Con la aprobación de la Ley de Justicia y Paz se abrió hace tres años un proceso que, aunque muchos no lo crean, está cambiando el país. No todo es tan malo como dicen los críticos, ni tan bueno como dicen quienes la aplican.
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| Sala de audiencias del sistema penal acusatorio colombiano. Foto SEMANA. |
Quizás el parámetro más importante para medir el éxito o el fracaso de la Ley de Justicia y Paz es qué tanta verdad se conozca sobre la barbarie paramilitar. Por eso, la base de todo el proceso son las versiones libres de los desmovilizados en las que deben confesar sus crímenes. Hasta ahora, en las 1.400 versiones libres que hay en curso, se han conocido 11.500 hechos delictivos que afectan a 14.500 víctimas. Las versiones libres han arrojado luces sobre hechos gravísimos para el país que estaban en completa impunidad. Es el caso del exterminio sistemático contra los militantes de la Unión Patriótica, por cuya ocurrencia hay 1.600 demandas contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Justicia y Paz se han confesado 45 de estos crímenes y se han arrojado luces sobre los autores intelectuales de la matanza, lo que podría librar a Colombia de un juicio internacional.
Se han reconstruido masacres como las de El Salado, en la cual se encontró que las víctimas duplican el número que la justicia tenía establecido. También se ha revivido el asesinato del humorista Jaime Garzón. Por lo menos tres paramilitares han señalado a militares como instigadores de este crimen. Trascendentales han resultado los datos sobre empresas nacionales y extranjeras que han financiado a los grupos armados. Pero una de las más importantes verdades que han salido a flote es la de la para-política. Fue en una versión libre que Salvatore Mancuso dio a conocer el Pacto de Ralito que firmaron varios políticos de la Costa.
Pero no todo ha sido verdad. Ésta ha sido dada a cuentagotas y con cálculo político por parte de los jefes paramilitares. Varios de ellos se han retractado de las acusaciones que han hecho, como por ejemplo Jorge Iván Laverde, que primero vinculó al ex alcalde de Cúcuta Ramiro Súarez conlas AUC, y luego se arrepintió de lo dicho.
El otro gran escollo es la extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares. Aunque en el papel se ha dicho que podrán seguir colaborando con los procesos de justicia y paz, la realidad es que hay tanta complicación técnica para hacerlo, tanta falta de acceso por parte de ellos a la información y de las víctimas a estos procedimientos, que las expectativas de que quienes estaban hablando sigan haciéndolo son muy bajas.
Víctimas visibles pero solas
Invisibles en el pasado, en estos tres años las víctimas se han destacado en la vida pública al exigir verdad y reparación. Hay decenas de organizaciones en todo el país, movilizaciones y apoyo internacional, tanto para quienes buscan a sus familiares desaparecidos, como para quienes aspiran a saber por qué fueron asesinados sus seres queridos o ser restituidos de los bienes que les fueron despojados. La evidencia de que la Ley de Justicia y Paz se centró en los victimarios y no en las víctimas ha empujado al Congreso a aprobar en primer debate una ley de víctimas, que cuenta con un amplio consenso y que garantiza una más plena reparación para quienes han sufrido las secuelas de la guerra.
Sin embargo, las víctimas cuentan con poco respaldo jurídico y de seguridad para participar en el proceso de justicia y paz. Aunque hay 143.000 personas registradas, apenas 10.000 han asistido a las versiones libres, y en todo el país cuentan con sólo 69 defensores públicos que las orienten. Nueve de ellas han sido asesinadas y casi 100 han reportado amenazas. Aunque se han hecho muchas jornadas de atención a las víctimas, tanto por parte de la Fiscalía como de la Comisión Nacional de Reparación, hay agujeros negros, como la falta de apoyo sicológico, que aún no se resuelven.
Reparación enredada
La reparación es el nudo gordiano del proceso de justicia y paz y, más que un problema de la ley, es una herencia del proceso de negociación de Ralito, que sehizo sin hablar de lo fundamental. El país ya conoce la burla que le hicieron los adalides de las autodefensas cuando entregaron apenas unas 250 fincas y casas, 2.000 vacas y novillos, 14 vehículos y algunos trastos viejos.
Más allá del tema de los bienes, hay problemas de hondo calado sin resolver. El gobierno firmó un controvertido decreto de reparación por vía administrativa universal, que permite entregarle a cada víctima hasta 40 salarios mínimos por la violencia sufrida, y que el gobierno tasó en siete billones de pesos. Sin embargo, la puerta para que cada persona acuda a los tribunales en busca de una indemnización mayor e individual no está completamente cerrada en la ley de víctimas que deberá debatir el Congreso en esta legislatura. También se espera que se reabra la discusión sobre el número de víctimas que gozarán de la reparación porque, si se incuyen los desplazados, se puede llegar a una cifra extrema de tres millones de personas. Por eso, la incertidumbre sobre el costo total es enorme.
A ese ya de por sí gran lío hay que sumarle el enredo de las tierras. Muchas víctimas piden restitución de predios que les fueron usurpados pero de los que no tienen títulos. No se halla todavía una solución jurídica a las transacciones que sobre estos bienes se han realizado en el pasado.
Muertos sin nombre
En logro y problema se ha convertido el hallazgo de fosas en casi todo el país. Por un lado, se ha demostrado que la magnitud del drama de la desaparición forzada rebasa todas las cifras. Se han descubierto casi 1.300 fosas, de las que se han exhumado 1.550 cadáveres. Ello sin contar los centenares de muertos que los paramilitares han confesado que fueron arrojados a los ríos. Hasta hoy han sido entregados 207 de estos cuerpos a sus familiares, lo cual constituye ya de por sí una reparación al daño causado, y hay 520 identificados.
Aunque éste es uno de los programas más importantes y efectivos para lograr verdad y reparación, hay un cuello de botella que en el corto plazo puede hacer crisis. Los depósitos de cadáveres están llenos y cerca de 800 de ellos no han sido identificados. Entidades forenses independientes como Équitas han criticado el modo como se ha exhumado, pues consideran que sin una investigación previa que permita presumir la identidad del cadáver, es inconveniente desenterrarlo. En Colombia no hay los recursos para hacer un banco de datos de ADN masivo que permita esa identificación, como se hizo en los Balcanes. Si no se logra identificar estos cuerpos, su destino inexorable será ser enterrados nuevamente.
El atranque de la justicia
Una de las críticas más reiteradas es la lentitud de la Fiscalía en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Tres años después de que ésta fue promulgada, no hay una sola condena, y sólo en seis casos hay imputación de cargos. Para la Fiscalía es un gran reto este proceso y por eso se ha fortalecido, con apoyo internacional, la unidad de justicia y paz, que hoy cuenta con 59 fiscales y más de 1.000 técnicos investigadores.
Pero Justicia y Paz ha impactado en todo el sistema judicial. Gracias las versiones libres se han compulsado copias para investigar a 87 alcaldes, 21 concejales, 19 senadores, 16 representantes a la Cámara y 12 gobernadores. En total se está investigando a 155 políticos, 76 miembros de la fuerza pública y 13 funcionarios judiciales. El reto es inmenso, pues hay casos como el del general Rito Alejo del Río, que había sido cerrado por la propia Fiscalía, o de masacres como la de Pichilín, donde los jefes de las autodefensas que habían sido declarados inocentes confesaron su autoría.
Es así como gran cantidad de procesos que estaban muertos o estancados ha revivido. Esta vez la justicia tiene el desafío de superar la impunidad.
Lo que no se entiende es por qué mientras se fortalece toda la estructura investigativa y de juzgamiento, son extraditados los jefes paramilitares que son el emblema del proceso, para que sea otro país, y por otros delitos, el que les haga justicia.
Publicado por SEMANA 07/26/08
