Afros y campesinos se unieron para reclamar el territorio que el conflicto les arrebató en los municipios de Riosucio y Turbo. Sus parcelas fueron ocupadas por un grupo de empresarios que se resisten a devolverlas.
En la Larga-Tumaradó el territorio afro fue ocupado por ganaderías. La deforestación es una preocupación de la comunidad. Foto suministrada. Manadas de búfalos, pastoreadas por gente ajena a la región, son los ocupantes de varios predios que hacen parte del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó y que son reclamados como propios por afros y campesinos desplazados por la violencia de esta región del bajo Atrato chocoano y antioqueño.
Se trata de un territorio de 107 mil hectáreas que abarca los municipios de Riosucio, Chocó, y Turbo, Antioquia, cuyos pobladores fueron desplazados en los años noventa por grupos paramilitares, situación que al parecer fue aprovechada por un conjunto de empresarios que hoy explotan esas tierras y se resisten a devolvérselas a sus propietarios originales. (Ver mapa).
Un líder de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (Ascoba), cuya identidad se protege, asegura que en el territorio vivían 3 mil personas, de las cuales el 90 por ciento, es decir 2 mil 700, se desplazaron por la violencia. Varios de los campesinos que convivían dentro del Consejo vendieron a bajo precio sus parcelas a foráneos y también salieron de la región.
Las duras condiciones del desplazamiento en pueblos y ciudades ajenos a sus culturas y prácticas ancestrales, llevaron a afros y campesinos a retornar desde el 2010 al bajo Atrato en busca de sus parcelas. La sorpresa fue que se encontraron con un territorio transformado, sus fincas se habían convertido en ocho grandes haciendas cercadas donde pastaban búfalos y vacas, y se desarrollaron cultivos extensivos de teca.
En esas haciendas trabajan decenas de familias que no eran conocidas, traídas de diversas regiones del país. Los bosques, que hacen parte de la zona de reserva forestal del río León y que fue protegida durante décadas por los afros y campesinos, estaban deteriorados.
“Ochenta por ciento del territorio está afectado por la deforestación que hicieron las empresas bufaleras. Los pocos árboles que quedan están en el Cerro Cuchillo. Disecaron ciénagas, desviaron ríos y disminuyó al biodiversidad”, cuenta un líder de Ascoba, quien asegura que “el problema es que hay unos ocho empresarios que se fueron apropiando de nuestro territorio. Unos tienen 22 mil hectáreas, otros 20 mil, otros 18 mil y así. Gran parte de las tierras las legalizaron con títulos falsos”.
Y justo esa legalización de los predios ha impedido que los retornados se asienten en las tierras que habitaron y explotaron en el pasado, pues son expulsados por las autoridades. Uno de los casos más representativos lo viven diez familias de la comunidad La Madre, cuya orden de desalojo fue suspendida por orden del Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. Ese es uno de los tantos casos que ocurren en la Larga Tumaradó.
Una de las paradojas la padeció un campesino quien cansado de vivir desplazado en Chigorodó decidió retornar a su fincaen 2010, pero el ganadero que explotaba su tierra tramitó ante las autoridades una orden de desalojo. De desplazado, el campesino pasó a ser tildado de invasor.
“La orden policiva de desalojo, que es un mecanismo para proteger la propiedad privada, acá la están usando con una forma para expulsar a los reclamantes”, cuenta un investigador.
El ganadero que desalojó al campesino es José Vicente Cantero Ibáñez, capturado en diciembre de 2013 y acusado de ser un presunto despojador de 7 mil hectáreas en la región del Urabá con la complicidad de los paramilitares. (Lea: Doce personas de la familia Padilla masacradas por su tierra)
Complejidades de la restitución
Después del año 2000, afros y campesinos volvieron a su territorio y se encontraron con escenas como esta. Potreros ocupados por ganado. Foto suministradaEl caso de La Larga-Tumaradó hace parte de las nueve comunidades afro que priorizó la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución para presentarlo en demanda ante un juez especializado de tierras.
Según Luis Azcárate, director de este organismo, creado por la Ley 1448 de 2011, llamada de Víctimas y Restitución de Tierras, un equipo de 17 profesionales apoyado por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) trabaja desde mayo pasado en la caracterización de problema con el fin de documentar la demanda. “Puedo decir que es de los casos más complejos de tierras que hay en el país”, dice el funcionario.
La complejidad a la que se refiere no es solo por la extensión del territorio. Varios investigadores que trabajan el caso, cuya identidad se omite por razones de seguridad, explican que en La Larga-Tumaradó hay varias dificultades que impiden mayor fluidez en el proceso de clarificación de las propiedades reclamadas.
Una de las dificultades es las inconsistencias en el catastro, que no muestra de forma clara en qué departamentos finalmente está el territorio colectivo, si en Antioquia o Chocó, pues hace parte de un área disputada administrativamente por esas dos entidades gubernamentales desde hace más de una década.
Otra dificultad son las titulaciones que hizo el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) a campesinos en un territorio declarado zona de reserva forestal, lo que impide la restitución. (Lea: Campesinos y Estado, enfrentados por tierras en Urabá)
Una más tiene que ver con que en el año 2000, cuando el Incora tituló el territorio colectivo no tuvo en cuenta que un grupo de campesinos también vivía dentro del consejo comunitario, pero no tenía títulos, lo que podría impedir que accedan a la tierra, pues que ya tiene un título étnico que los excluye.
Pese a la complejidad del caso, la Dirección de Asuntos Étnicos asegura que en marzo de 2015 tendrán el primer borrador de la demanda de la Larga-Tumaradó para que un juez tome decisiones frente a las reclamaciones que hacen afros y campesinos.
Este es el primer caso en el país que dos comunidades se ponen de acuerdo para solicitar la restitución. Es también la primera vez que el gobierno aplica en un mismo territorio la Ley 1448, que cobija a los campesinos, y el Decreto Ley 4635, que beneficia a grupos étnicos.
De ‘paras’ y empresarios
Así lucen varios de las zonas del Consejo Comunitario de la Larga-Tumaradó. Antes del desplazamiento de los años 90, en este lugar la comunidad de California desarrollaba un proyecto productivo de cría de guaguas. Foto suministradaLa historia de la posesión de las tierras de La Larga-Tumaradó comenzó a finales de los años setenta. Para entonces sobre los bordes de los ríos que llevan estos mismos nombres ya estaba organizada una comunidad afro.
Para esa época comenzaron a llegar campesinos y con la promesa de la reforma agraria que impulsó en 1968 el entones presidente de la República Carlos Lleras Restrepo le pidieron al Incora le titularan las parcelas. Una parte de los campesinos lograron los títulos, pero no todos realizaron el respectivo registro en la notaría ni en la oficina de instrumentos públicos.
“Las comunidades vivieron relativamente tranquilas entre 1984 cuando comenzaron las titulaciones hasta 1995 cuando llegaron los paramilitares”, relata una persona que vivió en el consejo comunitario.
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía documentó que en 1995 empresarios de la región, como el bananero Raúl Hasbún, conocido luego como alias ‘Pedro Bonito’, buscaron el apoyo de Vicente Castaño para montar un grupo paramilitar, petición que luego se tradujo en un frente paramilitar que operó entre Apartadó y Mutatá, y que estuvo adscrito al Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Lea: El Bloque Bananero y sus 447 paramilitares)
Hasbún, quien comandó ese grupo armado, le confesó a la Fiscalía que él quiso montar esa facción armada porque la guerrilla del Ejército de Liberación Popular (Epl) estaba propiciando tomas de tierras en esa región, donde su familia tenía fincas. El terror impuesto por los paramilitares bajo su mando llegó hasta el nororiente del Chocó, donde confluyen Antioquia y Chocó.
Según el Registro Único de Víctimas en ese período 77 mil personas salieron desplazadas de Turbo y otras 76 mil de Riosucio. Según los registros de la Unidad de Víctimas, el año 2000 fue crítico en el municipio chocoano, de donde huyeron 7 mil personas, cuando el año anterior había registrado 2 mil desplazados. (Ver tablas 1 y 2)
Lo particular del 2000 es que justo ese año comenzaron las compras masivas de tierras. Según los testimonios de la comunidad de Ascoba y de investigadores que documentan el caso, a la región llegaron foráneos a comprar las parcelas de los campesinos tituladas en los años ochenta, pese a que estaban sobre la zona de reserva forestal del río León.
Aunque las principales compras ocurrieron en los corregimientos de Macondo, Blaquicet y Nuevo Oriente de Turbo; en Riosucio, varios campesinos que tenían posesión, pero no títulos, sobre algunos terruños también vendieron. Cómo, a qué precios y en qué notarías fueron realizadas las transferencias de las tierras es un asunto que investiga la Unidad de Tierras.
Mientras los campesinos vendían, una gran parte de ellos a bajos precios y presionados por el miedo que rondaba en la zona, los afros recibieron la noticia que esperaban por años. El 22 de noviembre de 2000 el Incora les reconoció 107mil hectáreas como territorio colectivo.
Según una persona que estudió el documento, el título señala que el Consejo está en el municipio de Riosucio, pero no clarificó los límites con Antioquia hasta donde se extiende el territorio. “Lo otro es que esta titulación ocurrió justo cuando mucha gente se había desplazado, entonces dentro del Consejo quedaron parcelas de campesinos que todavía no tenían títulos”, dice otro investigador.
Durante los siguientes años continuó el desplazamiento. En noviembre de 2004 los paramilitares del Bloque Bananero se desmovilizaron y cuando se pensó que la región iba a vivir más tranquila, irrumpieron después de agosto de 2006 las llamadas bandas criminales, nutridas por antiguos miembros de las Auc que no quisieron reinsertarse a la vida civil.
En un informe de riesgo de 2009, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo advirtió que las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, hacían presencia en la zona buscando controlar la siembra de productos agrícolas y agroindustriales.
“Para esto han establecido un modus operandi consistente en posicionar hombres desde los asentamientos y nuevos poblados promovidos en territorios colectivos de Riosucio para ejercer vigilancia, control y delación sobre los procesos organizativos. El liderazgo yace en antiguos mandos medios de las Accu”, señala el informe.
El SAT también señaló que en Riosucio había ocurrido una práctica masiva de despojo y que en La Larga-Tumaradó “esta situación abarcaría aproximadamente el 80 por ciento del territorio”. (Lea el informe del Centro Internacional de Toledo para la Paz aquí)
Una restitución conjunta
Pese a todos los problemas, los integrantes del Consejo Comunitario y los campesinos originales decidieron volver y solicitar la restitución de sus tierras. Los primeros esperan que por medio del Decreto Ley 4635 un juez les reconozca los derechos territoriales, es decir, que la Larga-Tumaradó esté libre de empresas para poder vivir con tranquilidad, mientras los segundos esperan que la Ley 1448 les permita recuperar las parcelas que vendieron hace una década.
Cuando la Unidad comenzó a trabajar en terreno se encontró con un problema adicional provocado por el antiguo Incora. Los campesinos que no tenían título pero que vivían dentro del territorio afro se quedaron sin la opción de reclamar su tierra después de que en 2000 el instituto emitió el título étnico. Por un lado las tierras estaban sobre una zona de reserva forestal, pero por otro pertenecían a un consejo comunitario. Por tales razones no podían ser incluidos en el registro de reclamantes de tierras que creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
“Ocurrió algo maravilloso. Entre la comunidad afro y los campesinos originales que vivían allí hubo una sinergia. Los primeros reconocen a los segundos, se consideran una misma comunidad y trabajan en conjunto en el proceso de restitución”, explicó Liliana Giraldo, abogada de Casos Especiales de la Unidad de Restitución de Tierras.
Un líder de Ascoba reconoció que los mestizos que han vivido junto a ellos durante años merecen estar dentro del Consejo. “Buscamos recuperar el territorio para poder asignarle a estos campesinos su espacio”, indicó el líder.
Eso significa que en la práctica hay dos procesos de restitución paralelos. Uno étnico, que adelanta la Dirección de Asuntos Étnicos con el Consejo Comunitario y que con consentimiento de los afro incorporó a los campesinos originales no titulados; y otro que lleva la Unidad de Tierras con los campesinos que están en el norte del territorio, en los corregimientos de Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente. Según datos de la Unidad, en Macondo de los 254 predios que integran el corregimiento, 181 de ellos, es decir el 70 por ciento, están solicitados en restitución.
Aunque la Unidad espera tener un borrador para la demanda de restitución étnica en marzo de 2015, los casos de campesinos con títulos ya han sido documentados y presentados ante jueces. En el caso de Macondo han presentado 40 demandas pero existe el precedente de tres fallos de Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que negaron la restitución a los campesinos de Guacamayas, en Turbo; a varios de Tulapas, en Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá; y de Bejuquillo, en Mutatá, donde, pese a la violencia, los magistrados consideraron que no hubo despojo. (Lea: Niegan restitución a reclamantes de tierras de Guacamayas; Restitución en Tulapas: unas de cal y otras de arena y La estrategia de despojo de los hermanos Castaño)
En el caso de las decisiones de Justicia y Paz, las comunidades afros y campesinas no entienden por qué los mismos hechos de violencia que vivieron en una misma región aplican para unos y no para otros en relación con sus denuncias de despojo. Por eso creen que una sentencia a su favor, emitida por un juez especializado de restitución, decida que los predios son suyos y obligue a los ocupantes actuales a sacar las manadas de búfalos, lo que marcaría un precedente para las futuras reclamaciones de tierras en la región del Urabá y en el país.
