VerdadAbierta.com presenta una radiografía del problema minero que estuvo a punto de generar una crisis humanitaria sin precedentes en Segovia y Remedios, nordeste de Antioquia, pueblos bañados en oro, pero cuyas riquezas se han visto opacada por la violencia, el desgreño administrativo y la falta de políticas claras para la pequeña y mediana minería.
Tras 41 días de paro, las partes llegaron a un acuerdo que permitirá, entre otros, avanzar en el proceso de caracterización y formalización de la cadena productiva del oro en Segovia. Foto: Ricardo Cruz.
De las montañas de Segovia y Remedios se han extraído cinco millones de onzas de oro en los últimos 170 años, algo así como unas 142 toneladas del metal precioso. El dato aparece consignado en el sitio web de Grancolombiagold, la empresa canadiense que en 2010 adquirió los derechos de explotación de los yacimientos auríferos de estos dos municipios del nordeste de Antioquia, considerados los más grandes del país.
Para los segovianos y remedianos, la llegada de la multinacional canadiense significó el comienzo del fin de la pequeña y mediana minería que en estas tierras viene realizándose desde hace más de dos siglos de manera artesanal, que ha creado no solo una cadena productiva de la que dependen más de 65 mil personas, sino también toda una cultura minera que enorgullece a los nativos de ambas localidades.
No en vano, desde 2010, se han registrado ocho paros en ambos municipios como respuesta a las nuevas condiciones laborales impuestas por la multinacional y a las nuevas reglas del juego que en materia de minería ha expedido el gobierno nacional en los últimos tres años. Para los mineros ancestrales y tradicionales de esta región, paralizar todo tipo de actividades, incluidos el comercio y el transporte, se ha convertido en la única forma de que sus preocupaciones sean escuchadas.
“Nos han quitado tanto que ya nos quitaron el miedo”, dijo Marta, una mujer que se gana la vida escarbando en las piedras que los mineros desechan en las bocas minas y que en la región se les conoce como ‘chatarrera´, en defensa del paro que tuvo en vilo al municipio por más de 40 días y que logró superarse luego de intensas negociaciones entre los mineros, delegados del gobierno nacional y voceros de Grancolombiagold.
Se trató de uno de las protestas más intensas de las que se han registrado hasta ahora en la región, en la que no faltaron las acusaciones y señalamientos. Desde Medellín, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, informó que el paro estuvo infiltrado por la guerrilla del Eln y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’, por lo que dicha situación ameritaba la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Pero, a juicio de los pobladores y mineros, la presencia de este cuerpo policial de choque se convirtió en la chispa que encendió el polvorín. Según cifras de la Personería de Segovia, los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y los agentes del Esmad registrados en este municipio arrojaron un saldo trágico: dos hombres muertos, uno de ellos el joven Brandon Ochoa, de tan solo 18 años de edad, en confusos hechos que son materia de investigación; y 35 personas heridas, dos de ellas sufrieron amputaciones en sus extremidades superiores y 27 uniformados lesionados.
Por su parte, los reportes del Hospital de Segovia hablan de 46 heridos, entre manifestantes y agentes del Esmad. Aunque, según Diana Misas, coordinadora del Comité de Emergencias del Hospital, la cifra fácilmente pudo ser mucho mayor. “Muchos de los heridos preferían no venir porque creían que nosotros los íbamos a entregar al Esmad”, declaró.
No son pocas las denuncias de la comunidad segoviana y remediana con respecto a la presencia del Esmad. Una de ellas da cuenta de cómo esta fuerza de choque policial se acantonó dentro de los colegios, obligando al cese de actividades de por lo menos siete mil estudiantes. Ante el reclamo airado de la comunidad, los uniformados se trasladaron para barrios claves de ambos municipios, exponiendo a sus habitantes al fuego cruzado de piedras, gases y explosivos.
En el caso de Segovia, buena parte de sus efectivos se ubicó a escasos metros del centro hospitalario, “lo que nos puso en mucho riesgo, porque la gente creía que estábamos colaborando con elEsmad cuando la nuestra es una misión neutral. De hecho, el personal hospitalario también se vio afectado por las manifestaciones: una vez el Esmad disparó gases al hospital pensando que aquí se escondían los manifestantes”, señaló Misas.
Por cuenta de estos hechos, unas 13 familias abandonaron sus hogares en barrios como 13 de Mayo, Barrio Estrada, Liborio, Taparal, La Cucaracha y Camacol. “Hasta nos pensábamos ir del municipio, irnos para Amalfi mientras pasa todo esto”, expresó Leidy Galeano, una de las afectadas. “Esta gente (el Esmad) se hizo en la parte de atrás de mi casa y desde ahí comenzaron a lanzar esos gases. Y en mi casa hay tres menores de edad. Una de ellas tuvo que recibir primeros auxilios por cuenta de eso gases”.
Ahora que la situación parece haberse superado, la pregunta que surge es, ¿cuál fue la chispa que encendió una de las protesta más violentas de los últimos años, que estuvo a punto de desencadenar una verdadera crisis humanitaria en estos municipios del nordeste de Antioquia? Después que las partes llegaron a un acuerdo para levantar el paro, ¿los acuerdos logrados realmente aliviarán la situación de los mineros segovianos y remedianos? (Ver acta de los acuerdos)
Problema ancestral
Más de 35 personas heridas, 26 agentes del Esmad lesionados, fuerte desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad y grandes pérdidas para el comercio dejaron como saldo los más de 41 días de manifestaciones en Segovia y Remedios. Foto: Ricardo Cruz.
“Nosotros veníamos cumpliendo con los compromisos pactados con la Gobernación de Antioquia en el último paro, que fue en noviembre del año pasado. Allí se creó una mesa de soluciones mineras. Y estábamos aportando toda la documentación para nuestra formalización”, explicó Elioberth Castañeda, presidente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, que aglutina a mineros ancestrales y tradicionales de ambas localidades, sobre las razones que dieron lugar al paro minero que se extendió por poco más de 40 días.
Sin embargo, para Castañeda, “lo que prendió todo esto fue que la Fiscalía infiltró gente en nuestro territorio y comenzaron a hacerle inteligencia a las compra-ventas de oro, a los entables, a las unidades mineras. A esto se suma que la multinacional tenía una órdenes de cierre de algunas minas, entre ellas El Cogote y San Nicolás, que entre las dos emplean más de 600 personas”.
No es la primera vez que los segovianos y remedianos se enfrentan a la amenaza de cierre de minas por parte de la compañía canadiense. Claro que para entender por qué de esta situación, hay que remontarse a los tiempos en que las compañías inglesas llegaron a estas tierras luego del fin de la guerra de independencia. Allí, en Segovia y Remedios, los británicos formaron la empresa Bolivia y Frontino Gold Company, semilla de que lo que luego sería la Frontino Gold Mines.
Luego de contar con la fortuna de recibir un título de explotación a perpetuidad por parte del gobierno de José Hilario López (1849-1853; 1863), los ingleses implementaron técnicas modernas y desconocidas para la explotación del oro de veta para la época en Colombia. Así, al poco tiempo, tres de sus frentes de trabajo adquirieron gran fama por su alta productividad: El Silencio, Providencia y Sandra K.
Pero los ingleses venderían sus minas en Colombia cuando el imperio británico entró en decadencia, a principios del siglo XX. Es entonces cuando aparece la empresa norteamericana Internacional Mining Company, que daría vida a la Frontino Gold Mines, empresa que operó en condiciones normales hasta 1976, cuando decidió declararse en quiebra tras argumentar que la carga pensional, la convención colectiva de los trabajadores, el desplome del precio del oro en los mercados internacionales y el asedio de las guerrillas, particularmente el Eln y las Farc, hacían inviable su operación en el país.
La empresa debió funcionar entonces bajo la figura de concordato por un año. En 1979, los dueños y representantes de los trabajadores firmaron un documento en la ciudad de New York, Estados Unidos, donde constaba que, a partir de entonces, trabajadores y pensionados serían los dueños de la mina. La Frontino Gold Mines estuvo bajo la dirección de sus trabajadores hasta 2010, año en que se concreta el proceso de liquidación y venta de activos de la compañía que inició en 2004 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
El negocio no ha estado exento de polémica. Pensionados de la antigua Frontino Gold Mines dicen que el gobierno de Uribe desconoció el documento firmado en New York en 1979, mientras que para los integrantes de la Mesa Minera de Segovia y Remedios despierta muchas suspicacias que quien lideró la liquidación de la empresa haya sido el abogado Eduardo Otoya.
Otoya fungió como gerente de la Frontino Gold Mines en momentos en que se gestaba su liquidación y venta; de ahí pasó a gerenciar la Continental Gold, empresa que posee concesiones de explotación minera en Buriticá, occidente de Antioquia. El abogado fue capturado por autoridades de Policía el 15 de marzo de este año, en operativos contra minería ilegal en esta localidad. Se le acusa de integrar una red de minería ilegal al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que opera en este municipio. De ahí que muchos en Segovia y Remedios afirmen que desde la llegada de la multinacional muchas cosas han empeorado.
Larga cadena productiva
Los pobladores de Segovia y Remedios esperan que las denuncias sobre el exceso de los agentes del Esmad sean investigados por las autoridades correspondientes. La comunidad denuncia ocupación de centros educativos y hospitalarios y uso excesivo de la fuerza. Foto: Ricardo Cruz.
Antes, cuando las minas que hoy explota la empresa canadiense eran de la desaparecida Frontino Gold Mines, cientos de pequeños y medianos mineros solían explotar en la más completa informalidad –sin títulos ni contratos de concesión de por medio- un sinnúmero de socavones abiertos en tierras de la empresa sin mayores complicaciones. Unos y otros pactaban repartir mineral sin procesar en porcentajes que resultaran equitativos para ambas partes.
Ahí comenzaba un largo proceso para darle forma al metal precioso en el que todo un pueblo se lucraba directa o indirectamente. Los mineros segovianos y remedianos suelen beneficiar el oro en los llamados entables, plantas de beneficio artesanales donde, además de moler la piedra, se inicia un proceso químico que incluye la utilización de mercurio para amalgamar el oro.
Estas plantas están ubicadas en su gran mayoría en el casco urbano de Segovia. Como las bocas-minas se encuentran, por lo general, en zonas rurales, se requiere de arrieros para transportar el pesado material hasta el entable. Las piedras hay que transportarlas en costales que por lo general necesitan ser lavados, actividad que desarrollan adultos mayores, jóvenes y mujeres cabeza de familia. Las piedras que no van a las plantas de beneficio se entregan a las ‘chatarreras’, mujeres que día a día escarban entre piedras desechadas por los mineros para sacarle algún castellano que les permita pasar la semana. (Leer más en: Las chatarreras, cara femenina de la minería en Segovia)
Una vez transformado el oro aparecen las compra-ventas. Estas constituyen el paso intermedio entre el minero, grandes comercializadores y, finalmente, las empresas de fundición, que luego exportan el mineral y pagan las regalías de ley correspondientes. El dinero cancelado por los compradores a los mineros es el que mueve toda la actividad comercial de estos municipios. No exageran quienes dicen que sin oro, la vida en Segovia y Remedios se acaba.
Y eso fue precisamente lo que sintieron los mineros cuando la Grancolombiagold llegó cerrando todas las unidades de pequeña y mediana minería que operaban en el título de su propiedad. Para evitar su extinción, los mineros artesanales y ancestrales crearon la Mesa Minera de Segovia y Remedios con el fin de negociar condiciones laborales dignas con la multinacional. Según Elioberth Castañeda, actual presidente de la Mesa, antes de llegada de la multinacional existían unas 250 unidades mineras (o pequeñas y medianas minas), que generaban más de 30 mil empleos directos. “Hoy tenemos una cifra estimada entre 80 y 140 unidades mineras funcionando”, declaró.
Durante las negociaciones, la empresa propuso los contratos de asociación; es decir, la tercerización de la explotación de las minas de la multinacional en manos de asociaciones privadas creadas por los propios mineros tradicionales. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad.
“Los contratos de asociación nos están llevando a la ruina”, declaró Carlos Álvarez, quien lleva 35 años dedicado a la minería en Segovia. “Por un lado los costos de operación no nos están dejando margen de utilidad. Por otro lado, si llevamos la mina en bruto a la planta de beneficio de la multinacional salen con que solo produjo, por decir algo, 10 gramos de oro por kilo. Uno lleva el mismo material a analizar a otro laboratorio y el resultado es 35 gramos de oro por tonelada. Con todos los mineros está pasando eso. Sentimos que nos están robando”.
Para Álvarez, las propuestas formuladas por Grancolombiagold para conjurar el paro que tuvo en vilo al nordeste antioqueño apuntaban a destruir toda esta cadena productiva que han construido ambos pueblos y de la que han vivido por siglos: “la empresa propone contratos de operación, donde el 60 por ciento del oro extraído es para ellos, el 40 para el minero. Dicen que están dispuestos a negociar ese porcentaje. Pero ese no es problema. Mire, el minero tiene que asumir los costos de operación (pago de nómina y seguridad social) y fuera de eso tiene que llevar el material a sus plantas de beneficio. ¿Quién se va someter a eso? Esa sería nuestra quiebra”.
“Nosotros también desaparecemos de la cadena”, dijo, a su vez, Álvaro Echavarría, quien vive de comprar oro producido en el nordeste de Antioquia para luego venderlo a las fundiciones. “compro a los mineros, a losbarequeros, a las chatarreras.Pero si el minero, tal como lo plantea la empresa, no puede procesar el oro, sino que recibe un porcentaje de la venta que haga la multinacional, pues yo simplemente me quiebro”.
La cadena tiene su parte débil y en el caso de la minería segoviana, las chatarreras aparecen como las más perjudicadas. “Pues si la única propuesta de la empresa es que se lleve el material a sus plantas de beneficio, pues simplemente no queda trabajo para nosotras las ´chatarreras´. ¿Y qué hacemos en este pueblo si todos vivimos de la minería?”, cuestionó Marta, quien desde hace cinco años vive de escarbar entres los restos de mina que los mineros desechan.
Una montaña de oro
Superado el paro, dónde se espera que avancen los procesos de formalización, ahora los mineros aguardan porque el proyecto de ley que busca poner en cintura la minería ilegal y que cursa trámite en el Congreso sufra algunas modificaciones. Foto: Ricardo Cruz.
Para Grancolombiagold, Segovia y Remedios representan sus frentes de operación en Colombia más productivos y los de mayor importancia, por encima de Marmato (Caldas) y El Zancudo (Titiribí, Antioquia). Actualmente, la empresa realiza sus operaciones en un área cercana a las nueve mil hectáreas, las cuales comprenden las minas Sandra K, El Silencio y Providencia, en Segovia; y La Carla, en Remedios.
Conocedores del tema, como Jorge Gómez, exdiputado de la Asamblea de Antioquia por el Polo Democrático, afirman que las minas segovianas y remedianas tienen reservas probadas de siete millones de onzas, es decir, unas 141 toneladas de oro que hoy se cotiza en los mercados internacionales a US$ 1.293 la onza troy. Pero este no es el único atractivo de estas minas. Grancolombiagold posee un título de explotación a perpetuidad, uno de los pocos que existe en el país.
Se trata del “Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP 140)”, una figura creada por el gobierno liberal de José Hilario López a mediados del XIX, que le fue respetada a la entonces Frontino Gold Mines en 1969 cuando el gobierno nacional expidió la Ley 20, que en su Artículo Primero estableció que todas las minas pertenecían a la Nación. Como la mina pudo demostrar que explotaba el metal precioso continuamente desde 1825, su derecho a explotar a perpetuidad no se extinguió.
A juicio de Gómez, esto explica lo que sucede actualmente en Segovia y Remedios, donde la minería vive sus días más oscuros: “ese es el origen de todo el conflicto. A la multinacional le estorban los pequeños y mediados mineros, que desde tiempos históricos vienen explotando y viviendo del oro. Ahora los quiere echar. Y el gobierno, en vez de estar del lado de los mineros, se puso del lado de la multinacional”.
Si bien parte del conflicto minero en esta parte del país se explica por las relaciones entre la multinacional y los mineros ancestrales y tradicionales, la actividad minera encierra otras dificultades que tienen su origen, paradójicamente, en las contradicciones de la legislación expedida por el Estado colombiano para lograr transparencia y legalidad en una actividad que lleva décadas realizándose en los márgenes de lo legal.
En 2016, por ejemplo, Grancolombiagold logró producir unas 4,65 toneladas de oro; es decir, unas 179 mil onzas, superando la expectativa inicial de 126 mil onzas. Dicha meta, según declararon directivos de la compañía a diversos medios de comunicación, se logró gracias a las operaciones de las minas segovianas, que aportaron en total unas 126 mil onzas (3,57 toneladas).
De acuerdo con las cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Antioquia produjo en 2016 unas 25,36 toneladas de oro el año anterior. En este mismo periodo, la ANM registró una producción de 2,69 toneladas del metal precioso en Segovia, cifra muy similar a la registrada en el vecino municipio de Remedios: 2,72 toneladas. Si a estas cifras se suma la producción reportada por la multinacional, bien podría decirse que las entrañas de estas dos localidades aportaron cerca del 35 por ciento de la producción total de oro del departamento.
Sin embargo, esta cifra podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta el mineral que se negocia en un “mercado negro” que en el caso de Segovia y Remedios, es casi tan activo como el mercado legal.
“Como el 80 por ciento de la minería en Colombia es informal, es decir, no tiene título, el gobierno la consideró ilegal. Y la persigue. Pero la comercialización siguió siendo legal. Ahora, el gobierno exigió unos requisitos para comercializar, como el certificado de origen y el Rucom que nadie está cumpliendo. Y eso está creando un mercado negro de gente que está comprando más barato y exportando sin cumplir requisitos de ley”, explicó el exdiputado del Polo Democrático.
Al respecto, Carlos Álvarez, minero de Segovia, lo explica de la siguiente manera: “Yo no tengo título. Para el gobierno soy ilegal. Tengo dos vías para ser legal: firmar un contrato de asociación con Grancolombiagold, que me llevaría a la quiebra; o que el gobierno nacional nos formalice, cosa que siempre nos han negado. Hasta tanto no puedo vender, porque tendría que firmar un certificado de origen que demuestre que el oro es legal. ¿Qué me toca hacer?, venderlo más barato en un sitio que no me exige nada. Pierdo plata, pero por lo menos sé que recibiré mi dinero”.
¿Acuerdos sostenibles?
Lo sucedido en Segovia y Remedios es un buen ejemplo de lo que podría suceder en otras regiones del país donde la minería se ha desarrollado desde tiempo ancestrales por pequeños y medianos mineros pero lejos de toda regulación oficial. Foto: Ricardo Cruz.
Caracterización de toda la cadena productiva del oro (para que esta no desaparezca); planes de transición para adaptar las plantas de beneficio a tecnologías limpias que no utilicen el mercurio; contratos de operación entre mineros y multinacional con cláusulas que incluyan mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y el acompañamiento de Naciones Unidas a todo este proceso constituyen, en líneas generales, los acuerdos a los que llegaron tanto el gobierno nacional, los mineros segovianos y remedianos y la Grancolombiagold.
A estos puntos se incluye, además, el inicio de foros públicos tendientes a construir propuestas de reforma al actual Código de Minas en los que se reconozca y se brinde garantías para la minería ancestral y tradicional, así como la posibilidad de modificar algunos puntos del proyecto de Ley 169 que cursa actualmente en el Congreso que, a juicio de Elioberth Castañeda, de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, “condena la pequeña minería a su desaparición”.
Se trata de una iniciativa legislativa que busca controlar la explotación ilícita en yacimientos mineros, imponiendo penas que van de cinco a doce años de cárcel para quien desarrolle la actividad minera sin título minero. También le confiere a la Policía Nacional facultades para el cierre de minas, destrucción de maquinaria e incautación de minerales.
El proyecto también prevé mecanismos para la formalización minera. De acuerdo con el texto que se discute actualmente en el Congreso de la República, quienes hayan presentado solicitud de formalización antes del 10 de mayo de 2013, cumplan con los requisitos de Ley correspondientes y la petición se ubique en zona libre para contratar, tendrán derecho al título. El proyecto también le da un plazo máximo de dos años a la autoridad minera para resolver toda solicitud.
Es, precisamente, este apartado el que más levanta ampolla entre los mineros ancestrales y tradicionales de Segovia. “Nosotros nunca nos hemos opuesto a la formalización. Eso es lo que queremos, que nos formalicen. Pero el gobierno nacional siempre nos ha negado ese derecho”, declaró Castañeda. Según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), hasta el 20 de abril de 2016, esa entidad había recibido 8.500 solicitudes de formalización minera, 1.582 de ellas en Antioquia, de las cuales sólo se otorgó una. Cientos de ellas siguen en trámite.
