La afirmación la hace la directora de la organización Equitas, Diana Arango, y esgrime para ello el subregistro que existe alrededor de este fenómeno. Recientemente a esa organización le fue otorgado estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). A propósito de esa distinción, este portal habló con su directora sobre sus implicaciones y del panorama que enfrentará la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Fundado en 2004, el Equipo Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) ha combinado los conocimientos de diferentes ramas del saber para ayudar a víctimas del conflicto armado a obtener verdad, justicia y reparación. Uno de sus puntos fuertes es la búsqueda de personas desaparecidas, por medio del cual ha ayudado en la construcción de los perfiles de las víctimas y en la potencial ubicación de donde fueron desaparecidos.
Esa experiencia llevó a que el Consejo Económico de la ONU le otorgara Estatus Consultivo Especial, con lo que podrá relacionarse con todos los organismos de ese sistema multilateral y suministrarles informes, hecho que cobra vital importancia dada la coyuntural del país, que busca ponerle fin al conflicto armado y reparar a las decenas de miles de víctimas que dejaron más medio siglo de confrontación armada.
Sobre ese impacto y el devenir de los desaparecidos en Colombia, VerdadAbierta.com habló con Diana Arango, su directora desde 2015, quien estima que, según las proyecciones que arrojan las investigaciones de Equitas, los casos en el país podrían ser el doble de los 82.998 registrados por por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1958 y 2017.
Una de sus investigaciones próximas a publicarse se centra en Norte de Santander, departamento que, por su ubicación de frontera, su agreste geografía y el abandono estatal, ha sido tierra en disputa de diferentes grupos armados ilegales. Uno de los periodos más cruentos del conflicto armado fue el ingreso de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que “rompieron zona” a comienzos de la década del dos mil apelando a masacres y, tiempo después, aplicaron la macabra práctica de quemar los cuerpos de sus víctimas para no dejar rastros. (Leer más en: El crematorio del Bloque Catatumbo)
Esa práctica se mantuvo aún después de que concluyeran, en agosto de 2006, el proceso de desmovilización, dejación de armas y reincorporación bajo los acuerdos logrados con el gobierno el presidente Álvaro Uribe (2002-2010), afectando buena parte de la zona fronteriza con Venezuela. (Leer más en: ‘Paras’ asesinan en Colombia y arrojan cuerpos en Venezuela)
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué implica el otorgamiento consultivo de la ONU?
Diana Arango (DA): Es un proceso largo que inició a finales de 2015, que tiene unas fechas específicas para revisar la presentación de las organizaciones ante el status consultivo. Es un proceso que se demora un buen tiempo e implica la revisión del trabajo de la organización por el Consejo Económico y Social. Sus miembros tienen el poder de vetar o de aprobar la aplicación de la organización.
Implica un reconocimiento al trabajo de la organización: tienen en cuenta los años de experiencia, el trabajo producido, su impacto a nivel nacional y regional, y tiene unas implicaciones frente a la capacidad que tendrá Equitas de interlocutar directamente con los órganos, no sólo con el Consejo Económico y Social. También implica que podamos ser llamados a consulta y someter informes sobre temas de nuestra competencia.
VA: ¿Sobre qué pueden ser las consultas?
DA: Esperamos que tengan que ver con el Consejo de Derechos Humanos y el Comité Contra las Desapariciones Forzadas. Nuestra idea es poder brindar la experiencia que tiene Equitas en materia de búsqueda de personas desparecidas, pero también en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, no solamente a la reparación a través de la búsqueda. Además, posibilidades de avanzar para que los estados miembros tengan en cuenta las recomendaciones que entreguemos cuando hagan sus diálogos bilaterales con el gobierno colombiano y los embajadores hacia el sistema.
VA: A nivel de país, ¿esa distinción les da facultades?
DA: Ninguna, son sólo con el sistema de Naciones Unidas. Lo que sí nos permite es poder tener un diálogo con las agencias de Naciones Unidas en la región: el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y con las demás agencias se puede tener una relación más estrecha y de colaboración.
Al poder entregar informes a los comités y al pleno de la Asamblea de la ONU, significa que podemos tener relación más estrecha y estamos muy esperanzados en que esto nos pueda servir como un vehículo para posicionar los temas de justicia transicional, especialmente el fortalecimiento y el apoyo que necesita la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para el cumplimiento de su mandato.
VA: ¿Es decir que también podría servir como instrumento de veeduría para las víctimas y no sólo para el funcionamiento de la organización que dirige?
DA: Creo que sí. Esto no es sólo es un reconocimiento para Equitas sino para las organizaciones con las que nosotros trabajamos, especialmente las de víctimas. Es un vehículo justamente para recoger sus preocupaciones, necesidades y garantías que exigen en el marco de la justicia transicional y ponerlas en este nivel.
Es una forma para Equitas pueda centralizar mucha información y expresar a nombre de un grupo nutrido de organizaciones lo que estamos pensando frente a la puesta en marcha y el trabajo que se esté haciendo desde los organismos de justicia transicional.
En Colombia
VA: Hablando del sistema de justicia transicional que se creó en el Acuerdo Final tras cuatro años de negociaciones con las Farc, cuyo fin último es lograr la reparación de las víctimas del conflicto armado, ¿cómo ve la labor que ha realizado hasta ahora la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos?
DA: Hemos podido ver que la Unidad está en marcha, en términos de crear una metodología de trabajo, de hacer consultas con las víctimas, de estar en territorio, de analizar los expedientes de búsqueda a nivel territorial y de las organizaciones de la sociedad civil. Hay un sentido de garantizar ampliamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las de víctimas. Creo que esa responsabilidad que tiene frente a las víctimas, augura un buen arranque. Están los esfuerzos donde deben estar: en cómo garantizar que las víctimas se sientan representadas y reflejadas en una Unidad que se creó para ellas.
Por otro lado, estamos muy satisfechos porque ya fueron aprobados los decretos sobre su planta, personal y nomenclatura. Fueron sancionados por el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda un día antes de la posesión del nuevo gobierno. Sabemos que el Ministerio ya aprobó, sobre la base de esos decretos, los recursos para iniciar las operaciones de la Unidad. (Leer más en: La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya tiene doliente y “Para encontrar a los desaparecidos es necesaria la participación de las víctimas”)
VA: ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentará la Unidad?
DA: Uno de los retos grandes es crearse en medio de un gobierno que claramente declaró su oposición al proceso de paz durante mucho tiempo y que ahora está buscando mecanismos para reformular o revisar lo que se acordó. Y esto tiene implicaciones para las instituciones de justicia transicional y esperó que no tenga muchas para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Más allá de la creación de la Unidad y los retos que eso implica, el ambiente político en el que se crea no es el mejor.
VA: ¿Cómo ve el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la Unidad?
DA: La Corte ya se pronunció. Declaró exequible la creación de la Unidad y parece ser que no toca las funciones fundamentales de la Unidad. Le permite la exhumación, la búsqueda, el proceder en territorios, entre otras, que son el corazón de la Unidad.
La capacidad de estar en territorio fue una de las funciones a las que la Fiscalía y otras entidades del Estado estaban opuestas y habían emitido conceptos en contra a la Corte Constitucional. Parece ser, aún no ha salido la sentencia completa, pero el pronunciamiento de la Corte fue favorable a la creación de la Unidad y a las funciones que se le asignaron. Es el humo blanco que estábamos esperando para que tuviera un piso jurídico y sobre la base de eso se emitieron los decretos de planta, nomenclatura y personal.
VA: Una de las principales peticiones de organizaciones de víctimas es sobre la descentralización de la Unidad, ¿cómo ve esa postura?
DA: El Decreto 589, que creó la Unidad, tiene contemplada la descentralización. Creo que la manera como se descentraliza o llega a los territorios, es lo que se debe discutir. Eso implica una carga burocrática y de infraestructura significativa; también hay que ver cuál sería el mejor modelo de descentralización y territorialización para que la Unidad tenga algo que necesita la búsqueda en Colombia, y es que sea flexible.
Por ejemplo, si voy hace búsqueda en Norte de Santander, no me puedo concentrar sólo en ese departamento: muy probablemente tenga que hacer búsqueda también en Arauca, Santander y Venezuela. Crear una infraestructura a nivel territorial a veces impide un poco salirse de los límites administrativos y de cómo está divido políticamente el país.
Creo que es urgente la descentralización porque claramente desde de Bogotá no se podrá hacer mucho. Es necesario tener un equipo nacional robusto que tenga en cuenta las dinámicas y el panorama general de la desaparición, porque muchas veces una persona que se despareció en un departamento puede estar en otro. Necesariamente los planes no son completamente regionales, por eso debe tener la capacidad de tener presencia robusta en el territorio que le permita mucha movilidad y responder a las necesidades del plan de búsqueda y no a los límites administrativos que le podría imponer la función pública.
Es necesario tener mucho cuidado a la hora de territorializar a la Unidad para no constreñirla, para que pueda ser un aparato móvil, con presencia en todo el territorio nacional y, sobre todo, a donde el Plan de Búsqueda la vaya llevando.
VA: ¿Cuáles son las son más complicadas o cuáles se deben priorizar?
DA: Todo el país tiene cierto nivel de complejidad. Más que priorizar, creo que la Unidad debería hacer un análisis frente a lo que hay en territorio y se enfrentará. ¿Todo es desaparición forzada? ¿Secuestro? ¿Reclutamiento forzado? ¿Qué tipo de desaparición hay en los territorios? Eso lleva a elaborar planes de búsqueda. Más que priorización hablaría de una manera de agrupar casos por complejidades, no para concentrar los esfuerzos en casos simples, sino para también ir evacuando cosas que se pueden de hacer manera más rápida, generar resultados prontos de cara a la opinión pública y poder trabajar en casos que dados su complejidad se pueden demorar mucho más tiempo en resolver.
En términos de territorio, hay departamentos que son críticos en termino de los números que presentan, pero también hay un gran nivel de subregistro. Usualmente los departamentos que reportan más casos es porque tienen una presencia más alta de instituciones y las víctimas una mayor capacidad de recibir algún tipo de atención.
VA: Hablando de subregistros, las cifras sobre desaparición forzada varían según la fuente. Una de las más altas es del Centro Nacional de Memoria Histórica que habla de alrededor de 80 mil ¿Qué verdades sobre desaparición forzada puede desvelar el nuevo sistema de justicia transicional?
DA: Una de ellas es esclarecer el subregistro. Por ejemplo, nosotros estamos próximos a publicar los resultados de un ejercicio que hicimos en Norte de Santander, de calcular el universo de personas desaparecidas en todo el departamento. Se hizo a través del cruce de bases de datos oficiales y de organizaciones de la sociedad civil, y logramos acceder a 18 mil registros. Se depuraron uno a uno y quedaron alrededor de 7 mil registros, y sobre su base hicimos un modelamiento matemático y el modelo nos arrojó que el subregistro puede ser de alrededor del 61 por ciento.
¿Eso qué está diciendo? El Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) tiene 27 mil casos registrados de personas desaparecidas en todo el país y la Unidad de Víctimas 47 mil. Solamente un ejercicio realizado en Norte de Santander da casi la mitad de todo lo que se tiene registrado a nivel nacional. Creo que las cifras que presenta el Centro de Nacional de Memoria Histórica, de 83 mil, son bajas, con subregistro. Creo que en Colombia podemos estar llegando al doble de eso.
VA: Ustedes han documentado casos de desaparición forzada y la posible ubicación de fosas comunes con familiares de víctimas en Caldas y Bolívar. ¿Le han entregado informes a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos?
DA: No, justo ahora estamos en el proceso de realizar un gran informe. Afortunadamente recibimos apoyo de cooperación internacional para continuar el trabajo en Samaná y estamos a la espera de documentar cien casos adicionales a los 85 que ya documentamos.
También vamos a hacer con la Universidad de Caldas, con su Centro de Conflicto y Violencia, un informe para la Comisión de Esclarecimiento, sobre desaparición forzada en la región del Magdalena Medio caldense. Nuestra idea es poderlo terminar a mediados del próximo año como un aporte al fenómeno de la desaparición; también irá a la Comisión de Búsqueda, porque además de un informe de esclarecimiento, está pensado como un plan de búsqueda de desparecidos. (Leer más en: Samaná da los primeros pasos para encontrar sus desaparecidos)
