A propósito del atentado contra Carmen Fince, líder Wayuu, a finales de junio, se revivió la problemática por la falta de garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos.
En 2012, durante la conmemoración de los ocho años de la masacre, la comunidad se reunió con la Unidad de Víctimas para trazar la hoja de ruta del retorno . Foto: CNMH
El pasado 18 de abril se conmemoraron once años de la masacre de Bahía Portete perpetrada por paramilitares del bloque “Contrainsurgencia Wayuu”. Fue una fecha especial no solo por los rituales de esta comunidad indígena de La Uribia, Guajira, sino porque era la primera desde que las familias comenzaran a retornar masivamente a finales de 2014.
Provenientes de los municipios de Maicao y Maracaibo (Venezuela), desde el mes de enero las familias empezaron a construir de nuevo sus rancherías, a colgar los chinchorros y a reacomodar las pocas cosas que pudieron conservar. El retorno, sin embargo, no es un tema nuevo para esta comunidad. Pocos meses después del desplazamiento, en abril de 2014, pocas personas se atrevieron a regresar solo que de manera lenta, con retrasos e, incluso, amenazas. Para ese momento, el apoyo institucional era nulo.
Además, la masacre aún removía los malos recuerdos de los Wayuu; en especial el de las mujeres, pues cuatro de los seis muertos eran matronas de la bahía quienes fueron decapitadas y expuestas para causar terror en la ranchería. (Ver: La masacre de Bahía Portete)
Maria Luisa Moreno, investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, señaló que “las víctimas siguen a la espera de una acción contundente del Estado para reparar los daños ocasionados por la masacre”. No obstante, dice que el Departamento de Protección Social, DPS, contrató a 121 personas de la comunidad para la construcción de las enramadas y la limpieza del territorio, trabajo que solo duró hasta hace dos meses.
Las dificultades del retorno
Video del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Pero el regreso a Bahía Portete no solo ha tenido obstáculos institucionales y de orden público. También ha sido un asunto de disputas entre clanes. Varias familias asentadas aún en Venezuela le reconocieron a VerdadAbierta.com que, luego del retorno masivo a finales del año pasado, algunas personas están ocupando tierras que no les pertenecen.
Ante la problemática, María Luisa Moreno dijo que “son las mismas familias -y no las instituciones- las que deben trazar la ruta para encontrar salidas hacia la concertación desde su normatividad Wayuu”. La importancia que sean ellas mismas, radica en su tradición como etnia.
Cabe recordar que Bahía Portete ha sido una zona en disputa por guerrillas y paramilitares. Al igual que Urabá, funciona como puerto para la entrada y salida de mercancía de contrabando y, de paso, para el tráfico de armas. Hoy en día, tanto ‘Rastrojos’ como ‘Los Úsuga’ se disputan las riquezas de la bahía.
El atentado contra Carmen Fince es un ejemplo de la difícil situación de seguridad. Hace menos de un mes, en inmediaciones a la casa de su hija, dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, le dispararon en repetidas ocasiones. Salió ilesa pero el atentado confirmó las denuncias que por su seguridad venía haciendo ante las autoridades desde abril.
“Seguimos siendo la piedra en el zapato de mucha gente en la región, nos ven como un obstáculo para continuar con las actividades que realizan, lo cual nos pone nuevamente en riesgo”, comentó Carmen. Situación que se convierte en una alerta para los demás Wayuus: “si se ataca a los líderes del proceso, ¿qué se puede esperar que pase con nosotros?”, dijo Débora Barros, integrante de la comunidad.
Por ahora, tanto Carmen como Telemina Fince, hermana de la líder, aseguraron que no hay vuelta atrás, que ya están de nuevo asentados como comunidad en el territorio y que se quedarán afrontando la situación “como lasmujeres verracas que somos. Le daremos la cara a la problemática para buscarle una solución”.
Se espera que el atentado contra la líder Wayuu sea una prueba contundente para obtener una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes. Del mismo modo, es necesario que, una vez se diriman las disputas entre los clanes, La Unidad de Víctimas continúe acompañando el retorno indígena a sus tierras.
