Puerto Libertador) y tres del Sur de Bolívar (Montecristo, Puerto Rico y Santa Rosa del Sur). “Se calcula que en Bajo Cauca (minero) hay 1.900 entables aproximadamente, es decir, una máquina con una tolva donde lavan y extraen oro”, señala el diputado.
Desde la gerencia territorial para Antioquia del Plan de Consolidación se está planeando una intervención más focalizada que no solo permita ser más efectivos sino también, entender la complejidad de fuerzas en juego en esta región.
“Nosotros estamos tratando de entender perfectamente el territorio, porque en últimas eso es Consolidación. Hay que hacer una claridad: en este proceso requerimos información de muchas entidades. Eso no es fácil y eso cuesta plata”, señala el gerente territorial.
Por ello, frente a la pregunta ¿Qué es el Bajo Cauca?, el funcionario, quien en virtud de su cargo conoce en detalle los seis municipios, un buen número de sus 278 veredas y 28 corregimientos, responde que no se puede tener una mirada homogénea del territorio. “No es lo mismo un ejercicio de ordenamiento territorial en El Bagre que en Valdivia, no es lo mismo en Tarazá que en Nechí, dice y agrega que entender el territorio es muy complejo: “estamos haciendo un esfuerzo muy grande, hemos logrado generar unas confianzas con los alcaldes municipales, y estamos convencidos que si la institucionalidad está llegando es para quedarse en el territorio y no entrar y salir, entrar y salir, que es en lo que nos hemos equivocado”.
La gerencia territorial, así como la misma Gobernación de Antioquia y los alcaldes de los seis municipios del Bajo Cauca saben que las intervenciones que requiere esta región no dan espera y que la estabilidad de un vasto territorio, vital para la economía del país, depende del éxito que tenga el Estado para consolidar su presencia y solucionar problemáticas históricas como la violencia, la pobreza y el conflicto por la tenencia de la tierra.
Tierras de nadie
“En el 2020, el Bajo Cauca será una subregión socialmente cohesionada y articulada con el departamento, la Nación y el mundo, con un desarrollo agroindustrial, pecuario, minero, ecoturístico, sostenible, diversa, pacífica, participativa y con mayores niveles de desarrollo humano integral”, se lee en el Plan Estratégico Subregional del Bajo Cauca, que traza la ruta de esta región de Antioquia para el periodo 2011-2020.
Sin embargo, a siete años de cumplirse esa meta no se vislumbra cómo se van a canalizar en forma pacífica y justa los conflictos por el uso y tenencia de la tierra ni cómo se va a ordenar el territorio. Estos conflictos y el desorden conforman el paisaje de fondo de los demás enfrentamientos de esta turbulenta región antioqueña.
Allí hay concentración de tierras en pocas manos como en el resto del país rural, pero también hay una amplia clase media poseedora de fincas. También hay muchos campesinos sin tierra. Pero el problema de fondo es que se tiene la tierra de facto, sin títulos ni protección jurídica. Eso ha facilitado el despojo violento de campesinos. Además, los predios que el Estado les ha quitado a narcotraficantes por haberlos conseguido con dineros producto de su negocio ilegal están improductivos. Las entidades que deben ordenar el territorio, formalizar la propiedad y cobrar el impuesto catastral son débiles o están cooptadas por criminales.
Un diagnóstico confidencial de carácter académico conocido por VerdadAbierta.com sobre esta región asegura que “para la mayoría de los campesinos resulta imposible acceder a la propiedad de la tierra, que muchas veces no está titulada, pero es férreamente controlada”. Adicional a ello, sostiene que “las viviendas son, en promedio, las más precarias de Antioquia y en muchos casos sus ocupantes han debido someterse a condiciones inicuas de explotación laboral a cambio de su usufructo”.
Datos a 2009 del Catastro Departamental mostraban que, en promedio, el 60 por ciento de la tierras rurales eran baldíos ocupados o explotados informalmente, y los expertos calculan que esto no ha cambiado un lustro después.
Propiedad privada
En un estudio del 2011 sobre la situación socio-económica del Bajo Cauca, investigadores de la Universidad EAFIT en convenio con la Gobernación de Antioquia establecieron que el área geográfica del Bajo Cauca es de 857.245 hectáreas, pero que el área catastral es del 816.695 hectáreas. La diferencia se más de 40 mil hectáreas se explica por dos razones. Hay muchos predios que aún no se han formado e incluido en el catastro oficial; y segundo, muchos propietarios han registrado sus predios en Córdoba, aunque queden en Antioquia.
El 77, 75 por ciento del área de terreno en el sector rural es de propiedad privada rural y el porcentaje restante pertenece al Estado e Instituciones. A pesar de estar entre las regiones antioqueñas con mayor área de terreno, es la segunda con menor cantidad de propietarios y unidades prediales.
Según el citadoestudio, el 9 por ciento de los propietarios con más de 200 hectáreas cada uno, poseen poco más de la mitad de todo el terreno agropecuario que está en manos privadas (51 por ciento). No obstante, hay una proporción considerable de propietarios medianos (el 58 por ciento) con fincas entre 20 y 199 hectáreas, cuya porción del territorio alcanza el 45 de la tierra. El restante 4 por ciento de la tierra está en manos de pequeños propietarios, con menos de 20 hectáreas.
No obstante, la tendencia en esta región es hacia la concentración cada vez mayor de la propiedad de la tierra. Según datos del Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el Bajo Cauca creció la proporción de tierra en manos de grandes propietarios entre 2005 y 2009, mientras que en el departamento esta cayó del 36 por ciento al 31 por ciento en el mismo período.
De acuerdo con el Plan Estratégico Subregional del Bajo Cauca, la falta de claridad en el ordenamiento territorial también ha provocado arduos conflictos entre pequeños productores agropecuarios que luchan por preservar su modo de subsistencia y empresarios mineros medianos e informales que, ante la reciente bonanza en los precios del oro, intentan penetrar áreas agrícolas y ganaderas para explotarlas.
Surgen también conflictos entre pequeños mineros artesanales que se disputan el espacio con propietarios de minas o de haciendas, para realizar sus actividades de subsistencia. “Los problemas sociales asociados a la carencia de tierra tienen efectos ambientales importantes porque generan desplazamientos y presiones en las reservas de bosque que existen actualmente en el Bajo Cauca”, dice el Plan Estratégico.
Titulación minera
Parte de ese conflicto por la tierra lo genera la posesión de títulos mineros. Cifras de la Agencia Nacional de Minería indican que, a corte del 26 de agosto de 2013, se tenían registrados 239 títulos mineros vigentes, que en los municipios de Tarazá, Nechí, El Bagre, Caucasia y Cáceres abarcan 349.921 hectáreas, equivalentes al 40,8 por ciento del territorio. De éstas, están siendo explotadas por lo menos 23.605 hectáreas, la mayor superficie destinada a la actividad minera en el departamento.
La lista de las primeras cinco compañías que hacen presencia en la región la encabeza Mineros S.A., de propiedad del grupo financiero Colpatria y de la Corporación Financiera Nacional (CFN), que posee 83 títulos, por 120.532 hectáreas, concentrados en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Nechí y Caucasia. De ellos, 13 están en fase de exploración, 18 en construcción y montaje, y 52 en explotación.
En segundo lugar se encuentra Minerales OTU S.A.S., una firma de capitales estadounidense, canadiense e inglés que posee 32 títulos en las poblaciones de El Bagre y Zaragoza por 20.027 hectáreas, 20 en fase de exploración y 12 en construcción y montaje.
Detrás aparece el proyecto Coco Hondo S.A.S, compañía de capital estadounidense que posee 15 títulos mineros distribuidos en los municipios de El Bagre, Zaragoza, Nechí y Cáceres, por 27.263 hectáreas, 9 en fase de exploración y 6 en construcción y montaje.
Luego viene la AngloGold Ashanti Colombia S.A., que tiene fondos de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, y posee 7 títulos en los municipios de El Bagre y Nechí, por 7.725 hectáreas, todos ellos en fase de exploración.
Finalmente está en la región, la empresa Cerro Matoso S.A., controlada por la firma australiana BHP Billiton. En la actualidad posee 5 títulos mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres que abarcan un área de 11.330 hectáreas, los cuales se encuentran en fase de exploración.
Adicional a ello, en el despacho de la Secretaría de Minas de Antioquia se encontraban en trámite a finales del año pasado 213 solicitudes de títulos mineros, 189 propuestas de contratos de concesión y 269 solicitudes de legalización.
Mientras el gobierno le ha otorgado títulos de exploración a las empresas mineras con relativa celeridad, y aun cuando éstas los devuelven, se demoran en liberar las áreas, a los mineros artesanales les han venido legalizando a paso de tortuga. Así se dan muchas áreas improductivas que los mineros artesanales quieren, o que incluso ya están trabajando hace tiempo, pero no se las titulan porque los grandes las han reservado y pagan el canon superficial por mantener el título. Uno de estos pequeños mineros expresó su frustración a VerdadAbierta.com: “no podemos acceder a esos predios, pese a que las compañías no están explotándolas y algunas de ellas ya perdieron sus derechos porque ya se vencieron los términos. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar”.
Esta visión coincide con el diagnóstico realizado por la Gobernación de Antioquia: “Los ganaderos concentran altas extensiones de tierra para la práctica de la ganadería extensiva; los grandes mineros desde hace tiempo tienen titularidad y derecho sobre el suelo y el subsuelo; y el Estado declaró reserva forestal y natural una gran extensión de tierra que cubre buena parte del territorio del Bajo Cauca (…) Esto ocasiona problemas de desplazamiento y desalojo constante de los campesinos por presión económica y militar, además de existir pocos títulos de propiedad entre la gente”.
Áreas protegidas
En efecto, como dice el informe, amplias áreas del territorio del Bajo Cauca antioqueño están protegidas como Reserva Forestal, según lo dictó la Ley 2 de 1959. Se calcula que 128.182 hectáreas de los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza sobre las estribaciones de la Serranía de San Lucas están incluida en la zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, establecida con el fin de impulsar “el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”.
Desde el año 2009, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) trabaja en el Plan de Ordenación Forestal de los Bosques del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia, un proyecto cofinanciado por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT). El propósito es adelantar un proceso participativo de ordenación forestal que propicie el aprovechamiento racional de los bosques, la protección del medio ambiente y la inclusión social.
Amplias áreas de bosques nativos, que se deben preservar, están siendo degradadas por las actividades ganaderas y mineras, lo que ha venido empobreciendo la calidad de la tierra y afectando el ecosistema.
En la porción de reserva del Municipio de El Bagre, que abarca 103.415 hectáreas, el proyecto ha iniciado un proceso de formación catastral encontrando que allí habitan alrededor de 800 familias campesinas y varias comunidades negras e indígenas Embera-Katío, Embera-Chamí y Zenú, con más de 50 años de presencia en la zona, viviendo mal, arrinconados por el conflicto armado y afectado por el desplazamiento forzado. Además, carecen de títulos de propiedad, lo que complica aún más su situación.
En otras palabras, hay mucha gente que busca y necesita ser productiva para mejorar sus ingresos, pero por la forma como el Estado ha repartido derechos sobre el territorio no las deja acceder a títulos de la tierra ni de las minas que trabajan, lo que les impide salir de la informalidad, acceder a créditos, crecer y prosperar.
Restitución, empantanada
Dos años después de entrada en vigencia la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, su aplicación plena en el Bajo Cauca antioqueño es incierta. Razones de seguridad han impedido que funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras inicien realicenlas labores de atención en terreno de las solicitudes de reclamación de predios despojados.
La Fuerza Pública no ha emitido concepto favorable en seguridad y constantemente les ha pedido paciencia a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras para ingresar a esta región con sus equipos de trabajo y adelantar los procesos de identificación y medición de los predios reclamados.
“En el Bajo Cauca el problema para entrar es la presencia de las bacrim (bandas criminales). Los grupos de inteligencia de la Fuerza Pública están trabajando allá y nos han dicho que nos quedemos quietos por un tiempo”, dijo hace unos meses a VerdadAbiera.com, Ricardo Sabogal, director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, que depende del Ministerio de Agricultura.
Cuatro meses después la situación no ha variado positivamente y las dificultades continúan. Si bien la Unidad, creada por la Ley 1448, instaló una oficina en Caucasia desde el 15 de marzo del año pasado y hasta el 15 de enero de 2014 había registrado 1.273 solicitudes de restitución en los seis municipios que integran la región,grupos armados que surgieron después de la desmovilización de los paramilitares en las zonas rurales ejercen el control en amplias zonas, y tornan muy difícil proceso de documentación de los casos de despojo y abandono. Además, hay disputas entre ellos desde hace varios años, las víctimas viven con miedo y es difícil para el Estado ganarse su confianza.
Algunos conocedores de la región explicaron que la presencia en la región de un grupo llamado las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (conocidos también como ‘Los Urabeños’) ponen en riesgo a los grupos de trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras y a los propios reclamantes de predios.
Las normas exigen que los investigadores de la Unidad visiten los predios con topógrafo y los midan, así como averiguar cómo se dio el despojo o el abandono, qué circunstancias obligaron a la gente a dejar sus fincas y quiénes pudieron ser los responsables. Y mientras persista la presencia de grupos armados ilegales no pueden adelantar esas tareas con seguridad.
En el Bajo Cauca no alcanzó a sentirse el alivio, luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a mediados de la primera década del siglo, cuando ya nuevas bandas armadas empezaron a crecer, a enfrentarse entre sí para consolidar sus áreas tornando casi imposible la labor de las instituciones como lo exige la ley.
Además de ‘Los Urabeños’, las guerrillas de las Farc y el Eln, tienen en el narcotráfico y la minería, dos fuentes clave de financiación. Históricamente ha sido una zona utilizada por el narcotráfico. Allí se ha cultivado coca, se han instalado laboratorios de procesamiento de la pasta, se han construido pistas áreas clandestinas y se han abierto rutas terrestres para transportar droga. Desde allí la cocaína sale fácilmente, vía sur de Córdoba, hacia el Golfo de Morrosquillo, zona de embarque clandestino a los mercados internacionales.
En el Bajo Cauca también se explotan, de manera legal e ilegal, numerosas minas de oro, un imán para los grupos armados ilegales por las utilidades que está dejando esa actividad con los altos precios del metal en los últimos años. Según la Secretaría de Minas de Antioquia, los 1900 entables y 460 minas informales de la región produjeron a sus dueños ingresos brutos de alrededor de cuatro billones de pesos.
Pese a la complejidad de la situación, durante 2013 la organización no gubernamental Forjando Futuros documentó en terreno 60 casos de posibles despojos de tierras. Su trabajo se centró en las veredas Anará y Candilejas, de Cáceres, y Luis Cano y El Aguacate, de El Bagre. Estos casos fueron radicados ante la Unidad de Restitución de Tierras para su inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas.
“Contrario al escenario de riesgo que ha dado concepto negativo, los operadores de Forjando Futuros pudieron ingresar a las veredas sin ningún tipo de problema de seguridad y adelantar el trabajo de documentación de los casos con las comunidades”, aseguró Gerardo Vega Medina, director de esta organización.
Algunas fuentes consultadas, que pidieron la reserva de sus nombres, coinciden en que ante las expresiones violentas y sus consecuencias, cualquier propuesta de intervención social y económica, entre ellas la restitución de tierras, tendrán que estar ligada a la superación de los fenómenos de violencia. El riesgo de restituir en medio del conflicto es muy alto y puede producir nuevas víctimas, re-victimizar a las que ya han sufrido el despojo, y a pesar de ello, no conseguir el propósito de que los campesinos puedan retornar a sus tierras, obtener los títulos legales, y vivir en paz.
Más gente perdió la tierra después de los ‘paras’
Durante los años posteriores a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes por más de una década fueron amos y señores en la región, se registró la peor época de violencia en el Bajo Cauca antioqueño. Por lo menos así lo sostiene Pedro*, quien conoce como nadie la historia de esta región fruto de recorrerla, habitarla, padecerla por más de 34 años.
Y es precisamente esa experiencia la que le permite afirmar que la guerra que libraron los herederos del paramilitarismo por el control de ese imperio criminal durante los años 2008-2011 terminó expulsando cientos de familias de municipios como Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí y El Bagre. Estos fueron los años más duros del desplazamiento forzado y tuvo un fuerte impacto en el abandono y despojo de tierras.
La confrontación fue de tal magnitud que terminó convirtiendo veredas enteras en pueblos fantasmas. Uno de esos casos lo representan las veredas Correntosas y Parcelas, del corregimiento Londres de Nechí, que quedaron desocupadas en 2011 por cuenta de la fiereza de la guerra entre ‘Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras y ‘Urabeños’. Igual aconteció en la vereda La Arenosa, de Caucasia, que luego de la masacre de 10 campesinos, perpetrada al parecer por los ‘Urabeños’ en agosto de 2011, terminó desolada.
Según la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, en esos años salieron forzosamente del Bajo Cauca unas 28.800 personas, siendo Caucasia, Cáceres, Nechí y Tarazá las poblaciones más expulsoras. Tal situación supera en las registradas durante los años de hegemonía de los bloques Minero y Central Bolívar de las Auc. De acuerdo con este mismo sistema de información, entre los años 2004-2006 el número de personas desplazadas alcanzó poco más de 13 mil.
La Dirección Territorial en Antioquia de la Unidad de Víctimas registró en 2013 tres eventos masivos de desplazamientos. Uno de ellos ocurrió en el corregimiento La Caucana de Tarazá, donde el Frente 18 de las Farc obligó a la población a desplazarse hasta el casco urbano del municipio para presionar la salida de la estación de Policía. Otro sucedió en el corregimiento de Puerto Claver, cuando cerca de 219 familias se vieron obligadas a salir de la zona por presiones de la compañía Gerardo Guevara de las Farc; y otro más se dio en la vereda Bocas de Caná de Zaragoza, donde cientos de campesinos decidieron abandonar sus tierras huyendo de las confrontaciones entre la banda criminal de ‘Los Urabeños’ y las guerrillas de las Farc y Eln.
Los análisis de esta dependencia muestran que hoy por hoy, la guerrilla de las Farc y las bandas criminales son los máximos responsables del desplazamiento en el Bajo Cauca. Y entre las razones que esgrime la gente para abandonar sus territorios, bien sea de manera masiva o individual, figuran las fuertes confrontaciones armadas, las amenazas directas por el no pago de extorsiones y los riesgos de vinculación y reclutamiento forzado de menores de edad.
Asimismo, hay preocupación por lo que ocurre en Zaragoza, donde persisten las confrontaciones entre disidencias de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños.
“El municipio que ahora preocupa es Zaragoza, porque allá todavía no hay un poder consolidado. Entonces, la gente que sale desplazada de allá se viene para Caucasia así como la gente que es desplazada de Puerto Libertador, de Valencia, de La Apartada (estos últimos de Córdoba). Desde finales del año pasado estamos recibiendo en promedio unas 16 declaraciones semanales de desplazamiento”, asegura Pedro.
Pero si la dinámica de desplazamiento forzado en los últimos cinco años ha estado marcada por la disputa intestina de las bandas criminales, surgidas del proceso de desmovilización, por el control de las rentas de la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico, a finales de los años noventa y principios de ladécada de dos mil estuvo determinada por el interés en la tierra, tanto por su valor estratégico para la guerra contra las guerrillas de las Farc y el Eln, como para destinarla al cultivo de hoja de coca y el deseo de acumulación de los jefes paramilitares.
Durante buena parte de los años ochenta y parte de los noventa municipios como Tarazá, El Bagre y Cáceres fueron enclaves estratégicos de ambas guerrillas, pero luego padecieron la embestida paramilitar. Y la insurgencia paulatinamente fue perdiendo terreno.
“Ya con el territorio controlado, lo que hicieron los paramilitares fue comprar tierras, a las buenas o a las malas. Y los que no querían vender se tenían que ir desplazados. Por los lados de Piamonte (Cáceres) compraron muchas tierras y desplazaron mucha gente. Por los lados de Cuturú (Caucasia) también pasó lo mismo”, recuerda Pedro.
Análisis aparte merece el municipio de Tarazá, población de donde más gente ha sido expulsada desde el año 2000 hasta hoy. Lo anterior puede explicarse por la presencia de Ramiro ‘Cuco’ Vanoy Murillo, quien fuera el máximo jefe del Bloque Mineros y quien hiciera de esta localidad no solo su fortaleza militar sino que, además, la convirtió en el principal emporio cocalero del Bajo Cauca y en su experimento político.
“Cuco’ fue prácticamente un ‘dios’ en Tarazá y cuando él se desmovilizó pues esta gente que quería arrebatarle sus fincas, sus rutas, sus cosas, pues comenzó a matar y a desplazar a la gente que ellos sabían tuvieron relaciones con ‘Cuco’, o sea, casi todo el pueblo”, añade Pedro.
Un estudio adelantado durante 2009 por la agencia estatal Acción Social, que revisó 3.571 registros de víctimas de Antioquia inscritas en el proceso de Justicia y Paz, conceptuó que en el Bajo Cauca las causas del desplazamiento durante la etapa de hegemonía paramilitar fueron, en su orden, “las amenazas, evidenciadas en listas, señalamientos y reuniones citadas por los grupos armados para ordenar el desalojo de las veredas; los enfrentamientos, en los cuales no sólo se alude a los campos de batalla o fuego cruzado; la restricción para la circulación de alimentos y, en menor medida, los incendios”.
Retorno: ¿poco probable?
Un alto porcentaje de las personas que salieron desplazadas en los últimos años del Bajo Cuaca terminó asentándose en Medellín, Montería o en la misma Caucasia para el caso de aquellos que venían de otros municipios o de zonas rurales de la región.
Lo que no logran advertir las autoridades es cuántas de estas personas han retornado al territorio realmente. Según la Dirección Territorial en Antioquia de la Unidad de Víctimas, desde esta dependencia no se ha promovido ni apoyado ningún proceso de retorno debido a que casi el 99 por ciento del territorio posee concepto desfavorable de seguridad, requisito indispensable para iniciar el acompañamiento a los desplazados dispuestos a regresar a sus lugares de origen.
De hecho, monitoreos realizados por funcionarios de esta dependencia comprobaron que a excepción de la vereda Correntosas de Nechí, donde la gente regresó por su propia cuenta y riesgo, las veredas Parcelas, también de Nechí; y La Arenosa de Caucasia, donde se registraron éxodos masivos en 2011, aún permanecen desoladas. Fuentes de esta entidad consultadas por VerdadAbierta.com advierten que todo apunta a que en esta última vereda funciona un campamento de ‘Los Urabeños’ y que allí ejercen un fuerte control territorial que impide cualquier retorno.
¿Y qué pasó con la tierra?
Una de las particularidades que tiene el Bajo Cauca es la dificultad para obtener la información necesaria para entender qué ha pasado con la posesión de la tierra una vez las veredas quedaron abandonadas por acción de grupos paramilitares y bandas criminales emergentes.
Diversas fuentes consultadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, coinciden en advertir que dadas las características del conflicto en esta región de Antioquia, que aún persiste de manera intensa, es complejo determinar qué grupos han tenido mayor incidencia en el abandono y despojo de los predios.
A corte del 15 de enero de este año, la regional de la Unidad de Tierras del Bajo Cauca tiene registradas 1.273 solicitudes de reclamación de predios, una muestra de 810 de ellas, que ya han sido analizadas por los técnicos de la entidad, arroja que el municipio de Cáceres ocupa el primer lugar con 243 solicitudes. En esta población actuó el Bloque Central Bolívar (Bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y, tras su desmovilización, hicieron presencia ‘Los Rastrojos’, grupo que fue integrado por reinsertados del Bcb).
En segundo lugar se ubica el municipio de Tarazá, con 171 solicitudes de reclamación. Allí tuvo fuerte injerencia el Bloque Mineros de las Auc, y luego de la dejación de este grupo, el territorio fue copado por las llamadas ‘Águilas Negras’, conformada por ex miembros del Mineros, que luego entraron en confrontación con ‘Los Paisas’, una facción rural de la llamada ‘Oficina de Envigado’, y después con las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Los Urabeños’.
Luego aparece El Bagre, con 157 solicitudes de restitución. Allí operó el Bloque Central Bolívar de las Auc, y, posterior a la desmovilización, aparecieron ‘Los Rastrojos’, quienes se han disputado el territorio con ‘Los Urabeños’. Finalmente, están Caucasia, con 125 solicitudes, Zaragoza, con 75, y Nechí con 39.
“Los análisis de contexto indican que los principales generadores de despojo y abandono forzado de tierras son los bloques Mineros y Central Bolívar, pero también tienen una alta participación las llamadas bandas criminales emergentes”, afirma un analista de la Unidad de Restitución de Tierras.
Por el momento, solo hay dos veredas microfocalizadas para adelantar procesos de restitución. Se trata de El Tigre Uno y La Victoria, de Caucasia, donde inició formalmente el proceso de intervención para documentar lo ocurrido y presentarlo ante los jueces especializados en restitución de tierras.
Abogados de la organización no gubernamental Forjando Futuros, que ha venido trabajando en la región, aseveraron que es compleja la identificación de los responsables del despojo de tierras en el Bajo Cauca. Ellos documentaron 60 casos en los municipios de Cáceres y El Bagre, en los que aparecen diversos grupos como generadores de desplazamiento.
Uno de los procesos que acompaña esta entidad es el de la vereda Anará, de Cáceres. Allí 63 familias fueron notificadas el 19 de junio de 2006 de que estaban habitando y trabajando en tierras ajenas. Ese día un terrateniente de la región, de quien lo único que se sabía era que se llamaba Albeiro Acevedo, apareció acompañado de un paramilitar conocido con el alias de ‘La Zorra’ y varios de sus compinches, y convocaron a una reunión a los campesinos para decirles que la tierra que habían habitado, trabajado y luchado por más de 35 años, no era de ellos, “que se tenían que ir”.
“Ese señor decía que las tierras son de quienes tienen las escrituras y como nosotros nunca titulamos ni legalizamos nada, simplemente vivíamos allá. Pero este señor decía que sí tenía escrituras de esa tierra, que eso le pertenecía hace más de 40 años, y al ver gente armada, pues nos tocó salir”, le contó uno de los labriegos a VerdadAbierta.com.
Medidas de seguridad posteriores, diseñadas por la Policía y el Ejército en la zona, permitieron crear las condiciones para el regreso de estos campesinos, no obstante, la difícil situación de orden público que generan las llamadas bandas criminales emergentes no permiten un retorno integral.
La solicitud que han hecho los labriegos de Anará es que les titulen la tierra que han trabajado durante más de tres décadas, sienten que con su permanencia en el lugar se han ganado ese derecho, y ya están cansados de trajinar de un lado a otro sin que tengan respuesta alguna. Una situación que comparten con cientos de reclamantes en una región donde el conflicto aún no termina.
La seguridad mejora, pero…
Una tranquilidad que a veces asusta. Así describe Violeta*, habitante de Caucasia, el clima que actualmente se respira en esta localidad del Bajo Cauca antioqueño, que en los últimos años ha sido escenario de la guerra entre bandas criminales en su afán por controlar las rentas derivadas del narcotráfico y la extorsión a la minería. “Uno cree que la cosa está tranquila, pero uno sabe que esa gente anda por ahí”, dice la joven.
Su percepción coincide con la del periodista y político de la región, Leiderman Ortiz. Dice que la fuerza pública sí ha golpeado las bandas criminales, el más importante: la captura el pasado 24 de agosto de Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, jefe de ‘Los Urabeños’ en la región, pero que las estructuras criminales como tales siguen fuertes. Ejercen el control en varios barrios de Caucasia y en zonas rurales de Cáceres, Zaragoza y Nechí.
“Se vienen presentando homicidios esporádicos en Caucasia, sobre todo en los barrios del sur”, dice Ortiz, y además la extorsión no para. “A los establecimientos comerciales y compraventas de oro les incrementaron la cuota y les cobran los 5 de cada mes; en las áreas rurales de Caucasia y Cáceres también se están cobrando vacunas en fincas y haciendas”.
Autoridades judiciales aseguran que en el momento hay un reacomodo al interior de ‘Los Urabeños’. Ya está ocupado el trono que dejó alias ‘Chepe’, quien a su vez fue el heredero del imperio criminal que lideró en su momento Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, narcotraficante y desmovilizado jefe del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, hoy en una cárcel en Estados Unidos. Sostienen que el nuevo jefe es Arnoldo Sacristán Mahecha, alias ‘León’, subalterno de ‘Chepe’ y que tiene su centro de operaciones en el corregimiento Piamonte, de Cáceres, donde se presume hay un buen número de predios despojados por el paramilitarismo.
A ese nombre se suma el de Mauricio Navarro Builes, alias ‘Leonidas’, quien al parecer se mueve sin afán por los municipios de El Bagre y Zaragoza; José Horacio Bello, alias ‘67’ y Pedro Alfonso Sacristán Rueda, alias la ‘Chula’; y alias ‘Cantina’ son otros jefes de la banda que las autoridades identifican.
Los investigadores judiciales sospechan que los ‘Los Urabeños’ no solo han absorbido el reducto de la banda ‘Los Paisas’, sino que también habría hacho alianzas con pequeños grupos vinculados a la poderosa banda que opera en el Pacífico colombiano, ‘Los Rastrojos’, en aras de extender y consolidar su dominio en el Bajo Cauca.
‘Los Urabeños” llegaron a esta región de Antioquia hace relativamente poco tiempo. Vinieron desde los municipios del sur de Córdoba hasta los cascos urbanos y algunas zonas rurales de los seis municipios que conforman el Bajo Cauca no sin antes librar, entre los años 2009 y 2012, una cruenta disputa con ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas, lo que convirtió a localidades como Tarazá, El Bagre, Nechí, Caucasia y Cáceres en sufridas zonas de guerra.
La confrontación disparó todos los índices de vulneraciones a los derechos humanos y produjo una crisis humanitaria nunca antes vista en la región. De acuerdo con la Red Nacional de Información de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas, solo en Caucasia se registraron, en el año 2010, un total de 98 homicidios, 23 atentados terroristas, 17 desapariciones forzadas mientras que 2.803 personas fueron obligadas a abandonar el municipio.
Para los años siguientes se mantendría esta tendencia. Entre los años 2011 y 2012 se reportaron para Caucasia un total de 163 homicidios, 20 casos de desaparición forzada, 18 atentados terroristas y 2.117 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, las cifras podríanser peores dado el subregistro que siempre presentan delitos como la desaparición y el desplazamiento forzado, pues las víctimas se abstienen de denunciar por temores a nuevas represalias.
Los hijos del paramilitarismo
Paradójicamente, quienes protagonizaron esta guerra fueron en su momento compañeros en las filas de los bloques Mineros y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que dominaron la región desde mediados de la década de los 90. Luego de la desmovilización a medias de ambas estructuras paramilitares y tras la extradición de sus máximos comandantes: Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’ (Mineros); y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ (Central Bolívar), sus herederos comenzaron a emerger como nuevos capos.
Fue así como comenzaron a escucharse los nombres de ‘Paisas’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’. Las autoridades explicaban que se trataba de nuevos grupos armados, pero que estaban integrados por viejos conocidos paramilitares como Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’; Cesar Arturo Torres Lujan, alias ‘Mono Vides’; Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’; Germán Bustos Alarcón, alias ‘Puma’; Antonio Mejía Salgado, alias ‘Picapiedra; Ángel de Jesús Pachecho Chancy, alias ‘Sebastián’, entre otros.
Los herederos del paramilitarismo comenzaron a apoderarse de fincas, predios, casas, y rutas del narcotráfico que antes habían estado bajo la tutela de los jefes ‘paras’. La guerra entre ellos fue inevitable. El nivel de violencia desplegado por las nuevas bandas criminales obligó a la Fuerza Pública a realizar una intervención sin precedentes en la región, que fue bautizada como ‘Operación Troya’, la cual entró en vigencia en febrero de 2011. Vinieron las capturas, las muertes por vendettas, las entregas, los reacomodos.
Hoy las autoridades de Policía aseguran que en la región delinquen principalmente ‘Los Urabeños’ y, de manera residual, de ‘Los Rastrojos’. Aseguran que los han golpeado duro por los operativos intensos que realizaron en 2011 y que esto ha hecho que los homicidios hayan caído drásticamente en la región. Cifras de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia señalan que a octubre de 2013 se habían cometido en todo el Bajo Cauca unos 155 homicidios, 10 menos que los cometidos en la región del Nordeste del departamento, hacia donde se trasladó la guerra de las bandas criminales.
Habitantes y dirigentes comunitarios de Caucasia, Nechí, Cáceres y Tarazá interpretan la baja de homicidios de otra forma. Aseguran que la persecución oficial y el desgaste de más de un año de guerra, llevó a los ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ a pactar una tregua y se dividieron territorios: para los primeros correspondieron los corredores y rutas que los conectan fácilmente con el Caribe. Los segundos regresaron a sus lugares de origen: el sur del país y el Pacífico colombiano.
“Aquí ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ pactaron una tregua y se dividieron el territorio, las rentas. Por eso es que está la región en paz. Porque, igual, ya no se está matando la gente, pero las vacunas sí las están cobrando: los mineros tienen que pagar, los de las compraventas tienen que pagar, todo el mundo tiene que pagar”, afirma enfáticamente un líder social de Caucasia que pidió reserva de su nombre.
El dorado de los grupos armados
Históricamente el Bajo Cauca ha sido un territorio geoestratégico para los grupos armados ilegales dado las facilidades que ofrece para conectar esta región con el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba a través del Parque Nacional Nudo de los Paramillos; con el Sur de Bolívar y de allí con la Serranía de San Lucas y el Magdalena Medio.
A ello se suma que esta región se convirtió, desde mediados de la década de los ochenta, en el principal centro cocalero de Antioquia y quizás del país. El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) llegó a estimar que poco más del 98 por ciento de la hoja de coca sembrada en Antioquia se encontraba en el Bajo Cauca, principalmente en las localidades de Tarazá, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza.
Los datos consignados por el Simci señalaron que en 2004 las hectáreas cultivadas con hoja de coca en esta región alcanzaron unas 5.168 hectáreas, luego se incrementarían en 2005 hasta llegar a 6.414; en 2006 se registraron 6.157; y en 2007 la cifra ascendería a 9.926. El total de área cultivada, si embargo, ha venido registrando una sensible disminución desde 2010, cuando se detectaron 5.350 hectáreas; en 2011 la cifra se ubicó en 3.040; y en 2012 se redujo a 2.699 hectáreas.
Si bien la reducción ha sido significativa, de acuerdo con las autoridades de Policía, los sembradíos de hoja de coca se han adentrado hacia zonas bastante rurales y selváticas de Nechí, El Bagre y Zaragoza, en territorios dominados por la guerrilla de las Farc.
Para sabotear las acciones oficiales de erradicación manual, los guerrilleros han recurrido al uso indiscriminado de minas antipersona, tal como lo registró VerdadAbierta.com en un reciente informe. No en vano, el Bajo Cauca, junto con el Norte y el Nordeste de Antioquia lideran, hoy por hoy, las dolorosas estadísticas de accidentes de civiles con estas trampas mortales.
De otro lado, para las bandas criminales también resulta estratégico proteger los corredores utilizados en toda la cadena productiva del narcotráfico, lo que explica la tiranía que han montado en aquellas poblaciones que quedan al paso de la ruta de la droga, especialmente en límites con el sur de Córdoba. Allí no entra ni sale nadie sin que ellos estén enterados, y si entra un extraño lo matan sin preguntar.
Si a todo lo anterior se le suma la riqueza aurífera que hoy es explotada de manera informal, sin control estatal y de manera indiscriminada, se entiende el interés que encierra el Bajo Cauca para los grupos armados ilegales. Según cifras de la Agencia Nacional Minera, en los dos últimos años Antioquia produjo poco más de 35 toneladas de oro de las cuales, cerca de 13 toneladas provinieron de los municipios del Bajo Cauca. Los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia aparecen como los mayores productores de oro, seguidos en su orden por Tarazá, Cáceres y Nechí.
Lo anterior representó el ingreso de recursos por concepto de regalías que superaron, en casos como Nechí, Zaragoza, Tarazá y Caucasia, los cinco mil millones de pesos en estos dos últimos años. Sin duda un botín bastante jugoso por el que cualquier criminal estaría dispuesto a matar o morir.
De acuerdo con el más reciente informe de la organización no gubernamental Indepaz sobre la presencia de nuevos grupos paramilitares en Colombia, en municipios como Cáceres, Zaragoza, Tarazá, El Bagre y Nechí, las bandas criminales deben compartir territorio con la guerrilla de las Farc, cuya presencia en la región a través del Frente 36 ha sido histórica.
Y si bien tanto guerrilla como las llamadas bandas criminales han gravitado en torno a la actividad del narcotráfico, desde la siembra de la hoja, pasando por el procesamiento hasta el cuidado de rutas de exportación, lo que denuncian las autoridades civiles y de Policía es cómo ahora todas se están nutriendo de las rentas derivadas de la extorsión a la actividad minera.
Paradójicamente, se calcula que másdel 80 por ciento de la explotación aurífera que se lleva a cabo en el Bajo Cauca es de carácter informal toda vez que se realiza sin ninguna clase de título minero. Y sin duda este sector es el que más padece el flagelo de la extorsión.
De acuerdo con Ricaurte Tirado, secretario de Relaciones Públicas de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conaminercol), de esta actividad dependen por lo menos 125 mil familias en todo el Bajo Cauca.
Si se tiene en cuenta que cada mina y entable debe pagarle a las bandas criminales o a la guerrilla de las Farc valores que oscilan entre los 500 mil y los dos millones de pesos por concepto de maquinaria o utilización de carrotanques para ingreso de combustible, bien podría afirmarse que lo que está en juego son rentas superiores a los 700 millones de pesos mensuales.
“Aquí las bacrim le cobran a uno por máquina (retroexcavadora). Pueden llegar a cobrar hasta un millón de pesos y eso sí es un solo grupo, porque hay partes donde hay que pagarle a dos y hasta tres grupos”, dijo Tirado. La Universidad Eafit de Medellín, en su libro titulado Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia, publicado en 2012, calcula que esta cifra puede ascender fácilmente a los 3.500 millones de pesos.
Aunque las autoridades han desplegado sendos y constantes operativos para asfixiar las finanzas de las bandas criminales, lo cierto es que en los municipios del Bajo Cauca, todos ellos con alta actividad minera, sus pobladores aceptan (con alta dosis de reticencia) que deben pagar para proteger sus puestos de trabajo y sus vidas.
Lo anterior también abre serios interrogantes sobre la efectividad de la Fuerza Pública para erradicar de una vez por todas a los grupos armados ilegales que históricamente han hecho presencia en esta región. Lo que sí comienzan a preguntarse desde ya analistas del conflicto, organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos es cuál sería el escenario de violencia ante una probable y posible desmovilización de la guerrilla de las Farc, que mantiene una presencia marginal, aunque muy activa, con el Frente 36.
¿Habría cambios sustanciales en la dinámica de narcotráfico y minería ilegal en la región? ¿Ello implicaría el fortalecimiento de la banda criminal de ‘Los Urabeños’? ¿Fracasaría un proceso de reincorporación a la vida civil de exguerrilleros en el Bajo Cauca, así como fracasó con los desmovilizados de los grupos paramilitares? Más aún, ¿Podrá librarse de una vez por todas el Bajo Cauca de la presencia de los grupos armados al margen de la Ley? Solo el tiempo lo dirá.
N de la R: En otros reportajes, VerdadAbierta.com ahondará en losconflictos de tierra y las dificultades para la restitución en el Bajo Cauca antioqueño. Si usted tiene información o documentación al respecto por favor escribir al correo verdadabierta@gmail.com
