Justicia y Paz esclareció 245 crímenes cometidos por las Auc en Atlántico contra sindicalistas, políticos, académicos y comerciantes. El 7 de diciembre se sabrá la sentencia contra alias ‘Don Antonio’.
En el Atlántico, los paramilitares de ‘Jorge 40’ y ‘Don Antonio’ asesinaron, desaparecieron, extorsionaron y desplazaron a sindicalistas, académicos, estudiantes, políticos y comerciantes para imponer su “ley”.
Entre 2003 y 2006, el Bloque Norte de las Auc incursionó en el departamento del Atlántico como parte de una estrategia de expansión que orquestó el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el objetivo de ampliar su control sobre las rentas públicas de la salud y la educación, además de manejar a su antojo negocios ilegales como el narcotráfico y otros legales a través de testaferros y cómplices.
Para lograr su propósito, el paramilitar envió a la región al ex mayor del Ejército José Pablo Díaz, quien fue asesinado en2003 en la carretera troncal del Caribe. En su reemplazo, asumió el ex capitán del Ejército Édgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de `Don Antonio’, quien llevó a cabo la tarea propuesta con macabra eficacia.
A comienzos del nuevo siglo, el departamento del Atlántico parecía mantenerse al margen del conflicto armado que padecía el litoral Caribe, pese a que su capital, Barranquilla, era punto de llegada de miles de desplazados de la región. La situación comenzó a complicarse en el año 2003, cuando llegaron los paramilitares a la ciudad.
Según un informe de la Procuraduría General de la Nación que se conoció durante la audiencia, el arribo de los paramilitares comandados por ‘Don Antonio’, jefe del Frente José Pablo Díaz en Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba, influyó en el aumento de los homicidios en todo la región.
Solo en 2004 en el Atlántico ocurrieron 730 asesinatos, mientras que en 2005 y 2006, aunque bajaron un poco, la cantidad de homicicios siguió siendo alta, con 637 y 609 casos respectivamente. Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.
Durante la etapa de juicio contra alias ‘Don Antonio’, la fiscal Daicy Jaramillo, de Justicia y Paz, logró esclarecer cientos de crímenes que enlutaron a la región y que fueron cometidos por los paramilitares por el simple objetivo de entrar a una zona que no presentaba los síntomas del conflicto armado que se vivió en el Caribe.
Pero más que combatir a la guerrilla, los paramilitares buscaban apoderarse, fundamentalmente, del negocio del narcotráfico. Por lo menos así lo establecieron varios informes de entidades estatales como la Policía, el Ejército, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo.
Si bien el negocio ilegal estaba bajo el dominio desde la década de los ochenta por grupos como el Cartel de la Costa, del extraditado Alberto Orlandez Gamboa, alias ‘El Caracol’, el Clan Nasser Arana y los Mellizos Mejía Múnera, el jefe paramilitar Jorge 40’ encargó a Miguel Villareal Archila, alias ‘Salomón’, subintendente retirado de la Policía, para que controlara todo el narcotráfico que saliera entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena.
Fue así como entre 2003 y 2006 los narcotraficantes, según un informe de la Dijin, “lograron sacar más de 100 toneladas de cocaína con permiso de miembros de la Policía del Atlántico, que se cobraba por transitar por (el) territorio bajo su control”; además, se logró establecer que en esos años los paramilitares lograron cobrar 2 millones de dólares de “impuestos” a los embarques de narcóticos que pasaban por el Atlántico.
Este grupo también inició una mal llamada “limpieza social” a través de asesinatos de vendedores y consumidores de droga, y miembros de bandas armadas ilegales, entre otras acciones, como una manera de tomar el control de la criminalidad de Barranquilla y sus alrededores.
Otra de las estrategias que aplicaron ‘Jorge 40’ y ‘Don Antonio’ fue extorsionar a todo el comercio legal que existiera en el Atlántico.
Además de intentar controlar todos los ámbitos económicos legales e ilegales de esta región, las Auc golpearon con fuerza a las organizaciones sociales. El Frente José Pablo Díaz empezó una ofensiva contra defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, líderes sindicales y comunitarios, miembros de las comunidades LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales) a quienes amenazaron, desplazaron y asesinaron, para encubrir la verdadera razón de su presencia en el Atlántico.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2003, la estigmatización de los paramilitares contra los miembros de los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelca, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagricola, Sintrago y Fecode.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo expuesto en la audiencia, entre 2005 y 2006 los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En este último año los paramilitares asesinaron a 3 sindicalistas.
Para lograr esa afectación, y como se conoció tras la captura de ‘Don Antonio’ en marzo de 2006 en Santa Marta y la incautación de su computador personal, los paramilitares contaban con el apoyo de miembros de organismos de seguridad como el DAS y la Policía para identificar a sus víctimas y posteriormente obligarlas a desplazarse o asesinarlas. En esencia, esa macabra integracion, llevó a los paramilitares a hacer el trabajo “sucio” contra líderes sociales en Barranquilla y el Atlántico.
Así quedó en evidencia una vez se analizaron los contenidos del computador de ‘Don Antonio’. La máquina tenía decenas de archivos con información del bloque paramilitar, entre ellos cómo funcionaban las diez comisiones que se implementaron en la región, detalles de todas las actividades delictivas del frente, listas de sindicalistas, supuestos guerrilleros, políticos, académicos y funcionarios que fueron asesinados por los hombres de ‘Don Antonio’.
Este computador, más las confesiones hechas por ‘Don Antonio’ a la Fiscalía, permitieron iniciar numerosas investigaciones contra cómplices de las Auc en esta sección del país y esclarecer cientos de crímenes cometidos por el ex jefe del José Pablo Díaz y sus hombres, en especial contra personas inocentes sin ninguna justificación, entre ellas los sindicalistas, tanto de base como directivos.
De acuerdo a su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Fierro Flórez se reunió en una oportunidad con Rafael García, ex funcionario de informática del DAS, con el fin de conocer la información clave que éste tenía sobre presuntos colaboradores de la guerrilla en el Atlántico.
Al parecer se trataba de listas con información de líderes sindicales, profesores, estudiantes universitarios y activistas de izquierda elaboradas por el organismo de inteligencia para ser entregadas al Bloque Norte de las autodefensas. Según “Don Antonio”, el ex funcionario del DAS contaba con las hojas de vida de estos líderes sociales a quienes el DAS presuntamente había identificado como miembros del Partido Comunista Clandestino (PC3) de las FARC.
El momento culminante del incidente ocurrió cuando varias de las víctimas le pidieron a ‘Don Antonio’ que les explicara las razones para asesinar a sus familiares. El paramilitar solo atinó a decir que no había justificación de lo hecho por él y sus hombres.
Ante la insistencia de las víctimas, la magistrada que conducía la audiencia dijo que “no hubo ninguna razón o motivos para asesinar a nadie. La única razón fue que eran delincuentes al margen de la ley. Nadie tiene derecho de matar a nadie. Esta facción armada al margen de la ley no tenía autorización ni legitimidad para matar a nadie. Los argumentos que dan los postulados son argumentos irresponsables.”
El temor que infundieron los paramilitares fue tal que durante las primeras jornadas de la audiencia de reparación de ‘Don Antonio’, varias de las víctimas, quienes tenían la posibilidad de hablar de forma directa al paramilitar y a la juez del caso, se negaron a decir su nombre en público o utilizar su derecho a la palabra.
La fiscal séptima de Justicia y Paz Deicy Jaramillo dijo al Tribunal que el exparamilitar “deberá comprometerse a no volver a repetir estos delitos, a pedir un perdón público, a restaurar el buen nombre de las víctimas y para ello deberá tenerse en cuenta lo pedido por la Delegada de la Procuraduría y por cada una de las víctimas, como se presentó en desarrollo de esta audiencia”.
Al final, según lo documentó la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el grupo paramilitar comandado por ‘Don Antonio’ fue responsabilizado, entre otras cosas, de la comisión de 245 asesinatos selectivos, del desplazamiento forzado de por lo menos 592 personas, así como de reclutamiento forzado y de concierto para delinquir, todo esto sin que en ese departamento se haya dado un solo combate entre las Auc y la guerrilla. Además, se declaró que todos estos crímenes fueron cometidos en razón del conflicto armado interno y se constituyeron graves violaciones de derechos humanos, crímenes guerra y delitos de lesa humanidad.
Una vez superado el incidente de reparación, lo que viene ahora dentro del proceso de justicia transicional es el fallo de los magistrados de Justicia y Paz, programado para el 7 de diciembre de este año y en el que se dictará sentencia contra de ‘Don Antonio’ y se dictaminará el monto y la formas de reparación a las víctimas.
Delitos emblemáticos
A continuación se detallan algunos de los principales delitos que cometió el Frente José Pablo Díaz y que documentaron la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría:
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Finanzas
El grupo paramilitar tuvo varios músculos económicos, siendo el narcotráfico su principal fuente de financiación.
El Frente José Pablo Díaz heredó a principios de 2000 las rutas del Cartel de la Costa, luego de su desarticulación a finales de 1998. En su reemplazo, el exjefe paramilitar creó una nueva estructura delictiva que bautizó Comisión al Mar y encargó de ella a Miguel Villarreal Archila, alias ‘Salomón’, un subintendente retirado de la policía que delinquió con los paramilitares.
En versión libre, alias ‘Salomón’ admitió que en complicidad con la policía los narcotraficantes sacaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de coca entre 2003 y 2006; además aseguró que los paramilitares les cobraron por cada kilo un impuesto que osciló entre 50 y 75 dólares. De esta forma, el exparamilitar calculó que cada año este frente de las Auc logró recaudar dos millones de dólares.
La segunda fuente de recursos fueron las extorsiones. En versión libre, Jairo Rodelo Neira, alias ‘Jhon 70’, confesó que cobró ‘vacunas’ a todos los finqueros y comerciantes ubicados entre el corregimiento de Palermo y el puente de Aguas Negras.
Undeco calculó que en 2005 los comerciantes en Barranquilla, incluidos los vendedores ambulantes, fueron obligados a pagar un ‘impuesto’ de $50 mil pesos semanales. Ese año, esta agremiación, que asocia a los tenderos de la ciudad, calculó que la suma que habrían recibido los ilegales pudo alcanzar 3 mil millones de pesos mensuales.
El tercer brazo financiero fue la infiltración en la economía legal. En el computador de alias ‘Don Antonio’ las autoridades encontraron que los paramilitares controlaron la Cooperativa de Leche Coolechera con dos fines: de un lado, como fachada para lavar el dinero que ganaban por impuestos al narcotráfico; de otro, como un medio logístico para delinquir en la región.
En los recursos públicos, el Frente José Pablo Díaz vio otra forma de controlar el poder económico de la región. La justicia, por ejemplo, encontró culpables a los exalcaldades del municipio de Soledad, Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Arraut, de haber entregado dineros públicos a los paramilitares y de dejarlos incidir en el Hospital Materno Infantil y la Oficina Jurídica de las Alcaldía.
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Sindicalistas
Los líderes de sindicatos y trabajadores afiliados a organizaciones obreras se convirtieron en el principal blanco de los paramilitares dirigidos por alias ‘Don Antonio’. En Justicia y Paz, el exjefe paramilitar aceptó que ordenó asesinarlos con el pretexto de que las víctimas presuntamente eran afines a la guerrilla o a los movimientos políticos de izquierda. Uno de los crímenes más emblemáticos fue el cometido contra Adán Alberto Pacheco Rodríguez, ex presidente del Sindicato de Electrocaribe.
Según un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2004, para ese año los paramilitares amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como integrantes de Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelcal, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagrícola, Sintrago y los educadores de Fecode. Ese mismo año, la Vicepresidencia de la Republica advirtió que 107 personas, entre sindicalistas, profesores y estudiantes, fueron amenazados. Cuarenta de ellos abandonaron la región por miedo.
En la audiencia, la Fiscalía narró como el Frente José Pablo Díaz asesinó entre 2001 y 2003 a Ricardo Orozco, Carlos Barrera Jiménez, Luis Torres, integrantes de Anthoc; a Carlos Barrero, activista de Anthoc y ex trabajador del Hospital de Barranquilla, y a José Mendivil Cárdenas, miembro de la cooperativa de transportadores Cootrab y de Amnistía Internacional.
Otro de los crímenes fue el del abogado Miguel Antonio Espinosa, quien se había caracterizado por su trayectoria en organizaciones sociales, ocupando los cargos como el de Presidente del Sindicato del Dane, presidente de la CUT, militante de la UP y presidente ad honorem de la Liga del Usuario de Servicios Públicos Domiciliarios. Como abogado había ayudado a víctimas de desplazamiento que vivían en el barrio La Pradera, y al sindicato Anthoc.
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| El profesor Alfredo Correa, asesinado por los paramilitares en complicidad con el DAS. Foto César Molinares Dueñas |
Universidad del Atlántico
La principal universidad pública del departamento también estuvo en la mira de alias ‘Don Antonio’ y sus hombres. Con la excusa de tildarlos de ser presuntos colabores de la guerrilla o afines a movimientos políticos de izquierda, el Frente José Pablo Díaz envió amenazas a trravés de panfletos contra sindicalistas, estudiantes y profesores.
Según informes de riesgo de la Defensoría Regional, los años 2005 y 2006 fueron los más críticos, con 300 personas y 590 personas amenazas de forma respectiva. La Vicepresidencia de la República advirtió en un informe de 2006 que ese año fueron asesinados tres sindicalistas.
En versiones libres y en el juicio que adelantó la Corte contra el ex director del DAS Jorge Noguera, alias ‘Don Antonio’ confesó que los paramilitares se aliaron con el organismo de inteligenciadel Estado para perseguir y asesinar a personas que fueran consideradas un obstáculo para las Auc. El caso más emblemático, por el que Noguera fue condenado a 25 años de prisión, fue el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, un profesor de la Universidad del Atlántico que investigaba los desplazamientos masivos en la Costa Caribe.
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| Quienes defendieron a la población desplazada fueron considerados “objetivos militares” por parte de las Auc. Foto archivo Semana |
Defensores de derechos humanos
Así como ocurrió con los sindicalistas y miembros de la Universidad del Atlántico, alias ‘Don Antonio’ y sus cómplices persiguieron a las organizaciones sociales, líderes, comunidades religiosas y académicos que trabajaban en defensa de la población desplazada.
Según la Comisión Nacional de Juristas, entre 2000 y 2005 se registraron cinco casos de violaciones de derechos humanos contra defensores sociales. Aunque la Procuraduría General advirtió en su informe que no existen registros de un gran número de asesinatos contra esta población eso no significó que no fueran amenazados y limitados para defender los derechos humanos.
Entre los casos más emblemáticos estuvieron los asesinatos de José Castillo Bolívar, ex candidato a la Alcaldía de Soledad; Nelson Mejía Sarmiento, ex alcalde de Santo Tomás; y las amenazas contra Carlos Zambrano, ex alcalde de Baranoa.
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Población LGBT
Los paramilitares del Bloque Norte incluido el Frente José Pablo Díaz, persiguieron y asesinaron a cualquier persona que perteneciera a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
“La mayoría de violaciones a los derechos humanos de la población LGTB por parte de la autodefensas se encuentran ligadas a este tipo de prejuicios y creencias que subrayan las actitudes u orientaciones sexuales diversas como comportamientos inmorales que deben ser rechazados en cualquier orden social”, señaló el reciente informe que la Procuraduría General le envió al Tribunal de Justicia y Paz para que en su sentencia contra alias ‘Don Antonio’ tenga en cuenta el daño colectivo que perpetró el Frente José Pablo Díaz contra estas comunidades.
Superar miedos y desesperanzas
Según las víctimas, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, los daños causados por el Frente José Pablo Díaz a las comunidades del Atlántico desde el año 1999 hasta el 2006, generaron un impacto psicológico que exige una reparación colectiva y un acompañamiento de las instituciones para superar las huellas de la violencia paramilitar en la región.
Durante la conciliación para la reparación material, el Fondo Nacional de Reparación estableció que la cifra de indemnización sería de 40 salarios mínimos, es decir 21 millones por delito. Igualmente, anunció que aquellas víctimas que, por el concepto de ayuda humanitaria ya habían recibido algún estipendio del Gobierno, iban a ser excluidas del actual proceso de reparación.
En su intervención durante la conciliación, ‘Don Antonio’ dijo no tener más bienes materiales para reparar a las víctimas una camioneta Toyota Blindada, un campero Mitsubishi Montero, una motocicleta, una cabaña ubicada en la vía que de Santa Marta conduce al aeropuerto de dicha ciudad y ciento cuatro millones de pesos en efectivo.“La reparación por mi ofrecida toca otros aspectos no menos importantes que lo material: la verdad, la entrega de varios restos humanos y la reparación simbólica”, agregó el jefe paramilitar.
Según el informe de la Procuraduría, la reparación simbólica depende del reconocimiento de afectación psicológica a las comunidades. La incursión del Frente en la región hizo que la sociedad civil se adaptara a la presencia del grupo paramilitar y a sus estrategias de terror que convirtieron al miedo en su forma de vida. El daño emocional interrumpió también las prácticas culturales y políticas cambiando las dinámicas normales de las comunidades, pues las fiestas populares casi se extinguieron mientras la participación política despareció.
En los municipios de Soledad, Malambo, Sabanalarga, Sabanagrande, Sitionuevo, Luruaco, Ponedera y Palmar, las llamadas ‘limpiezas sociales’ empezaron a ser justificadas por las comunidades que adoptaron los principios morales que impusieron los paramilitares. Los niveles de intolerancia aumentaron y cualquier persona o grupo que no cumpliera con sus leyes era discriminado y, en la mayoría de los casos, atacado por la misma población civil. Así fue como se creó una sociedad que creía en la violencia como mecanismo legitimo para solucionar las diferencias y los conflictos.
Son claras las consecuencias sociales de las acciones del Frente, por eso es necesario iniciar el proceso de reparación simbólica.
La primera exigencia de las víctimas fue la solicitud pública de perdón por parte de los jefes paramilitares, particularmente del procesado Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, comandante del Frente.
Según la Procuradoría, este acto solo es efectivo si se complementa con la creación de programas de acompañamiento psicosocial que permitan reconstruir el tejido social de las comunidades que aún viven en un estado de “dolor, terror, miedo, angustia, desamparo y desesperanza”.
Asimismo, el Ministerio Público sugirió iniciar procesos de reconstrucción de memoria y reparación simbólica, como la construcción de un parque conmemorativo para las víctimas, que le permita a las comunidades afectadas recordar y rechazar la violencia a la que se habían acostumbrado.
Para la CNRR, recuperar las prácticas políticas y la confianza en las instituciones, que desparecieron bajo el régimen paramilitar por los ataques contra sindicalistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, depende de la implementación de un programa de liderazgo comunitario y una estrategia encabezada por el Consejo Nacional Electoral que promueva la cultura de la legalidad, el control a los recursos públicos y el diálogo para la protección ciudadana.
Finalmente se exigieron acciones claras de la justicia frente a las autoridades políticas y miembros de las Fuerzas Militares que por más de 7 años se habían aliado con el paramilitarismo en sus acciones de terror.
En este sentido, la CNRR solicitó una aclaración acerca de las filtraciones del DAS que facilitaron la persecución a los líderes sindicalistas así como un pronunciamiento frente a la desviación de recursos públicos, principalmente del sector salud, para financiar las actividades del Frente José Pablo Díaz de las Auc.
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