¿Dónde están las tierras de Alfredo Tapia?

Hace más de 50 años la autoridad de tierras de la época adquirió miles de hectáreas para construir el Distrito de Riego de María La Baja. Desde la década pasada, el empresario barranquillero acumuló varios predios alrededor de uno de los cuerpos de agua más importantes de esa obra civil para incursionar en la agroindustria, a pesar de que las comunidades sospechan que esas tierras son de la Nación. ¿Cómo adquirió esos predios?

Para ubicar la zona donde el empresario Alfredo Tapia Rizzo dice ser propietario de las tierras a inmediaciones del embalse de Playón, entre María La Baja y San Jacinto, basta con ubicar su planta procesadora de piña, la cual permanece sin funcionar. El predio donde se construyó aquel sitio de operaciones industriales es uno de varios que posee en Montes de María y que parecen haber llegado a sus manos bajo mecanismos poco transparentes. (Leer más en: Empresario Alfredo Tapia se apropió irregularmente de tierras en Montes de María para una planta de piña)

A partir de documentos empresariales y certificados de índices de propiedad, VerdadAbierta.com identificó 16 predios de propiedad del empresario en María La Baja y San Jacinto. Sin embargo, ubicar esos lotes en terreno es casi imposible, aun cuando se supone que muchos de estos tienen un gran referente: el embalse de Playón, también conocido como Arroyo Grande. El problema radica en que los documentos del Estado presentan inconsistencias entre sí.
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En mayo y julio de 2010, Tapia le compró 10 de las propiedades que hoy posee —incluido “Entra si quieres”, el predio con el que Tapia engañó a Cardique para obtener las licencias ambientales y forestales para la construcción de la planta de piña como lo enseño en un reportaje previo— a Rafael César Argumedo Figueroa, un comerciante de tierras que desde 2008 venía negociando lotes en María La Baja. Un año antes, Argumedo había adquirido esos lotes a campesinos y ganaderos que trabajaban en inmediaciones del embalse de Playón.

La imagen de mercader de tierras que tenía Argumedo en Montes de María es mencionada en varios procesos de restitución de tierras. Incluso, en una sentencia de 2016 de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena llegó a declararse nula una compra que Argumedo había realizado en 2009 de un predio en Mampuján, un corregimiento de María La Baja, ante el reclamo de una víctima de desplazamiento forzado.

Los diferentes procesos que llevan los juzgados de tierras dejan ver un patrón: Argumedo compró decenas de predios en María La Baja y los vendió a empresas y empresarios que llegaron a instalar grandes negocios en el municipio.

En los certificados de tradición y libertad de los 10 predios que Argumedo le vendió a Tapia resalta el hecho de que, al menos en papel, el comerciante de tierras vendió a la empresa de Tapias esos títulos por el mismo valor al que Argumedo las había comprado. VerdadAbierta.com buscó hablar con el mercader de tierras para entender qué ganaba con esas ventas pero no se pudo establecer contacto con él.

En los años siguientes, Tapia continuó acumulando tierras en la región. Uno se lo compró al contador de sus empresas y, según los registros, los otros cinco predios los compró directamente a familias campesinas y ganaderas. Varias de ellas fueron las primeras beneficiarias de adjudicación de baldíos en décadas pasadas. Como se observa en la primera anotación de los certificados de tradición y libertad, 11 de los 16 predios que adquirió Tapias fueron entregados en los años noventa por la Oficina Regional Bolívar del Incora, dirigida en esos años por Nelson Enrique González Segrera.

Este funcionario presuntamente estuvo envuelto en adjudicaciones irregulares de tierras en la región, según el Ministerio Público. En 1998, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra González, así como su  jefe de Adquisición y Dotación de Tierras, y la tramitadora de baldíos, por adjudicación indebida de terrenos que habían sido declarados de interés turístico.

Este portal quiso establecer si el entonces director de la oficina regional del Incora fue sancionado por la Procuraduría, pero tras su defunción, en septiembre de 2019, el sistema no permite realizar la consulta.

Títulos al pie del embalse

Las bases catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no reflejan información fiable de los predios donde Tapia tiene su planta de piña y sus monocultivos. Por eso, este portal tomó varios planos del archivo de tierras de la Nación, así como los planos presentados por Tapia a Cardique para obtener las licencias para la construcción de la planta procesadora de piña y los contrastó con imágenes satelitales. Con esa información VerdadAbierta.com georreferenció 8 predios del empresario barranquillero en inmediaciones del embalse de Playón.
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Antes de llegar a manos de Tapia, aquellos primeros dueños de las tierras son viejos conocidos en la zona del embalse de Playón y según campesinos y líderes de la región, eran agricultores y ganaderos que, efectivamente, ocuparon las tierras aledañas a la planta procesadora de piña mucho antes de que esta existiera. ¿Pero cómo lograron ser titulados a orillas de una de las represas más importantes de María La Baja, cuando muchos de esos predios fueron adquiridos por el Incora para la construcción del distrito de riego?

El embalse de Playón es uno de los tres que alimentan el distrito de riego de la región, una inmensa obra civil, construída hace más de cinco décadas, que por medio de redes de conducción busca suministrar agua para los cultivos, principalmente en María La Baja y en menor medida en los municipios de Arjona y Mahates. El proyecto represó el arroyo Matuya y el arroyo Grande en tres embalses, y se construyeron más de 680 kilómetros de canales para llevar agua de la parte alta hasta las fincas de la parte baja.

Fue una de las obras cumbres de la política agraria del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), como parte de la Revolución Verde y aunque inicialmente se ideó para impulsar la siembra de arroz, en la década de los noventa el país comenzó a importar a gran escala este producto, quebrando a los cultivadores locales. Así fue como, desde inicios del nuevo siglo, la palma de aceite llegó a la región y hoy tapiza extensas áreas del municipio.

Este nuevo modelo se da a partir de alianzas productivas —asociación de pequeños y medianos productores con empresarios— impulsadas por el Estado colombiano, en manos de Carlos Murgas Guerrero, ‘El zar de la palma’, mientras era ministro de agricultura en el primer año de la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002). Según precisa el abogado Daniel Alzate Mora en una publicación académica, “Murgas fue quien diseñó, impulsó y se benefició de la reconversión productiva en la región de Montes de María y concretamente en María La Baja”. (Leer más en: Carlos Roberto Murgas Guerrero: más de 40 años dominando la palma de aceite)

Para la construcción de ese ambicioso proyecto hídrico en la década de los sesenta, el Incora compró grandes haciendas de la región, llegando a estimarse la adquisición en 5.000 hectáreas para adelantar la primera etapa del distrito de riego. Además, adquirió la totalidad de las tierras de una población conocida como Palo Alto de Hicotea, la cual, según los cálculos de los ingenieros, se iba a inundar con el represamiento de los arroyos. Por eso, toda esa comunidad se vio obligada a vender y las familias se reubicaron en pueblos cercanos, entre ellos, Palo Altico, una de las comunidades que se encuentra más cerca a los predios de Tapia.

La adquisición de tierras por parte de la autoridad agraria no sólo fue para la construcción del distrito de riego. A varios campesinos, el Incora les otorgó tierras en las zonas bajas: centenares de familias fueron tituladas con predios que, en total, sumaban 9.300 hectáreas, y que contaban con riego del distrito, según recoge la investigación publicada por la Universidad de los Andes “Ya perdimos la tierra, ahora tenemos que luchar por el agua”.

Sin embargo, no todos salieron beneficiados y muchos campesinos decidieron tomar nuevamente tierras en inmediaciones del embalse de Playón, entre ellas en la zona donde se alza la planta procesadora de piña y donde estaba el antiguo pueblo de Palo Altico de Hicotea.

Tiempo después, llegaron familias que les compraron la posesión de esas tierras a los campesinos que sembraban allí cultivos de pancoger, expandieron ganadería al pie del embalse sobre los predios que no se inundaron y emplearon a campesinos de la región en sus labores agrícolas.

“Con el escalamiento de la violencia entre guerrillas y paramilitares, esa ganadería se acabó. Con las primeras masacres el territorio se vació”, cuenta un líder de la región que pidió la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.

Una de esas familias que recuerdan los pobladores de la región son los Fuentes. “Después de tanto tiempo de estar ocupando esas tierras, se las titularon”, señala un líder. “La forma cómo se ha desarrollado la explotación agrícola y la obtención del reconocimiento de la propiedad privada en esas tierras, a finales del siglo pasado, han sido particulares: la comunidad ha visto que el que tiene la capacidad económica y política ha podido titular la tierra”, complementa otro líder.

Es por eso que con título o sin este, hay decenas de predios alrededor de la represa de Playón ocupados por campesinos y terceros que los destinaron a la ganadería o los sembraron con palma de aceite. El punto está, según líderes, en que estos lotes podrían ser de la Nación, cuando la autoridad de tierras adquirió predios para la construcción del distrito de riego.

Este portal le solicitó documentos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente a esas adjudicaciones que el extinto Incora concedió a mediados de los años noventa y encontró inconsistencias con los límites que registran esos predios, pues en ninguno se señala que colinden con la represa de Playón —a pesar de que imágenes satelitales muestran que desde 1969 el embalse estaba completamente constituido—, sino que hace referencia a “ciénaga de Guamanga” o “Arroyo de Guamanga”.
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Según campesinos que tienen títulos en las riberas del embalse, se trataría de una inconsistencia de los funcionarios agrarios, pues aseguran que la ciénaga y arroyo de Guamanga hace referencia al embalse de Playón. Tras una tutela interpuesta por este portal, la Subdirección de Acceso a Tierras de la ANT ordenó la reconstrucción de los expedientes con los que se dieron la titulación de estas tierras que hoy posee Tapia mediante actos del extinto Incora, pero, finalmente, sólo entregó tres de estos expedientes.

En estos reposa el acta de la diligencia de inspección ocular con la que la Regional Bolívar del Incora adjudicó los predios “El Piñal”, “Miraflores” y “Entra si quieres”. Según esos documentos, efectivamente, fueron titulados al borde del embalse de Playón: las referencias de “ciénaga” y “arroyo” de Guamanga se refieren a la represa, según esos documentos.
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Una de las mayores inconsistencias para precisar la ubicación de las tierras de Tapia está en los planos y resoluciones de adjudicación que reposan en los archivos de la ANT. Al menos tres resoluciones entregadas en el corregimiento de San José de Playón (María La Baja) están vinculadas con un mismo plano, radicado en el Incora bajo el número No 53-31139, pero los límites, colindancias y el plano no concuerdan entre sí o con el territorio.
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En respuesta a una tutela interpuesta por VerdadAbierta.com la ANT reconoció que “pudo dilucidar que la cabida y linderos descritas en cada una de las tres resoluciones son completamente diferentes, por lo que no es posible que el plano transcrito en las tres resoluciones sea el correspondiente a las mismas (…). En razón a lo anterior, se puede concluir que el Incora pudo haber incurrido en un error de transcripción del número de plano que correspondía a las resoluciones objeto de estudio en estos puntos”, concluye.

Este portal también intentó esclarecer la propiedad de esas tierras con la información que reposa en el catastro, pero la directora territorial Bolívar del IGAC, Lucía Isabel Cordero Salgado, no entregó las resoluciones o sentencias con las que se abrieron los códigos catastrales, pues adujo que la documentación solicitada contiene información de los titulares de los predios que debe ser salvaguardada por la entidad, cuando las resoluciones de adjudicación y sentencias son documentos públicos.

Líderes esperan intervención del Estado

Desde el segundo semestre del 2023, comunidades de la región vienen adelantando un proceso de acercamiento con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la ANT para dialogar sobre los conflictos en torno a la tenencia, usos y prácticas de la tierra y el territorio dentro del Distrito de Riego de María La Baja, pero actualmente el proceso se encuentra estancado “por el mismo desinterés que han presentado estas entidades para recuperar tierras”, cuenta uno de los líderes conocedores del proceso.

Los líderes de la región esperan que el Estado clarifique la propiedad sobre la tierra alrededor y dentro de los embalses del Distrito de Riego de María La Baja. De encontrarse baldíos o adjudicaciones irregulares piden que esos predios sean entregados a los campesinos de la región que necesitan tierras. Según explican, esto “puede significar para la población negra campesina local una pequeña reforma agraria en tierras irrigadas y bañadas por los distintos embalses”.

Además, piden que la ADR, dueña de los embalses del Distrito de Riego de María La Baja, y Cardique, creen un plan de explotación agrícola sobre esas tierras que están al pie del embalse, conservando la fuente principal de agua de las comunidades negras de la región, para que empresarios como Alfredo Tapia y el resto que tienen sus negocios agroindustriales alrededor del embalse cumplan con el cuidado de su territorio.

Nota de la redacción: esta es la cuarta y última entrega de la serie investigativa Los engaños de Alfredo Tapia para quedarse con tierras del Distrito de Riego de María La Baja.