Solo hay 14 condenas contra los agresores de más de 630 casos sobre los cuales la Corte Constitucional hace seguimiento. La impunidad es mayor cuando el implicado es un miembro de la Fuerza Pública.
La violencia sexual contra las mujeres en razón del conflicto armado es un delito rodeado de impunidad. Las cifras sobre la acción de la justicia evidencian la lentitud de la justicia para afrontar este fenómeno, que ha proliferado en todo el país durante las últimas décadas.
La gravedad del asunto llevó a la Corte Constitucional a emitir el Auto 092 de 2008, a través del cual reconoció que la violencia sexual era un riego de género que se daba de forma “habitual, extendida, sistemática e invisible” durante el desarrollo del conflicto armado. Siete años después profirió el Auto 009 en el que destacó que no se trataba de hechos asilados cometidos por combatientes rasos, sino que fueron crímenes incentivados desde las cúpulas de las organizaciones armadas, y constató “la persistencia de falencias en la atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado”.
Pese a esos llamados para que haya celeridad en el proceso judicial, en el 97% de estos casos persiste la impunidad. La cifra está consignada en el informe presentado en Bogotá por la Mesa de Seguimiento a los Autos de la Corte, que está conformada por 12 organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Según el documento, solo hay 14 sentencias condenatorias y más de 90 casos han sido archivados o precluidos por el Ente investigador. En más del 40% ni siquiera se sabe quién fue el agresor.
Los Autos de la Corte reunieron 634 hechos de violencia sexual en contexto de conflicto armado que afectaron a por lo menos 768 mujeres. La información fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para que acelerara o iniciara las investigaciones respectivas; sin embargo, para la Mesa de Seguimiento es claro que las autoridades nacionales siguen sin cumplir sus deberes constitucionales.
Según este colectivo, contrario a lo ordenado por la Corte, la Fiscalía no tiene una estrategia única para adelantar las investigaciones de violencia sexual, sino que varía de acuerdo al victimario. Mientras los crímenes de la guerrilla son investigados de forma conjunta por la Dirección deAnálisis y Contexto, lo que permite hacer una caracterización de los hechos y encontrar patrones; los de la Fuerza Pública y de las llamadas bandas criminales hacen curso por separado en fiscalías territoriales, una estrategia que, hasta el momento, no ha dado mayores resultados.
“El acceso de las víctimas a la justicia depende de quién fue su agresor, lo que genera una grave diferenciación que afecta el derecho de a la igualdad de las mujeres”, reitera el informe.
Fuente: Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 y Auto 009 de 2015.
Fuerza Pública: investigaciones archivadas
Los riesgos más inminentes se registran en los 44 casos donde se sindica a miembros de la Fuerza Pública como responsables de los hechos. De acuerdo con la Corte, la violencia ha sido una práctica de guerra que algunos militares han usado en tres formas: alianzas con paramilitares, estigmatización de poblaciones como guerrilleras y el uso de las armas con víctimas indefensas.
De acuerdo con la Mesa de Seguimiento, 21 de esas investigaciones fueron archivadas. Así sucedió con las indagaciones que se siguen contra miembros de la Fuerza Pública, quienes, junto con paramilitares, habrían participaron en las masacres del Chengue, ocurrida en Ovejas, Sucre, en enero de 2001; la del Tigre, Putumayo, perpetrada en enero de 1999; y la de Cabuya, en Arauca, en noviembre de 1998.
“En los casos de masacres, donde hay connivencia de la Fuerza Pública, es común que la investigación avance mucho frente a los paramilitares, pero poco frente a los agentes estatales”, dijo a VerdadAbierta.com Linda Cabrera, subdirectora de la organización Sisma Mujeres, organización no gubernamental que hace parte de la Mesa de Seguimiento.
Otros casos se han “extraviado” dentro de la misma Fiscalía y no se sabe a qué despacho fueron a parar. Ocurrió, por ejemplo, con una denuncia de 20 mujeres indígenas violadas por militares, que fue presentada por las organizaciones sociales. El caso es grave, pues de acuerdo a cifras del Ente investigador, en 52% de los casos de mujeres indígenas violentadas, los perpetradores hacen parte de la Fuerza Pública.
A esto se suma la falta de sanciones disciplinarias de la Procuraduría por estos hechos. La mayoría de las investigaciones permanecen congeladas. “Es claro que la Procuraduría no ha tomado con seriedad su deber de investigar y determinar posibles responsabilidades disciplinarias”, agrega el informe.
Otras críticas a la Fiscalía
El Auto de 2015 de la Corte Constitucional aseguró que las mujeres desplazadas no solo son atacadas por actores armados, sino por civiles. Por ejemplo, si una mujer tuvo que salir de su tierra hacia un barrio vulnerable, donde es agredida por un vecino, esto también debe considerarse como un hecho ocurrido en un contexto de conflicto.
De acuerdo con el informe, esto no ha sido asumido así por toda la Fiscalía y en la mayoría de los casos son los fiscales de forma individual quienes deciden cómo abordar el caso.
La Mesa de Seguimiento denunció en su informe que no se les ha prestado atención especial a las 22 investigaciones de mujeres líderes y sus casos no han arrojado sentencia alguna, siguen siendo investigados por separados y sin que se tenga en cuenta la hipótesis de una posible agresión por su trabajo como lideresas.
“Uno de los hechos cometidos contra una integrante del Partido Comunista y una niña, perpetrados por miembros de la Policía durante un allanamiento, cuenta con decisión de preclusión sin tener en cuenta la totalidad de las pruebas sobre violencia sexual que obraban en el expediente y sin investigar los hechos cometidos contra la niña”, dice el informe.
El documento resalta que el 30% de las víctimas eran menores de edad cuando ocurrió la violación, la mayoría tenían menos de 14 años. En estos casos es mayor el índice de investigaciones archivadas.
Por tales razones, la Mesa de Seguimiento le solicitó a la Corte Constitucional que declare que los entes estatales a todo nivel siguen sin cumplir con sus deberes y obligaciones internacionales por cuanto “no han determinado las causas del panorama generalizado de violencia sexual asociada al conflicto armado contra las mujeres en Colombia y mucho menos superado el estado de impunidad en que se encuentran”.
Una síntesis de la situación de impunidad de la violencia sexual asociada al conflicto armado le fue presentada en noviembre del año pasado a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). En ese documento se reiteró que, si bien las entidades estatales competentes han impulsado algunas estrategias para ofrecer respuestas concretas a los requerimientos de la Corte, “éstas no han sido suficientes para garantizar de manera integral y articulada la investigación de la violencia sexual contra las mujeres, en el marco del conflicto armado”.
