Bajo el pretexto de su lucha contrainsurgente, los grupos paramilitares de los hermanos Castaño Gil despojaron miles de hectáreas de tierra en Córdoba y el Urabá antioqueño. Varias de esas tierras usurpadas hoy hacen parte de importantes negocios agroindustriales.
Por cuenta de las versiones entregadas por los paramilitares postulados a los beneficios de la Ley 975, de Justicia y Paz, se puede afirmar que los hermanos Castaño Gil, con el pretexto de su lucha contra las guerrillas, convirtieron los grupos paramilitares bajo su mando en verdaderas máquinas para el despojo de tierras.
Sin embargo, para avanzar en la restitución de tierras a los propietarios despojados es urgente esclarecer los diferentes mecanismos utilizados por esos grupos armados ilegales para arrebatarles a los campesinos sus tierras, y legalizarlas a nombre de organizaciones fachadas y testaferros, quienes las explotan económicamente.
Parte de esta labor, en lo que concierne a la identificación de los mecanismos de despojo, es la que precisamente viene realizando la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, encargada de documentar el surgimiento de las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), así como su expansión y los crímenes cometidos durante este proceso.
Recientemente, durante una audiencia del postulado Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, ese despacho fundamentó lo que, a su juicio, identificó como “el patrón de macrocriminalidad del despojo de tierras cometido por la denominada Casa Castaño”. En dicho informe, conocido por VerdadAbierta.com, se consignaron los resultados que arrojó el análisis de más de 4.400 denuncias formuladas por las víctimas del paramilitarismo en el país y que figuran en el Sistema de Información de Justicia y Paz (Sijyp).
Los hallazgos presentados la Fiscalí 13 de Justicia y Paz confirmarían lo que desde hace casi una década vienen denunciando organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos y analistas del conflicto armado: miles de hectáreas de tierra de zonas rurales de Córdoba y el norte del Urabá antioqueño terminaron en manos de los hermanos Castaño Gil, sus subalternos o sus testaferros. Restituir esos predios a sus propietarios originales constituye el reto más complejo que hoy tiene el Estado en su aplicación de la Ley 1448 de 2011.
Si bien el informe presentado por el Ente investigador no arroja cifras concretas sobre el número de hectáreas despojadas, sí señala que las localidades más afectadas con este flagelo fueron San Pedro de Urabá, en Antioquia; y los municipios cordobeses de Valencia, Tierralta y su capital Montería.
Al respecto, la Unidad de Restitución de Tierras indicó que en el Urabá antioqueño se tienen registrados poco más de 3.200 bienes abandonados y despojados, que representan cerca de 128 mil hectáreas de tierra. Esta misma dependencia estatal ha recepcionado más de 160 solicitudes de restitución de Montería y 128 de Valencia, y se estima que en este departamento los paramilitares se hicieron de manera violenta y fraudulenta con más de 80 mil hectáreas de tierra.
Mecanismos de despojo
De acuerdo con el análisis hecho por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, para llevar a cabo su plan de expansión, las Accu recurrieron al desplazamiento forzado de poblaciones enteras como arma de guerra, con el fin de tener el control estratégico del territorio. Estos éxodos masivos se daban luego que los paramilitares ejecutaban varios homicidios selectivos, cometían una o varias masacres, desaparecían personas, mayoritariamente padres cabeza de familia, hurtaban ganado o amenazaban directamente a los pobladores para que abandonara la región, so pena de perder la vida. (Ver: Cómo los Castaño despojaron a una próspera familia)
Con las tierras abandonadas y la orden directa a los pobladores de no retornar a sus viviendas, los paramilitares comenzaron no solo a ejercer un férreo dominio territorial sino también a controlar las actividades sociales y económicas de las zonas dominadas o, como sucedió en las tierras limítrofes del Parque Nacional Nudo de los Paramillos, sembrar hoja de coca e instalar centros para procesamiento, lo que a la postre terminó siendo la fuente de financiación de los bloques paramilitares.
Dicha situación también facilitó que los hermanos Castaño se apoderaran de los predios abandonados. Según la Fiscalía 13, cuando los jefes del paramilitarismo se interesaban por un predio, bien por la riqueza de sus suelos o por ser una zona estratégica para la guerra, recurrían al constreñimiento; es decir, presionar de manera violenta la venta, imponiendo el precio de compra, que podía ser menor o mayor al avalúo comercial del momento, pero que en todo caso configuraba un vicio de consentimiento en la transacción.
“Se iba hasta el sitio de interés y se le manifestaba a la víctima, por lo general el hombre, que el ‘patrón estaba interesado en esa finca’. Si se oponía se ledecía si no vendía, la viuda vendería más barato”, explicó el Fiscal 13 de Justicia y Paz, quien además añadió que “inicialmente las ventas se generaron en los predios cercanos a los de los hermanos Castaño. En otras ocasiones les destruían las cercas y les robaban ganado para desmotivarlos y obligarlos a vender. Hubo ocasiones donde se cometieron acciones criminales como asesinatos o desapariciones forzadas. Esto hacía que el grupo se apoderara del predio, obligara la venta, doblegando la voluntad de las víctimas”.
La situación no paraba allí. Por su fertilidad y calidad productiva, muchas de las tierras usurpadas fueron usufructuadas por negocios agroindustriales como la palma africana, la madera, el caucho y la ganadería extensiva, actividades que también constituyeron fuente de financiación de los grupos paramilitares. (Ver: Palmicultores se asociaron para delinquir)
Sobre el particular, varios casos de despojo de tierras cometidos en el Urabá antioqueño y denunciados en el tribunal de Justicia y Paz de Medellín, como lo son Tulapas (Turbo), Paquemás (Turbo), Guacamayas (Turbo) y Bejuquillo (Mutatá), entre otros, siguen el patrón descrito por el Ente Investigador: con el pretexto de coparle espacios a las guerrillas, los grupos paramilitares obligaron el destierro de poblados enteros, cometiendo homicidios selectivos y desapariciones forzadas.
Tiempo después, un ejército de comisionistas, varios de ellos cercanos a los jefes ‘paras’ se encargaban de contactar a los desplazados para presionar las ventas de los predios. Una vez compradas y legalizadas las tierras se destinaban a grandes proyectos como el caucho y la madera en Tulapas o la ganadería extensiva en Guacamayas.
Fundaciones fachadas
Para legalizar estas compras, los hermanos Castaño recurrieron a la creación de organizaciones fachadas, siendo la más importante de ellas la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).
“Con el objeto de legalizar el despojo de bienes y obstaculizar el seguimientos de la tradición de los mismos, los Castaño crearon una serie de organizaciones y fundaciones a las que primero se les donaba tierra, luego esta fundación la regalaba parcelada a un grupo de personas, en la mayoría de los casos escogidas por los Castaño y luego se les exigía que vendieran nuevamente a la fundación. Esto ha dificultado la persecución de los bienes”, señaló el funcionario judicial. (Ver: Los Castaño donaron tierra usurpada)
El ejemplo más emblemático de lo anterior es la finca Las Tangas. A principios de la década de los ochenta, Fidel Castaño acordó comprar esta finca, ubicada en el corregimiento Villanueva de Valencia, Córdoba, por un valor de 300 millones de pesos. Para concretar el negocio, Fidel le pagó los propietarios del predio 150 millones y pactó el restante a varias letras. Pero éstas no fueron canceladas sino que, por el contrario, los antiguos propietarios fueron amenazados, uno de ellos secuestrados y obligado a pagar 200 millones de pesos por su liberación y años después sería asesinado. (Ver: Cómo Fidel Castaño despojó la finca Las Tangas)
La finca Las Tangas fue donada por Fidel a Funpazcor a principios de los años noventa y dividida en 1993 en parcelas de pocas hectáreas para donarlas a campesinos de la región, con el único requisito de no negociarlas. Pero en 1997, Sor Teresa Gómez, mano derecha de los Castaño en estos negocios, obligó a los campesinos a vender las parcelas a Funpazcor, empleando para ello métodos que iban desde las amenazas hasta el desplazamiento forzado de las familias. Las compras se concentraron en un reducido grupo de personas que hoy son investigadas por la justicia por presunto testaferrato. (Ver: El doble despojo de los Castaño)
“Con la creación de empresas fachadas, con la realización de innumerables traspasos de las propiedades, con el cambio de nombre de los predios, con la división de los mismos, la mixtura de su accionar en acciones legales e ilegales, intentaron y consiguieron dificultar el seguimiento efectivo de tierras despojadas, legalizando así acciones delictivas”, manifestó el Fiscal 13, quien añadió que este contexto, sumado al temor en las víctimas de despojo y la presencia de bandas criminales, ha dificultado la labor de la justicia en el tema de restitución.
En este caso, los Juzgados Especiales en Restitución de Tierras de Antioquia, con jurisdicción en el departamento de Córdoba, han proferido un total de 13 sentencias de restitución de predios de las fincas Santa Paula y Las Tangas, lo que sin duda constituye un avance en materia de reparación a las víctimas de los grupos paramilitares creados por los hermanos Castaño Gil. Sin embargo, el panorama es más desolador para el Urabá antioqueño. En los mismos despachos judiciales hacen trámite, desde hace poco más de un año, por lo menos 250 solicitudes de restitución, sin que hasta el momento se produzca fallo alguno.
