Por décadas los habitantes de la Comuna 13 lucharon para que se encontrara la verdad que ocultaba toneladas de residuos de obra y otros desechos, donde paramilitares desmovilizados confesaron haber ocultado el cuerpo de decenas de víctimas. Los restos humanos hallados por el Sistema Integral para la Paz confirman la lucha de las víctimas y plantea un nuevo reto para determinar su identidad. Algunos cuestionan no haber llegado a esta conclusión antes.
En la mañana de este miércoles, las inspecciones realizadas en La Escombrera, la ‘fosa a cielo abierto’ más grande del país, como la han nombrado coloquialmente, arrojó resultados: 14 piezas, entre restos óseos y ropa, de al menos dos cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado padecido por los habitantes de San Javier o la Comuna 13 de Medellín.
Caída la noche de ayer continuaban las inspecciones judiciales lideradas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). A simple vista, reposaban los restos encontrados sobre la tierra y entre los escombros, marcados con los numeradores forenses. A unos metros, familiares de las víctimas aguardaban dentro de una pequeña carpa blanca, esperando obtener más información.
“Este es un aguinaldo muy grande. Un regalo muy grande que Dios nos ha dado. Es el resultado de la lucha, la resistencia, las tocadas de puertas, las insistencias para lograr toda esta búsqueda. A algunas familias les va a dignificar el dolor”, expresó en entrevista con este portal Margarita Selena Restrepo, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad. Restrepo es la madre de Carol Vanesa de 17 años, desaparecida el 25 de octubre de 2002, una semana después de la Operación Orión. (Leer más en Mujeres víctimas de la Operación Orión en Medellín)
En agosto de 2018 organizaciones de víctimas le solicitaron a la JEP ordenar medidas cautelares sobre La Escombrera y La Arenera, terrenos próximos a la Comuna 13 que hoy están en manos de las empresas Construcciones El Cóndor S.A.
Dos años después la JEP profirió las medidas a fin de proteger estos terrenos sobre los que se sospechaba había restos de personas desaparecidas, a raíz de las repetidas denuncias de organizaciones de víctimas que durante dos décadas habían pedido poner atención en el lugar.
A pesar de esa decisión, según han denunciado las organizaciones de víctimas, por mucho tiempo allí se siguió arrojando escombros de toda la ciudad y continuó la explotación minera de la empresa El Cóndor S.A. (Leer más en Protección de cementerios: una estrategia para conocer la verdad)
Finalmente, el tribunal de justicia transicional ordenó la intervención forense el 25 de julio de 2024 y la UBPD priorizó la búsqueda sobre 2.417 metros cuadrados, de los 6.912 metros que la JEP cauteló del terreno. Según datos de ambas instituciones, en la Comuna 13 hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, entre 1978 y 2016, con un punto de agudización en 2002, cuando tuvo lugar la Operación Orión.
Informes de diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que, durante los tres días que duró dicha operación, los más de 1.500 integrantes de la Fuerza Pública dejaron un saldo de 80 civiles heridos, 71 personas asesinadas por grupos paramilitares, 17 víctimas mortales por fuego estatal y 300 detenciones arbitrarias.
El sufrimiento no terminó allí. Tras la expulsión de las milicias, el Bloque Cacique Nutibara instauró un régimen de terror marcado por desapariciones forzadas. Según la Corporación Jurídica Libertad, entre noviembre de 2002 y febrero de 2005, se registraron 91 casos de desaparición forzada, incluyendo 15 en octubre de 2002, durante los operativos. Sin embargo, Adriana Arboleda, abogada de la corporación, advierte que la cifra podría superar los 300 casos. (Leer más en “General Montoya: diga la verdad sobre la Operación Orión”: víctimas de Comuna 13)
El 1 de agosto de 2003, se descubrió una fosa común en una finca del corregimiento San Cristóbal, al occidente de Medellín, donde se exhumaron 13 cadáveres, seis de ellos pertenecientes a personas desaparecidas en la Comuna 13. Este hallazgo fortaleció la convicción de cientos de familias de que sus seres queridos están enterrados bajo los escombros que por años se depositaron en un lote del barrio Eduardo Santos.
“Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo”, señaló durante la rueda de prensa Luz Janeth Forero Martínez, directora de la UBPD, quien precisó que el proceso lleva un 83 por ciento de avance.
Los hallazgos se dieron en la zona noreste del polígono, a una distancia de 2,50 metros fuera del área priorizada en la Fase 5. “La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención”, precisó Forero y añadió que los restos encontrados pasarán a ser analizados dentro de un proceso de identificación y para esa fase es fundamental la recolección de muestras biológicas de familias buscadoras para hacer el cotejo.
“Todavía nos falta muchas muestras biológicas por recoger y sabemos que muchas veces parte del escepticismo que habló el mismo Gustavo (Salazar, magistrado) al principio que se pudo tener del proceso. Todavía necesitamos que lleguen muchas familias que seguramente tienen personas desaparecidas en La Escombrera y que todavía no tenemos su muestra de sangre para proceder a la perfilación genética necesaria para los cruces”.
Los hechos de ayer son resultado de la ardua lucha de las víctimas. “Desde el inicio que empezamos a denunciar todas las desapariciones aquí en la Comuna 13 decían que estábamos locas, que no sabíamos lo que decíamos, pero esto demuestra que cuando se escucha la voz de las víctimas se pueden obtener grandes logros”, expresó Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad, quien busca a su esposo, Luis Javier Laverde, desaparecido desde el 9 de diciembre de 2008.
Una larga lucha
La justicia ha puesto su interés sobre los terrenos de La Escombrera y La Arenera por la cercanía que en su momento tuvo una base paramilitar del Bloque Cacique Nutibara que delinquió durante varios años en esta zona de Medellín. Desmovilizados que pertenecían a esa estructura y que se postularon a Justicia y Paz, señalaron que La Escombrera y sus inmediaciones fueron usados para la desaparición de personas. En su momento, una de las declaraciones más contundentes las dio Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, quien aseguró haber sepultado muertos allí.
Esto llevó a las autoridades a realizar las primeras labores de búsqueda en el lugar. En 2015 la Fiscalía marcó tres polígonos a trabajar y durante el segundo semestre de ese año realizó las excavaciones en el primero de estos: un terreno de 5.000 metros cuadrados, de donde se removieron 24.000 metros cúbicos de escombros. Sin embargo, para diciembre de ese año se anunció que no se encontraron restos humanos. (Leer más en La Escombrera: una verdad que ya comienza a ser desenterrada)
Se acordó que para 2016 se continuaría la búsqueda en los siguientes polígonos, pero pasaron los meses y nunca empezaron. Hasta diciembre del año siguiente las autoridades anunciaron que la empresa española Falcon High Tech iniciaría estudios para la excavación del polígono dos.
“Hay muchas dudas sobre eso porque la empresa dijo que iba a hacer un proceso gratuito. Nunca supimos realmente la Alcaldía qué tipo de convenios tenía con ellos. Aquí vinieron con un dron, lo pasaron, pero realmente no se puede hablar que ellos hicieron un análisis o una búsqueda”, señaló Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, en entrevista con este portal.
En su momento, las víctimas se opusieron por considerar esa decisión un acto unilateral tomado por la Alcaldía, para entonces en cabeza de Federico Gutiérrez, que no tuvo en cuenta a las víctimas, además de reprochar la poca experiencia de la empresa en la búsqueda de desaparecidos. Pasaron los años y no se intervino esas áreas establecidas por el ente investigador.
“En el cuatrienio de Federico Gutiérrez, del 2016 al 2019, no hubo voluntad política. Él debió darle continuidad al proceso de búsqueda”, reprocha Luz Helena Galeano, miembro de Mujeres Caminando por la Verdad. “Él fue el que truncó la búsqueda en el año 2016. Él dijo que ahí no íbamos a encontrar nada”, agregó.
Según Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín y exsubsecretario de derechos humanos en el primer periodo de Gutiérrez, esta administración tuvo voluntad para apoyar estas labores. “La Escombrera es una escena judicial que lideraba la Fiscalía. Nosotros no podíamos intervenir sin orden judicial”, le aseguró a este portal.
Lo cierto es que quedó parado el proceso hasta que las víctimas y la plataforma de derechos humanos realizaron la solicitud de medidas cautelares ante la JEP en 2018. Después de revisar informes y documentos oficiales, los magistrados establecieron el área del “nuevo polígono” para realizar la búsqueda en la zona y desde 2020 el equipo forense del sistema integral para la paz realizó varias prospecciones y exploraciones.
“Cuando llegamos, la medida cautelar la había incumplido la administración pasada e inmediatamente nos pusimos al frente. Apoyamos con más de 3 mil millones para adecuación, cunetas, campamento y drenaje”, aseguró Arcilla. “Se hizo un convenio con la JEP para apoyar la búsqueda y la implementación de los acuerdos y los procesos restaurativos”, concluyó.
Según le precisó a este portal la JEP, el “nuevo polígono” es una mezcla de los polígonos dos y tres establecidos por la Fiscalía años atrás. Se trata de una menor extensión de la suma de los polígonos dos y tres, pero es una mayor extensión a cada uno por individual. “Tantos años después… son cosas injustas”, expresó Galeano. “Hay mujeres que se han ido sin saber la verdad, sin encontrar a sus seres queridos”, complementó Restrepo.
Arboleda precisó que en la última audiencia de seguimiento a las medidas cautelares le solicitaron a la JEP ampliar aún más el área de trabajo y la magistratura los escuchó. Según precisa, es lo que se conoce como la Fase 6, en donde, precisamente, se encontraron los primeros restos humanos.
Durante la rueda de prensa, Arboleda recordó que otra de las peticiones que han realizado las víctimas es la suspensión del contrato de explotación que posee la empresa El Cóndor S.A. sobre esas tierras y decretar ese terreno como un lugar de memoria. “Ese no puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa, cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia”, expresó. Para la defensora de derechos humanos, la Gobernación de Antioquia debe reevaluar el permiso de explotación que le otorgó nuevamente en 2019 por 20 años más.
“Por años se pidió que cerraran La Escombrera. Eso da pie para que empiecen a investigar a los administradores y la empresa El Cóndor”, concluyó Restrepo.
