En el fallo, magistrados le piden a la Fiscalía que investigue a fondo los posibles nexos que estos paramilitares tuvieron con el fallecido esmeraldero Víctor Carranza y con otras autoridades locales y militares en Puerto Gaitán y Puerto López, Meta.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de prisión a José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, y otros tres ex paramilitares que comandaron las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv) y a quienes responsabilizaron de la comisión de por lo menos 120 crímenes perpetrados en sus áreas de operación. Esta es la primera condena contra este grupo paramilitar.
Aunque el grupo paramilitar se desmovilizó como Acmv, lo cierto es que en la región se les conocía como ‘Los Carranceros’ porque los pobladores le atribuían su creación al fallecido esmeraldero Víctor Carranza. En esto coinciden las versiones de los ex paramilitares Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y Elkin Casarrubia, alias ‘El Cura’, quienes han dicho en diversas ocasiones ante fiscales y magistrados de Justicia y Paz que Carranza financió el origen de este grupo armado ilegal. Sin embargo, la Fiscalía no ha ahondado en estas versiones y en la información que entregó al Tribunal no hay ninguna referencia al respecto.
En su decisión, los magistrados de la Sala de Justicia y Paz aseguraron que hace falta investigar más sobre el origen de este grupo paramilitar. “Queda pendiente que la Fiscalía revise, confronte e investigue a profundidad, las diversas versiones de postulados (como alias ‘El Alemán’, ‘El Cura’, entre otros) que han afirmado que la génesis de las Acmv y su financiación estuvieron a cargo del extinto empresario esmeraldero Víctor Carranza, esto además en cuanto no se ha aclarado por qué en la zona se les conocía a la estructura dirigida por Baldomero Linares como “Los Carranceros”.
El fallo también pidió a la Fiscalía, a la Contraloría y la Procuraduría que investigué a las autoridades locales, policías y militares que fueron negligentes y permitieron la entrada de los paramilitares en Puerto López y Puerto Gaitán, Meta, resaltando que hasta ahora es muy poco lo que se ha investigado para el caso de este grupo paramilitar.
Estas investigaciones son importantes, porque según un diagnóstico de daño colectivo que presentó la Procuraduría General de la Nación en el curso de este proceso, las víctimas tienen miedo de denunciar porque algunas de las autoridades que le colaboraron a los paramilitares siguen ocupando cargos públicos en los pueblos.
Los condenados bajo normas de justicia transicional fueron José Baldomero Linares MORENO, alias “Guillermo Torres”; José Delfín Villalobos Jiménez, alias ‘Alfa Uno’; Rafael Salgado Merchán, alias ‘El Águila’; y Miguel Ángel Achury, alias ‘Miguelito’ o ‘El Crespo’, ex comandantes de las ACMV1,
Según el ente investigador, Baldomero Linares, creador de esta facción paramilitar fue un informante del Ejército que, en 1989, se contactó con grupos paramilitares del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en el Meta. En 1992 fue condenado a dos años de prisión por un robo de armas y en 1994 decidió crear las Autodefensas de Meta y Vichada. Según dice la Fiscalía, este grupo se financió de extorsiones a empresarios y narcotraficantes que transportaban sus productos por la zona. Todos ellos recibieron una pena de 40 años de prisión que, en aplicación de la Ley 975, se reduce a ocho años por estar postulados a la Ley de Justicia y Paz.
Los crímenes de ‘Los Carranceros’
El fallo se refiere a 120 crímenes que los paramilitares cometieron en Puerto Gaitán, Puerto López, Meta, y algunas veredas del Vichada. La mayoría de las víctimas fueron campesinos que fueron acusados de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla o de haber robado algo. Los familiares de estas personas han reiterado en varias oportunidades que se trata de falsas acusaciones y que los postulados no están contando toda la verdad. (Ver: ¿Qué reclaman las víctimas de los Carranceros?).
Algunas personas fueron asesinadas por cualquier malentendido que tenían con el ex jefe paramilitar Linares Moreno. Según la sentencia, el ex jefe paramilitar ordenó el asesinato de un poblador porque se tomó un trago y pidió la cuenta a nombre de Linares; a otro lo mataron porque la culparon de haber robado un reproductor de video; y otro más fue acribillado porque le hizo una broma a un paramilitar. ‘Los Carranceros’ desaparecieron el cuerpo de la mayoría de sus víctimas arrojándolos a los afluentes del río Orinoco.
En desarrollo del proceso se expusieron varios casos de miembros del grupo paramilitar que fueron asesinados por sus mismos compañeros. En la mayoría de los casos, estaban en estado de embriaguez en fiestas que organizaban los mismos ‘Carranceros’.
Los magistrados advirtieron que aunque estos casos están incluidos en la sentencia, estas personas no serán reconocidas como víctimas, porque la ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aclara que las personas que pertenecieron a grupos armados no podrán reclamar una reparación. Además, le pidieron a la Fiscalía que priorice, en futuras imputaciones, los crímenes cometidos contra la población civil.
En ninguno de los casos los ex jefes paramilitares reconocieron haber cometido directamente los crímenes, sino que señalaban a sus mandos medios. En la mayoría de los casos hicieron referencia a Dioberto Ramírez Cardozo, alias ‘Guajibo’, y a José Janeiro Cruz, alias ‘Brasil’, quienes no están postulados a Justicia y Paz. Éste ha sido un obstáculo para las víctimas, porque según ha dicho Linares Moreno, ellos son los que conocen la ubicación de la mayoría de las fosas comunes.
En el proceso también se reconocieron hechos que ‘Los Carranceros’ cometieron junto a los paramilitares de los hermanos Castaño Gil. Desde 1997 hasta el 2000, Carlos Castaño Gil intentó crear alianzas entre un grupo de hombres que venían desde Córdoba y Urabá con ‘Los Carranceros’ y ‘Los Buitragueños’, un grupo paramilitar al mando de Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, con el fin de que se unieran a las recién creadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La alianza nunca se concretó y, años después, ‘Los Buitragueños’ iniciaron una guerra contra el Bloque Centauros, nombre que adoptó el grupo de los Castaño.
No obstante, entre 1997 y 1999 los tres grupos paramilitares se unieron para hacer sus primeras apariciones en Puerto Gaitán, Meta. Ejemplo de ello ocurrió el 6 de octubre de 1997, cuando un grupo de aproximadamente 400 hombres llegó al caserío La Picota, quemaron las viviendas y asesinaron a varios campesinos. Ese mismo día entraron al reguardo El Tigre mataron a varios habitantes y enviaron un panfleto en el que amenazaban a los pobladores con asesinarlos si no dejaban sus parcelas.
Algo similar ocurrió dos años después, el 18 de septiembre de 1999, cuando un grupo de 80 a 100 paramilitares de ‘Los Carranceros’ y de los Castaño, que en la zona eran conocidos como ‘Los Urabeños’, llegaron a la vereda Alto Tillavá, quemaron las casas, mataron los animales, robaron los negocios y amenazaron a los pobladores y los obligaron a desplazarse masivamente. Lo mismo ocurrió cuatro meses antes en la inspección de San Teodoro en el municipio de La Primavera, Vichada.
Mujeres, víctimas
Jenny*vivía en Puerto Gaitán con su madre y sus hermanos. El 12 de diciembre de 2002 los paramilitares la citaron a ella y a su mamá en un lugar conocido como el Alto Neblinas, allí les informaron que Jenny iba a ser retenida por sus “malos comportamientos”. Ese mismo día, Rafael Salgado Merchán, alias ‘El Águila’, la subió a una camioneta junto a otros menores de edad y la obligó a tener relaciones sexuales con él.
A la mañana siguiente, Jenny fue trasladada a una finca donde tenía que lavar los uniformes de los paramilitares, cortar leña, sembrar plátano y cocinar. La madre de Jenny tuvo que salir desplazada junto a sus otros hijos hacía Granada, porque los ‘paras’ amenazaron con matarla si denunciaba lo que había sucedido con su hija. En 8 de enero de 2003, casi un mes después, dejaron en libertad a Jenny.
Según ha documentado la Fiscalía, como Jenny hay decenas de mujeres que fueron secuestradas y las obligaban a trabajar en labores del campo, las hacían cargar piedras en camiones, arreglar carreteras y limpiar las calles. Los maltratos podían incluso durar meses. Un informe presentado por Procuraduría General de la Nación asegura que a algunas de estas mujeres las llevaron hasta sus laboratorios de coca, las obligaban a trabajar largas jornadas y, en las noches, eran violadas por varios de los paramilitares.
Otra práctica común entre los paramilitares era dejar calvas a las niñas. Según alias ‘Guillermo Torres’, rapaban a las mujeres que llegaban tarde a sus casas, las que se “metían en chismes” y las que “no respetaban las leyes de la organización”. (Ver: Las calvas de Puerto Gaitán).
Sin embargo, el caso de Jenny fue el único de abuso contra las mujeres presentado por la Fiscalía ante el Tribunal. Ante ello, los magistrados de la Sala de Justicia y Paz le pidieron a la Fiscalía que documenté a profundidad los crímenes de género que cometieron los ‘Carranceros’ y los presente todos en la próxima imputación de cargos.
“Para la Sala resulta inadmisible que un ejercicio de control social como el conocido con el nombre general de “Niñas calvas” no haya sido documentando de forma integral, presentando todos los casos, y especificando las graves afectaciones de esclavitud, trata de personas, trabajos forzados, violencia sexual y violencia basada en género que significaron los actos cometidos por las Acmv”, dice la sentencia.
Como medida de reparación la sala de Justicia y Paz pidió crear un programa de atención en salud y psicosocial que se enfoque en atender a las mujeres que a causa del conflicto armado han sido víctimas de violencia sexual. Además, pidió la articulación de varias entidades que vayan hasta la zona para registrar a las mujeres que aún no han denunciado sus casos.
Atacan a indígenas
Las comunidades de indígenas Sikuani del Vichada también fueron víctimas de la violencia de ‘Carranceros’, en especial los resguardos Ribas Muco Guarrojo, Saracure Río y Cadá, Unuma, San Luis del Tomo, Punta Bandera, la Esmeralda y Valdibia. Los paramilitares limitaron la vida de estas comunidades y las posibilidades de autosubsistencia, pues lo obligaban a trabajar como raspachines. A los jóvenes nativos los reclutaron en las filas paramilitares. Hasta ahora se ha documentado que por lo menos 18 miembros de la Comunidad Wacoyo entraron al grupo armado.
Los ‘Carranceros’, además, mataron a sus líderes indígenas. En la sentencia está incluido el asesinato de Pablo Emilio González Gaitán, cabildo gobernador del Resguardo Muco Guarrojo en Cumaribo, Vichada, el 27 de mayo de 2002. A raíz de esos hechos, su esposa, sus 11 hijos y varios miembros de la comunidad tuvieron que desplazarse del lugar. La vida en comunidad empezó a deteriorarse, pues la continua presencia de paramilitares atemorizaba a los indígenas y les impidió ir de pescar, cazar y cultivar,incluso algunas de sus casas tuvieron que ser reubicadas.
Esta comunidad ha denunciado los hechos ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría porque después de 11 años no ha sido reparada. “Este hecho no solo afectó al núcleo familiar, sino a la comunidad. Una organización indígena no es una finca, sino que todo es se hace de manera colectiva, y por esos hechos muchas gente se tuvo que desplazar”, dijo uno de los hijos de González en una audiencia previa a la sentencia.
El 15 de mayo de 2003, casi un año después del asesinato del cabildo gobernador, los ‘Carranceros’ llegaron de nuevo al resguardo disparando indiscriminadamente, reunieron a todos los indígenas y los amenazaron con que solo se podían quedar quienes no se opusieran a la presencia de los paramilitares. Por esta razón varias familias se desplazaron.
Para reparar a estas comunidades indígenas, los magistrados le pidieron a la Unidad de Víctimas que cree un plan de reparación colectivo que esté concertado con los cabildos y que tenga como punto de partida el reconocimiento del Plan de Vida de las Comunidades Indígenas.
Los bienes entregados
Los ex jefes paramilitares de los ‘Carranceros’ entregaron dos fincas, una en la zona rural de Meta y otra en Vichada; tres casas en zonas urbanas del Meta y 90 millones de pesos. También entregaron la red eléctrica que construyeron en el municipio de Puerto Gaitán, que tiene una extensión de 103,14 kilómetros y 680 postes.
Esta red aún sigue funcionando en el municipio y es administrada por la Electrificadora del Meta S.A. (EMSA), y anualmente le entrega al Fondo de Reparación a las Víctimas 70 millones de pesos.
Los magistrados criticaron la labor del Fondo de Reparación a las Víctimas y otras entidades encargadas de recibir los bienes de los ex paramilitares. En este caso, uno de los postulados entregó una finca en el municipio de Santa Rosalía, Vichada, avaluada en más de 300 millones de pesos. Pero según informó el Fiscal 47 de la Sub Unidad Élite de persecución de bienes, el predio está ocupado, en plena producción agrícola, y fue solicitado en restitución por sus anteriores dueños, quienes alegan que fueron forzados a venderle a Linares Moreno.
La Fiscalía entregó un informe en el que asegura que el Fondo, que supuestamente debería administrar los bienes, conoció sobre la invasión mucho tiempo después, cuando ya se había presentado la solicitud de restitución.
La sentencia también se refiere al caso de otro predio que fue robado, se llevaron hasta las puertas y ventanas. Esto sucedió mientras estaba bajo el cuidado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una empresa ahora en liquidación y que fue contratada por la antigua Acción Social, se encargó de administrar y comercializar 152 bienes entregados por los paramilitares entre 2009 y 2011.
Por tal razón la sentencia ordenó que se investigue a los funcionarios de estas entidades que han estado encargados de la administración de los bienes de los ‘Carranceros’.
