Un confeso paramilitar conocido como alias ‘El Moña’, quien fue uno 140 paramilitares que cometieron la masacre de Mapiripán en el Meta, contó en Justicia y Paz cómo viajaron, con la complicidad de hombres del ejército, más de 500 kilómentros entre Urabá, Meta y Guaviare, para cometer una de las peores masacres, en la que murieron 50 personas.
 Alias ‘El Moña’ contó detalles inéditos de la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán en el Meta. Foto Semana. |
| En breve: Elécier Manuel Herrera Mercado, alias El Moña, le contó a un fiscal de Justicia y Paz en Medellín cómo se planeó y ejecutó la masacre de Mapiripán, en la que murieron, mínimo 40 personas, perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y en la que, a su juicio, tuvo mucha responsabilidad altos mandos del Ejército en Urabá y Meta. Nombres de paramilitares que mencionó: Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, y Vicente Castaño. Lugares que mencionó: San Pedro de Urabá, Necoclí, Carepa, San Martín, Charras y San José del Guaviare. |
Una pequeña descoordinación de cálculo dejó en evidencia que la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, fue planeada y ejecutada, de forma conjunta, entre el Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Eliécer Manuel Herrera Mercado, alias El Moña, uno de los 140 paramilitares que participaron en esa matanza, dijo en versión libre ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, celebrada en Medellín, que ellos entraron pie a esa población de Meta el mismo día que el Ejército abandonó la región.
“Hubo una descoordinación, porque (la idea era que) el Ejército saliera y nosotros entrábamos al otro día, pero las Auc entraron de una”, explicó Herrera Mercado, al reiterar que la masacre se planeó desde principios de ese año en una finca ubicada en San Pedro de Urabá y bajo las instrucciones de “la casa Castaño”, esto es, Carlos y Vicente Castaño Gil; Salvatore Mancuso, Doble Cero(Carlos Mauricio García) y unos 50 mandos medios.
“Nos dijeron que no nos diera miedo que eso ya estaba cuadrado… Cuando llegamos me ubicaron en una parte a prestar seguridad… Vi que le estaban dando a la población civil, que yo sepa (a unas) 50 personas”, agregó.
El desmovilizado paramilitar sostuvo que el Ejército se vio obligado a reaccionar contra ellos porque alguien, dentro de Mapiripán, alcanzó a llamar y a dar aviso sobre la presencia de las Auc y lo que estaban haciendo en esa población.
Al parecer fue un funcionario del único juzgado de funcionaba en esa localidad, quien alertó sobre el asunto, según lo muestra un documental sobre esos hechos. Ver video. A partir de ahí empezaron las presiones contra el Ejército y los problemas para el entonces comandante de la VII Brigada, con sede en Villavicencio, pero con jurisdicción en la zona, general (r), Jaime Humberto Uscátegui.
El cruce de información de Uscátegui con los mandos del batallón Joaquín París, con sede en San José del Guaviare, entre ellos con su comandante, coronel (r), Lino Hernández Sánchez Prado, y la Brigada Móvil Número II, dejaron en evidencia, para la Fiscalía y la Procuraduría, que hubo una intención manifiesta de estos oficiales de dilatar la presencia de las Auc en Mapiripán y de proteger a quienes estaban allí.
Herrera Mercado le contó a la Fiscalía que unos helicópteros sobrevolaron la zona el 20 de julio “y nosotros salimos de una vez”, pero ya era tarde porque 49 personas, al menos las que pudieron ser identificada de manera oficial por la Fiscalía, habían sido torturadas, degolladas, desviceradas, enterradas en fosas comunes o tiradas al río.
Calcado
El confeso paramilitar coincidió con las versiones que otros desmovilizados y testigos han dado sobre cómo ocurrió la matanza colectiva, una de las más recordadas por la sevicia con la que actuaron los asesinos y porque se convirtió en la punta de lanza de la expansión de las autodefensas hacia otras regiones del país.
El mismo Carlos Castaño aceptó ante los medios de comunicación su responsabilidad, pero dijo que se trató de un “exitoso” combate en el que habían dado de baja a muchos guerrilleros y habían “recuperado 47 fusiles”.
Y en esas mismas declaraciones anunció lo que sería después un recorrido de sangre, terror y miedo por todo el territorio colombiano: “habrá muchos Mapiripán”.
Herrera Mercado repitió que tras las instrucciones en Urabá salieron en dos aviones (un DC-3y un Antonov 32) de las pistas de los aeropuertos Los Cedros y de Necoclí, custodiadas por efectivos de la XVII Brigada (en ese entonces comandada por el polémico general (r), Rito Alejo del Río), para que el personal de vigilancia de la Policía omitiera las requisas de rutina.
En esos aviones llegaron a la pista del aeropuerto de San José de Guaviare, vigilada también por hombres del Batallón Juaquín París y de la Policía Antinarcóticos, que tiene su más grande sede de operaciones en esa región del país.
Recordó que no solo se bajaron de las naves sin que nadie les pidiera una explicación sobre su presencia en la zona sino que se dividieron para partir, unos por tierra y otros por agua, hasta un sitio conocido como Charras, un puerto cercano a Mapiripán sobre el río Guaviare.
Para hacer eso tuvieron que pasar por varias instalaciones de la fuerza pública y por algunos retenes; es decir, sortear la presencia de unos 1.800 hombres del Ejército y la Policía Antinarcóticos.En Charras se les unieron otros 60 hombres de las autodefensas, a quienes les decían los Buitragueños, pues esa estructura era comandada por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.
Cómo fue
El paramilitar contó que unos entraron a Mapiripán por el río y otros por tierra, “porque esa zona es pura sabana”, y, el resto del relato, hace parte ya de una memoria colectiva consignada en varios expedientes judiciales y que una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, en la que condena al estado por acción y omisión en relación con esta masacre, resume basada en varios testimonio de víctimas y testigos (Descargar sentencia)
“Los testimonios de los sobrevivientes indican que el 15 de julio de 1997, las Auc separaron a 27 personas identificadas en una lista como presuntos auxiliares, colaboradores o simpatizantes de las Farc y que estas personas fueron torturadas y descuartizadas…”
Agrega que los paramilitares permanecieron en Mapiripán hasta el 20 de julio, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes, “torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron unas a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare”.
Una vez concluida la operación, las Auc destruyeron gran parte de la evidencia física, con el fin de obstruir la recolección de la prueba.
“Los testimonios dan cuenta de que José Rolan Valencia, despachador del aeropuerto, fue degollado; Sinaí Blanco Santamaría golpeado y asesinado a disparos; Antonio María Barrera, alias ‘Catumare’, torturado durante varias horas y luego descuartizado. Gustavo Caicedo Rodríguez y los hermanos Hugo Fernando Martínez Contreras y Diego Armando Martínez Contreras, de 15 y 16 años respectivamente, fueron asesinados junto al afrodescendiente conocido como ‘Nelson’, además de José Alberto Pinzón López, Luis Eduardo Pinzón López, Jorge Pinzón López y Enrique Pinzón López”.
Las autoridades solo recuperaron el control de la población el 23 de abril, cuando los asesinos iban a kilómetros de ventaja y cuando los periodistas, que llegaron primero, empezaron a mostrar las imágenes del terror que vivieron los habitantes de esa localidad.
Mapiripán se había convertido en el corazón de una zona de alta producción de cultivos ilícitos y por donde la guerrilla aprovechaba para desplazarse con hombres, armas y coca desde y hacia otras regiones de los Llanos y la Amazonia colombiana.
Por la masacre, el general Uscátegui fue procesado primero por la Justicia Penal Militar, que lo absolvió, y luego por la justicia ordinaria, que en primera instancia, lo condenó a 40 años de prisión, pero que luego, en segunda instancia, lo eximió de toda responsabilidad, en un fallo proferido en diciembre pasado.
Por la matanza, ya habían sido condenados, también a 40 años de prisión, el coronel Lino Hernando Sánchez Prado y los suboficiales José Miller Urueña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo.
Carlos Castaño, muerto en abril de 2004, por sus propios compañeros, y Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo pasado, para que responda por cargos de narcotráfico, también recibieron fallos condenatorios como determinadores.
Hace poco la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía impuso medida de aseguramiento contra el empresario bananero Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Ponte o Pedro Bonito’, uno de los jefes del Bloque Bananero de las autodefensas, por su presunta responsabilidad en esa misma masacre.
También el ex jefe paramilitar Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, aceptó, con fines de sentencia anticipada, su responsabilidad.
