Se trata de una operación por 200 millones de pesos, con una duración de dos meses. El contratista es Sergio Trujillo Turizo, miembro activo del Partido Liberal, quien fue Secretario de Agricultura de la Gobernación de Antioquia en las administraciones de Guillermo Gaviria Correa y de su hermano Aníbal. Entre tanto, la Mesa Nacional de Víctimas discute con el gobierno por duros recortes en las indemnizaciones administrativas.
Mientras en diversas regiones del país se quejan porque la Unidad de Reparación a las Víctimas (URV) está recortando el presupuesto para atender a los millones de afectados por la guerra de los últimos 32 años, su actual directora, Yolanda Pinto, parece favorecer con generosidad a un antiguo aliado de su esposo, Guillermo Gaviria Correa, gobernador de Antioquia entre el 1 de enero de 2001 y el 21 de abril de 2002, y asesinado por la guerrilla de las Farc el 5 de mayo de 2003, tras un largo año de cautiverio.
VerdadAbierta.com tuvo acceso al contrato de prestación de servicios profesionales FVR 204, firmado el 2 de noviembre de 2017 entre Mabel Cecilia Monroy García, coordinadora del Fondo para la Reparación de Víctimas, y Sergio Noel Trujillo Turizo, un viejo conocido de la directora Pinto, pues se desempeñó como Secretario de Agricultura durante la administración de su esposo y de quien lo reemplazó, Eugenio Prieto; y luego continuó en el mismo cargo cuando fue elegido Aníbal Gaviria Correa como Gobernador de Antioquia para el periodo 2004-2007.
El contrato tiene un plazo de ejecución de dos meses y su objeto es “realizar seguimiento y supervisión respecto de las actividades administrativas, agrícolas, técnicas y financieras correspondientes a los proyectos productivos agroindustriales administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas”. (Descargar contrato)
Tal como se infiere del contrato, las tareas del contratista se centrarían en por lo menos 32 proyectos productivos que tiene listados el Fondo de Reparación y que fueron entregados por jefes paramilitares como parte de sus compromisos con las víctimas, bajo las normas de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz. (Ver listado de proyectos productivos)
El documento detalla 20 obligaciones específicas que debía cumplir Trujillo Turizo. Descartando aquellas que son más de índole administrativo, hay algunas que riñen por lo menos con el tiempo de ejecución del contrato, como por ejemplo “realizar seguimiento a planes específicos en materia agrícola, económica y financiera, para optimizar y aumentar el impacto de las acciones implementadas”.
Otra de las obligaciones que llama la atención es la referida a la propia dependencia. De acuerdo con el documento, el contratista deberá “estructurar y brindar lineamientos para la identificación, actualización y ajustes a los procesos en orden, prioridad y manejo, para los vacíos administrativos, económicos, agrícolas o técnicos presentados en el cumplimiento de las actividades misionales del Fondo para la Reparación de Víctimas”.
Fuentes consultadas al respecto, que por razones de su trabajo en la URV no pueden revelar sus nombres, coinciden en cuestionar el contrato, por cuanto es improbable que se cumpla con ello en dos meses; además, no entienden cómo se asignan tareas que son propias de la entidad que deberían ejecutarse a largo plazo.
Lo que llama la atención de quienes cuestionan este contrato es que el estudio previo que lo respalda, fechado solamente como “octubre de 2017”, deja constancia de una supuesta falencia del Fondo de Reparación, dependencia creada bajo la Ley 975 de 2005. En el documento se establece que “no cuenta con una estructura para realizar la supervisión integral de cada uno de los aspectos técnicos, agrícolas, financieros y administrativos realizando las visitas de supervisión pertinentes en cada uno de los predios donde están ubicados estos proyectos”. Por tal razón, “se hace necesario contratar el seguimiento y supervisión permanente a cada proyecto productivo”. (Ver estudio)
Viejos amigos
Sin embargo, las dudas surgen porque si bien se determinó la necesidad de un seguimiento y supervisión permanente, a Trujillo Turizo sólo se le contrató por dos meses. “¿La pregunta es por qué?”, cuestiona un funcionario indignado con el tema y sugiere que tal vez se deba a un asunto que viene de antiguas relaciones políticas.
En efecto, la directora de la URV, Yolanda Pinto de Gaviria, y el contratista han compartido las toldas del Partido Liberal durante varias décadas. Esta abogada se destacó por su trabajo entre 1993 y 1998 como como Secretaría General del Instituto Nacional de Vías (Invías). Fue allí donde conoció a Guillermo Gaviria Correa y se unió a él no sólo afectiva, sino políticamente. Tras su asesinato en cautiverio, el 5 de mayo de 2003, asumió la causa de los secuestrados y decidió lanzarse al Senado de la República en las elecciones de marzo de 2006, pero sus votos no le alcanzaron para obtener una curul.
No obstante, Pinto llegó al Senado por cuenta de la renuncia y posterior condena del líder político cordobés Juan Manuel López Cabrales por sus nexos con grupos paramilitares, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia, que lo sentenció a seis años de cárcel. (Leer más en: Corte Suprema ratifica condena contra López Cabrales por parapolítica)
En esas lides conoció a Trujillo Turizo, un activo miembro del Partido Liberal en Antioquia, quien se formó académicamente como economista agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, lo que lo llevó a desempeñarse como Secretario de Agricultura de Antioquia, en las gerencias del Fondo Ganadero de Antioquia, la Reforestadora Industrial de Antioquia y AgroActuar, así como en la Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo del Incoder.
Su formación técnica la combinó con la política, sin grandes resultados. En las elecciones regionales de 2015 presentó su candidatura a la Asamblea Departamental por el Partido Liberal y no logró ningún escaño. La contratación con la Unidad para las Víctimas evidenciaría que los lazos entre Pinto y Turizo siguen muy sólidos.
Pero no sólo el político antioqueño es un viejo conocido de la funcionaria. La Coordinadora del Fondo para la Reparación de las Víctimas, Mabel Cecilia Monroy García, quien suscribió el cuestionado contrato, comenzó a trabajar en el Instituto Nacional de Vías (Invías) el 24 de octubre de 1994, cuando Pinto se desempeñaba como Secretaria General de la entidad. De acuerdo con su hoja de vida, ocupó el cargo de Profesional Especializada II hasta cuando se retiró, el 25 de agosto de 2017, para asumir el cargo en la URV. (Ver hoja de vida)
Víctimas también cuestionan
El cuestionamiento sobre el contrato suscrito entre la URV y Trujillo Turizo también fue ventilado este miércoles durante una sesión extraordinaria de la Mesa Nacional de Víctimas, en Bogotá. Allí, Patricia Riveros, quien representa a la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia, criticó la operación y pidió investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría; sin embargo, se abstuvo de comentar el tema con este portal y señaló que prefiere esperar las decisiones que tomen los entes de control.
El tema salió a relucir en la sesión porque en ella se discute otro asunto que tiene muy molestos a los representantes de víctimas que hacen parte de la Mesa y que está directamente relacionado con los recursos que destina el Estado a la reparación.
Se trata de un proyecto de decreto con el que el gobierno nacional busca cambiar la manera cómo se tasan y distribuyen las indemnizaciones administrativas a las víctimas, modulando la cantidad de recursos que recibirán los afectados por secuestro, lesiones, tortura y desplazamiento forzado. Eso significa que no todas las víctimas de un mismo hecho recibirán igual indemnización, como ocurre hasta ahora, sino montos mayores o menores dependiendo de su grado de afectación. (Leer más en: Comienzan reparaciones administrativas para víctimas del conflicto armado)
La propuesta del gobierno nacional es un cambio en las reglas de juego que surgió de una decisión de la Corte Constitucional (Auto 206 de 2007), que le exigió a la URV coordinar con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el diseño de un procedimiento claro para que las víctimas de desplazamiento supieran cómo obtener la indemnización administrativa. La URV, sin embargo, decidió crear un procedimiento para todas las víctimas y tomó una decisión que no le pidió la Corte: crear rangos.
Según la norma vigente, establecida en el Decreto 1084 de 2015, las víctimas de homicidio, desaparición forzada, secuestro y lesiones con incapacidad permanente pueden recibir hasta 40 salarios mínimos; las de lesiones sin incapacidad permanente, tortura, reclutamiento forzado y delitos contra la libertad e integridad sexual, hasta 30 salarios mínimos, y las de desplazamiento forzado hasta 17 salarios mínimos.
Aunque desde 2011 estaba claro que con base en esos topes la URV debía estimar el monto de la indemnización teniendo en cuenta “la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de la víctima”, a la fecha la Unidad ha entregado los topes máximos en todos los casos, sin ninguna graduación.
Ahora, más de seis años después de seguir ese patrón de entrega, la URV propone crear rangos, así: entre 4 y 40 salarios mínimos para víctimas de secuestro, según “el tiempo de duración del secuestro”; entre 4 y 40 salarios para víctimas de lesiones con incapacidad permanente y tortura, “según el tipo de lesión que haya sufrido la víctima”; entre 4 y 30 salarios para víctimas de lesiones sin incapacidad permanente, también según el tipo de lesión; y entre 3.4 y 17 salarios para víctimas de desplazamiento, según “el número de víctimas que conforman el hogar”. Para el caso de las víctimas de homicidio y desaparición forzada, la URV sugiere dejar el monto fijo, en 40 salarios, y en el de delitos contra la integridad sexual y reclutamiento, en 30 salarios.
Además de esos cambios, el gobierno nacional sugiere la creación de dos rutas para la entrega del recurso: una rápida para víctimas mayores de 74 años, con enfermedades graves o discapacidad, y otra más lenta para el resto, que recibirán los pagos en tiempos cortos o largos dependiendo de un puntaje que será asignado teniendo criterios demográficos y poblacionales, las características del hecho victimizante, el avance en la ruta de reparación y la situación socioeconómica de los solicitantes. El número de indemnizaciones que se otorgarían por año dependería, de acuerdo con el proyecto, de “los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector”.
Al margen de lo que ordena el auto de seguimiento de la Corte Constitucional, el asunto de fondo es que el gobierno nacional alega no tener plata para reparar simultáneamente a todas las víctimas. Ello se debe no sólo a que el número ha crecido por encima de los cálculos iniciales del Ejecutivo (a la fecha se han registrado más de ocho millones 625 mil víctimas), sino también a que en 2013 la Corte le prohibió resolver la reparación de los desplazados con subsidios de vivienda, tal como venía haciendo en consecuencia con el documento Conpes 3712 de 2011. Esa decisión, de acuerdo con fuentes de la Unidad, habría aumentado las indemnizaciones en 17 billones de pesos.
En diálogo con VerdadAbierta.com, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la URV, Vladimir Martín, explicó que “la sentencia de la Corte que decidió que las víctimas de desplazamiento no se podían indemnizar a través de esos subsidios tuvo un impacto en la financiación de la política pública de reparación. De manera que en la distribución del recurso y la realidad presupuestal, económica y fiscal que tiene la política, las medidas contempladas en el proyecto de decreto permiten tener una mayor equidad y eficiencia en la entrega de la indemnización a todas las víctimas”. A la fecha, de acuerdo con Martín, la URV ha indemnizado a 750 mil personas por valor total de 4 billones de pesos.
La explicación de que los recursos son limitados genera, sin embargo, una profunda molestia entre las víctimas. Así lo expresa Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional: “Lo que la Corte le dijo al gobierno es que busque la forma de priorizar, no que siga diciendo que no hay plata. De los casi nueve millones de víctimas que hay, el gobierno no ha indemnizado ni siquiera un millón, cuando estamos a cuatro años de que se cumpla el tiempo de vigencia de la Ley 1448”.
Guerra agrega que “este gobierno hizo una muy mala planeación de la implementación de la Ley, porque nunca pensó lo que era el universo de víctimas del país y fuera de eso no hace los verdaderos esfuerzos fiscales. Por ejemplo, aquí se ha señalado (en la plenaria) que se han invertido muchos recursos en compra de camionetas, en contratos extraños y en (el diseño) de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, pero que para la reparación nunca hay plata”.
Los representantes de víctimas alegan, además, que el cambio en las reglas de juego no se compadece con el compromiso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de ponerlas a ellas en el centro del proceso de transición que generaría el proceso de paz con las Farc.
Yolanda Perea, representante de víctimas de violencia sexual en la Mesa Nacional, opina que “así como el Estado tuvo plata para la guerra, que tenga plata para sacar a las víctimas del estado de vulnerabilidad en el que estamos: aquí si no nos matan, nos morimos porque no se nos garantizan los derechos”.
Desde octubre de 2017, el gobierno nacional, en cabeza de la UARIV, el Ministerio de Hacienda y el DNP se propuso negociar con la Mesa Nacional algunas medidas que le permitan expedir el decreto con unos mínimos consensos. La tarea no ha sido nada fácil, no sólo por la indignación que genera el tema presupuestal, sino porque varios de los representantes se sienten engañados con la promesa que hicieron el presidente y las Farc de volverlas protagonistas del proceso de paz.
Guerra y Perea cuestionan, por ejemplo, que el gobierno nacional haya conseguido las mayorías en el Congreso para aprobar las 10 curules para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), pero no para las 16 curules prometidas a las víctimas, así como el hecho de que la Unidad Nacional de Protección disponga de todos los recursos para garantizar la vida de los dirigentes de la Farc, pero no la de los líderes sociales. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: pocos avances para la magnitud de la tragedia)
Nini Johana Cardozo, representante de víctimas de desplazamiento forzado en la Mesa Nacional, comenta al respecto: “La gente ha esperado 10, 12 años para que la reparen, cómo para que ahora el gobierno les vaya a salir con tres o cuatro millones de pesos de indemnización. Se habla de un déficit fiscal, pero si se paró la guerra con las Farc, lo mínimo que se debe hacer es resarcir dignamente a las víctimas. Se trata de un tema de equidad e igualdad frente a lo están haciendo con la (ex) guerrilla, que tiene beneficios en proyectos productivos y en la parte económica”.
En esa línea de reflexión, Odorico Guerra concluye que “como están las cosas en este momento, se está lanzando el mensaje de que es mejor ser victimario que víctima”.
El gobierno nacional, sin embargo, insiste en que el proyecto de decreto busca ser equitativo con todas las víctimas y que la nueva distribución de recursos permitirá otorgar más indemnizaciones en menos tiempo. De acuerdo con el jefe de la Oficina Jurídica de la URV, ” lo que procura el proyecto es definir unas rutas claras para acceder a la indemnización y garantizar una mayor equidad frente al panorama presupuestal, para que podamos garantizarle recursos a un mayor número de víctimas”. La otra ventaja que señala es que el decreto reconoce por primera vez como sujetos de indemnización a víctimas de accidentes por minas antipersonal, en un rango de entre 4 y 40 salarios mínimos.
Por ahora, las mesas municipales y departamentales de víctimas le han presentado al gobierno 59 documentos con observaciones sobre el proyecto, que deberán discutirse en las próximas semanas para llegar a unos mínimos acuerdos.
Varias fuentes le dijeron a este portal que al gobierno nacional le urge emitir el decreto con el objetivo de mostrar resultados en el frente de las indemnizaciones administrativas, que por ahora se le ha salido de las manos, dado que la administración del presidente Juan Manuel Santos está llegando a su final. Los líderes de víctimas consultados advirtieron, sin embargo, que las diferencias son de fondo y que de no llegar a acuerdos acudirán a la Corte Constitucional.
La negociación ocurre en un ambiente caldeado no sólo por el desgaste que ha significado para las víctimas acceder a la reparación y por la inconformidad por las distintas decisiones del gobierno nacional, sino también por la percepción de las líderes de que los recursos que maneja la Unidad no siempre fluyen por el camino correcto.
