Más de 18.000 víctimas de reclutamiento forzado encarnan la masividad con la que la extinta guerrilla reclutó y utilizó a niños, niñas y jóvenes, sometiendolos a otros graves delitos. A partir de cinco patrones de violencia contra los menores de edad, que van desde malos tratos hasta violencia sexual, la justicia transicional busca explicar cómo el grupo armado afectó a la niñez durante el conflicto. Seis máximos excomandantes ahora deben reconocer su responsabilidad en estas conductas.

Entre plantas de bambú, manos pintadas, velas blancas y una muñeca, el 13 de noviembre, cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentaron al país las conclusiones de 50 años de conflicto armado en el que las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reclutaron niños, niñas y jóvenes a sus filas.

A través de este Auto de Determinación de Hechos y Conductas, seis de los siete representantes del último Secretariado de las extintas Farc fueron imputados como cautores mediatos por el reclutamiento, alistamiento y la utilización de menores, así como por otros crímenes de guerra cometidos contra los menores, que contemplan malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.

La decisión se tomó dentro del macrocaso 07 —que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, bajo la dirección de la magistrada Lily Andrea Rueda—, después de determinar que los excomandantes son máximos responsables, los cuales, a partir de una posición de autoridad, definían las políticas y condiciones de esta práctica.

Entre los máximos responsables a los que alude esta decisión se encuentran Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en la guerra como ‘Timoleón Jiménez’; Pablo Catatumbo Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’; Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’; Milton de Jesús Toncel, ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra, ‘El Médico’; y Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Antonio Lozada’.

Sobre Rodrigo Granda Escobar o ‘Ricardo Téllez’, la magistratura explicó que no participó en la definición o implementación de estas políticas. “El fue suplente del Secretariado y no miembro permanente de este grupo”, precisó Rueda durante el acto público de presentación de la decisión.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas estableció cinco patrones dentro del caso: primero, el reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; segundo, malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida en las filas; tercero, violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; cuarto, violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas; y quinto, violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.

En lo que respecta al cuarto patrón, sobre violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas, la magistratura hizo la salvedad que llamó a los exmiembros del Secretariado a reconocer responsabilidad como autores por mando —y no por autoría material directa— por los crímenes de guerra de tortura, violación y esclavitud sexual.

“Si bien estas prácticas estaban prohibidas por reglamentos internos de las Farc-EP, la Sala encontró que ellos omitieron sus deberes como comandantes de adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”, precisó la JEP. (Leer más en Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)

Más de 18 mil víctimas provisionales

El tribunal de justicia transicional maneja un Universo Provisional de Hechos (UPH) dentro del cual ha documentado 18.677 víctimas de reclutamiento entre 1971 y 2016 en todo el país, excepto por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Meta registra el mayor número de victimizaciones, con un 25 por ciento de los hechos (5.132); seguido de Antioquia (2.187), Guaviare (1.810) y Caquetá (1.775).

El mayor volumen de hechos tuvo lugar entre 1996 y 2016, con picos en 1999, 2002, 2007 y 2013. Las principales fuentes contrastadas para llegar a estas conclusiones fueron 77 informes presentados por organizaciones de víctimas, ocho informes presentados por entidades del Estado; 951 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y de familiares de niños y niñas en condición de desaparecidos, con las que se reconstruyó la historia de reclutamiento de 805 niños (56 por ciento) y niñas (44 por ciento).

Para hacer una primera evaluación de los daños, la Sala buscó comprender las afectaciones diferenciadas, considerando no sólo la perspectiva de la niñez, sino también del género y la etnia. Cerca del 24 por ciento de las víctimas reclutadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia basada en género durante su vida en las filas de la antigua guerrilla. De este grupo, el 91 por ciento son mujeres. Y del total, el 7 por ciento tiene una orientación sexual o identidad de género diversa.

Además, de las 9.854 víctimas que participaron del macrocaso, el 90 por ciento (8.903) pertenecen a cinco pueblos indígenas: Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo. Este fenómeno agravó el riesgo de extinción física y cultural de estos pueblos originarios, al ser sometidos a las mismas normas de vida intra filas que afectaron lengua, costumbres y prácticas culturales. 

“La Sala constató que las antiguas Farc-EP se sirvieron de la vulnerabilidad histórica de estas comunidades, causada por el racismo y la desprotección estatal, para llegar a sus territorios con promesas de ayuda o mediante la imposición de normas sociales y territoriales y afectando las tradiciones y la estructura del gobierno propio”, precisó la magistratura durante la presentación del Auto. 

Según la extensa investigación, las Farc vincularon a los niños y niñas indígenas a través de tres modalidades: engañándolos con promesas de comida, trabajo, estudio o poder ver a familiares previamente reclutados; persiguiéndolos ideológicamente, convenciéndolos de unirse a las filas; y mediante la fuerza, amenazándolos o extrayéndolos de sus territorios. 

A partir del análisis de los relatos de las víctimas acreditadas, este tribunal estableció que las modalidades de reclutamiento y utilización más frecuentes fueron la amenaza o el uso de la fuerza (57 por ciento  de los casos), seguidas de diversas formas de engaño (28 por ciento) y a través de estrategias de persuasión o convencimiento ideológico (15 por ciento). “Igualmente, los niños y niñas fueron llevados a integrar otras redes de apoyo a la organización, como las milicias bolivarianas y las milicias populares”, precisa la JEP.

En su investigación, la JEP detalló la gravedad de las violencias que los menores padecieron en las filas, así como aquellas que también fueron cometidas por la fuerza pública en su contra. El caso insignia es la conocida como Operación Berlín, una acción militar realizada entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001 en los límites entre Santander y Norte de Santander, en donde, en un enfrentamiento, decenas de menores perdieron la vida y otros fueron capturados. (Leer más en ‘Operación Berlín’: historias de reclutados y sobrevivientes)

“Estos hechos están relacionados con la Columna Móvil Arturo Ruiz de las Farc-EP, en donde la Sala documentó la presencia de, al menos, 201 niños y niñas, incluso menores de 15 años, que equivalían a una tercera parte de sus miembros. En relación con la creación de esta subestructura, la Sala encontró la participación de altos mandos de la organización, incluso del Secretariado”, señalaron los togados durante la rueda de prensa. Precisaron que a partir de entrevistas con los sobrevivientes de estos hechos se evidenció las violencias basadas en género, tratos crueles, torturas, homicidios y múltiples sufrimientos y daños que permanecen en la actualidad.

La Sala concluyó que los niños y niñas reclutados abandonaron las Farc, principalmente, por deserción o fuga, capturas, reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz, licencias autorizadas por la antigua guerrilla, o abandono por parte del grupo debido a heridas o enfermedades. También se comprobó que algunas víctimas, o sus familias, sufrieron graves violencias durante el proceso de salida.

La investigación mostró que tanto la extinta guerrilla, así como la fuerza pública y otros actores, perpetraron actos de violencia contra estas personas, evidenciando la complejidad del contexto en el que los menores dejaron el grupo armado.

Ahora los comparecientes tienen cerca de 30 días para pronunciarse sobre la imputación. Sin embargo, el mismo día en que fueron imputados por la JEP, señalaron en una misiva pública que reconocían los hechos y conductas “que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto”, así como los posibles hechos que se desprendieron de esta dinámica. “Estos hechos no debieron haber ocurrido”, reconocen. 

#COMUNICADO del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP

“Los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia hemos admitido desde las negociaciones de paz. Hemos renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre lo… pic.twitter.com/FD0bszioLp

— Partido COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) November 13, 2024

Dinámicas por bloque

Según el Auto, de las 18.677 víctimas registradas “16.466 están asociadas a bloques únicos, es decir, se trata de víctimas que, en todas las fuentes consultadas, refieren al mismo bloque como responsable. Sin embargo, 2.211 víctimas presentan registros en donde una fuente asocia un bloque como presunto responsable de su victimización y otra fuente hace referencia a otro bloque”. 

Así, el Bloque Oriental registra el mayor número de reclutamiento de niñas y niños (8.987), seguido del Bloque Sur (2.669), el Bloque Noroccidental (1.818) y el Bloque Occidente (1.420). 

Según este tribunal, el voluminoso número de casos registrados en el Bloque Oriental se dio por los planteamientos estratégicos y operativos de la antigua guerrilla que, desde la séptima Conferencia Nacional Guerrillera, estuvieron principalmente encaminados a fortalecer la organización en la zona de influencia de este bloque para contar con el mayor número y capacidad militar de las Farc y así cercar, bloquear y ejercer control sobre Bogotá.

La Sala destaca la información aportada por el pueblo Sikuani, en la que esta comunidad resalta cómo la masacre en Mapiripán en 1997 fue un importante hito asociado al aumento de reclutamientos. “Conllevó a que la guerrilla iniciara un proceso de defensa armada y de control territorial que implicó el reclutamiento amplio de NNA (niños, niñas y adolescentes)”. Posteriormente, la instalación de la zona de distensión, entre 1998 y 2002, impactaron en el reclutamiento de menores (Leer más en Convivir financiaron tropas de la masacre de Mapiripán, según compulsa de copias en macrocaso sobre la UP)

La instrucción de crear las condiciones político-militares para ejercer dominio total sobre los departamentos del Putumayo y Caquetá, dejándolos aislados del resto del país, estaba bajo la dirección del Bloque Sur. Según el registro, entre 1996 y 2016, San Vicente del Caguán, Caquetá, presentó el mayor número de hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños.

En el caso del Bloque Noroccidental, tras el incremento de la confrontación armada en la región del Urabá, por la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y, posteriormente, de las Autodefensas Unidas de Colombia; aumentaron los hechos de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de las Farc. Entre 1996 y 2016 los municipios con mayor cantidad de victimizaciones atribuibles a este bloque fueron Medellín, Dabeiba e Ituango.

Además, el hecho de que esta guerrilla haya establecido zonas libres de la presencia de la fuerza pública para facilitar canjes humanitarios en la región, como ocurrió en los municipios de Nariño, Antioquia y Pensilvania, Caldas, causó un amplio control territorial que repercutió  en el aumento del reclutamiento.

En los piedemontes costeros de los departamentos de Nariño y Cauca, el Bloque Occidental tenía una alta densidad de cultivos de uso ilícito. Los puertos de Buenaventura y Tumaco aseguraban el acceso al océano Pacífico y las regiones del Naya, El Patía y Sanquianga servían como corredores naturales de recursos para la organización. El funcionamiento de estos corredores le permitió al entonces Comando Conjunto de Occidente adelantar un proceso de fortalecimiento basado en el control de retaguardias estratégicas, crecimiento de personal y desarrollo de acciones armadas.

Estas regiones han presentado históricamente un importante porcentaje de población afrocolombiana e indígena. “Estas poblaciones, particularmente los pueblos indígenas Nasa y Awá y las comunidades afrocolombianas de la costa pacífica, fueron fuertemente afectadas por las dinámicas de reclutamiento de las FARC-EP y sufrieron importantes afectaciones sobre sus tradiciones culturales y procesos representativos propios”, precisa el Auto.

Desaparecidos

Alrededor del 28 por ciento de los menores reclutados hoy permanecen con paradero desconocido. A través de las acciones de familiares buscadores, la JEP ha conocido sus historias. “Las familias han liderado iniciativas de búsqueda en condiciones adversas y sin apoyo institucional, enfrentando una escasa respuesta estatal, la falta de recursos económicos y el temor ante posibles represalias”, resaltó la magistratura en la rueda de prensa. Lo cierto es que varias de estas familias han recibido amenazas por tratar de encontrar el paradero de sus niños.

Dentro de sus hallazgos, la JEP, junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha logrado localizar y entregar dignamente los cuerpos de algunas víctimas. Una de las acciones más destacadas tuvo lugar en el corregimiento de Unión Peneya, en el municipio de Montañita, Caquetá, en donde se logró identificar y entregar ocho cuerpos, de los cuales seis fueron víctimas de reclutamiento y dos  murieron de manera violenta siendo menores de 18 años.

Cinco patrones sobre el reclutamiento

Menores de 15 años

Aunque dentro de las directrices internas, las Farc prohibía el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años, la JEP llegó a concluir que la vinculación y utilización de menores de esa edad no fueron casos aislados ni esporádicos, sino en realidad se trató de un fenómeno sistemático.

De las 8.677 víctimas provisionales, el 30 por ciento fueron reclutadas cuando tenían 14 años o menos. “En los registros de víctimas acreditadas que participan en esta investigación, el 64 (por ciento) tenía esta edad cuando fueron llevadas a las filas de las extintas Farc-EP”, señala la magistratura. Para entender las causas, la JEP resalta el contexto rural de pobreza y de ausencia estatal, así como la estructura y objetivos de la organización rebelde.

Factores que jugaron un papel importante para que se consumara este patrón incluyeron la ausencia de un mecanismo efectivo para verificar la edad de las personas vinculadas en las filas; la prevalencia dada al requisito de aptitud física de la persona a ingresar sobre la edad mínima de ingreso; la falta de sanciones efectivas y ejemplarizantes para quienes reclutaran niños y niñas menores de 15 años; y la existencia de mensajes que fomentaban y validaban esta práctica, alineados con los planes de crecimiento de personal.

Malos tratos, torturas y homicidios

Como parte de los entrenamientos, las asignaciones, la participación en combates o la aplicación disciplinaria la guerrilla cometió varios tipos de violencias contra los niños y niñas. Estas políticas no distinguían la edad o condición de vulnerabilidad de los menores, causando la pérdida de su autonomía e imposibilitando la posibilidad de consentir decisiones.

“La Sala encontró un entorno de coacción permanente que fue, de facto, creado, organizado y controlado por la organización, bajo el liderazgo del Secretariado, y que generó condiciones de vida adversas para los niños y niñas reclutados, resultando en sufrimientos físicos y psicológicos, malos tratos e incluso suicidios y homicidios”, señaló la magistratura en la rueda de prensa.

De igual manera, denotó cómo las relaciones patriarcales de creencias y relaciones de género, fueron trasladadas de la sociedad a las filas. A pesar de que la guerrilla exaltaba la paridad entre los géneros, en la práctica se perpetuaron relaciones desiguales en donde niñas, mujeres y población diversa ocupaban posiciones de subordinación.

Violencia reproductiva

Sobre las violencia basadas en género dentro de la guerrilla, la JEP encontró que anulaban la autonomía de las víctimas para decidir sobre su vida sexoafectiva y reproductiva.

“En la vida intrafilas, las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos, y en algunos casos, el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias, impidiendo el ejercicio de la crianza.” señala la magistartura. Al menos 24 por ciento de las mujeres reclutadas acreditadas en el caso sufrieron anticoncepción forzada y 19 por ciento fueron sometidas a abortos forzados. 

La Sala constató que las prácticas forzadas se debieron a la falta de consentimiento de las víctimas, quienes carecían de información y comprensión sobre los procedimientos. Incluso llegaron a impartirse sanciones y se empleó la fuerza en algunos casos contra quienes se resistían. Los abusos incluyeron anticonceptivos seleccionados sin exámenes médicos, negligencia en su aplicación y abortos sin recuperación adecuada, incluso en etapas avanzadas de embarazo. 

Estas violencias buscaban evitar que a raíz de posibles maternidades y paternidades se disminuyera el número de integrantes o representara un riesgo para el grupo, consolidándose en una política formal de control de natalidad supervisada por el Secretariado de las Farc, que en la práctica prohibió ser madre o padre en sus filas.

“La Sala llama a reconocer a los comparecientes, quienes participaron en la Octava Conferencia Nacional Guerrillera de 1993, en donde se establecieron directrices formales sobre la aplicación obligatoria de métodos anticonceptivos. A partir de estas directrices era previsible que, en el curso normal de los acontecimientos, se dieran lugar a otras conductas violentas que buscaran materializar los fines de la política de facto de prohibición de la maternidad y la paternidad”, precisó la magistratura.

Violencia sexual

Entre los actos sexuales violentos que padecieron niños, niñas y jóvenes; el tribunal deterninó que se cuentan violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas y desnudez forzada. Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17 por ciento de las víctimas reclutadas que se han acreditado con la JEP. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35 por ciento reportaron haberlas sufrido. 

La Sala determinó que se normalizó estas violencias, a pesar de ser conside

rado un delito dentro de la organización y de existir sanciones por estas conductas, no hubo medidas efectivas de prevención, control y sanción. 

La JEP busca el reconocimiento del último Secretariado como responsables de mando que, por omisión, se quedaron cortos a la hoa de “adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”.

Juventud diversa

“Los niños y niñas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligación de ocultar su identidad o diversidad sexual o de género”, señaló la magistratura durante la rueda de prensa. El objetivo, según la Sala, fue ocultar y erradicar la diversidad sexual y de género.

Las violencias que documentó el tribunal se originan en creencias de género arraigadas socialmente de lo considerado como natural y correcto. El último Secretariado no se opuso a las acciones deliberadas de apartar de las filas de las Farc a esta población y en cambio se dio discrecionalidad a los diferentes niveles de mando para tratar el tema a su parecer.