La Corte Suprema de Justicia avaló nuevamente que la Fiscalía pueda imputar parcialmente los crímenes de los desmovilizados.
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| La Corte Suprema de Justicia autorizó nuevamente las imputaciones parciales contra los desmovilizados. Foto: Semana. |
El Alto Tribunal tomó esta decisión a través de una providencia del pasado 14 de diciembre, en la que reversa las exigencias que le había hecho a la Fiscalía para procesar todos los crímenes de los desmovilizados.
Ahora, la nueva providencia del Alto Tribunal sostiene que “sólo en la
medida en que se acepten las imputaciones parciales, se podrá avanzar
en un proceso histórico, de por sí lleno de difíciles averiguaciones y
constataciones”. Por la anterior, se espera que la Fiscalía podrá avanzar en los
procesos que adelanta contra ex paramilitares y ex guerrilleros que
están postulados a la Ley de Justicia y Paz.
El pronunciamiento
de la Corte se dio tras un recurso interpuesto por la Fiscalía
en el caso del ex jefe paramilitar Edilberto de Jesús Cañas
Chavarriaga. A este desmovilizado, un juez de Medellín impidió que le
fueran imputados cargos de manera parcial, siguiendo las instrucciones de la misma Corte que impedía hacer imputaciones parciales.
Pero, esta vez los magistrados modularon su
postura y concluyeron que aunque sería ideal que a cada postulado “se
le formularan cargos y se le condenara por la totalidad de
comportamientos delictivos”, en la práctica es poco probable que pueda
cumplirse entodos los casos.
“Las
peculiaridades de cada uno de esos comportamientos, en ocasiones
cometidos en escalada, otros en la manigua, en la vereda, en el
corregimiento, en la noche, en lugares despoblados, en circunstancias
(…) oprobiosas para las víctimas, cuando no aterradoras, para los
testigos sobrevivientes, dificultan la reconstrucción de la verdad
procesal”, señaló la Corte en su última providencia sobre el tema, que
fue conocida por El Espectador.
La Corte enfatizó que las
imputaciones parciales constituyen un impulso en la reconstrucción
conjunta del cruento cuadro histórico de la realidad colombiana.
Sin
embargo, recordó que permitir que se realicen las imputaciones
parciales no excluye la posibilidad de que en el futuro puedan
atribuírseles (a los ex ‘paras’) nuevos hechos no confesados, por
ejemplo. Además, fue enfática en señalar que si bien no todos los casos
atroces podrán ser documentados, sí es preciso avanzar en la búsqueda
de la verdad de lo ocurrido, incluso después de que sea impuesta la
correspondiente pena al autor de esos hechos.
Para finalizar, la
Corte advirtió que la Ley de Justicia y Paz estableció que si con
posterioridad a los acusados se les demuestra que cometieron conductas
criminales que no confesaron, pasarán a la justicia ordinaria,
perdiendo todos los beneficios a los que se habían hecho acreedores.
El reversazo
Esta jurisprudencia echa para atrás una providencia del pasado 21 de septiembre de 2009, con la que la Corte había ordenado a los fiscales que, para cada delito que fuera a imputar, no se podían hacer imputaciones parciales referidas a ese delito particular, sino que tendrán que describir sus dimensiones políticas, militares, económicas y sociales de las autodefensas y demostrar de qué manera los crímenes de los ‘paras’ eran sistemáticos. La Corte además le recuerda a la Fiscalía que “la versión de las víctimas es preponderante” y que el proceso de Justicia y Paz tiene que establecer una verdad histórica.
Para acatar las nuevas exigencias de la Corte, la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía pidió consejo al Tribunal de Cundinamarca. El magistrado Eduardo Castellanos delineó 50 preguntas a las cuáles los fiscales deben dar respuesta para poder imputarle los delitos a un procesado (Ver la carta de Eduardo Castellanos con las 50 preguntas).
Recomienda a la Fiscalía incluir, entre otros, los antecedentes de la totalidad de los miembros de un bloque, hasta de los que no se hayan desmovilizado; el número de armas entregadas en la desmovilización, donde hay que “identificar los números seriales y las casas fabricantes, y solicitar a las casas fabricantes que informen a quiénes les fueron vendidas estas armas”; la cantidad de botas, uniformes y equipos de campaña usados por el Bloque; y hasta cruzar datos con ONGs como País Libre para ver si tienen información de secuestros cometidos por paramilitares.
Con información de El Espectador.
