Tal y como lo anunció VerdadAbierta.com semanas atrás, luego de un tira y afloje interno de varios meses, finalmente esa agencia del Ministerio Público emitió un informe de riesgo a raíz de la última oleada de asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos. El peligro está latente en 265 municipios y 337 organizaciones sociales se encuentran bajo la mira de violentos.
La Defensoría del Pueblo documentó que en los últimos 14 meses fueron asesinados 156 líderes sociales o defensores de derechos humanos. Foto: Ricardo Cruz.Una de las mayores críticas de las organizaciones no gubernamentales que le hacen seguimiento a las agresiones contra defensores de derechos humanos es que ninguna entidad estatal monitoreaba esa situación y que no existían registros oficiales. Sin embargo, el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, muestra la dura realidad a la que se enfrentan estos líderes sociales, cuyos riesgos aumentaron producto del pacto de paz que alcanzaron el gobierno nacional y la guerrilla de las Farctras negociar cuatro años en Cuba. (Descargar informe)
El documento señala que desde finales de 2015 se incrementaron las agresiones a líderes sociales, pero destaca que a partir del 26 de agosto de 2016, cuando se dio a conocer el Acuerdo Final, “en distintas regiones del territorio nacional arreciaron las amenazas y atentados en contra de líderes sociales y comunitarios, especialmente aquellos que desarrollan actividades asociadas a la defensa de sus territorios, de oposición a proyectos extractivos y particularmente, en relación con aquellos dedicados a hacer pedagogía para la paz y a apostar por la construcción de la paz territorial”.
Además, indica que también existe riesgo por el ingreso de nuevos actores armados a las regiones que históricamente controlaron las Farc, quienes se disputan el control territorial y las economías ilegales. Al respecto, señala que esas circunstancias están “impactando principalmente sobre personas y organizaciones que abanderan la defensa del territorio, los recursos naturales, los derechos de las víctimas, la restitución de tierras, quienes propenden por el fortalecimiento de las agendas comunitarias y la implementación de los acuerdos de paz en el nivel territorial”.
Asimismo, plantea como otro factor de vulnerabilidad, “los intereses de élites y grupos de poder regionales que han manifestado su oposición a los acuerdos de paz y a las reformas y cambios que estos conllevan, especialmente en lo atinente a medidas de retorno, restitución y reparación en materia agraria. Algunos de estos actores al parecer asociados a grupos armados ilegales, estarían promoviendo amenazas, hostigamientos y atentados en contra de defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de víctimas, organizaciones y movimientos políticos de oposición, expresados en situaciones de estigmatización, panfletos amenazantes, homicidios y desapariciones forzadas”.
Es así como el informe define que las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son una “problemática generalizada” y no una violencia sistemática, como planteaba la versión inicial de ese documento, que VerdadAbierta.com conoció semanas atrás.
Dicha versión daba cuenta de que entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero del presente año, se registraron al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales. (Ver: Por lo menos 310 organizaciones están en situación de riesgo en todo el país)
Sin embargo, tras corroborar información con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, el Programa Somos Defensores y el Sistema de Información de la Comisión Colombiana de Juristas, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo estableció en la versión definitiva del informe de riesgo que durante 2016 fueron asesinados 14 más, con lo que la cifra asciende a 134.
Al respecto, discrimina los casos de la siguiente manera: “Del total de víctimas, el 31% de los casos [41] ocurrieron en el departamento del Cauca, 18 en Antioquía, 8 en Cundinamarca, 8 en Norte de Santander, 7 en Nariño y 7 en el Valle del Cauca. Estos seis departamentos reúnen el 66% de las muertes violentas cometidas contra este sector de la población”.
Igualmente, el informe recopila los asesinatos ocurridos entre el 1 de enero y el 5 de marzo del presente año, que dan cuenta de 22. Los hechos ocurrieron en Antioquia (7), Arauca (1), Caldas (1), Cauca (3), Cesar (2), Córdoba (2), Bogotá (1), Chocó (2), Meta (2) y Risaralda (1).
La Defensoría consolidó los dos resultados y encontró que entre el 1 de 2016 y el 5 de marzo de 2017 fueron asesinados 156 líderes sociales o defensores de derechos humanos en los departamentos de Antioquia (25), Arauca (6), Atlántico (3), Bolívar (6), Caldas (1), Caquetá (2), Casanare (2), Cauca (44), Cesar (4), Córdoba (8), Cundinamarca (9), Chocó (3), Huila (1), La Guajira (2), Magdalena (3), Meta (2), Nariño (7), Norte de Santander (8), Putumayo (3), Risaralda (5), Santander (1), Tolima (4) y Valle del Cauca (7). Además de los asesinatos, la Defensoría del Pueblo documentó 33 atentados, cinco desapariciones forzadas y 500 amenazas.
Municipios y organizaciones en riesgo
El siguiente mapa, elaborado con base en información del SAT, muestra cuántos municipios y cuántas organizaciones sociales están bajo amenaza. (Haga clic en cada departamento para desplegar la información correspondiente y pase el mouse por los círculos para ver los municipios bajo riesgo).
Por otro lado, los factores con los que se enunciaba la existencia de sistematicidad en la versión inicial del informe de riesgo, fueron usados para evidenciar la “problemática general”. Son los siguientes: que por lo menos el 69 por ciento de las víctimas desarrollaban su labor de organización comunitaria e impulsó de acciones de reivindicación de derechos en zonas rurales; que por lo menos el 25 por ciento de las víctimas eran líderes de pueblos y comunidades indígenas; que si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones se observa un alto nivel de afectación sobre líderes de Juntas de Acción Comunal; y que respecto a los procesos de convergencia de organizaciones sociales a nivel nacional, se observa un alto nivel de afectación sobre líderes adscritos al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y al Congreso de los Pueblos.
El informe reitera que “los escasos resultados en las investigaciones judiciales, que permitan determinar y sancionar a los responsables de estos hechos, refuerzan la acción de los perpetradores y no contribuyen al esclarecimiento de los patrones que subyacen a estos hechos, las cuales deben ser consideradas en un contexto de violencia y de afectación con un sector poblacional que tiene unas características específicas y de protección especial dados los antecedentes históricos de violencia ejercidos en su contra”.
Como parte de la contextualización de la situación actual del país y de los escenarios de riesgo para los defensores de derechos humanos, el informe describe “la dinámica actual del conflicto armado y la violencia política”, con relación a la transformación del escenario de confrontación armada con las Farc, la expansión del Eln hacia zonas antes controladas por las Farc, la expansión y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el impacto de estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales en áreas estratégicas para el control de economías ilegales, y diversos factores de vulnerabilidad.
Además, analiza las dinámicas regionales en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Nariño, Córdoba, Cesar y Valle del Cauca. Todos coinciden en el alto volumen de agresiones a líderes sociales y las luchas por control territorial por parte de actores armados.
Por último, el informe emite una serie de recomendaciones al Ministerio del Interior, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, a las gobernaciones y administraciones municipales, a la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Policía Nacional y al Comando General de las Fuerzas Militares, para frenar esta situación.
