En 2005 SEMANA diseñó un caso piloto para evaluar en la práctica la Ley de Justicia y Paz. Desmenuzó la masacre de Chengue para ver cómo saldrían librados tanto los verdugos como las víctimas. ¿Qué tanta impunidad habrá?
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Aterrada, se sentó a esperar su turno. Minutos después dos hombres entraron a su casa y se la llevaron hasta la plaza. Allí, había 23 hombres de Chengue tendidos en el piso, boca abajo. Eran los esposos, hermanos, padres de más de 50 mujeres, reunidas frente a ellos. Uno a uno los iban llamando, los hacían caminar hacia una calle detrás de la plaza, supuestamente para verificar su nombre en un computador. Pero el silencio de la noche delataba lo que estaba ocurriendo. “Apenas se escuchaba el machete”, dice Margarita. Todos pasaron por el cadalso. Los mataron con ‘la mona’, un garrote hecho para partir piedras. Un golpe seco bastaba. No hubo disparos.
Cuando el alba despuntaba, los paramilitares casi habían terminado su labor. Encerraron a las mujeres y le prendieron fuego a cuanto pudieron. En total 25 casas. “Inclusive la de don Evelio López que era la más linda, con una lamparita afuera. A él le mataron un hijo que era retrasado mental”, dice otra de las mujeres.
Los paramilitares se fueron sin problema y recorriendo la carretera de Macayepo, Chinulito, hasta la finca El Palmar de San Onofre, desde donde se planeó este horrendo crimen. Ese día murió Chengue.
Hoy, cuatro años y cinco meses después, de las 327 viviendas que tenía ese corregimiento de Ovejas, quedan apenas ruinas, y de las 120 familias, casi todas parientes entre sí, retornaron siete, que no pudieron soportar las condiciones de indigencia en las que vivían en Sincelejo o Cartagena. Las casas abandonadas, las fincas inundadas de rastrojos y una carretera desolada son los vestigios de un poblado que soñaba con la prosperidad. “Todas las tardes cuando me siento con los pelaos en el corredor, pienso cuando Chengue era Chengue. Cuando hacían carreras de caballos, cuando venían las bandas de música. Me acuerdo de todos y cada uno de los que murieron”, dice Margarita.
Los paramilitares que perpetraron la masacre depusieron las armas el mes pasado. La mayoría están en sus casas, sin ningún proceso en su contra. Sólo nueve esperan en Santa Fe Ralito a que se implemente la ley de Justicia y Paz, el marco legal bajo el cual se juzgará a quienes cometieron delitos atroces como la masacre de Chengue.
Los desafíos que enfrenta el gobierno en la puesta en vigor de esta polémica ley son inmensos. El caso de Chengue es un ejemplo paradigmático sobre lo que deberá ser la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas de este crimen.
La verdad judicial
Días después de la matanza, el 9 de febrero, Elkin Valdiris Tirado, un paramilitar de 19 años que participó en la masacre, se sintió acosado por los fantasmas de la muerte y se entregó a las autoridades. Su relato sentó las bases para la investigación. Valdiris relató que la masacre había sido planeada por Rodrigo Peluffo, ‘Cadena’, un hombre nacido en Macayepo, un pueblo vecino de Chengue, y a quien todos conocían allí. ” Venía a comprar aguacates. Era matarife”, dice Juan Carlos, un agricultor que también escapó de la matanza. Valdiris dijo que al frente del grupo criminal venía una mujer: Íngrid Guerra Soler, conocida como ‘Beatriz’, según Valdiris. La masacre -según su testimonio- fue posible por la complicidad de miembros de laArmada. Valdiris acusó al sargento Euclides Rafael Bossa de haber recibido dinero de ‘Cadena’, a cambio de armas y munición.
En el expediente sobre Chengue, que consta de 7.500 folios, se ha establecido que ‘Cadena’ ordenó la masacre y que Carlos Castaño, jefe entonces de las AUC, fue uno de los autores intelectuales. Sin embargo, aún persisten muchas preguntas: ¿Por qué se hizo esta masacre? ¿Quiénes fueron los cómplices en la autoría intelectual
¿Quiénes de las Auc participaron? ¿Cómo lograron burlar los retenes de la Policía y la Armada? ¿Hubo complicidad de la Fuerza Pública?
La versión libre que rinda ‘Cadena’ en la investigación que le abrirá la Unidad de Justicia y Paz en los próximos meses deberá esclarecer esos interrogantes. Aunque los paramilitares que cometieron delitos atroces no están obligados por la ley a confesar todos sus crímenes, la cantidad de pruebas de este caso hace poco probable que ‘Cadena’ niegue su participación en la masacre de Chengue.
Después de esta versión libre, los fiscales tendrán 36 horas para decidir si abren investigación, cosa que, para el caso de Chengue, se da por descontada dado que ya existe un proceso. A partir de ese momento, un grupo especial de fiscales tendrá 60 días para investigar el caso y acusar a ‘Cadena’.
Según dijo el fiscal general, Mario Iguarán, a SEMANA, la Fiscalía ya está construyendo una base de datos con todos los procesos contra los paramilitares, para acceder a esta información cuando se necesite. Sin embargo, dado que la Oficina del Alto Comisionado no les ha enviado la lista de los que se acogerán a la ley, están reuniendo información sobre los casos más graves.
Nadie se hace ilusiones de que durante esos dos meses los fiscales averigüen algo nuevo sobre esta masacre, cuya investigación se ha visto frustrada durante estos cuatro años por los asesinatos de dos fiscales asignados al caso y de dos técnicos del CTI. Los dos meses serán un proceso de verificación de lo que hayan confesado quienes se acojan a la ley.
Al finalizar la investigación, se iniciará un juicio expedito al que asistirán las víctimas para aportar información y pruebas. Esta audiencia de conciliación con las víctimas podría marcar la diferencia, al menos en términos de conocer la verdad, pero si no se hace un gran esfuerzo institucional, está llamada a fracasar.
Por ejemplo, en las circunstancias es casi imposible que las víctimas de Chengue participen en el proceso. Por un lado, no se sabe su paradero. Ni siquiera las siete familias que viven en Chengue saben dónde están sus vecinos porque la masacre fue tan brutal, que familias enteras se desintegraron.
La labor pedagógica sobre la ley no ha empezado en esa región. “En lo que uno entiende, eso es un parapetico”, dijo a SEMANA una de las víctimas de Chengue, que se había enterado sobre la ley por televisión. Y es posible que aun si aprenden sobre la ley, muchas de estas víctimas, que han gastado su energía en declaraciones extensas que nunca condujeron a que se hiciera justicia, duden que esta vez su ‘verdad’ sí tendrá peso en el proceso. La desconfianza hacia el Estado es total. Con amargura, un poblador de Chengue dice: “Mientras a nosotros nos echan a lacárcel, a los que hicieron la masacre el gobierno los tiene cuidados”. Se refiere a tres víctimas de Chengue que habían retornado y el año pasado fueron capturados por la Armada, juzgados y condenados por rebelión, según ellos, injustamente. Pero hay que reconocer la celeridad de la justicia en este caso.
También hay escepticismo de que los paramilitares realmente estén desmontando toda su estructura criminal. Además, desconfían de la Fuerza Pública. “No nos sentimos protegidos. Cuando los infantes pasan por aquí, nadie sale al trabajo. Nos han robado las gallinas y los pavos”, dice una de las señoras de Chengue. Para que la implementación de la ley realmente cuente con la participación de las víctimas, más aun si los procesos se llevan en la zona donde se cometieron los crímenes y donde ahora se pasean los desmovilizados, el gobierno tendrá que garantizar una mejor protección. Aún es incierto de dónde saldrá el dinero para lograrlo.
Justicia
Los pocos habitantes que hay en Chengue se miran entre sí y sonríen cuando los periodistas de SEMANA les hablan de justicia. Uno a uno, los implicados en la masacre han sido absueltos. De los nueve investigados, apenas tres permanecen vinculados judicialmente: ‘Cadena’, Carlos Castaño y Úber Enrique Banquéz, alias ‘Juancho’. ‘Beatriz’ y los sargentos de la Armada Rubén Darío Rojas y Euclides Bossa fueron absueltos. El único condenado es Valdiris, que recibió una sentencia de 45 meses y 24 días por su colaboración.
Suponiendo que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía condenara a ‘Cadena’ por la masacre de Chengue, sería a un máximo de ocho años de reclusión. Incluso si acepta haber cometido también las masacres de El Salado, Macayepo y Pichilín, que también se le imputan, recibirá sólo la pena máxima de ocho años, pues la ley dice que no se acumulan como en Estados Unidos. Y se le descontará el tiempo que lleve en Ralito. Según un informe de inteligencia, ‘Cadena’ vive hoy con su familia en el corregimiento El Caramelo, “y recibe permanentemente visitas de políticos de Sucre, pobladores y colaboradores cercanos”.
Esto ya lo sabe el país. Pero si ‘Cadena’ eventualmente decide mencionar cómplices en su versión libre, todavía no es claro si estos también serían procesados bajo la ley de Justicia y Paz. SEMANA le hizo llegar al jefe paramilitar un cuestionario para conocer su posición frente a la masacre de Chengue y a la ley de Justicia y Paz, pero al cierre de esta edición no lo había contestado.
Tampoco se sabe cómo se va a garantizar que los otros 80 paramilitares que participaron en la masacre sean procesados. El mes pasado, cuando se desmovilizó el grupo al cual pertenece ‘Cadena’, llamado ‘Héroes de Montes de María’, apenas nueve miembros -incluidos los jefes ‘Cadena’, ‘Juancho’ y Diego Vecino- con procesos pendientes por delitos no indultables se fueron a Ralito a esperar la implementación de esta ley. O eso se cree. Cuando SEMANA llamó a pedir una entrevista con este último, la respuesta que obtuvo fue que Vecino ya no estaba allá.
Tampoco fue posible obtener una respuesta sobre este tema del alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, pese a que SEMANA lo buscó durante ocho días.
Es posible que otros miembros del bloque que cometió la masacre de Chengue hayan perpetrado también delitos no indultables, pero que aun así hayan preferido irse a sus casas confiando en la ineficiencia del sistema para capturarlos. Concentrarse en Ralito es hoy una elección que hacen los paramilitares para protegerse de una captura, no un requisito exigido por el gobierno, como se le ha hecho creer al país.
Si se comprueba la complicidad de la Fuerza Pública en la masacre, denunciada por muchas de las víctimas, ¿qué pasará con ellos? La Policía, por ejemplo, nunca fue investigada. Pero suponiendo que, por ejemplo, la versión libre de ‘Cadena’ o la de ‘Juancho’ inculpara a algunos agentes, éstos podrían terminar pagando tres o cuatro veces la condena de los jefes paramilitares, al no poder acogerse a la ley de Justicia y Paz, que sólo cobija a paramilitares y guerrilleros. Algo similar a lo que le podría ocurrir al general Uscátegui por la masacre de Mapiripán. Mientras los paramilitares que mataron a 47 personas podrían recibir los beneficios de la pena alternativa, el general, que es juzgado por omisión, podría recibir más de 30 años de cárcel. Algo similar les ocurrirá a los políticos, funcionarios y patrocinadores que a raíz de las confesiones de los jefes paramilitares terminen siendo investigados por la justicia ordinaria.
Es difícil asimilar que hombres como los responsables de Chengue, que están acusados de cientos de muertes con extrema crueldad ( la Fiscalía ha encontrado los cuerpos de sus víctimas descuartizados), recibirán a lo sumo ocho años de cárcel en un “establecimiento austero y seguro”, como dice la ley, que bien podría ser su finca actual. Pero la apuesta del gobierno es que la opinión pública aceptará esto a cambio de una generosa reparación a las víctimas y de un genuino desmonte de su estructura criminal. No obstante, la reparación aún no se sabe cómo va a ser y el desmantelamiento no se ha visto. Según las autoridades, sus negocios en Sincelejo siguen boyantes y los políticos elegidos con su presión armada siguen gobernando.
Reparación
La ley garantiza a las víctimas su derecho a una reparación integral. En el papel. En la práctica, el desafío es inconmensurable. Después de la masacre, Chengue desapareció. Las 120 familias que vivían allí más las de los corregimientos vecinos huyeron hacia Sincelejo, Cartagena y Ovejas. Allí el Comité Internacional de la Cruz Roja les dio ayuda de emergencia durante tres meses. A quienes lo solicitaron, la Red de Solidaridad Social les dio mercado durante seis meses. Después quedaron abandonados. Muchos ancianos comenzaron a morir de tristeza. “Mi mamá no soportó la vida en Sincelejo y el dolor de que hubieran matado a mi hermano”, dice Omaira. “En total 32 personas de los desplazados han muerto desde la masacre”, agrega Ramiro, otro poblador, que decidió regresar a Chengue acosado por el hambre que padecía su familia en Sincelejo. Otros han corrido con peor suerte. Isbelia regresó hace dos años y una semana después un grupo armado entró a su finca y baleó a su marido, que estuvo a punto de morir. Tuvieron que desplazarse por segunda vez.
El pueblo de Chengue nunca fue reconstruido. Es un monumento al terror. Todo en él recuerda esa noche que cambió para siempre su historia. La presencia del Estado parece un mal chiste. Hace dos años, quienes retornaron lograron que se nombrara una maestra para los 25 niños del corregimiento. Como este año la maestra no pasó las pruebas de calidad del Ministerio de Educación, el puesto quedó vacante durante cuatro meses. En julio, dos habitantes de Chengue fueron a Ovejas para que se nombrara un nuevo maestro y, en cambio de obtener una respuesta, fueron detenidos durante varias horas e interrogados por la Policía por la mera sospecha que recaía sobre ellos por venir de Chengue, todavía bajo influencia guerrillera. Por eso, cuando se les pregunta qué han recibido como reparación durante estos años, responden: “El estigma”.
¿Será distinto esta vez? Todo dependerá de la Comisión de Reparación creada en la ley y que aún no se ha reglamentado. Las dudas abundan. Establecer algo que suena tan sencillo como el número de víctimas a ser reparadas será una labor muy difícil. En Chengue habitaban 1.300 personas. ¿Todas ellas son objeto de reparación? ¿Los familiares de las 23 personas que murieron y que posiblemente no vivían en Chengue también deberán ser reparados? Suponiendo que le pagaran a cada víctima un millón de pesos (una fracción de los ocho millones que están recibiendo los paramilitares desmovilizados), sólo la reparación individual de Chengue costaría más de 1.300 millones. Pero si se hace bien, costará mucho más. La ley obliga a la reparación integral que implica asistencia sicológica, reconstrucción del pueblo, eventos simbólicos y garantizar que no volverá a ocurrir.
¿De dónde saldrá el dinero para cumplir las promesas de la ley? Se supone que el Fondo de Reparación se alimentará de los bienes que entreguen los paramilitares, más donaciones internacionales y presupuesto de la Nación. Por sentido común, los millonarios jefes paramilitares tienen pocas propiedades a su nombre y no tendrán incentivo en entregar bienes, más cuando la ley no les quita beneficios por esconder propiedades. A lo máximo que se podrá aspirar es a que devuelvan las tierras que descaradamente usurparon a las víctimas. El dinero del narcotráfico, de la extorsión y de los negocios legales, muchas veces creados para lavar dinero ilícito, es muy difícil de rastrear. El Fondo tendrá que nutrirse del exiguo presupuesto nacional y de donaciones internacionales, que será difícil conseguir porque hay gran escepticismo sobre la ley.
Con mejor suerte han contado los paramilitares desmovilizados. A pesar de los problemas del Programa de Reinserción, tienen garantizado un año de salario mínimo, ocho millones de pesos para un proyecto productivo, hay centros de referencia donde acceden a capacitación, tratamiento sicológico, afiliación a seguridad social y asesoría jurídica. Además, hay megaproyectos agrícolas apoyados por empresarios privados para garantizarles un empleo. Lo cual está bien, porque es la única forma de que no vuelvan a la guerra.
Pero moralmente es inconcebible que mientras los victimarios tienen mayor oportunidad de futuro, sus víctimas no tienen nada asegurado. Esperan tan poco del Estado, que lo único que piden como reparación es que “el gobierno nos deje tranquilos”, como le dijo a SEMANA uno de ellos.
El debate sobre si la ley es la más conveniente o no, ya está cerrado. Lo que es crucial es que su implementación garantice que traerá Justicia y Paz. Esto exige un esfuerzo institucional, presupuestal y de voluntad política que, pese a que la ley se aprobó ya hace dos meses, aún no despega. Si el gobierno y la justicia no asumen este tema como prioridad, el costo -en términos de sufrimiento humano y de dinero por demandas al Estado- será incalculable.
Publicado SEMANA 20/08/05
